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Muera la inteligencia [y el esfuerzo, mérito, capacidad y productividad]

Estos días se encuentra en pleno debate mediático, gracias a columnistas y escritores, la antisocial normativa española en materia de pensiones de jubilación que, al resultante percibido – que se ha molestado en cotizar durante décadas- se le hace pagar el impuesto sobre la renta como si de ello se tratase y se le añade el ilegítimo gravámen de impedirle cobrar tal prestación fruto de sus ahorros si, tratando de mejorar su precario nivel de vida sostenido por tal pensión, trata de seguir contribuyendo a la creatividad y productividad social con algún trabajo extra u ocasional que le suponga un complemento superior a los 700 euros mensuales.

Aberración especialmente impactante en cuanto efecta a los ‘creativos’ [artistas, pintores, escritores, etc.], por lo que significa de pérdida para la cultura de este país, pero igualmente dañino para cualquier otro trabajador por cuenta ajena. Piénsese, por ejemplo, en el deterioro que se ha producido en la sanidad española al obligar a jubilarse a los 65 años a los médicos más experimentados del Sistema.

Con lo fácil que resulta gravar tales beneficios complementarios lo que se considere en justicia, a través de la declaración de la renta.

Lo dicho: la pandemia de cretinismo inyectado desde el poder ya se ha hecho cargo del mismo y nos gobierna, incentivando, por la vía de prohibicionismo más atroz, la economía sumergida, el dinero negro y demás corrupciones.

Si algún partido político se dedicara, de verdad, a esbozar una clara y respetuosa defensa de los intereses de quienes se están convirtiendo, por una pésima política población, en el grueso de la ciudadanía, contaría con un montante de votos de tal envergadura que serian decisivos en las contiendas electorales y que ahora acostumbran, en un porcentaje significativo, a quedarse en casa.

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pd. Por si todo ello resultara insuficiente para capar la creatividad en este país, resulta que a las categorías profesionales de mayor responsabilidad y, por tanto, de mayor cotización, cuando llega la hora de percibir la pensión se les fija un tope ‘máximo’ de modo que la pensión resultante aplicando el cálculo legal queda disminuida nada menos que en unos 6.000 euros anuales, por razones de ‘solidaridad’ o ‘reparto’.

Creo que ya va siendo hora de que el Gobierno fije unos cálculos de cotización y pensión para los próximos 20 años de tal suerte que el cotizante pueda decidir entre diversas opciones de cotización y consiguiente pensión pública y se liquide de una vez la dinámica consistente en voy a salvar las pensiones a base de ir aumentando las cotizaciones y los años exigidos mientras minoro la cuantía a percibir. O sea, bajo la denominaciones engañosas tipo ‘actualización’, cada vez más esfuerzo de cotización, más años cotizando, menos trabajadores con derecho a pensión y menos pensión.

Y basta ya de cartas como la enviada a los pensionistas por Fátima Báñez, la Ministra de Empleo y Seguridad Social el pasado 4 de enero, en la que manifiesta, felicitando el año nuevo, que para 2016 se ha incrementado la pensión en un 0,25%, considerando tal subida como moderada.

Cachondeos y tuteos los justos, Sra. Ministra.

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carta 04016De la carta de la Ministra

Jubilación y muerte civil

Joaquin Leguina en El Mundo, 110216.

El INE prevé -si las cosas no cambian- que España pierda 5,6 millones de habitantes entre 2014 y 2064. En el primer semestre de 2015 nacieron en nuestro país 206.656 niños y fallecieron 225.924 personas, produciendo así un saldo vegetativo negativo a escala nacional y también en 13 de las 17 Comunidades Autónomas.

¿De dónde vienen estos alarmantes datos? Pues, básicamente, de la caída que han sufrido la fecundidad -(Índice Sintético de Fecundidad (ISF) = número de hijos por mujer en edad fértil), que pasó de 2,8 hijos en 1976 a 1,30 en 2015, habiendo llegado a bajar hasta 1,15 en 1998- y la natalidad (número de nacimientos). Y, naturalmente, de una esperanza de vida que es hoy de las más altas del mundo.

Esta evolución demográfica ha producido una pirámide de edades que más parece una ánfora, o, más castizamente, un botijo. Vale decir, una población madura donde las generaciones de mujeres en edad fértil (de 15 a 40 años) forma una escalera decreciente, lo cual augura una natalidad también decreciente, puesto que el número de nacimientos es igual al producto de las tasas de fecundidad por los efectivos poblacionales femeninos de cada edad fértil.

Al grave problema que plantea la demografía española se añaden problemas estructurales en la economía que se han agravado durante los años de la crisis, produciendo dos malísimas consecuencias en el número de cotizantes a la Seguridad Social: la caída del empleo y el incremento de la emigración.

