EQM_040415_2.

Siempre que se dan a conocer estudios sobre la mal denominada violencia de ‘género’, dejando de lado el resto de violencia doméstica y familiar, se divulgan una serie de peligrosas sandeces con las que, afortunadamente, sí se llega a la conclusión de que, además de esconder otras grandes verdades, somos uno de los países con menos violencia del mundo. También de esta naturaleza.

Lo cual no quiere decir que ésta no vaya incrementándose en la medida que las gravemente equivocadas politicas legislativas y ejecutivas de nuestros respectivos poderes lleven a la confirmación, manifestada por ellos mismos, de que la cosa tal como va, con una serie in crescendo de medidas preventivas de carácter represivo y ninguna auténtica de tipo educativo, no hace sino empeorar.

Todo con tal de no decir verdades como puños, que muchas veces se esconden porque predomina una corrección política muy peligrosa.

Hay por tanto que gritar a los cuatro vientos que, en 2014:

1.- La violencia física o sexual en la pareja española se situa en torno a un porcentaje [10%] que supone alrededor de la mitad de la media de la Unión Europea [20%].

2.- La incidencia en la práctica de tal violencia es de origen predominantemente extranjero: los agresores con resultado de muerte fueron 55, 40 españoles y 15 extranjeros, lo que supone el 8,6 por cada millon de extranjeros residentes en España, frente al 0,9 por cada millón de españoles.

3.- De los 55 agresores con resultado de muerte, 11 de ellos [20%] se suicidaron inmediatamente después de cometer el hecho o en el Centro Penitenciario (esto ocurrió en una ocasión) y 9 [16%] lo intentaron.

Fuente: Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015: Avance de Resultados Memoria del Fiscal General del Estado correspondiente a 2013.

¿Saben vds de alguien que desde el Gobierno se preocupe lo más mínimo de averiguar a qué se debe tanto trastorno mental -transitorio o no- entre los presuntos ‘asesinos’?

Aquí todo lo socucionamos con 1 minuto de silencio municipal, al que, por sinsentido, cada vez se suma menos ciudadanía, y con una serie de medidas que, en creciente opinión, que no hacen sino empeorar la situación. Entre otras:

  • La ruina total del marido en muchos de los casos de separación no acordada consuadamente: sin casa, sin hijos, sin gran parte de su retribución, continuando con el pago de la hipoteca y contemplando cómo su familia convive con un tercero al que la vivienda le sale gratis y trata a los niños casi como papá.
  • Las miles de denuncias que se archivan no porque la cónyuge la retire, que también, sino por falta de pruebas. Y sin que a la denunciante tal atropello le cueste un duro. Gratos Total. No hay más que observar la cuantía anual de las denuncias, la de las condenas y los procedimientos cursados por denuncias falsas.
  • Dejar de confundir, en los informes oficiales, para el cálculo de las denuncias falsas, incando exclusivamente el número de procedimientos abiertos sobre tales denuncias con sentencia favorable al denunciante, en vez de sumar a ello las decenas de miles de denuncias por maltrato que se archivan por falta de pruebas.
  • Ahora, por si faltara poco, se multiplican los casos de orden de alejamiento cautelar, lo que conlleva apartar al padre de sus hijos y de su casa.
  • Para los casos de agresor sentenciado está en camino, de la mano del PP, la pena añadida de que, al considerar al padre tambien un potencial agresor de sus hijos, la orden de alejamiento se haga extensiva a los mismos. Parece quue, de momento, tal aberración la ha frenado el PSOE.
  • Los animadores de tal estrategia no hacen sino incrementar el destarifo, con la aportación de nuevos actos a peserseguir: violencia financiera de género; violencia emocional o psicológica de género; micromachismo; etc.

¿Nadie ha caído en la cuenta de que los acorralamientos desmesurados pertuban a las personas -sean hombres o mujeres- y que cuando un perturbado -o una perturbada- toma la decisión de matar y, en su caso, suicidarse, no hay medida preventiva que realmente lo pueda impedir?

En el marco de la corrección política hay mucho temor a pronunciarse al respecto y algunos de los que lo han intentado han salido tremendamente maltrechos.

Esperemos que algún día algún partido asuma el riesgo y centre el debate y la estrategia en:

  • Perseguir con el mismo interés cualquier tipo de violencia doméstica -cada vez más empleada contra los hijos, los padres y los abuelos- variando los agravantes por razones objetivas.
  • Perseguir toda actuación ecofeminista injusta que suponga violencia contra el varón. Hoy, el maltrato hacia el marido más cómodo para una mujer casada es ponerle una denuncia. Sale gratis y, por la vía de la coacción, el chanteje, suele dar espléndido réditos en los procesos de separación y/o divorcio.
  • Señalar la contradicción de la izquierda feminista en impulsar las denuncias mientras sigan sin aparecer diputada, senadora o parlamentaria autonómica, que denuncie a su cónyuge.
  • Apoyar el regimen asociativo femenino en contra de la ‘victimización’ de la mujer, como ocurre con La otras feministas.
  • Apoyar a los medios a que prosigan en la publicación de sus investigaciones sobre las falsas denuncias así como en la divulgación que sobre las mismas manifiestan profesionales del poder judicial, tal y como ocurría ya en 2004.
  • Divulgar el número de suicidios que se producen anualmente entre honbres con motivo de sus procesos de separación o divorcio.

