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EQM_120116_2.

La Infanta, el muñeco de Artur y el Rey

Que los medios destinaran ayer muchísimo más tiempo y espacio en continuar el linchamiento de la Infanta que ante el golpismo catalán da una idea de hasta qué punto se ha extendido la idiocia y el sentido de la desproporcionalidad en este país. Un dato aclaratorio del interés social por la ‘macrocausa’: De los 36 asientos reservados para los ciudadanos que quisieran acudir a la vista, sólo 16 han sido ocupados.

Otra cuestión, ésta referida a lo que sí preocupa: si un general saliera a los medios para decir que va a utilizar los recursos a su alcance para ciscarse en la Constitución o independizar cualquier territorio…

¿cuánto tiempo tardarían en detenerle? ¿por qué no se hace lo mismo con un cargo público civil y su partido? ¿por qué no se aplica la actual Ley de Partidos por conducirse vulnerando los principios democráticos? ¿por qué no se aplica el Código Penal en materia de secesionismo? ¿por qué no se aplica el art 155 de la Constitución Española?

También a estos efectos, el actual laicismo imperante tiene indudables ventajas en favor de los golpistas. Entre ellas la de pecar solamente de obra -tampoco siempre: depende- y no de palabra.

Y algo más, sobre el constitucional papel del Rey.

El Rey, como Jefe del Estado y si firma el nombramiento de Puigdemont, va a tener como representante ordinario en Cataluña a un golpista que ya ha anunciado el golpe.

¿Qué puede hacer al respecto? ¿Debería consultar al Consejo de Estado, Fiscal General del Estado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y/o al Gobierno de España, antes de firmar?

No vaya a ser.

Y si tras haber consultado a quien considere oportuno, aunque sea oficiosamente,se le informa que su papel constitucional es simplemente protocolario, debería hecerlo constar expresamente en tal nombramiento. Porque la ciudadanía y la historia agradecerían tal precisión.

Vds mismos.

EQM

pd. Carles Puigdemont es, por el momento, un títere que se encontraba en el momento y lugar adecuados para sustituir amablemente a su jefe querido. Pero siempre se le ha conocido como ‘el hijo del pastelero’ -por la profesión de su padre- y no me extrañaría que, pasteleando pasteleando, el Arturet acabara, como alardeó la CUP, tirado en la papelera.

Puigdemont 110116Carles Puigdemont, nuevo Presidente de la Generalitat Catalana a partir de cuando el Rey firme su nombramiento.

Lo que el Rey va a firmar

Arcadi Espada en El Mundo, 110116.

El Parlamento de Cataluña invistió ayer a un nuevo presidente de la Generalidad que se presentó ante la cámara con un programa político cuyo objetivo principal es el inicio de construcción de un Estado independiente y que asumió, sin resquicios, la vigencia de la declaración aprobada el 9 del último noviembre, y que el Tribunal Constitucional ha suspendido. La citada declaración establecía que, a partir de su aprobación, los gobernantes catalanes no reconocerían otra legalidad que la emanada de su parlamento. El nuevo presidente se refirió a ello inequívocamente en su respuesta al candidato socialista, Miquel Iceta, que le había pedido explicaciones sobre su adhesión a la declaración parlamentaria: «Esta Cámara no estará nunca fuera de la ley, porque la primera misión del Parlamento es legislar, crear marcos legales». El presidente Puigdemont decía eso pocos minutos después de que el presidente Rajoy pronunciara una declaración institucional en la que aseguraba: «El Gobierno no pasará ni una sola actuación contraria a la ley».

