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EQM_120315.

Miseria democrática

Alguna de la perlas de Jorge Fdez. Díaz, Ministro del Interior, en sus declaraciones de ayer:

– El comisario José Villarejo “ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y eso no se puede olvidar en ningún momento”.

– El informe que ha encargado a la Policía sobre las actividades privadas de Villarejo pretende “deslindar el grano de la paja y que florezca la verdad” porque “hay cosas que se dicen que no se ajustan exactamente a la realidad”. “El informe de la policía es el que nos debe acreditar efectivamente si todo, como yo presumo salvo que se demuestre lo contrario, se ha hecho en el marco de la estricta legalidad“.

– “El que un policía se reúna con un político en sí mismo no tiene nada de malo”. “Otra cosa es que se reúna para hacer algo malo, son cosas distintas”. “Hay que presumir, salvo que se demuestre lo contrario, que esas reuniones no son para hacer algo malo o hacer algo ilegal”. “Los policías se reúnen con periodistas, se reúnen con políticos y se reúnen con todo el mundo que haga falta, pero mientras esas relaciones sean, como es normalmente, consecuencia de relaciones humanas o relaciones profesionales y que no infringen ninguna norma, evidentemente, no hay que asustarse ni pensar que porque se produzca esa relación se está produciendo algo ilegal, algo irregular o algo que vaya contra la deontología profesional”.

Fuente: El País, 110315.

O sea, que no sabe dónde meterse… de la vergüenza que le entra, del miedo que le da o de ambas sensaciones a la vez.

Cuánta miseria democrática.

EQM

110315. Fernández Díaz destaca los “relevantes servicios” de Villarejo.
110315. La policía no tenía constancia de las grabaciones a Ignacio González.
110315. Interior investiga a Villarejo, que replica con denuncias.
100315. Interior ordena un informe del patrimonio del comisario Villarejo.
100315. La oposición pide que el Gobierno aclare la situación de Villarejo.
100315. Estructura de empresas de José Villarejo y su familia.
100315. El policía del ‘caso González’ tiene 12 negocios millonarios.
100315. Policías fuera de control.

Fuente: El País.

 Anormalidad policial

Bien está investigar al comisario Villarejo, pero el Gobierno tiene que acabar con las irregularidades. La policía no tenía constancia de las grabaciones a Ignacio González.

Editorial de El País, 110315.

El Ministerio del Interior se encuentra bajo el fuego de las críticas de casi toda la oposición tras el descubrimiento del tinglado empresarial organizado en torno al comisario José Manuel Villarejo, desvelado ayer por este periódico. Se trata de uno de los dos policías que se entrevistaron con Ignacio González en una cafetería cuando este último era vicepresidente de la Comunidad de Madrid, conversación que fue grabada, ocultada durante más de tres años y sacada a la luz en el momento en que se dirimía la batalla interna en el PP por las candidaturas a las próximas elecciones autonómicas y municipales.

El propio ministro, Jorge Fernández Díaz, confesó ayer en el Senado que esa grabación ni siquiera figuraba en el expediente policial sobre la presunta investigación ilegal de la propiedad del ático de González en la Costa del Sol. Resulta muy poco tranquilizador que el responsable de las fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado diga desconocer lo que hacen comisarios de policía tan peculiares como Villarejo. Tampoco el ministro parecía al tanto del tinglado empresarial de este agente encubierto, como lo indica la orden de indagar su patrimonio, dada a las pocas horas de la publicación de los datos; así como la compatibilidad o no de tales actividades con las de un comisario en activo.

Bien está que el ministro pida información, pero eso no basta. El caso Villarejo solo es el último de la serie de escándalos policiales que acompañan algunos de los principales conflictos políticos. El modo de operar se parece al que en otros países utilizan los denominados gabinetes negros, aquellos dispositivos o despachos constituidos por expolicías o policías en activo que se mueven entre las sombras, utilizando recursos de investigación en los bordes del Estado de derecho, si no al margen del mismo.

Separar el grano de la paja es muy importante para garantizar la limpieza de la competición electoral; era de temer que en un año con tantas convocatorias como 2015 iba a producirse un repunte de actividades fuera de las reglas. Las aclaraciones convienen también a los 70.000 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que tienen perfecto derecho a que las guerras internas entre policías de campanillas —y más si se mezclan con la política— no produzcan el efecto de una mancha general sobre sus actividades.

