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Certificado de buena conducta

En esta porquería de país, mientras cada día detienen a nuevos corruptos -políticos y no- de una sociedad sistémicamente enferma, el Gobierno, en vez de cuidar del régimen de libertades, comenzando por el derecho a la presunción de inocencia, se dedica a saturar al ciudadano de presuntas culpabilidades, exigiéndole que demuestre ‘pureza de sangre’ a base de reinventar el totalitario ‘certificado de buena conducta’ para todo aquello que, por el contrario, debería administarse mediante el control y la sanción para el responsable.

Puesto a prevenir es muy posible que consigan acabar con la familia, que ya poco le queda con una tasa de crecimiento de la población que en españa anda en cifras negativas.

Les voy a contar el último escándalo al respecto.

Como se ha puesto de moda mediática agrandar artificialmente el problema de la pederatia, que, como ocurre con el de la violencia de ‘género’, siempre ha sido muy poco significativo en este país, no sólo el asunto se está confundiendo, intencionadamente o por pura ognorancia, con la pedofilia, sino que se ha tomado la decisión gubernamental de que toda aquella persona que quiera ejercer ‘profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores’ [sic] tiene que demostrar su inocencia relativa a ‘los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en los que incluyen la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, presentando el correspondiente certificado de un nuevo ‘Registro Central de Delincuentes Sexuales’ [sic].

Como verán, no hay ya prácticamente semana que no se invente una nueva tipología de delito, su correspondiente registro y, si esposible, su correspondiente teléfono de atención específica. Piensen también, por ejemplo, en el asunto del acoso ‘escolar’, que se ha agigantado de tal manera que ya casi se da por desaparecido el niño que no ha sufrido alguna vez tal tipología delictiva.

Todo lo cual está suponiendo una revolución del derecho penal hasta el punto de que cualquier día los delitos tradicionales,con sus agravantes y atenuantes, caerán en desuso ante el apogeo de las discriminaciones positivas.

La entrada en vigor, en agosto pasado, de la comentada actualización del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, mediante la Ley 26/2015, de 28 de julio, ha traído consigo que, por ejemplo, los miles de jóvenes que se quieren incorporarse al mercado de trabajo en campo de la guarda y enseñanza del menor, se vean obligados a solicitar ese mencionado certificado que, como es costumbre, todavía no se encuentra en funcionamiento, ya que el legislador estableció veinte días para la entrada en vigor pero seis meses para la creación del mencionado registro [sic].

Para tratar de paliar el consiguiente entuerto el Gobierno estableció, sin valorar las catástróficas consecuencias para el buscador de empleo, que mientras se crea el mencionado registro se exigirá el tradicional Certificado de antecedentes penales. Y muchos ya sabrán el resultado: se ha colapsado el Registro de Penales, con infinitas colas a la puerta de las correspondeintes ventanillas públicas.

Las últimas noticias son que finalmente se ha optado por la surrealista solución de que, hasta que el embrollo se soluciones legalmente, en algunas provinicias… no se pide nada! Algo por otra parte también razonable porque, que yo recuerde, el certificado en cuestión lo único que certifica es si tienes o no antecedentes penales, sin referirse a ninguno en particular.

Otro día les comentaré la esquizofrenia que supone tal desatino tanto para la población en general, con su presunción de inocencia en cuestión, como para la doctrina constitucional de la rehabilitación y el cumplimiento de las penas. Por no mencionar la ironía descerebrada de que, por el contrario, un asesino de ancianos reinsertado seguirá sin tener el menor problema a la hora de dar clases, como es lógico.

Por otra parte, no circunscriban el problema a la enseñanza, Imaginen la cantidad de trabajadores afectados por la barbaridad: desde niñeras hasta, qué sé yo, pediiatras, pasando por los kiosqueros que venden chuches.

Y las madres, si se consideran trabajadoras de su casa y para su familia, cuídense de darle un coscorrón al hijo porque lo pueden acabar teniendo muy crudo.

EQM

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Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Artículo I. Ocho. 5.

Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.»

Disposición transitoria cuarta. Certificación de antecedentes penales.

Hasta que entre en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales, la certificación a la que se refiere el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil será emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales.

Disposición final decimoséptima. Creación del registro central de delincuentes sexuales.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de delincuentes sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia, así como el régimen de inscripción y cancelación de sus asientos y el acceso a la información contenida en aquél, asegurando en todo caso su confidencialidad. Se formará, al menos, con los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en los que incluyen la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores. La Administración General del Estado colaborará con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea para facilitar el intercambio de información en este ámbito.

Fuente.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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