E investigar los porqué.

EQM.

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Sentencias 2014En este gráfico correspondiente a 2014 se puede apreciar, aproximadamente, cuántas de las 126.742 denuncias presentadas se quedan en nada si les restamos las 28.365 sentencias condenatorias [22.38%]. Detrás de tal asimetría se encuentra el auténtico problema desvertebrador y demonizador de la gratuíta denuncia falsa que, sin cursar procedimiento penal como tal, habitualmente, acaba en archivo o sobreseimiento y que, por maligna añadidura, en muchos casos favorece los intereses de la denunciante en casos de separación o divorcio. Fuente de los datos: CGPJ.

Las denuncias falsas

María Sanahuja en El País, 221208.

María Sanahuja es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia y la Plataforma Otras Voces Feministas

Han pasado más de cuatro años desde que se inició el debate para valorar el impacto de las reformas legislativas que en materia de violencia doméstica había realizado el PP en 2003, y que continuó el PSOE con la ley contra la violencia de género en 2004. Se empezó a decir en voz alta que no se estaban respetando los derechos fundamentales de muchos ciudadanos en España, que las leyes aprobadas contribuían a aumentar el nivel de intensidad del conflicto en las parejas heterosexuales, provocaban dolor innecesario, suponían un despilfarro para el erario público y no conseguían atajar lo más mínimo el problema de la violencia extrema sobre las mujeres.

Ahora podemos afirmar que el único avance en el respeto a las libertades fundamentales de todos que, de momento, hemos conseguido en esta materia, es que podamos hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresión. Se había instalado un pensamiento único que llevó a varias asociaciones a solicitar al CGPJ, en 2005, que me sancionaran y prohibieran hablar en público.

Expuse entonces que todos estábamos teniendo un comportamiento poco acertado. Me refería a jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas y a muchas mujeres que utilizaban el Código Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas.

La presión mediática ha llevado a muchos profesionales a una reacción defensiva y de autoprotección ante el miedo a las posibles consecuencias personales. Así, jueces que han concedido prácticamente todas las órdenes de protección que les han solicitado por temor a que se les pudiera acusar de no haber tomado medidas, colapsando así los servicios administrativos de protección a las víctimas que difícilmente las pueden atender; fiscales solicitando en prácticamente todos los casos que se adoptara una orden de protección, normalmente alejamiento, muchas veces sin demasiadas pruebas y sin valorar que ello podía comportar pérdida de empleo si ambos trabajaban en la misma empresa, o dificultades para permanecer en una ciudad pequeña con el estigma de maltratador; policías que han procedido a la detención de miles de hombres sin más indicios que la sola afirmación de la denunciante, sabiendo que en uno o dos días serían puestos en libertad por el juez, y sin considerar el trauma que para algunos ciudadanos puede suponer pasar esas horas detenido, esposado y trasladado junto a delincuentes, todo por miedo a exponerse a un expediente disciplinario si luego ocurría un hecho luctuoso, ya que “ellos también tenían familias”; abogados que han recomendado la interposición de una denuncia por malos tratos porque se podía solventar en horas la atribución provisional del uso de la vivienda familiar, ya que la orden de alejamiento supone la expulsión inmediata de la misma, así como la fijación de una pensión de alimentos y la custodia de los hijos; periodistas que cuando se producía un hecho grave lo exponían de modo que culpabilizaban a todos los que de un modo u otro habían intervenido, y en ocasiones de manera sensacionalista (esto ahora ya no ocurre); y mujeres que, sin ningún escrúpulo ni respeto por las que están padeciendo situaciones terribles sin atreverse a denunciar, han abusado de lo que se les ofrecía, poniendo en marcha el aparato policial y judicial con fines espurios, en algunos casos inventándose directamente hechos que ni siquiera han ocurrido, pero con escaso riesgo de que ello pueda demostrarse, y se les exijan responsabilidades.

Pero no es la maldad de algunas personas la causante del problema. Lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma, que permita a los perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, causando daño a muchos otros (niños, abuelos, padres…), y se mantenga durante años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado. Mueren tantas mujeres como antes.

La ley integral contra la violencia sobre la mujer, aprobada por unanimidad por el Parlamento, era bienintencionada, pero los que formamos parte de la estructura judicial del Estado sabíamos que únicamente tendría desarrollo la parte referida a la modificación del Código Penal, con escasísimos medios y total falta de coordinación con otros profesionales (especialmente servicios sanitarios y sociales de cada lugar), pues la ley ni siquiera encargó a nadie el desarrollo de esta necesidad.