No cabe duda alguna de que deben investigarse hasta el final las sospechas que existen en torno al ático de Ignacio González en la Costa del Sol. Pero eso no es óbice para demandar al Gobierno, con absoluta firmeza, garantías de que las indagaciones sobre los sospechosos en España —se llamen como se llamen y sean quienes sean— se realizan de acuerdo con la legalidad. El Estado de derecho no puede convivir con las actividades de policías al servicio de guerras políticas, sin pagar el alto precio de una grave adulteración de la propia democracia.

 

Yo grabo, tú grabas, él graba

Luis Ventoso en ABC, 110315.

QUE dos comisarios de Policía se reúnan en un bar para parlotear con el presidente de una Comunidad sobre una supuesta investigación sobre él suena raro, y más siendo el de una plaza tan relevante como Madrid. Pero que esa conversación (en principio privada, pues si fuese oficial tendría que celebrarse en un despacho o en una comisaría) acabe publicada con pelos y señales en la prensa es directamente bananero. Un enredo más propio de alguna satrapía represiva que del estado de derecho de un país puntero del primer mundo, España.

Si se publicó la charla del bar se debe o bien a que alguien la grabó, o a la capacidad omnisciente de nuestro legendario periodismo de investigación. En este país hemos visto exclusivas dignas de la vidente Adelina. Aquí se editan libros con vitola de calidad periodística en los que los autores transcriben sin cortarse citas literales del pensamiento ajeno (como deleite cómico, recomiendo uno sobre el juez Garzón de una veterana periodista). Pero ni los indagadores más entregados a las fantasías animadas osarían a inventarse la charla del bar, luego les han pasado la grabación. ¿Quién la hizo? Pudo ser el camarero, al que le habría picado la curiosidad y dejó un servilletero-grabadora cuando servía los cortados. O el presidente, pero no parece que ande en tales trapazas, y además no le favorecía. O los policías, que son quienes quedan si el camarero es inocente.

El mismo día que se aireaba la charla del bar, otro diario publicaba transcripciones literales de una conversación entre Aguirre y Cospedal. ¿Cómo se logra algo así? ¿Cómo se accede a la literalidad de lo que hablan en privado dos personas? Cada vez que salta un caso de corrupción, sea relevante o una menudencia, afloran grabaciones de los implicados. La sensación que queda es que el Gran Hermano de Orwell ya opera a pleno rendimiento, hurgando en nuestra intimidad, arrollando nuestros derechos con barridos indiscriminados de conversaciones telefónicas, correos y mensajes. Uno de los policías del bar advirtió a González que ojo con el móvil, que ya se sabe, en esta España democrática del siglo XXI todo se graba. ¿Con qué permiso? ¿Con qué objeto? ¿Con qué derecho? No es irrelevante. La privacidad es uno de los derechos humanos. Se trata de un pilar de las sociedades libres, construidas con un esfuerzo titánico durante tres siglos.

El nuevo ministro de Justicia, que está logrando una buena entrada simplemente enmendando las chapucillas de su predecesor Gallardón y de su colega de Interior, ha tenido el buen juicio de parar un proyecto para permitir grabaciones a sospechosos sin permiso judicial. Cierto que Interior alegaba que solo se utilizarían ante amenazas y delitos graves, pero lo cierto es que se podía abrir la puerta a la barra libre, y más en un país donde es de temer que ya existe.

En estos asuntos, que no ocupan ni preocupan al tertulianismo, está en juego la calidad de nuestra democracia, que debe ser mucho más pulcra y exigente. Si se apuesta por la regeneración de la vida pública cabe al menos debatir si supone un acierto volver a quien mantuvo a Granados siete años en su gobierno, incluida la cartera de Justicia e Interior, todo un sarcasmo en un tipo que cobraba comisiones de 900.000 euros por abrir colegios, según ha revelado ABC. Cabe preguntarse, como bien señalaba Gistau en estas páginas, por el papel de Interior en la utilización política de borradores de la UDEF; o qué autoridad moral posee la presidenta andaluza con el fardo de los ERE a cuestas. Luz, limpieza… o seguir dando munición al tele-demagogia de Podemos y su regresiva utopía.


Asuntos Internos va a por el comisario Villarejo: investiga conexiones entre su actividad policial y empresarial

Le acusan de maniobras en la sombra y de ser el único responsable de la grabación sobre el átivo de Ignacio González

José Manuel Villarejo grabó la conversación con Ignacio González y luego la ha filtrado a la prensa. Así lo aseguran altos mandos policiales, que conocen detalles de la reunión de hace cuatro años en La Mallorquina. La actitud del comisario le puede pasar factura, ya que Asuntos Internos ya investiga su patrimonio y actividad policial.