Ahora, el gran tema de España es saber qué significa la palabra actuación. El 9 de noviembre el Parlamento catalán aprobó una declaración de sedición. Cuando el Tribunal Constitucional la suspendió, el Parlamento autónomo presentó unas sorprendentes alegaciones que situaban esa declaración en el ambiguo terreno de las aspiraciones abstractas, sin mayor efecto práctico. Pero la sesión de investidura acabó ayer con el sentido que pudieran tener esas alegaciones y, sobre todo, con la posible inactividad, con el carácter durmiente, de esa declaración. A pesar de estar suspendida por el Tribunal Constitucional, el presidente de la Generalidad y máximo representante del Estado en Cataluña se comprometió ayer solemnemente a llevar a cabo el proceso de sedición. Entre el 9 de noviembre y el 10 de enero, y respecto de los planes independentistas, hay una sustancial diferencia: esos planes han sido declarados ilegales por el alto tribunal del Estado. Y a pesar de ello el nuevo presidente ha decidido incluirlos en su programa de gobierno y llevarlos a la práctica.

La situación recuerda, inexorablemente, a la que se produjo otro 9 de noviembre, pero esta vez de 2014, cuando el gobierno de la Generalidad organizó un referéndum ilegal por la independencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal la iniciativa. Por ese acto, el fiscal general del Estado presentó una querella contra Artur Mas, que se encuentra aún en trámite jurídico. La pregunta se desliza sola. ¿Van a tomar el Gobierno del Estado y los tribunales alguna medida contra la autoridad que, explícitamente, ha decidido desobedecer la instrucción del Tribunal Constitucional? Y una pregunta más: ¿Cómo justificaría el no tomarla, respecto incluso a su tan morigerada actuación anterior?

El presidente Rajoy tiene la costumbre, en estas declaraciones, de incluir una llamada a la confianza de los ciudadanos. «Los españoles pueden estar tranquilos…». No dudo de su buena voluntad. Pero los españoles habrían estado mucho más tranquilos si ayer, en vez de aludir a su intención genérica de no dejar pasar un solo acto contrario a la ley (¡que solo faltaría!), hubiese anunciado su voluntad de poner en conocimiento del fiscal general del Estado el contenido de la sesión de investidura y la posibilidad de que haya infringido claramente la ley.

Entre otros asuntos, no menores, porque al presidente de la Generalidad lo nombra el Rey de España, y seguramente al Rey de España le convendría saber si su firma, por muy a acto debido que responda y muy automática que sea, va a sancionar el nombramiento de alguien que ha manifestado nítidamente su voluntad de destruir el Estado.

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Rostro del gran Mas (Salvador Dalí/Giovannini), en Libres E Iguales, 100116.

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La gallina

El adiós de Mas, Mas no es un héroe. Se ha ido porque iba a perder las elecciones. Hay una gallina que corre decapitada y es Puigdemont y su fúnebre cortejo procesista.

Salvador Sostres en ABC, 110116.

El presidente Puigdemont es la víctima propiciatoria de un proceso que está muerto, pero que sigue corriendo como las gallinas a las que les han cortado el cuello y todavía no lo saben.

Mas sabía que no tenía ni la fuerza de las urnas ni fuerza de ninguna clase para enfrentarse a España y vencerla, pero no quiso ser él quien diera sepultura a la ensoñación independentista. Por ello decidió ganar tiempo para refundar la maltrecha Convergència y marcharse cinco minutos antes de que las anticipadas elecciones de marzo igualmente le finiquitaran. De propina nos ha dejado a un alocado alcalde de provincias, bruto e incendiario, para que corra sin cabeza como las gallinas, y que sea lo que Dios quiera.

Se dice que esta retirada pactada de Mas beneficia a Rajoy para poder formar gobierno. Tendría que ser así, pero el pobrísimo sentido de Estado que hasta el momento ha mostrado Pedro Sánchez vuelve inútil cualquier especulación. Quien sí va a beneficiarse del trueque en la Generalitat va a ser el Estado, en tanto que es bastante probable que Puigdemont, en su euforia rural y sin filtrar, y empujado por la CUP, caiga en excesos que limiten con el Código Penal. El precio político y emocional de tomar entonces alguna medida drástica contra él será muy inferior al de detener o encarcelar a Mas, que tiene una imagen mucho más presidencial y una puesta en escena que le da credibilidad como representante de todos los catalanes, incluso de los que no le han votado.

