.

Entrevista televisiva en El Cascabel [13tv], 271015, a Rosa Díez, Portavoz del Grupo de UPyD en el Congreso de los Diputados, sobre la golpista declaración catalanista presentada como propuesta de Resolución ante el Parlamento Catalán ese mismo día.

.

La hora solemne

David Gistau, ABC, 281015.

Que Mas haya sido devorado por el monstruo que ayudó a crear tiene una interpretación política interesante que puede acabar confirmando la vocación circular de la historia

AÚN más grave que existir contra la ley es hacerlo contra la realidad. El revuelto independentista, recién convertido el Parlamento catalán en un «Jeu de Paume» de montañeses en chándal, aún se arroga la representación unánime de su sociedad. Lo cual lo autoriza, mediante la abolición de los matices y los contrapesos sociológicos expresados en las últimas elecciones locales, para manejar un falso sentido de la legitimidad lo bastante sobreactuado en términos de pastiche épico como para convertir a varios cientos de miles de personas en rehenes de un sentido irredento del destino al que ya no le queda ni su antigua coartada transversal.

Los remilgos de la CUP acerca de la investidura de Mas se resuelven de este modo: confirmando el Parlamento como el recipiente de una única obsesión, al servicio de la cual ha sido cargado como un arma, y llevando el desafío a un estadio posterior al retórico en el que toda responsabilidad queda dispersada en la estructura colectiva.

Que Mas haya sido devorado por el monstruo que ayudó a crear tiene sin embargo una interpretación política interesante que puede acabar confirmando la vocación circular de la historia. Con Mas queda relegada la burguesía catalana, la que jugó a militar en algo más grande que uno mismo y ahora tiene razones para observar con espanto cómo el engendro político fabricado bascula hacia la radicalidad de peor catadura.

No sería la primera vez en la historia, y de aquí lo circular, que la burguesía catalana, horrorizada de su propia obra, termina por implorar la entrada por la Diagonal de esos mismos carros de combate que en tiempos más sosegados constituyen el atrezo folclórico de su fatalismo. Algo de esto pudo haber ya en el auge de Ciudadanos, potenciado aún más, desde hoy, como personaje político alrededor del cual se arraciman en Cataluña los resistentes que se niegan a ser abducidos por el arquetipo social amañado por el independentismo.

El Estado tal vez no pueda apoyarse ahora en la fotogenia de lo popular que constituye el Hemiciclo. Pero otros cauces hay para que, en una hora solemne, los partidos constitucionalistas sean capaces de trascender los antagonismos de las siglas. Incluso en vísperas electorales. O precisamente por el hecho de estar en vísperas electorales. Porque, de repente, tanto sobre los que gobiernan España como sobre los que aspiran a hacerlo acaba de abatirse un examen de comportamiento tan trascendente que casi borra el pasado inmediato de la legislatura.

El PP, por el hecho de ser gobierno, tiene las mayores oportunidades tanto de fracaso como de lucimiento. Pero las próximas elecciones serán imposibles de disociar de la gestión de esta crisis que ha terminado de estallar como agresión a España y su ley, así como del papel que cada uno de nuestros actores políticos desempeñe en las próximas fechas. Que no serán precisamente de las que admiten ambigüedades terceristas. Hágannos sentir orgullosos, y perdón por pedirles tanto.

.

luis parejo em 281015Ilustración de Luis Parejo en El Mundo, 281015.

.

Tiempo de responsabilidad

El Estado ha llegado tarde a Cataluña tantas veces que precisamente ahora sería un error comparecer por adelantado.

Ignacio Camacho en ABC, 28/10/15.

Paciencia. El Estado ha llegado tarde a Cataluña tantas veces que ahora sería un error comparecer por adelantado. Y menos con la caballería que pide en las barras de los bares la España del arbitrismo cojonudo, la de las soluciones expeditivas y el «eso lo arreglaba yo en dos patadas». Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, dice el Eclesiastés, y ahora es tiempo de responsabilidad, no de desahogo.

Las medidas de excepción acaso le dieran al Gobierno muchos votos entre esos nerviosos españoles de rompe y rasga que echan de menos un puñetazo en la mesa del hartazgo, pero la sospecha de oportunismo contaminaría cualquier iniciativa precipitada. Por irritante que resulte la chulería soberanista éste es un momento de temple más que de alboroto. Pulso frío, vista larga y paso corto.

