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np-tc-061016.

Del texto de la Nota de Prensa de 6 de octubre de 2016:

“El Pleno aclara que “no es competencia de este Tribunal resolver si la conducta de la Presidenta del Parlament es constitutiva de alguna infracción penal, pero sí constatar que las circunstancias antes referidas constituyen un conjunto de entidad suficiente como para trasladarlas al Ministerio Fiscal a fin de que, si lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes”.

Por ello, acuerda deducir testimonio al Ministerio Público para que, “si lo estima procedente, ejerza las acciones que correspondan ante el Tribunal competente, acerca de la eventual responsabilidad en que hubieran podido incurrir la Presidenta del Parlamento de Cataluña (…) y, en su caso, cualesquiera otras personas, por incumplir” las resoluciones del Tribunal Constitucional.”

Ver aquí texto completo [pdf].

Conjunto de entidad suficiente

La nota de prensa del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) resume con claridad aquello que ha acordado el Pleno en su Auto de seis de octubre de dos mil dieciséis. Incidente de ejecución de la STC 259/2015 y del ATC 141/2016 [arts. 87 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante LOCT)], promovido por el Gobierno de la Nación, sobre la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña, de 27 de julio de 2016.

Leído el Auto -al que pueden acceder aquí por completo, en pdf- y compartiendo su criterio en lo esencial -es decir, declarar la nulidad de la Resolución del Parlamento de Cataluña 263/XI; las advertencias personales, conforme a lo dispuesto en el art. 87.1, segundo párrafo, de la LOTC; y el traslado del Acuerdo al Ministerio Fiscal a los efectos correspondientes- me ha llamado poderosamente la atención lo siguiente:

En el apartado II. Fundamentos jurídicos:

“9. […].

No es competencia de este Tribunal resolver si la conducta de la Presidenta del Parlament es constitutiva de alguna infracción penal, pero sí constatar que las circunstancias antes referidas constituyen un conjunto de entidad suficiente como para trasladarlas al Ministerio Fiscal a fin de que, si lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes.”

En lo acordado:

“[…].

Estimar el incidente de ejecución formulado por el Abogado del Estado en relación con la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña, de 27 de julio de 2016, por la cual se ratifica el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente (“Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña” núm. 200, de 1 de agosto de 2016) y, en su virtud:

[…]

3º) Deducir testimonio de particulares para que el Ministerio Fiscal, si lo estima procedente, ejerza las acciones que correspondan ante el Tribunal competente, acerca de la eventual responsabilidad en que hubieran podido incurrir la Presidenta del Parlamento de Cataluña, doña Carme Forcadell i Luis y, en su caso, cualesquiera otras personas, por incumplir el mandato del párrafo primero del art. 87.1 LOTC en relación con los hechos objeto del presente incidente de ejecución.”

Ya que, aun cuando la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal hayan solicitado precisamente lo acordado por el TC, no me parece excesivamente adecuado con la notoria consideración como hecho probado que doña Carme Forcadell i Luis y, en su caso, cualesquiera otras personas, han incumplido el mandato del párrafo primero del art. 87.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el acordar, al tiempo, que el traslado dicho incumplimiento legal a la Fiscalía con el fin de que actúe promoviendo las acciones penales que considere procedentes, se haga subrayando las cautelas con que lo lleve a efecto: si lo estima procedente/pertinente y acerca de la eventual responsabilidad en que hubieran podido incurrir la Presidenta del Parlamento de Cataluña y, en su caso, otros. Aunque ello sea legalmente correcto.

Como tampoco me resulta excesivamente acertado que tal notorio hecho y otros expuestos en el Auto se definan como ‘circunstancias‘ y que a las mismas se les denomine ‘conjunto de entidad suficiente’ como fundamentar dicho traslado al Ministerio Fiscal.

Como es bien sabido, en caso de incumplimiento total o parcial de sus resoluciones, el TC -desde la reforma de la LOCT mediante la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre– puede adoptar [art. 92] cualesquiera de las medidas siguientes:

a) Imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado.
b) Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal.
c) La ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales. En este caso, el Tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que, en los términos fijados por el Tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones.
d) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Dicho sea con todo el respeto al TC y a sus acuerdos, que siempre deben ser acatados en un Estado de Derecho, no parece que nos encontremos, pues, que, en un caso como el que nos ocupa, resulten especialmente indicadas las repetidas cautelas en la utilización de un lenguaje absolutamente jurídico que parece dejar en las exclusivas manos del Ministerio Fiscal la decisión de promover acciones penales, como si cupiera la más mínima duda al respecto y, en consecuencia, la fiscalía contara con tal opción.

Aunque sólo fuere a los efectos cívicos -y constitucionales- de impedir o, al menos dificultar, que el Parlamento de Cataluña, con la misma Presidenta a la cabeza, haya tardado minutos en replicar, el mismo día en que se fecha y hace pública el Auto del TC, aprobando dos textos sobre un referéndum de independencia a  convocar en septiembre de 2017 y, de superar el umbral del 50% de votos favorables, unas posteriores elecciones constituyentes para iniciar la redacción de la Constitución de la República catalana.

Si creen que con ello quiero decir que yo hubiera preferido la aplicación de alguna de las tres primeras medidas posibles y ya referenciadas del art. 92 de la LOCT, están en lo cierto.

EQM

[Nota: El resaltado en granate y los enlaces son de EQM].

El melifluo Tribunal

Arcadi Espada en El Mundo, 061016.

El Tribunal Constitucional, en una muestra más de su rigor y coherencia institucionales, ha hecho caso omiso de la instrucción legal dictada por el legislativo y se ha negado a castigar a la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, por haberle desobedecido.

Mientras tanto, está misma tarde, la mesa del Parlament va a aprobar las resoluciones derivadas del pleno de política general, que incluyen el mandato de convocatoria de un nuevo referéndum de autodeterminación. Como argumentaron sin éxito los partidos constitucionalistas y el PSC, la resolución contraviene los mandatos del Tribunal Constitucional. Supuestos mandatos, claro está, a los que mejor sería llamar, a partir de ahora, melifluas invitaciones a la lealtad.

Se deduce de nuevo el absurdo de seguir hablando de un problema catalán. En Cataluña las cosas van formidablemente bien. Fluidas, precisas, con esa mezcla de suavidad y firmeza que caracteriza al delirante seguro de sí mismo.

Es en España donde reside el problema. El gravísimo problema de que el delirante esté empezando a transformarse en un hombre cuerdo, por las erráticas y estupefacientes decisiones de los que habrían de ponerle la camisa de fuerza.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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