Pues bien, en lugar de poner en marcha políticas natalistas para aliviar el problema a medio plazo, lo que se les ha ocurrido a nuestros ‘talentos’ políticos es perseguir a los jubilados que no quieren vivir mano sobre mano, partiendo, además, de una situación en verdad chusca. De hecho, la jubilación en España es ya prácticamente igual al retiro definitivo, es decir, a la inactividad contemplativa. En efecto, sólo 117.000 personas de 65-69 años están ocupadas y por encima de los 69 años sólo hay 34.000 personas trabajando, y eso será cada vez peor dadas las restricciones que se han impuesto últimamente.

Veamos: desde 2013 es posible compatibilizar la pensión con el trabajo remunerado, pero a cambio de renunciar a la mitad de la pensión, pagar una cotización del 1,35% por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional y pagar también una cotización llamada de ‘solidaridad’ del 8%. Para una pensión máxima estas ‘penalizaciones’ suponen unos 22.000 euros anuales. Un coste disuasorio que desanima a cualquiera, especialmente al trabajo creador de escritores, periodistas, científicos y, en general, pensadores, que, además de estar sufriendo con especial virulencia la crisis -que ha llevado a pagos ridículos por parte de las editoriales- ahora han de soportar una auténtica persecución, sin que quienes la idearon se hayan parado a considerar la bajada de ingresos que ello iba a suponer para el Estado vía IRPF.

¿O es que se quiere que los creadores trabajen gratis? Por otro lado, las remuneraciones que reciben los creadores (conferencias, artículos, novelas, ensayos o pintura) no son fijas, sino aleatorias. Es decir, mucho más parecidas a un premio de la lotería que a un salario.

Lo han mostrado Tomás Arrieta y José A. Herce: «Esta situación sería cómica si no fuese lamentable. Resulta que con esta cuasi incompatibilidad, la Seguridad Social apenas logra resultados perceptibles en ninguno de los objetivos que persigue y lo que sí logra es estimular el incumplimiento fiscal de los trabajadores encubiertos».

Es cierto que nuestro sistema de pensiones es ‘de reparto’, pero en el fondo el pago a la Seguridad Social de cada persona ocupada se entiende (y así debe ser) como un ahorro (capitalización) con vistas a la vejez. Y que la devolución de ese ahorro (¿qué es, si no, una pensión?) no puede ser arbitrariamente rebajada sin que quien ha sido cotizante durante muchos años se considere lisa y llanamente robado.

Pues bien, en estas difíciles condiciones siguen campando por sus fueros los ‘jubiladores’, personajes dedicados -en la empresa privada y en el área pública- a forzar la jubilación de muchos empleados ‘maduros’, descargando así sobre la espalda de la Seguridad Social toneladas de pensiones destinadas a personas que están en perfectas condiciones físicas y mentales y que, además, no quieren jubilarse. Valga un ejemplo sangrante: el de los médicos de los hospitales públicos, arrojados por la fuerza a la jubilación.

En efecto, gestores sanitarios de muchas Comunidades Autónomas se han dedicado durante los últimos años a prejubilar forzosamente a médicos veteranos para sustituirlos por otros más jóvenes, a quienes se les hacen contratos efímeros. Resultado: el servicio se deteriora privando a los enfermos de los cuidados que les suministraba gente muy competente, y las finanzas de la Seguridad Social se cargan con un innecesario coste en pensiones.

Todo ese afán ‘jubilador’ se basa en una falacia amplia y repetidamente refutada según la cual «jubilar a los viejos crea empleo para los jóvenes». Una afirmación más falsa que la existencia del éter o del flogisto.

En lugar de perseguir a los jubilados, más valdría elaborar una norma legal que impida semejantes dislates a los ‘jubiladores’, consiguiendo así reducir drásticamente el número de prejubilaciones. Quien quiera prejubilar contra la voluntad del trabajador, que pague él la pensión. A ver si, por fin, la jubilación es un derecho, pero nunca una obligación.

El Estado haría muy bien en incentivar fiscalmente el retraso voluntario en la edad de jubilación, y hace muy mal en perseguir a quienes estando jubilados pagan religiosamente el IRPF. Los perseguidores de jubilados harían bien en poner sus ojos ‘golositos’ en quienes ganan más de 600.000 euros anuales y no los declaran. En 2014 apenas 6.000 españoles declararon haber ganado más de 600.000 euros. Una ridiculez como cifra y una evidencia que canta la existencia de una evasión fiscal sonrojante.

Joaquín Leguina es ex presidente de la Comunidad de Madrid.

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Ilustración de Raúl Arias [España, 1969] en El Mundo, 110216.

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Pensionistas de primera y de segunda

Tan solo 25.300 personas se han acogido a la compatibilidad de jubilación y trabajo

Carmen Pérez-Lanzac en El País, 080216.