En cambio, en Puigdemont no hay ninguna contradicción entre su aspecto y sus intenciones, y su semblante de payés asilvestrado coincide con su independentismo de trago y tupper. No infunde el nuevo presidente de la Generalitat ninguna sensación presidencial, hasta el punto de que si en algún momento hace algo que merezca su inhabilitación, o incluso su detención, no sólo no va a originar ningún martirologio, sino que gran parte de los catalanes vamos a sentirnos aliviados.

La CUP, que lejos de sentirse humillada por el acuerdo, se ha reivindicado diciendo que han «tirado a Mas al basurero de la Historia», va a poner al nuevo president al borde del abismo desde el primer día: los alegres muchachos antisistema han advertido que el acuerdo suscrito por Junts pel Sí es revisable «si no se avanza en la construcción de la república catalana», lo que a la práctica significa que pueden poner a Puigdemont en las más expuestas situaciones bajo el chantaje de retirarle, si no obedece, el apoyo parlamentario. En el debate de investidura de ayer, Anna Gabriel le recordó que tiene de tiempo 18 meses, y que el feminismo, el proceso constituyente y el rescate social son una cosa y lo mismo.

Paralelamente, Mas dejó el sábado la puerta abierta de su regreso, y si Puigdemont se pasa y se lo llevan preso, podría volver tras mandarle flores a la celda. Por lo tanto, el ya expresidente no se ha retirado para salvar el proceso, ni es un héroe, ni ha mostrado ninguna generosidad. Mas se ha ido porque sabía que iba a perder las elecciones y adulterando como cualquier Maduro la democracia: él mismo dijo que sometiendo a la CUP, y alquilándole un par de diputados, «hemos corregido lo que las urnas no nos dieron».

En su egoísmo, y en su mezquindad, ha preferido poner a un presidente de su partido que a Oriol Junqueras, que desaparecido Mas, es el líder natural del proceso. Y no sólo ha designado a uno de su partido, sino que ha elegido a uno especialmente limitado para poder apartarle de un codazo –en el caso de que la Justicia no lo haga antes– si algún día calcula que puede volver a ser el candidato de la Convergència que ahora tendrá tiempo para refundar.

Mas no ha dado un paso al lado. Ha huido del veredicto de su propio pueblo, cuyo derecho a decidir tanto dice defender. Mas ha escapado de las urnas, tal como el soberanisno, que tanta democracia reclama, ha forzado un acuerdo que la evitara, porque en marzo habría quedado mucho más en evidencia su condición minoría.

Hay una gallina que corre decapitada y es Puigdemont y su fúnebre cortejo procesista. La CUP son el masovero del cuchillo ensangrentado que soñaba con poner una tienda de huevos pero que tras su absurda matanza va a tener que conformarse con hacerse una tortilla. Mas ha podido escapar, y es un forajido que vigila desde la verja lo que pasa en la finca para poder entrar a hurtadillas cuando los nuevos dueños se vayan a dormir.

A lo lejos, España hace ver que se preocupa, pero en el fondo sonríe.

Peridis en El País, 110116

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La hora del Rey

España requiere soluciones valientes, unitarias, sensatas, que sepan combinar la eficiencia económica con la social, en un entorno político de libertad y estabilidad. Y todo ello, especialmente la iniciativa y el empuje para emprender tan titánica tarea, debe provenir de quien ostenta la jefatura del Estado. El Rey.

Juan Antonio Sagardoy Bengoechea y Gaspar Ariño Ortiz en ABC, 110116.