El Confidencial Digital, 110315.

Según explican a El Confidencial Digital fuentes de primer nivel en la Policía Nacional, la Dirección General de la Policía, y los principales comisarios del Cuerpo se han hartado de los movimientos de José Manuel Villarejo.

La grabación y posterior filtración de la conversación con Ignacio González ha sido la gota que ha colmado el vaso de estos mandos del Cuerpo, convencidos de que a Villarejo “le mueven otros intereses”, además del meramente policial.

Manipuló la grabación a su antojo”

Sobre el encuentro con el presidente de la Comunidad de Madrid, y la difusión en los medios de varios audios en los que se oye a González y al propio Villarejo, las fuentes consultadas por ECD aseguran que “cualquier agente puede saber que ha sido grabado por él, ya que es al que más fuerte se le oye”.

Además, estos mandos policiales acusan a Villarejo de “manipular” la grabación, ya que “a González solo se le oye decir que no quiere que el asunto salga, pero no aparece la oferta que hizo Villarejo”. Tampoco aparece la respuesta del presidente regional en la que asegura que solo su abogado puede dar el justificante de alquiler del ático. En ese sentido, añaden, el comisario “ha querido, por los motivos que sean, que González parezca culpable de haber cometido un delito”.

Por otra parte, otras fuentes policiales recuerdan que “en muy raras ocasiones un comisario hace trabajo de campo en una investigación, y menos aún realiza una grabación que, como norma general, se realizan por orden judicial y por las brigadas de seguimientos o infiltrados”. Por todo ello, añaden, “la grabación no sirve como prueba judicial, por lo que Villarejo buscaba otros fines”.

Buscan conexiones entre su actividad policial y empresarial

Estos últimos movimientos del comisario han provocado, entre otras cosas, que desde otro sector de la Policía Nacional se haya querido airear, a través de El País, la participación de Villarejo en 12 sociedades con un capital total de 16 millones de euros.

Las fuentes consultadas por ECD explican que esa información está en poder de Asuntos Internos. Su responsable, el comisario Marcelino Martín-Blas, ya ha dado orden de investigar la actividad policial de Villarejo, para determinar si existen conexiones con su actividad empresarial.

En ese sentido, altos mandos policiales explican que “los negocios en las sociedades son legales porque son además de toda la familia, pero desde Asuntos Internos se quiere saber si Villarejo ha intentado sacar tajada de su puesto en el Cuerpo para beneficio propio”.

Guerra interna en la Policía

Esta investigación, añaden, es fruto de “una serie de sospechas”, pero también de una “guerra abierta” entre los comisarios Marcelino Martín-Blas y José Manuel Villarejo, que ya se intercambiaron acusaciones una vez desvelados detalles de la investigación y la detención de Francisco Nicolás.

No obstante, en esta ocasión, es la propia Dirección General, y otros mandos policiales, los que quieren que Villarejo sea castigado: “Por su culpa, parece que la Policía sirve a intereses políticos, y eso ha molestado, y mucho, en la cúpula del Cuerpo”.

El comisario Villarejo, Javier Ayuso, El País y el CNI

El Chivato en El Confidencial Digital, 110315.

La batalla a propósito del ático de Ignacio González también se está librando en los periódicos nacionales. El diario El Mundo ha sido el que ha publicado la mayoría de las informaciones que han llevado a su exclusión como candidato del PP a la Comunidad de Madrid.

El País, por su parte, ha salido en defensa de González, criticando lo que ha calificado de “policías fuera de control”, según se podía leer en el editorial del martes.

El diario de Prisa publicó también ayer una información titulada “El comisario del caso González tiene 12 negocios millonarios”. La pieza, firmada por Javier Ayuso, destapa que el comisario José Manuel Villarejo participa en sociedades privadas con un capital de más de 16 millones de euros.

La respuesta a esta información, junto con una versión favorable a Villarejo, ha sido publicada en el portal Información Sensible. En él se puede leer:

— “El jueves pasado, Villarejo recibió el aviso de un “bienintencionado amigo” del CNI que le anunció que por la tarde iba a ver a un emisario que le iba a transmitir que se haría pública su vida privada, familiar así como las empresas familiares… salvo que se abstuviera de seguir indagando en ciertas cuestiones delicadas”.

— “Por la tarde recibió la visita de dos periodistas de El País, uno de ellos Javier Ayuso, en otro tiempo jefe de prensa de la Casa Real, quien le mostró una serie de papeles que recogían los nombres de las empresas familiares y el argumento de que le parecía extraño que un policía, aunque estuviera diez años de excedencia y al volver siguiera ayudando a sus hijos a mantener el patrimonio familiar, era demasiado patrimonio en tan solo treinta años y que eso era sospechoso”.