La respuesta responsable a esta enésima bravata ha de ser en primer lugar pactada, en segundo término proporcional y por último escalonada. Sin renunciar, y ayer el presidente lo dejó claro, al botón nuclear del Artículo 155, ultima ratio de este pulso que España no puede perder. Pero es que ni siquiera se ha producido aún la declaración de rebeldía. Aunque nadie duda de que será presentada y aprobada, en derecho no se puede actuar contra hipótesis.

El procedimiento de crisis es claro y está consensuado; más vale no recordar ahora los reparos al rearme legal que hasta antier pusieron el PSOE y otros grupos. A partir de la resolución del Parlamento catalán habrá recurso al Constitucional y las autoridades autonómicas quedan obligadas a obedecer la sentencia bajo pena de inhabilitación. En caso de resistencia no sólo cabría sino que sería imprescindible invocar el célebre 155, que en ningún caso incluye la suspensión de la autonomía sino la adopción de medidas coercitivas que aseguren el acatamiento del veredicto. El mayor problema puede venir de los plazos y los soberanistas lo saben; decididos como están a no echarse atrás en el desvarío, intentarán aprovechar el relativo vacío de poder postelectoral y la composición previsiblemente compleja de las nuevas Cámaras.

No va a ser un proceso fácil, y menos con la campaña atravesada en la gestión del conflicto. Por eso es imprescindible la mayor unidad política posible; si Rajoy se muestra decidido y Rivera –cuyo partido lidera la oposición en Cataluña– lo apoya, los socialistas tendrían que calibrar el coste de descolgarse. Ayer funcionó la línea caliente; las urnas penalizarán al que no descuelgue el teléfono.

Entretanto el Estado tiene muchas formas de hacerse presente, y la de ayer no fue despreciable: se mostró con uniforme de Policía en las casas de Pujol y de los empresarios de cámara del régimen nacionalista. Para las fórmulas drásticas, después de tantos años de retraso es urgente esperar, que decía Pío Cabanillas, otro gallego. Incluso a un choque de trenes hay que llegar en su momento.

Entrevista televisiva en El Cascabel [13tv], 271015, a D. Ramón Rodríguez Arribas -exVicepresidenten del Tribunal Constitucional, exMagistrado del Tribunal Supremo y ex Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura– sobre la golpista declaración catalanista presentada como propuesta de Resolución ante el Parlamento Catalán ese mismo día.

La ‘desconexión’ de Cataluña va muy en serio

Joaquín Manso en El Mundo, 281015.

La propuesta de resolución presentada por Junts pel Sí y la CUP está redactada en términos tan descarnados que debería tener la virtud de despertar de su inocencia a quienes todavía piensan que la independencia no será posible porque basta con invocar la ley. La «desconexión» de Cataluña ha comenzado y va en serio. El presidente del Gobierno pareció entenderlo por fin ayer cuando advirtió de que se aplicarán «todos los mecanismos políticos y jurídicos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes». El sintagma en cursiva está tomado del artículo 155, por lo que Mariano Rajoy estaba advirtiendo, sin decirlo de manera explícita, de su posible aplicación. Será probablemente insuficiente.

«URGENCIA».

El encabezado pide que el texto se sustancie ante el Pleno por «el procedimiento de urgencia» y que la Junta de Portavoces se reúna «con carácter de urgencia». Se pretende aprobar antes de la primera votación de investidura y facilitar así que la CUP apoye a Mas.

Hay otra consecuencia de que se acelere el proceso. La vicepresidenta catalana, Neus Munté, atribuyó las «amenazas» de Rajoy a «la campaña electoral». Esto es: los líderes independentistas quieren aprovechar lo que interpretan como una debilidad política del jefe del Ejecutivo, que en estos momentos es al mismo tiempo el candidato del Partido Popular. Cualquier respuesta del Gobierno será presentada y deslegitimada como si fuese una reacción electoralista del PP. En estas circunstancias, además, Rajoy va a tener que soportar una fuerte presión social y política, desde Cataluña pero quizá también desde dentro de su partido, para que adopte iniciativas traumáticas antes del 20-D. Nada le gustaría más al independentismo, que pondrá todos los medios para hacerlo inevitable. Por eso hablaba ayer el presidente de «provocación».

«AMPLIA MAYORÍA SOBERANISTA».

En el primer punto de la propuesta encontrarán la horma de su zapato Pablo Iglesias y la marca catalana de Podemos. Los secesionistas fundamentan la resolución en que del 27-S surgió «una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado». La expresión destacada en itálica está tomada del programa electoral para el 27-S de Catalunya Sí que es Pot y ha sido defendida más de una vez por Albano Dante, el hombre de Iglesias en Barcelona. Sumando así el 48% de los votos abiertamente independentistas con los de la candidatura devota de Podemos, se obtiene la «amplia mayoría soberanista». El portavoz de la coalición Joan Coscubiela intentó desmarcarse ayer, pero después de haber apoyado el día anterior a Carme Forcadell, el precio de la ambigüedad es éste.

