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EQM_010716.

Arturet y sus acartonadas elecciones independentistas [9N]

Les dejo el auto del Magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña [pdf] sobre las peripecias de Artur Mas el 9N y su análisis aportado por El Español. De él se desprende que lo que en un principio se trataba de indicios de desobediencia grave, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos ahora parece que ha quedado en sólo los dos primeros tipos.

Yo tampoco creo que la fiscalía se sienta satisfecha de que no se prosiga en el análisis del tercero, la malversación, es decir, de aquellos presuntos incidios relativos a

[Código Penal vigente: ‘la autoridad que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado’.].

[En su redacción anterior: “los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.”].

El exVicepresidente del Tribunal Constitucional, D. Ramón Rodríguez Arribas, cree que el auto que deja a un paso del banquillo a Artur Mas y a dos consejeras de la Generalitat es “impecable, porque está perfectamente fundado y recoge con claridad lo que se ha hecho”, pero no descarta que en el proceso también se persiga el delito por malversación de caudales públicos: “Estamos muy al principio”.

Que cada cual extraiga sus conclusiones.

EQM

pd.- En medio de tanta algarabía judicial, sobre padre Pujol y familia no hay novedad.

El fiscal debe recurrir la extraña ‘rebaja’ a Mas

El Merodeador en El Español, 260616.

No tiene explicación lógica que el mismo juez instructor que hace tres meses apreciaba en el comportamiento de Artur Mas una fundada sospecha de malversación de fondos públicos, haya retirado ahora ese posible delito al cerrar la investigación y abrir los preparativos de la fase de juicio oral. Ese es el único de los tres delitos que se le atribuyen al ex presidente de la Generalitat que comporta pena de cárcel. ¿Casualidad?

Las circunstancias que rodean este caso generan muchas sospechas. Con su decisión, Joan Manel Abril, juez que ha instruido el caso de la consulta soberanista del 9-N, actúa contra el escrito que él mismo remitió al Supremo con la intención de que el Alto Tribunal se hiciera cargo del caso, ya que uno de los imputados, Francesc Homs, era aforado. En esa exposición al Alto Tribunal sostenía que había indicios suficientes contra Mas, Homs, la exvicepresidenta Joana Ortega y la ex consejeraIrene Rigau, de la comisión de tres delitos: prevaricación, desobediencia al Constitucional y malversación.

En el asunto de la malversación era taxativo al afirmar que los investigados “no podían desconocer que, al no haber dado orden de paralizar los diferentes procedimientos de contratación (…) se comprometían recursos públicos de la Administración catalana”. La retirada del cargo de malversación hace que Mas y sus excompañeros sólo se expongan a multa e inhabilitación, dos penas menores. Se da la paradoja de que Homs está siendo investigado en el Supremo por delitos que incluyen la supuesta malversación merced al escrito de Abril.

Malversación sin malversador

Lo lógico es que el juez hubiera justificado ahora en la resolución que cierra la instrucción las razones que le han llevado a desdecirse y a hacer, en la práctica, un sobreseimiento parcial. Nada de eso hay. Al contrario, el juez llega a cuantificar el dinero público que se invirtió en el 9-N: 1,5 millones de euros. Así que no se entiende que haya dinero malversado sin malversador.

Una circunstancia que alimenta las suspicacias en este caso es que este juez, promovido por CiU en su día para ocupar la plaza en la relevante Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia catalán, ha decidido abandonar la judicatura para ocupar la mucho mejor remunerada presidencia del Tribunal Superior de Andorra. Es decir, que esta es su gran despedida. Eso alimenta la idea de que puede estar buscando congraciarse con quienes le apadrinaron, en una suerte de regalo de despedida. Como otro regalo se interpretó ya el hecho de que citase a Mas a declarar en el 75º aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, circunstancia que aprovechó propagandísticamente el mundo independentista.

La Fiscalía, que se querelló por malversación, debe ser consecuente y recurrir la decisión judicial para que Mas pueda ser juzgado por algo que, tras la instrucción, parece altamente probable: que utilizó dinero público en una consulta ilegal que había sido prohibida por el Constitucional. Y a eso se le llama malversación.

