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De la expropiación de Rumasa:

— Un empresario no quería pagar y dijimos: ¿Ah, sí? ¡Pues to pal pueblo! -así explicó Alfonso Guerra la expropiación. “A España no la va a reconocer ni la madre que la parió”, promete el vicepresidente.

Felipe y Guerra. Antonio Martínez en El País, 12082003.

Cadena de favores caciquiles

La corrupción, por si había alguna duda, es bochornosamente sistémica. Los 142.000 millones de pesetas de este tomate más los 500.000 millones que se avecinan con el otro caso andaluz, dan para muchos miles de beneficiarios clientelares. Pero muchos, eh.

Y eso sólo en el PSOE y sólo en Andalucía. Imaginen en todos los partidos y todas las Comunidades Autónomas.

Hace no demasiados años a estos populistas cuernos de la abundancia –topalpueblo– se les llamaba caciquismo. Esa forma de ejercer el poder en la que un líder político o un partido tiene un dominio total de una sociedad a través del clientelismo político consistente en intercambios extraoficiales de favores, en los cuales los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.

Incluso blandiendo la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema.Y sin que ello sea óbice para que, particularmente el bipartidismo, se reparta los tiempos del ejercicio de tal antidemocrática forma de poder, consolidando un Sistema corrupto comúnmente aceptado por una sociedad generalmente poco acostumbrada a respetar el principio de legalidad.

De modo que, insisto,PP/PSOE/C’S tienen pactar la regeneración global de este país y de su complicidad ciudadana, antes de que tal patología social sea aprovechada por el chavismo mochilero español -versión P. Iglesias o I. Errejón, que tanto da a estos efectos- y acabemos como los venezolanos a manos del bolivariano Maduro.

Hay que espabilar.

EQM

Las últimas manifestaciones de líderes socialistas disculpando la actuación de M. Chaves y J.A. Griñán, a base de insistir en que ellos ‘no se han llevado ni un duro‘, son de un cinismo moral y político apabullante, porque son perfectamente conocedores de que la presunta delincuencia por la que se les procesa consiste más bien en organizar o permitir que otros -quizás cientos de beneficiarios– sí se los llevaran calentitos, crudos.

El juez, en un texto demoledor, se refiere en unos procesamientos al delito de prevaricación y en otros incluso al de malversación, con literalidades de este tenor:

  • “una pluralidad de resoluciones contrarias a derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones y a los procedimientos de presupuestación.”
  • a la malversación como “acción punible a realizar que es ‘sustrayendo o consintiendo que otro sustraiga'”.

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Notas.-

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos

Artículo 404

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

De la malversación

Artículo 432

1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

2. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público.

3. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:

a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o
b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros.

Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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