España atraviesa una situación de la que se pueden derivar grandes males y también grandes bienes para muchos años, aunque de momento tenemos negros nubarrones en el horizonte. No estamos ante un problema de pactos que hagan posible la investidura de un nuevo presidente del Gobierno –cosa ciertamente necesaria–, sino de algo más profundo en lo que nos jugamos mucho. En la Historia, los pueblos atraviesan momentos cruciales que les marcan para largo tiempo. España ha vivido desde hace doscientos años (Constitución de Cádiz) varios de esos momentos, algunos aciagos y trágicos, y el último en 1978 –la Transición a la democracia– que marcó el comienzo de una etapa venturosa, con muchas más luces que sombras y que nos ha llevado a codearnos con los grandes países y a tener unos estándares de bienestar y prosperidad nunca vistos.

Vino la crisis, con una gestión política muy mejorable y desde hace pocos años, con grandes sacrificios y recortes importantes, hemos comenzado a remontar la situación. Sacrificar la parte para salvar el todo. Sería una catástrofe que no supiéramos tener la visión de altura necesaria para evitar caer de nuevo en el hoyo. Ello exigirá sacrificar intereses partidistas, pensar en lo global, dejar posiciones ventajosas, pero habrá merecido la pena y nuestros hijos y nietos nos lo agradecerán. Y si no nos lo demandarán.

España ha sido y es un gran país –dijo el Rey en el mensaje de Navidad– que tiene una larga historia, y ha vivido graves situaciones, siempre superadas. La Constitución del 78 ha dado a España unos valores y principios inspiradores de las libertades, la primacía de los derechos fundamentales, la forma de Estado y la economía social de mercado. Pero el tiempo no pasa en balde. La crisis económica e institucional que ha atravesado nuestro país en los últimos años ha desencadenado un malestar social profundo y ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas en el sistema político y económico. Parece existir un consenso en el diagnóstico de la situación, que se centra en tres grandes cuestiones:

1) Asegurar la recuperación económica y la creación de empleo; un empleo digno, decente, que lleve consigo la reducción de desigualdades y el fortalecimiento de los derechos sociales.

2) Regenerar la democracia y reconstruir el Estado, acabando drásticamente con la corrupción e introduciendo reformas sustanciales en el sistema político-institucional; entre ellas, la reforma del sistema electoral, la democratización de los partidos, la independencia judicial, la autonomía de los entes reguladores y la transparencia en la gestión pública.

3) El tercer campo de actuación es la reformulación del modelo territorial, reconociendo la singularidad de algunos territorios y precisando el marco competencial y financiero de las distintas Regiones españolas. Todo ello, con fidelidad al ser de España y sin abdicar en lo esencial.

Algunos de estos grandes retos exigen una reforma de la Constitución, tema sobre el que se ha ido forjando también en los últimos tiempos una opinión general entre las fuerzas políticas y desde hace años en el mundo académico. No hay que tener miedo a este proceso de cambio, pero hay que prepararlo con cuidado, con tiempo y con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales. Todo proceso constituyente requiere una preparación meditada, debatida amplia y públicamente, y esa sería la principal tarea de un próximo Gobierno, deseablemente de amplia concentración, que debe superar en su formación las mezquinas cuestiones personales y de partido hasta ahora existentes. Hay que recuperar el espíritu de la Transición. Estamos, ahora sí, de verdad, ante una segunda transición, ante uno de esos momentos históricos a que antes nos referíamos, que puede determinar el futuro para muchos años. A esta tarea deben ser llamados todos los españoles, todos, con todas sus diferencias y con aquella voluntad de concordia que presidió la primera.

Las recientes elecciones nos han dejado un panorama muy enrevesado del que sobresale, como voluntad mayoritaria, el deseo de cambio en el modo de ejercer la Política y de la actuación de los Partidos protagonistas de la Transición del 78, que al cabo de los años no han sabido captar los nuevos vientos, las nuevas aspiraciones, el sentir de la calle. Pero tampoco podemos olvidar que la mayoría, muy amplia, del electorado se ha decantado por soluciones políticas, vamos a llamar, centradas. No radicales. Y tal comportamiento, lo que está pidiendo es altura política de los dirigentes. Para ello es muy necesario que alguien convoque, a esa gran tarea, a las fuerzas políticas y a los grupos sociales. Y ese alguien es y debe ser el Rey. Es el único que puede hacerlo.