La consecuencia de atribuir a un órgano de cada partido judicial en exclusiva esta materia ha desorganizado la estructura judicial y colapsado los juzgados de violencia, que se han convertido en destinos que no quiere prácticamente nadie. Hemos consentido la detención de miles de hombres que luego, en su mayoría, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a más de un inocente, en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina “agresor” al denunciado, antes de iniciar cualquier investigación tendente a averiguar la certeza de los hechos. Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento, y valorar los resultados del camino andado.

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Video en que Susana Griso entrevista a María Sanahuja.

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Entrevista:MARIA SANAHUJA | Juez decana de Barcelona | LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS JUZGADOS

“Las riñas entre novios adolescentes están acabando en los juzgados”

El País, 121204.

La juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, de 43 años, levantó una gran polvareda en mayo cuando alertó del “abuso” que en su opinión cometen algunas mujeres al denunciar supuestos malos tratos para presionar en la separación. Hoy, esta juez mantiene que la Ley Integral contra la Violencia de Género [que entrará en vigor en enero] no ha sido suficientemente consensuada.

Pregunta. ¿Nota que los problemas que denunció en mayo se han solucionado?

Respuesta. Me temo que no. Nos estamos yendo más allá de los límites de lo razonable en la aplicación del Código Penal. Si obligamos a los jueces a que castiguen duramente hechos leves, pueden verse empujados a absolver a los acusados, ya que saben que la pena que deben imponerle en caso de hallarlo culpable es desproporcionada.

P. ¿Los jueces se ven atrapados por un Código demasiado rígido?

R. El derecho penal no resuelve los problemas sociales. Así lo manifestaron algunos de los más prestigiosos juristas en un manifiesto del pasado mes de junio. Además, el principio de presunción de inocencia está sufriendo mucho. En muchos casos no hay pruebas y, sólo con la palabra de la mujer se produce una condena o una absolución. Esto acarrea riesgos importantes, ya que el juez puede verse obligado a actuar por intuición. Las mujeres no siempre dicen la verdad y eso debemos tenerlo muy en cuenta.

P. ¿Hasta qué punto los jueces se topan con estos problemas en su trabajo del día a día?

R. Los jueces me lo cuentan cada día: la violencia doméstica está suponiendo tal incremento del trabajo en los juzgados de instrucción que la gente, jueces, secretarios y funcionarios, se están marchando. Los juzgados, sobre todo los de ciudades medianas, se están desertizando.

P. ¿La nueva ley va a intensificar a su juicio estos problemas?

R. De hecho, ya está ocurriendo. Las riñas y las discusiones familiares ya se están manteniendo en los juzgados. Se está juzgando a padres que le han pegado una bofetada a su hijo porque éste le empujó. Y se les condena por un delito de violencia doméstica. Las riñas entre novios adolescentes están acabando en los juzgados de guardia. No sé si tantos recursos del Estado deben destinarse a estas cosas.

P. Usted ha denunciado también el abuso que hacen de esta ley algunas mujeres en proceso de separación.

R. Una mujer de Madrid que se divorcia debe esperar, en algunos casos, nueve meses para que el juez fije la pensión alimenticia para su hijo. Aquí es donde empieza la tentación de que, si el marido te ha dado un empujón, puedas ir al juzgado de guardia, lo denuncies y en 24 horas puedas obtener una pensión y una orden de alejamiento y solucionar en muy poco tiempo un problema que habría llevado muchos meses resolver.

P. ¿Cree que se abusa de las órdenes de alejamiento?

R. Los jueces rechazan una de cada cuatro solicitudes, pero me temo que alguno está dictando órdenes de alejamiento sin suficientes indicios de necesidad. Trabajan con mucha presión mediática y social y dictan órdenes para evitar el escándalo que se produciría si una mujer a la que se le ha denegado este alejamiento o protección fuera agredida de nuevo. Pero se ven obligados a actuar a ciegas, sin pruebas, sin suficientes indicios. En cuanto a las órdenes de protección, cuantas más se dan, menos capacidad tiene la policía para hacer el seguimiento de su cumplimiento. Todos sabemos que el 90% de los agresores incumplen esa orden. Si tenemos unas pocas mujeres en situación grave pero con casos muy identificados, podemos poner suficientes agentes para protegerlas.

P. Se ha dicho que usted ha abandonado su feminismo.

R. Mi feminismo no hace como este Código Penal, que nos trata como si fuéramos tontas. Antes necesitábamos un padre o un marido para saber qué nos convenía en la vida, ahora necesitamos al Estado. Y este Código nos impide, por ejemplo, que si después de una discusión y unos empujones hay una condena por este hecho leve, la pareja pueda reconciliarse.

P. ¿Y cuál es la salida?

R. Debemos evitar judicializar todavía más la vida familiar. Debemos saber diferenciar los casos leves de los que realmente merecen una actuación decidida por parte de la justicia. Para hacerlo habrá que abordar una reforma del Código Penal.

Viñeta de EQM publicada el 10 diciembre de 2014.

EQM_230209_2Viñeta de EQM publicada el 23 de febrero de 2009.

Sobre denuncias falsas en España [2010]. Video en castellano, doblado al español, realizado por la productora danesa RV PRODUCTION.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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