— “Justo antes de terminar estas líneas, de nuevo el tal Ayuso se pone en contacto con el Comisario: “Sale en portada, lo siento”. Villarejo le pregunta: Ayuso, ¿lo haces como periodista o como emisario del CNI? El viejo periodista o agente encubierto de ‘la Casa’ no supo contestar (silencio) para después decir tiene un gran interés periodístico conocer su vida privada. El Comisario zanja la conversación diciéndole que en cualquier país civilizado el descubrir la identidad de un agente encubierto y poner en riesgo su red de colaboradores se consideraría traición. Pero aquí la frivolidad y el morbo puede a la lógica y al sentido común”.

Visto ese contenido información, la pregunta que circula en ámbitos periodísticos y policiales es: ¿por qué Información Sensible es quien ofrece detalles tan precisos de una reunión secreta y no conocida hasta la fecha?

La respuesta la ofrecen desde ámbitos de la propia Policía: se apunta que el comisario Villarejo está vinculado a ese portal en Internet de manera indirecta. Hasta en la propia Dirección General se relaciona a dicho mando policial, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, con ese portal.

Hay también quien apunta que los responsables de la web, que no publica un staff con nombres y apellidos, podrían incluso ser familiares directos del comisario Villarejo.

Un detalle más que apuntaría a esa relación entre el comisario Villarejo y la web de noticias es que Información Sensible fue el primer medio que desveló la detención de Fran Nicolás por Asuntos Internos. Una unidad con la que tiene relación como adjunto al número dos del Cuerpo.

Villarejo denuncia un chantaje a Corinna y acusa al CNI de ‘perder’ dinero de un rescate

El comisario de la Policía José Manuel Villarejo ha utilizado un medio de su propiedad para acusar al CNI de estar detrás de la campaña informativa que, a su juicio, está sufriendo en los últimos días

El Confidencial, 110315.

El comisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo Pérez ha decidido abandonar temporalmente su labor como investigador de grandes casos de corrupción para protagonizar su propio escándalo. Un diario digital controlado por este mando de las Fuerzas de Seguridad del Estado publicó a última hora del lunes un editorial titulado “Las claves de la campaña contra el comisario Villarejo” que, además de defender a su propietario, acusa al CNI de haber “perdido” dinero procedente de “fondos reservados”, asegura que Corinna ha recibido presiones para “volver a los brazos” del rey Juan Carlos y denuncia que compañeros de la Policía “falsifican pruebas” y cometen un “cúmulo de ilegalidades”, entre otras graves afirmaciones.

El medio que ha publicado el texto es Información Sensible. En apariencia, no tiene ninguna relación con el comisario Villarejo. Sin embargo, el 100% de las acciones de la editora, Sensible Code SL, pertenece a la firma Desarrollos Empresariales Potes SL, cuyo administrador único es el abogado David Macías González, empleado del entramado empresarial que, como reveló El País este martes, posee el comisario Villarejo en España. El propio Macías ofrece sus servicios como abogado en internet utilizando la dirección de un despacho situado en el número 1 de la Plaza de Pablo Ruiz Picasso, exactamente el mismo domicilio que usa la mayoría de mercantiles de Villarejo y su familia.

Una misteriosa acusación popular

Se da la circunstancia de que el mismo abogado también actúa como representante legal de la Asociación Transparencia y Justicia, la tapadera que el comisario de Policía ha utilizado en los últimos años para tratar de influir en procesos judiciales tan destacados, por ejemplo, como el caso Campeón, el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre, el caso del pequeño Nicolás y la investigación sobre el ático que ha costado la carrera política a Ignacio González.

Este último escándalo ha sido precisamente el que ha colocado al comisario Villarejo en el foco mediático. González afirmó la semana pasada en una conferencia de prensa que Villarejo era el responsable de la investigación sobre su vivienda de lujo en Marbella y aseguró que le había amenazado con difundir los datos que había conseguido en el curso de esas pesquisas. La grabación de una reunión mantenida entre ambos en noviembre de 2011 deja en el aire las acusaciones del aún presidente de la Comunidad de Madrid, pero Villarejo anunció públicamente una denuncia contra González por acusarle de chantajista. Es la segunda que anuncia en un mes. La primera tuvo como destinatario a un colega, el comisario de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas, a quien acusa de haberle mencionado sin fundamento en un informe del procedimiento sobre el pequeño Nicolás.