Entre las funciones que la Constitución le encomienda a la Corona, se da, a nuestro juicio la que aquí señalamos. Al Rey como Jefe de Estado le corresponde «guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas». Es obvio, después de las últimas elecciones, locales, autonómicas y generales, que el pueblo español desea un cambio; no sólo de Gobierno, sino de sistema político en algunos de sus elementos fundamentales. La Corona es la única Autoridad con capacidad de convocatoria de las fuerzas políticas y sociales –y del país entero– a la hora de hacer frente a esa nueva Transición que reclama la ciudadanía. Su función garantizadora de la unidad nacional y del sistema político está amparada en sus cometidos de «arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones» (art. 56.1 CE) que hoy, en España, pueden verse paralizadas. El Rey está para poner remedio a situaciones como ésta. Moderar, en este caso, significa impulsar.

La intervención del Rey en la vida pública de una Monarquía Parlamentaria es limitada y siempre discreta, porque así lo quisieron los Constituyentes, con una visión un tanto estrecha de lo que puede ser tal tipo de Monarquía, según nos enseña el ejemplo de otros países europeos. Pero eso no significa que El Rey –que es el Jefe del Estado– deba permanecer inactivo cuando el ambiente se ennegrece y se pone en riesgo la misma Constitución, de la que debe ser máximo defensor. Al Rey no le corresponde imponer soluciones, pero sí ofrecerlas y convocar a las fuerzas políticas para que retomen el camino de la reforma y de la concordia, adoptando para ello las acciones necesarias: mediar, arbitrar, impulsar.

El Rey Juan Carlos I fue hacedor del entendimiento que presidió la primera Transición y su hijo Felipe VI puede y debe liderar una segunda transición, impulsando el acuerdo de los principales líderes políticos para un proceso de reforma de la Constitución que corrija los errores en que se haya podido incurrir en la actual. Es una tarea difícil; sin duda alguna. Pero hay que acometerla, con tacto, dotes de persuasión, esfuerzo generoso y dosis de ilusión por la grandeza de España. Y nuestro Rey puede hacerlo con la entrega, valía y mesura que está demostrando. Luego ya vendrá la voluntad popular a dar su opinión en un referéndum constituyente. Tenemos una ocasión histórica para que nuestro Jefe del Estado haga historia, junto con el pueblo español.

Somos muy conscientes de que esto entraña riesgos incluso para la Corona, y de que algunos destinatarios de su convocatoria pueden no aceptarla. Serán ellos los que se autoexcluyan del acuerdo nacional que este país necesita y la gente lo sabrá. El pueblo español juzgará su actitud y su aislamiento, sabrá quienes están por el diálogo y la concordia y quienes por el enfrentamiento. Pero los riesgos merecen la pena si la meta también la merece, como es obvio. Y en estos momentos España requiere soluciones valientes, unitarias, sensatas, que sepan combinar la eficiencia económica con la social, en un entorno político de libertad y estabilidad. Y todo ello, especialmente la iniciativa y el empuje para emprender tan titánica tarea, debe provenir de quien ostenta la Jefatura del Estado. El Rey.

JUAN ANTONIO SAGARDOY BENGOECHEA Y GASPAR ARIÑO ORTIZ / CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD Y DEL COLEGIO LIBRE DE EMÉRITOS

Collage de Arcu, con idea de Belosticalle, 110116.

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De Guatemala a Guatepeor. Cristian Campos en El Español, 110116.
Payasos. Gabriel Albiac en ABC, 110116.
Puigdemont en la última carlistada, de Antoni Puigverd en La Vanguardia, 110116.
Un presidente en estado de ‘shock’ y la “papelera de la historia”, de J.A. Zarzalejos    en El Confidencial, 110116.
– El pucherazo. Santiago González en El Mundo, 110116.
– Entre nobles y pícaros. Nicolás Redondo Terreros en El Mundo, 110116.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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