El regalo del juez del 9N a Artur Mas

A tres días de dejar la carrera judicial, el magistrado Abril ya no ve indicios del delito de malversación, penado con cárcel, que sí apreció hace tres meses en un escrito al Tribunal Supremo.

María Peral en El Español, 290616.

El pasado 11 de marzo, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril, que ha investigado la relevancia penal de la votación independentista del 9-N -celebrada pese a estar suspendida por el Tribunal Constitucional-, se dirigió al Tribunal Supremo para que asumiera la causa por haber aparecido indicios contra el diputado Francesc Homs, ex consejero de Presidencia.

La pretensión de Abril era que el Supremo aceptara la causa no sólo en lo referido a Homs sino también en lo que afecta al ex presidente catalán Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau. En ese documento, el instructor del 9N afirmaba respecto a todos ellos la existencia de indicios de tres delitos: desobediencia grave, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Tres meses después, y a tres días de abandonar por voluntad propia la carrera judicial para dedicarse a la presidencia del Tribunal Superior de Andorra, Abril ha dictado una resolución en la que declara la conclusión de su investigación y acuerda iniciar la fase de preparación del juicio oral aunque sólo por los dos primeros delitos señalados, castigados con multa e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La posible malversación, el más grave de los tres porque es el único que conllevaría penas de prisión, se ha volatilizado.

Nadie podrá encontrar explicación alguna a la ‘desaparición’ de los indicios de la presunta malversación porque la resolución del instructor Abril guarda un silencio sepulcral sobre este punto. Es llamativo, porque cuando se dirigió el Supremo el juez sostenía que “se estima necesario que [Francesc Homs] pueda declarar en calidad de investigado ante la autoridad judicial competente por su presunta participación en hechos que, inicialmente, pueden merecer la calificación de desobediencia grave por autoridad pública, prevaricación y malversación de caudales públicos”.

Destino ilegal de fondos públicos

Lo argumentaba así: “Como indica el Ministerio Fiscal en su escrito de fecha 2-02-2016, acaso los investigados y el aforado hayan podido cometer un delito de malversación de caudales públicos. De conformidad con el tipo delictivo, no cabe duda de la condición de autoridad de los mismos ni de la disposición de los caudales públicos que tenían a su cargo por razón de sus funciones”.

“Se trata de examinar”, añadía, “si el destinar los caudales públicos al abono de servicios y obras, así como sufragar los gastos de los centros de votación, tras la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre, puede suponer un destino de esos caudales públicos a un uso ajeno a la función pública. Si se estima que concurre el tipo penal de desobediencia [que Abril apreciaba en marzo y también ahora], el uso de los caudales públicos para la realización de un proceso de participación suspendido por el Tribunal Constitucional, al omitir el cumplimiento a esa orden de suspensión, podría constituir un uso ajeno a la función pública, por cuanto se lleva a cabo lo prohibido y se asume gasto para ejecutarlo, y se estaría asimismo en el tipo del delito de malversación”.

Homs, en peor situación que su jefe

La exposición razonada elevada a la Sala Penal del Supremo dio lugar a que el alto tribunal acordara el pasado 25 de mayo abrir una causa contra Homs por los tres delitos indiciariamente apreciados por Abril. El diputado de Convergencia se enfrenta, por tanto, a una causa por más infracciones penales -y de mayor gravedad- que su jefe, el ex president Mas.

En la ilegal consulta secesionista la Generalitat invirtió 698.681 euros sólo en las aplicaciones tecnológicas utilizadas para la votación y 806.403 euros en la inserción de anuncios en los medios de comunicación, entre otros gastos. La querella presentada por la Fiscalía el 21 de noviembre de 2014, que dio origen al procedimiento, incluía el delito de malversación, por lo que el Ministerio Público, así como la acusación popular que ejercen Manos Limpias, la Unión Federal de Policía y otras organizaciones, podrían recurrir el auto de Joan Manel Abril. En ese supuesto, sería el Tribunal Superior de Cataluña el que fijara definitivamente los presuntos delitos por los que, en su caso, se abriría el juicio oral contra los tres ex gobernantes catalanes.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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