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EQM_270815.

CAT y C Valenciana: vamos a contar verdades

El País, editorializando en torno al pancatalanismo, decía ayer que “Lo que de común tienen los ‘Països Catalans’ es que en ellos se habla catalán”, sin que de eso deduzca sin embargo que ‘estén necesariamente destinados a unirse en un Estado‘. Necesariamente, reza el editorial; o sea que bueno, ya veremos, no hay por qué correr.

Qué cosas. Hispanoamérica tiene en común el español y los ciudadanos de sus distintos Estados tienen el mismo afecto por sus vecinos que España por Francia o Portugal: ninguno.

En ese diario todavía no se han enterado de que precisamente el llamar catalán a la lengua común es uno de los fundamentos de la histórica enemistad, que tiene como fundamento básico y general el estúpido complejo de superioridad del catalanismo sobre lo valenciano. Desde tiempo inmemorial, antes incluso de que estos conquistadores de pacotilla fueran condado y Valencia reino.

La guerra en cuanto a la denominación de ese idioma occitano es tan eterna como nada baladí, por mucho que parezca una pelea sobre quién fue primero si el huevo o la gallina.

No es ninguna tontería, ya digo. Para el catalanista es tan importante que se denomine ‘catalán’ como para el valenciano no admitirlo. Cualquier intento que se ha hecho para encontrar una denominación consensuada ha sido en vano, por su parte. Tampoco han ha llegado jamás a respetar el estatus que guardan, por ejemplo, ‘portugués’ y ‘gallego’. Estos mandamases, como buenos catalanistas, sólo admiten su denominación de ‘catalán’.

Enfin, cosas del catalanismo, sintiéndose el ‘hereu’ y con derecho a imperar. A ningún valenciano partidario de integrar territorialmente estas comunidades de habla común se le ocurriría denominar dicha unión como ‘països valencians’ ni tampoco decir que la lengua que se habla en Cataluña es el ‘valenciano’; y esa es la clave: el mencionado complejo de superioridad de los imperialistas.

Hay que ser muy estúpido para pretender un acercamiento entre las dos CCAA dando por sentado, además, que la capitalidad de tal cosmopolitismo sería, cómo no, Barcelona. Hasta los vascos, que ya es decir, tuvieron en cuenta tales cuestiones a la hora de elegir Vitoria.

Finalmente, la tan pretendida como falsa hermandad. La vecindad, cualquiera sea la lengua que hablen los vecinos, siempre suele crear competitividad, envidia, complejos, recelo, etc. Eso, exactamente, es lo que ocurre entre Cataluña y la C. Valencia.

Desaparecida, afortunadamente, la imagen rural y agrícola del valenciano, las dos CCAA se disputan el turismo, la industria, el comercio, el transporte de contenedores, etc, y, sobre todo, la financión del Gobierno central, que lleva más de medio siglo -al menos desde el final de la Guerra Civil– favoreciendo descaradamente a Cataluña; y en ello sigue.

Espero que estos pequeños apuntes impresionistas sobre tales vecinos sirva para que algun despistado comprenda el rechazo que el catalanismo despierta en la Comunidad Valenciana y la razón por la que esto no cambiará por muchas idioteces que sigan diciendo los nacionalistas de Mas.

Singulares somos todos y cada uno. Privilegiados ellos, los nacionalistas, beneficiarios del complejo de inferioridad de ‘Madrit’, jamás de los valencianos.

Se ve que sentirse también español es, en la práctica, un demérito que tiene sus costes.

EQM

pd.- Sobre el pancatalanismo quiero volver a recordar la anécdota que ya comenté hace años, que se produjo en el Casino de Castellón, a principios de los 80′, a propósito de una conferencia que allí dió Pujol padre, ya Presidente de la Generalitat catalana.

Acabada su exposición en catalán, por supuesto, y durante el turno de los asistentes, el portavoz de un grupo de maduros profesores del Instituto Francisco Ribalta, le espetó, con retranca y entre la sonrisa mal disimulada de sus compinches:

President Pujol … ¿quan podrem els castellonencs votar-li a vostè? [Presidente Pujol… ¿cuándo podremos los castellonenses votarle a vd?]

Ésta fue la contestación del conferenciante, con su habitual aplomo y sus típicos gestos aseverativos:

Tranquils, anem fent camí y tot arribarà, tot arribarà… [Tranquilos, vamos haciendo camino y todo llegará, todo llegará…].

Creo que el suceso refleja fielmente el espíritu de estos peligrosos lunáticos.

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Por las dudas, reedito también el videoclip que Acció Cultural del País Valencià publicó en 2011 con motivo de que el Gobierno de Camps cerrara los repetidores clandestinos e ilegales de TV3 en la Comunidad Valenciana, dado que el Gobierno catalán no permitía la reciprocidad e invadía a los valencianos con propaganda pancatalanista.

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) es una asociación valenciana dedicada al estudio, la defensa y la promoción del patrimonio cultural pancatalanista. Su primer presidente fue Joan Fuster. En la actualidad, el presidente es Eliseu Climent. Es la propietaria de los repetidores que emitían la señal de la televisión de Cataluña en la Comunidad Valenciana, señal que se vio obligada a cesar como consecuencia de la clausura de las instalaciones de sus repetidores avalada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al determinar éste que la asociación no disponía de la previa concesión administrativa.

