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Lo que yo haría [borrador abierto a sugerencias]

1) Las fuerzas políticas mayoritarias constitucionalistas –PSOE, Podemos y Ciudadanos– son convocadas por el Presidente al Palacio de la Moncloa. A Podemos se le indica que, de aceptar, se olvide de hacerlo en calidad de ‘observador’ porque no está prevista tal singularidad.

2) Allí el Presidente les presenta el borrador del requerimiento al Presidente de la Generalidad de Cataluña, establecido por el artículo 155 de la Constitución Española, exigiéndole el estricto cumplimiento de las obligaciones que la Constitución el resto del marco legal le imponen e indicándole que eso, obviamente, incluye las resoluciones del Tribunal Constitucional. Se le concede el plazo más breve posible para atender al requerimiento que, una vez consensuado, se le remite por el Presidente del Gobierno con entrega en mano –televisada– por la Autoridad competente.

3) Acto seguido se pacta, como ahora se dice, una ‘hoja de ruta’ formalmente suscrita -e inmediatamente puesta en conocimiento público de la ciudadanía- en la que se establece qué medidas le van a solicitar que al Senado -a través del Gobierno– que apruebe para obligar a la Presidencia de la generalidad catalana al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general, una vez -y en su caso- haya transcurrido el plazo establecido en el punto 2 sin que el Presidente de la Generalidad catalana haya atendido al requerimiento.

4) Se acuerda que el Gobierno nombre un Fiscal especial para este conflicto y en defensa del interés general.

5) Cumplido el plazo antedicho, las medidas necesarias ya acordadas para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general, son aprobadas por el Senado a propuesta formal del Gobierno, por mayoría absoluta.

6) Los reunidos establecen también en el pacto una Comisión de Seguimiento de los acuerdos, que se reunirá al menos semanalmente y cuyas decisiones, una vez aceptadas y hechas suyas por el Gobierno, serán comunicadas a la opinión pública. La Fiscalía Especial y la Abogacía del Estado, invitadas por el Presidente del Gobierno, podrán asistir a la Comisión.

7) Hasta que el asunto no quede zanjado, no se cierra. El Senado será, también, quien dé carpetazo a la rebelión, dando fin a las excepcionales medidas, cuando ésta haya cesado por completo y se haya recuperado la normalidad democrática.

8) No estaría de más que, aprovechando la ‘experiencia’, en este pacto se incluyera la reforma legislativa consistente en que, ante supuestos análogos, el Gobierno pueda suspender la representación del Estado que ordinariamente tiene el Presidente de la Comunidad Autónoma [CA].

EQM

Nota para la entrada.

De conformidad con lo establecido por el art. 2 y 67 del Estatuto de Autonomía vigente en Cataluña desde 2006, la Generalitat es el sistema institucional en que se organiza políticamente el autogobierno de Cataluña y está integrada por el Parlamento, la Presidencia de la Generalitat, el Gobierno y las demás instituciones que establece el Capítulo V, del Título II. El Presidente de la Generalitat tiene la más alta representación de la Generalitat y dirige la acción del Gobierno. También tiene la representación ordinaria del Estado en Cataluña. De modo que la Presidencia del Gobierno lo es también de la Generalidad y ésta engloba también al Parlamento.

Golpismo ‘low cost’. José María Albert de Paco en El Español, 280716.
El pueblo cautivo. Ignacio Camacho en ABC, 280716.
Pasando. Luis Ventoso en ABC, 280716.

pd.

  • Las fuerzas minoritarias -constitucionalistas o no y a excepción de las que apoyaron la resolución parlamentaria catalana- se pueden adherir a los acuerdos, dándose información pública al efecto.
  • Todo ello con independencia de lo que establezca el Tribunal Constitucional a propósito del choteo independentista contra sus resoluciones y que será cumplimentado inmdiatamente por el Gobierno de la nación.
  • Al nacionalismo, ni agua.

Ya

Arcadi Espada en El Mundo, 280716.

La decisión de las fuerzas políticas mayoritarias de poner fuera de la ley al parlamento catalán es una gravísima noticia democrática, pero una buena noticia política. La deslealtad manifiesta del gobierno de la Generalidad solo entrará en vías de solución cuando se toque fondo y aunque ese instante aún no ha llegado el movimiento nacionalista actúa ya en la dirección correcta y final. Un parlamento fuera de la ley es un fraude a los ciudadanos que ninguna legalidad democrática puede consentir.

Por lo tanto, y del modo que sea, la obligación del gobierno que encabeza el presidente Mariano Rajoy es que ese parlamento secuestrado vuelva con urgencia a la democracia. Es indiferente que la vía sea la de artículo 155 o adyacentes: se trata de que sea eficaz, rápida y terminante. Esa vía no supondría en ningún caso la ilegalización del parlamento que ayer se declaró ilegal, sino lógicamente lo contrario.

La indolencia a que tan acostumbrado está el presidente, supongo que por carácter e incluso por buen carácter, no supondría en este caso más que complicidad. Y quizá obligase a los ciudadanos a extender contra él una denuncia que, además de política, sería también jurídica.

La ilegalización del parlamento decretada por la mayoría sediciosa debe tener consecuencias en la coyuntura política española. Rajoy y pedro sánchez han de anunciar de inmediato un acuerdo de investidura y la formación de un gobierno que tuviera al primero de presidente y al otro de vicepresidente. Daña los ojos la evidencia de que solo un presidente con todas sus funciones puede encarar la situación de excepcionalidad creada por el nacionalismo.