«PROCESO PARTICIPATIVO».

Los puntos segundo y tercero se dedican a declarar «solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán en forma de República», proceso «constituyente» que será «ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo». Más adelante, se habla de «empoderamiento de la ciudadanía». He aquí una concesión a la vocación asamblearia de la CUP y al lenguaje propio de sus casals -casas okupas-.

SEGURIDAD SOCIAL.

La propuesta insta a poner en marcha en 30 días leyes de «proceso constituyente» -evocación de la Ley de Reforma Política de la Transición-, de Seguridad Social y de Hacienda Pública. Prácticamente las únicas estructuras de Estado que aún no ha creado Cataluña se refieren a su capacidad para recaudar tributos y cotizaciones. Desde el día siguiente a que se aprueben, la desobediencia masiva estará a un paso.

LA «DESCONEXIÓN».

El texto reclama que el Parlament se declare «depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente», como hizo el de Kosovo, y apela al proceso de «desconexión democrática». Con ese concepto se alude en el Derecho Internacional al momento que determina la secesión: aquél en el que el ordenamiento jurídico del Estado deja de aplicarse de hecho en un territorio sin que sus autoridades sean capaces de hacer valer su poder. La «desconexión» tendrá que ser «masiva, sostenida y pacífica», en el sentido de aceptada de forma generalizada por la ciudadanía durante un periodo de tiempo. Se trata de exigencias extraídas de la jurisprudencia internacional para una declaración de independencia.

EL SIGUIENTE PASO.

La propuesta es especialmente abrupta cuando avisa de que el Parlament no cumplirá ninguna decisión «de las instituciones del Estado español y, en particular, del Tribunal Constitucional, a quien considera deslegitimado y sin competencia» desde su sentencia sobre el Estatut. Se adelanta pues a una posible respuesta: desoirá cualquier suspensión o inhabilitación que pueda acordarse. Por tanto, no hay ninguna razón para presumir que el Parlament se aquietará al 155. Si hubiera alguna duda, el punto octavo insta al Govern a cumplir «exclusivamente» los mandatos del Parlament «a fin de blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español», tratado así como una potencia extranjera invasora.

.

lpo em 261015Ilustración de LPO [L. Pérez Ortiz; España, 1957], en El Mundo, 261015.

.

Cuenta atrás para el Estado catalán

Araceli Mangas en El Mundo, 281017.

Desde 2012, con la indiferencia de un Gobierno de España perezoso e inepto, la sedición toma cuerpo en Cataluña. Las fechas para romper la unidad nacional y la integridad territorial de España ya están marcadas en la solicitud formal de convocatoria urgente de un pleno del Parlamento catalán cuyo fin es aprobar la declaración que llevaría, de consumarse, a impedir la aplicación de las Leyes de España o a cualquier autoridad española el legítimo ejercicio de sus funciones, en fin, a la proclamación del estado independiente de Cataluña: a partir de esa proyectada declaración, el Parlament «no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional» y ordena al Govern ejecutar la declaración.

Las instituciones autonómicas catalanas se han comportado como un estado de facto desde hace bastante tiempo entre la indolencia e ingenuidad, cuando no complicidad, de las instituciones del Estado y los partidos políticos nacionales. Ya sólo tienen que dar los pasos formales y definitivos que anuncian: dejarán en treinta días de respetar la autoridad del Estado y no aceptarán ninguna autoridad ni el imperio del Derecho sobre el Parlamento y el Gobierno catalán.

En una situación extrema como la que se viene precipitando en Cataluña desde 2012 el paso a la independencia es factible y creíble dada la inacción del Gobierno de la Nación. No sólo no ha tomado la delantera para agotar las vías de diálogo y entendimiento sino que no ha reaccionado ante nada y ha dejado hacer todo. Se ha permitido que declaraciones de autoridades públicas de Cataluña (del Legislativo y Ejecutivo) rechacen la aplicación de las leyes o se instalen en la arbitrariedad sin que pase nada. Hace tiempo que las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo no se aplican o se aplican a discreción sin que pase nada. Se permite que en los ayuntamientos y otros edificios públicos prescindan de la bandera de España y otros símbolos del Estado y que ondee la ilegal bandera independentista, sin que pase nada. Sólo la UEFA hace respetar la bandera de España multando la presencia de banderas independentistas. Los independentistas han demostrado que se puede violar la ley española todos los días sin que pase nada y que en ese territorio sólo se hace respetar la voluntad de sus caciques depredadores. España no ha defendido su carácter de Estado responsable de la ley en todo el territorio. El Gobierno del presidente Rajoy no ha impedido el despliegue de formas de la estatalidad de Cataluña.