Pero Villarejo ha recurrido a su propio medio de comunicación para lanzar una nueva acusación contra quienes, a su juicio, han orquestado la “campaña” que afirma estar sufriendo durante los últimos días. El texto no tiene desperdicio. Contiene datos que, de ser ciertos, serían suficientes para hacer tambalear varias veces los pilares de un Estado de derecho.

Un agente encubierto

Por un lado, el editorial asegura que el comisario –se refiere todo el tiempo a él en tercera persona– “durante más de veinte años ha realizado unas labores discretas y reservadas como agente encubierto, con una red de colaboradores infiltrada por todo el mundo y aportando información de los delitos más graves, como tráfico de armas, tráfico de drogas, trata, así como el blanqueo de capitales procedente de estos delitos, corrupción política y por supuesto terrorismo en todas sus modalidades”.

Por ello, el texto denuncia que, teniendo en cuenta esta hoja de servicios a España, el funcionario “sea ahora expuesto y en un momento determinado sea conocida su identidad y lo que es más grave, en breve se publicarán todos los nombres de su familia, así como la estructura empresarial familiar que se ha labrado durante los diez años que estuvo excedente”. “¿A quién ha interesado que todo el mundo conozca ahora al Comisario Villarejo? ¿Y qué interés periodístico tiene que se queme la estructura empresarial de la familia del Comisario?”, prosigue el editorial en referencia al artículo publicado este martes por El País, con información de las compañías que controla este agente.

La respuesta a esas preguntas la ofrece el propio artículo señalando directamente al CNI de estar tras esas informaciones. “En cualquier país civilizado, el descubrir la identidad de un agente encubierto y poner en riesgo su red de colaboradores se consideraría traición. Pero, aquí, la frivolidad y el morbo puede a la lógica y al sentido común”, se lamenta Información Sensible, justo antes de deslizar dos graves acusaciones.

Coincidencia con “asuntos muy espinosos”

Según este diario, la “campaña” mediática que estaría sufriendo Villarejo coincidiría curiosamente con que “meses atrás el comisario denunció un par de asuntos muy espinosos” sobre los que hasta ahora no había trascendido ningún dato.

En concreto, Información Sensible asegura que el agente denunció que “un servicio de inteligencia”, en clara alusión al CNI, “ha perdido dinero de los fondos reservados” en el tránsito “para pagar el rescate de unos periodistas”.  El artículo no menciona los nombres de los reporteros, aunque los únicos que han estado secuestrados en recientemente son el fotógrafo Manu Brabo, en Libia, el también reportero gráfico Ricardo Vilanova y el periodista Javier Espinosa, en Siria. Y, efectivamente, el CNI se encargó de coordinar las operaciones para liberarlos.

Según este diario, la “campaña” mediática que estaría sufriendo Villarejo coincidiría curiosamente con que “meses atrás el comisario denunció un par de asuntos muy espinosos” sobre los que hasta ahora no había trascendido ningún dato.

En concreto, Información Sensible asegura que el agente denunció que “un servicio de inteligencia”, en clara alusión al CNI, “ha perdido dinero de los fondos reservados” en el tránsito “para pagar el rescate de unos periodistas”.  El artículo no menciona los nombres de los reporteros, aunque los únicos que han estado secuestrados en recientemente son el fotógrafo Manu Brabo, en Libia, el también reportero gráfico Ricardo Vilanova y el periodista Javier Espinosa, en Siria. Y, efectivamente, el CNI se encargó de coordinar las operaciones para liberarlos.

Asuntos Internos ha quedado en “ridículo”

El editorial de Información Sensible va más allá. Asegura que el comisario de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín-Blas, cometió un “cúmulo de ilegalidades y falsificación de pruebas” para introducir con “intención maliciosa” el nombre de Villarejo en el marco de la Operación Prima, que el pasado noviembre desarticuló una red de blanqueo y tráfico ilegal de sustancias liderada por un empresario indio. En otro párrafo, también afirma que Martín-Blas ha quedado en ridículo por haber confundido a Villarejo con un jubilado de 81 años dentro de otra conocida investigación, el caso del pequeño Nicolás.

El artículo encara su final con una reflexión. “Es curioso cómo al peligroso Comisario nadie le tiene miedo, todo el mundo le insulta, insinuando las cloacas, el hedor… el que algunos sienten por tener su ropa interior algo manchada y claro… al final su propio olor termina por afectarle… Es un poco raro que nadie se preocupe de las graves represalias…¡Dios!, como venga el Comisario Oscuro…¡prepararos todos!”, concluye.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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