El País Valenciâ és el meu país‘ [2011; el Pais Valenciano es mi país], proclaman Lluís Llach, Joel Joan, Muriel Casals y Els amics de les arts. ♪♪ ♫ acciopaisvalencia.

Giovannini 260815Y la nave va – (Nicholas Jolly/Giovannini), en Libres E Iguales, 260815.

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Actualización: 270815;11:45

Valencianos sanos

Arcadi Espada en El Mundo, 270815.

La declaración pancatalanista del consejero Gordó, que no en vano pasa por ser uno de los hombres más sensatos del gobierno desleal, me parece de una gran normalidad nacionalista. El nacionalismo tiene algunas particularidades indestructibles. Nunca es democrático, por ejemplo, y siempre es irredento.

Además, la expiración de los llamados Països Catalans era, antes del 27 de septiembre, el único fracaso del nacionalismo catalán: y es lógico que sus militantes trabajen para revertir una situación que quedó perfectamente establecida cuando al catalán que se habla en Valencia se le llamó oficialmente valenciano.

Al catalán de Barcelona se le podría llamar valenciano y al valenciano de Valencia catalán: pero no convendría llamarles cosas distintas, más allá de la intimidad. Esa fractura intelectual fue políticamente letal para el pancatalanismo, que había confiado a la lengua todo su ser diferencial, y que ahora recibía un sorbo de su propia medicina: los valencianos habían ultimado la imposible pirueta de que su acento lingüístico se considerara un rasgo diferencial ante los españoles… y ante los catalanes.

La bonita lección para Gordó y cofrades, y lo que realmente les hace darse fuertes golpes en una cabeza ya muy torturada, es que ha sido el nacionalismo lo que ha expulsado del Reino de Valencia al pancatalanismo. La izquierda, cuyo cinismo es del mismo volumen que el de la derecha aunque de mejor calidad, ha sido capaz, en su versión valenciana, de apuntarse a lo que en tiempos llamaron, con manifiesto desprecio, regionalismo y búnker barraqueta, con algo más de colorido.

Y el presidente de ese gobierno paella, tan barroco de ingredientes, aprovecha ahora la tómbola de salvoconductos montada por el consejero de Justicia para apuntalar su regionalismo y tratar de cerrar la vía de aguas sentimentales que el Partido Popular empezará pronto a explotar. Bien está.

No obstante, para el crédito de sus intenciones sería necesario que abjurara pública y enfáticamente, y con Raimon Pelegero al frente, de su apego original a Fuster y el fusterismo. De aquel que en Nosaltres els valencians, uno de los libros más vendidos en catalán de la historia, escribió que los valencianos no catalanes eran hombres «secundarios y marginales», inapropiados para un proyecto «sano» de país.

Aunque lo más doloroso fue que le llamaran el Voltaire de Sueca.

Enrique Flores ep 260815Ilustración de Enrique Flores [España, 1967] para el artículo, en El País, 260815.

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Iguales y diferentes

Conviene no perder de vista que el reto del presente no es tanto el admitir que España es plurinacional como el tomar conciencia, con todas las consecuencias, de que igual o más plurinacionales son las naciones que reclaman su reconocimiento

José M. Ruiz Soroa en El País, 260815.

Se ha instalado en el discurso público acerca de la reforma constitucional del sistema territorial una especie de falsa alternativa, la que pretende contraponer la exigencia de igualdad ciudadana con la constatación bastante obvia de que las partes que componen eso que llamamos España son diferentes entre sí, en algún caso muy diferentes, tanto en lo histórico como en lo político, en lo cultural como en lo institucional. Por eso, el dogma políticamente correcto de los reformistas es el de que igualdad sí… pero respetando la diferencia.

Pues bien, esa pretendida dicotomía entre igualdad y diferencia es, dicho en términos directos y claros, un error conceptual craso. Expresado semánticamente, como lo hacía Stephen Holmes en una obra clásica, basta observar que el antónimo de la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad. Y el contrario de la diferencia no es la igualdad sino la homogeneidad. Por lo que contraponer igualdad y diferencia como si fueran vasos comunicantes, de manera que a más de una menos de la otra, es un dislate.

Esta misma idea se puede afinar, como lo hace Luigi Ferrajoli, observando que igualdad y diferencia son conceptos que pertenecen a lenguajes diversos. El de diferencia es un término descriptivo, que hace referencia a una realidad empírica: las personas, y las regiones también, son muy diversas entre sí en muchos de sus rasgos vitales. Nada más diverso de mi yo que otro yo. Un hecho. En cambio, la igualdad que proclaman las leyes pertenece al lenguaje normativo: no pretende describir un hecho, sino prescribir un concreto tipo de trato. Cuando la ley dice que todos los ciudadanos somos iguales no pretende describir una realidad, ni pretende convertirnos de facto en seres homogéneos idénticos unos a otros, sino que enuncia un valor: a pesar de que somos de hecho diferentes, debemos ser tratados todos por igual, con arreglo a una norma universal que abstrae cualquier diferencia contingente.