La tarea principal del nuevo gobierno no sería dar una solución política al conflicto planteado por el gobierno de Cataluña. La Generalidad ha cruzado la línea que separa la negociación del chantaje y un gobierno democrático no debe aceptar chantajes, los practiquen terroristas o políticos. Por el contrario el nuevo gobierno debería centrar sus esfuerzos en gestionar el vacío creado por unas instituciones que han renunciado al ejercicio de la legalidad: los ciudadanos catalanes no pueden seguir delegando en delincuentes confesos el negocio de lo público.

Agosto, como tantas veces ha sucedido a lo largo de la historia, y también de la historia local, será un mes decisivo. Los ciudadanos van a participar en un proceso donde estarán en juego dos asuntos importantes. El primero es si la política democrática cede ante la política de identidad. El segundo, si la destrucción de la democracia regional de Cataluña comporta la destrucción de la democracia española.

Ricardo em 280716Viñeta de Ricardo [R.Martínez Ortega, Chile, 1956] en El Mundo, 280716.

Ganas de engañarse

El objetivo del separatismo catalán es forzar la realidad hasta adaptarla a sus deseos

Joaquim Coll en El País, 280716.

Sorprende mucho que, en los últimos meses, sobre todo fuera de Cataluña, se considere que el proceso secesionista haya perdido gravedad. No se sabe qué tipo de análisis permite llegar a la conclusión de que ahora mismo es posible sacar a los partidos soberanistas del limbo para que sean actores útiles en la formación de nuevas mayorías parlamentarias, como dejó caer Pedro Sánchez en una reunión a puerta cerrada del grupo socialista.

El guante fue recogido poco después por el portavoz del PP, Rafael Hernando, que desveló el pacto “secreto” que se había producido para la elección de la nueva mesa del Congreso. No solo se mostró a favor de conceder grupo parlamentario a la nueva CDC, sino que sugirió el posible retorno de los convergentes a los principios constitucionales. ¿De qué otra forma podían los populares olvidar tan pronto sus afirmaciones contrarias a cualquier tipo de negociación con fuerzas que no respetan la soberanía nacional si no fuera cierta esa posibilidad?

Por tanto, hemos de concluir que PP y PSOE consideraban hace solo unos días que la tensión secesionista en Cataluña estaba remitiendo hacia playas más tranquilas. Y eso permitía empezar a tratar de forma diferente a los convergentes, cuya fama de tenue fe separatista y de estar dispuestos a sostener la gobernabilidad sigue siendo asombrosamente alta en determinados círculos de poder madrileños.

Para mayor paradoja, eso sucedía la misma semana que el Tribunal Constitucional estimaba, por unanimidad, el incidente de ejecución presentado por el Gobierno contra la creación de la comisión del Proceso Constituyente del Parlamento catalán, por considerar que desarrolla la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, anulada en su totalidad. Dicha comisión había acelerado sus trabajos y se disponía a votar las conclusiones que habían pactado JxSí y la CUP en el pleno de esta semana.

El oportuno y rotundo aviso del TC sirvió para que la mesa de la cámara catalana decidiera no incluir en el orden del día esa votación, pero solo como una forma de traspasar su responsabilidad al Parlamento. Finalmente, la presidenta Carme Forcadell, haciendo caso omiso de su obligación de impedir la tramitación de esas conclusiones, admitió ayer la petición de los dos grupos independentistas amparándose en el reglamento. Se trata de un gesto de rebeldía que podría acarrear graves consecuencias para la segunda autoridad catalana.

La lectura atenta de los 11 puntos de la comisión del Proceso Constituyente no deja lugar a dudas: se anuncia un golpe al sistema democrático. Pese a su falta de legitimidad, el separatismo está decidido a ir hasta el final. El objetivo es forzar la realidad hasta adaptarla a sus deseos. El camino que va a intentar recorrer está trazado: aprobación de las leyes de desconexión, que no serían susceptibles de “control, suspensión o impugnación” por ningún tribunal, se afirma en el punto 7 de las conclusiones; y de un “mecanismo unilateral para activar la convocatoria de una asamblea constituyente”.

A partir de ahí, las decisiones del nuevo poder serían de “obligado cumplimiento para cualquier persona física o jurídica”, mientras se elabora y vota la Constitución catalana. No hay duda de que se trata de una fantasía absolutista, cuyo intento de materialización supondría un auténtico salto en el vacío, tal como criticó con dureza el dirigente de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, partidario de impulsar un debate ciudadano para repensarlo todo, pero contrario a la vía predeterminada y unilateral de las conclusiones. La buena nueva es que la retórica constituyente de los socios de Pablo Iglesias en Cataluña no está confluyendo con el separatismo, pues ambos grupos han entrado en línea de colisión en la lucha por la hegemonía. Y ello pese a que el resultado del 26-J supuso la derrota del referéndum legal propuesta por En Comú Podem.

Sabemos que en 2017 habrá nuevas elecciones y que el independentismo, aunque agotado y dividido, está obligado a intentar imponer de nuevo un relato plebiscitario, ahora en forma de convocatoria constituyente. Puede que Carles Puigdemont sucumba a la idea de celebrar entretanto un referéndum unilateral, propuesta que apoya un importante sector del secesionismo, incluida la ANC. Podría así blindarse el apoyo de la CUP en la moción de confianza que debe superar en septiembre. Sea como sea, sabemos que el choque con la legalidad constitucional es inevitable. Convendría que PSOE y PP dejaran atrás las ganas de engañarse para afrontar ya ese escenario con todas sus consecuencias.

Joaquim Coll es historiador y vicepresidente de Societat Civil Catalana.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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