Hace cuatro años, José Manuel, químico de profesión, se jubilaba. A los 65 años su vida profesional parecía haber llegado a su fin. Pero pasados unos meses, la empresa en la que trabajaba le llamó haciéndole una oferta: formar a los becarios de la compañía. El químico, que no quiere dar su apellido, se dio de alta en autónomos y empezó a hacer facturas por cada una de las 20 horas semanales de clases que imparte, por las que paga IVA e IRPF. “Trabajo la mitad que antes y me dedico a la enseñanza, que me encanta”. Sus ingresos superan los 9.172,80 euros anuales, el equivalente al salario mínimo interprofesional, y cobra, además, su pensión íntegra. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo: como muchos químicos, está colegiado. Factura a través de su colegio profesional y cobra su pensión a través de la mutua de este.

La ley española dificulta para unos lo que otros hacen con tranquilidad. Los profesionales acogidos a mutualidades de colegios profesionales constituidas antes del 10 de noviembre de 1995, son, junto con quienes cobren una incapacidad permanente o una pensión de viudedad, los beneficiados. Químicos, abogados, aparejadores, arquitectos técnicos y superiores, gestores administrativos, procuradores de tribunales y peritos e ingenieros técnicos industriales. Por derechos históricos, sus colegios profesionales están obligados a dar como mínimo la misma protección que el sistema público, pero lo que hagan por encima de este, es libre. Igual que si se tratara de un plan de pensiones privado. Los médicos también pueden conciliar su pensión con su trabajo por cuenta propia en condiciones bastante ventajosas sobre el resto de los jubilados.

En enero trascendía que varios escritores españoles estaban siendo investigados por cobrar, además de su pensión, por otros conceptos (derechos de autor, conferencias, premios…) por encima del salario mínimo interprofesional. La ley marca que, si se supera esa cantidad, hay que acogerse a una pensión flexible y cobrar la mitad de la jubilación. Sin embargo, muy pocas personas se han acogido a esta opción: 25.300 en toda España.

Javier Reverte o el ilustrador gráfico Forges, colaborador de EL PAÍS, han sufrido las consecuencias de esta norma. A ambos les acaban de retirar la jubilación y han tenido que pagar 121.637,13 euros, en concepto de los cuatro últimos años de pensión. Esta realidad ha puesto en jaque a todos los escritores y profesionales creativos españoles. Depende de donde sean estarán más o menos preocupados porque la inspección del Ministerio de Trabajo recae en las Comunidades Autónomas y unas son más benévolas que otras. La de Madrid ha afirmado a la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE) que van a aplicar la norma sin miramientos.

La ley española prohibía compaginar pensión y trabajo, pero en 2013 se actualizó porque Europa, a la vista del aumento de las expectativas de vida, decide promover el envejecimiento activo. Ese fue el año en que se aumentó la edad para acceder a una pensión y añadió el concepto de jubilación flexible. En Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Noruega o nuestro vecino Portugal no supone un problema cobrar por ambos conceptos. Pero en España, así como en Bélgica, Dinamarca o Países Bajos, sí. “España lo que quería dictando esta norma era ahorrarse dinero de la caja de la seguridad social, que está temblando, pues se ha quedado en la mitad de lo que tenía en 2011”, dice Carlos Muñoz Viada, asesor de ACE.

El presidente del Congreso, Patxi López, se reunía la semana pasada con la plataforma Seguir Creando, puesta en marcha por las entidades de gestión de derechos de autor, para manifestar su solidaridad con los creadores. Estos se preguntan por qué los derechos de autor pueden considerarse trabajo por cuenta propia pero las rentas del alquiler, los ingresos por figurar en consejos de administración o los dividendos por pertenecer a sociedades, no. “Obligar a los creadores jubilados a que dejen de crear no es solo cruel sino idiota”, dijo López tras el encuentro. Su partido, el PSOE, ha presentado proposición no de ley para que sea compatible cobrar la pensión con cualquier actividad creativa.

Esta diferencia entre la profesión del jubilado ha levantado suspicacias en algunos. Tomás Arrieta, economista y patrón de la Fundación Activos de Gran Experiencia, lleva años abogando porque los trabajadores jubilados puedan mantener su pensión junto con su actividad laboral sin límite económico. “Del carpintero al ingeniero, compatibilidad plena”, resume Arrieta a modo de eslogan. “Que se haga una ley más laxa para los escritores me parece bien, pero se debería de hacer para todos. Porque si no, la ley es discriminatoria, y la gente, si quiere o necesita seguir trabajando, se sumerge y punto”.

¿Dificulta el paro la compatibilidad?

Un antiguo director del Instituto Nacional de la Seguridad Social afirma que la compatibilidad plena de jubilación y empleo, como en Alemania, no es posible en España con un 20% de parados. “Alemania, con un 5% de desempleo, se lo puede permitir. Pero aquí dificultaría mucho la cosas”. Sin embargo, Tomás Arrieta, de la Fundación Activos de Gran Experiencia, discrepa: “Los jubilados estarían en el mercado a las duras y a la maduras. Únicamente los que tuvieran algo que vender, trabajarían. Mandarían las reglas del mercado. Y promoveríamos el envejecimiento activo en vez de llenar el camino de obstáculos a los jubilados”.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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