El presidente Rajoy nunca se tomó en serio el desafío del Gobierno catalán y de una parte de la sociedad catalana y se negó al diálogo político en múltiples formas (comisiones técnicas, regeneración política que ilusionase a todos…). Rajoy pensó que la ley todo lo puede; como ni el Derecho Internacional faculta a Cataluña para invocar la secesión unilateral ni la Constitución española lo permite, no había que hacer nada. Pero que el Derecho no faculte para invocar la secesión no impide que la reclamen y logren por la vía de los hechos (principio de efectividad), paso a paso, con paciencia de casi cuarenta años. Tampoco estaban facultados los pakistaníes respecto de la India independiente, o los pakistaníes orientales (Bangladesh) para separarse del Pakistán independizado de la India, o los eritreos respecto de Etiopía, o los sursudaneses respecto a Sudán y todos ellos lograron su Estado.

La formación y nacimiento de un Estado no se rige por el derecho interno sino por la fuerza de los hechos. Los partidos independentistas ya han puesto a prueba la inanidad del Gobierno Rajoy. Lo habitual es que el territorio que se separa o pretende separarse no tenga la autorización del Estado del que se quiere separar. Por ello, lo esencial es no permitir que los hechos y elementos conducentes a la formación de un nuevo Estado tengan lugar ni se den más pasos. La creación de estados está ligada al principio de efectividad y no al de legalidad ni legitimidad. Lo que importa es el hecho y no el modo por el que haya nacido (secesión no permitida por el derecho interno, lucha armada…).

Por ello, aparte de cualquier posible recurso judicial contra esa solicitud de declaración, en todo caso tiene que impedirse la convocatoria del pleno conducente a la cuenta atrás para la independencia y que el pleno pueda celebrarse con ese orden del día. Hay que actuar antes de la formación de los actos de la estatalidad formal. Con todas las posibilidades que da la Constitución y la ley y sin miedo a utilizar los diversos preceptos en vigor para situaciones extremas; no hay nada más grave en la historia de un pueblo que la ruptura de la unidad nacional; sí, hay algo igual de grave, una guerra, (in)civil o internacional.

No hay fatalidad alguna en la solicitud de las fuerzas independentistas catalanas al pleno del Parlament sino incuria e irresponsabilidad del Gobierno de España que desafía cinco siglos de historia ensimismado en la ley que no hace cumplir. La organización y preparación de los delitos son atribuibles a personas concretas de las fuerzas independentistas, pero no es menos grave quien no impide su comisión ni persigue a los delincuentes. La deshonra y responsabilidad histórica no será de quien dijo que aceptaría todo lo que viniera de Cataluña sino de quien pudo haber encauzado este reto y sobre todo debe impedirlo ya con todos los medios. Olvidemos los reproches por lo pasado.

En este momento supremo, el Gobierno de España debe apelar a la corresponsabilidad política de todos los partidos políticos que defienden la unidad nacional. Muchos españoles confiamos en que PSOE y Ciudadanos actúen con patriotismo constitucional y que el PP no aproveche la defensa de la integridad territorial para obtener réditos electorales. Todos juntos sin más reproches.

Un Gobierno no puede limitarse a respetar la ley; la función del gobernante es hacer aplicar la ley. Dura lex, sed lex (dura ley, pero ley). El Derecho Internacional faculta al Estado para impedir la ruptura de la unidad nacional e integridad territorial, bienes públicos protegidos por normas seculares y la práctica de Naciones Unidas. También el Derecho de la Unión Europea (art. 4.2 TUE) reconoce al Estado su deber y derecho de defender la integridad territorial y le da toda suerte de facilidades legales para ello.

No tenga miedo el Gobierno de España de ejercer esa función esencial de todo Estado y haga respetar ya la soberanía nacional y su Constitución. España y su Gobierno no han cesado de citar e invocar las leyes democráticas a las fuerzas independentistas; no pueden seguir abusando de la paciencia de la democracia hasta destruirla. Ha llegado el momento de recordar que la justicia democrática ciñe espada. Todos unidos.

*Araceli Mangas es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Universidad Complutense) y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

••

•••

 

Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

Anuncios