Tan es así que la garantía de la diferencia como hecho se encuentra, precisamente, en la igualdad como derecho: podemos ser empíricamente diferentes, ajustar nuestra vida a los valores y pautas culturales que deseemos, precisamente porque todos somos tratados por igual en lo público, sin tomar esas diferencias como criterios normativos que exigieran un trato desigual por el mero hecho de existir. Justo lo contrario de lo que sucedía en la sociedad premoderna, donde las diferencias concretas determinaban un estatus jurídico diverso.

Además, en el asunto que ahora polariza la alternativa, el de la planta territorial del país, es de observar que la diferencia que se proclama hace siempre referencia a lo colectivo, mientras que la igualdad lo hace a lo individual: la diferencia la poseen los pueblos y las tierras mientras que la igualdad es una exigencia (sobre todo y ante todo) de ciudadanía. Mientras las personas no se vean discriminadas en su estatus ciudadano básico, ningún reparo puede ponerse a cuanta diferencia quiera encontrarse en los marcos colectivos en que habitan.

¿Cómo se aplica esta distinción de planos al modelo territorial? Pues de manera bastante sencilla: las regiones, comunidades, Estados o naciones componentes de España —aplique el lector el nombre a su gusto— pueden ser todo lo diferentes que la historia o la voluntad de sus habitantes les hayan hecho, pueden tener un idioma vernáculo y un Derecho Privado o Público propio, una institucionalidad tradicional u otra: esto es un hecho que no se puede sino respetar. Pero todos sus habitantes son tratados con el criterio de la igualdad en sus derechos como ciudadanos: ninguna persona puede ostentar más o mejores derechos que otra por el solo hecho de ser vecino de uno u otro lugar. Puede ser diferente pero no puede ser privilegiado. Recuérdese que el de privilegio es un término que remite precisamente a una privata lex que ostentaban con orgullo personas o regiones distintas a los demás, y por eso fue un término prestigioso en el pasado y, sin embargo, es un término proscrito en la modernidad: la ley es igual para todos.

Un ejemplo: las provincias forales y el Reino de Navarra conservaron su diferencia fiscal en la Constitución, sobre la base de que era el sistema histórico tradicional de regular sus relaciones con la Monarquía: por eso, y por el piadoso deseo del legislador de ayudar a terminar con ETA, se reconoció en 1978 el sistema de concierto o convenio. Es una diferencia institucional, nada más. Ahora bien, al desarrollar reglamentaria y prácticamente ese sistema se ha llegado a la situación de que un ciudadano vasco/navarro dispone (a igualdad de esfuerzo fiscal) de una cifra para financiar los servicios públicos que recibe (sanidad, educación, dependencia) que es hoy ya el doble de la que dispone el ciudadano medio español, sea catalán o extremeño. Y esto es desigualdad, es privilegio. Una cosa es poseer un sistema institucional diverso por razones contingentes, otra recibir un trato desigual en derechos básicos de ciudadanía. Diverso cuanto se quiera, desigual en derechos personales y prestacionales lo mínimo posible.

Al final no hay escapatoria, el gran reto de la reforma que se anuncia es, precisamente, el de no perjudicar la igualdad ciudadana so capa de la diversidad nacional o cultural, no confundir los planos ni los órdenes distintos por donde políticamente transitan estos dos conceptos. Y, ya puestos, otro más: el de que el Estado no intente comprar la obediencia política de ciertas regiones (su integración en España) pagando el precio con la moneda de sus propias poblaciones. Angelo Panebianco ha subrayado cómo los pactos federalizantes constituyen a veces, mirados descarnadamente, poco más que un intercambio o acomodo entre dos élites políticas: la del Estado central que recibe el reconocimiento de su soberanía por la élite local, a cambio para esta de recibir la competencia absoluta y exclusiva para amoldar y aculturar a su propia población sin tener en cuenta su pluralismo constitutivo. Algo así como intercambiar soberanía por personas, un tipo de pacto que en este país nuestro han practicado contumazmente tanto PP como PSOE en su relación con las élites nacionalistas periféricas: las poblaciones concernidas son vuestras si no impugnáis el Estado.

Es irónico, hegelianamente irónico, pero quienes más invocan la diferencia o diversidad como título para desconocer la igualdad ciudadana son precisamente quienes más porfiadamente se hacen los ciegos ante la diversidad interna de su propia nación, o emprenden costosas políticas de construcción nacional para acabar con ella y lograr una sociedad culturalmente homogénea. Por eso, planteado correctamente, el reto del presente no es tanto el admitir que España es plurinacional como el tomar conciencia, con todas las consecuencias, de que igual o más plurinacionales y diversas son las naciones que reclaman su reconocimiento, por lo que no puede entregarse a las élites locales la competencia exclusiva y excluyente para reconstruirlas como si fueran densas y homogéneas bolas de billar. Ninguna sociedad moderna lo es ni puede ya llegar a serlo.

José María Ruiz Soroa es abogado.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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