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Hemos ‘perdío el sentío

He repetido aquí muy a menudo la decepción que me produjo nuestra Constitución cuando me adentré en su texto y, sobre todo, conocí de los debates parlamentarios y extraparlamentarios que su redacción produjo entre los padres de la misma, nacionalistas incluídos.

Desgraciadamente, lo que pudo haber sido, no fue.

Tuvimos a mano la posibilidad de aprovechar la solidaria reconciliación que entonces se respiraba también entre la ciudadanía, a fin de democratizar en profundidad una experimentada estructura centralizada del Estado que resultaba, a todas luces, el modo más económico y eficiente de dejar atrás el franquismo. Teniendo, como teníamos, un Derecho Administrativo maravillosamente afrancesado y de gran calidad, debeimos haber adaptado a nuestra idiosincrasia el modelo de Estado francés, dando al País Vasco y a Cataluña el mismo trato diferencial que ellos les dan: NINGUNO.

No se quiso. Algunos, dicen que por razones de armonía territorial en favor del inventado nacionalismo regional histórico. Otros, que debido al temor que suscitaba la amenaza nacionalista de una vuelta a las andadas independentistas. Pero yo más bien lo atribuyo a la torpeza derivada de una mayúscula ceguera en materia de prospectiva política y a la gigantesca ingenuidad de creer que, en el fondo, todo el mundo es bueno y que las condiciones de vasquistas y catalanistas para corresponsabilizarse del proyecto de Carta Magna, sellaban un pacto tan leal como imperecedero.

El resultado ha sido -contra la triunfal demagogia imperante al menos durante tres décadas- un verdadero desastre, al reunir todos los inconvenientes de un inventado pseudofederalismo con ninguna de sus posibles ventajas. Tenemos, pues, un Estado carísimo que no podemos pagar; plagado de burocracia partidista; con unas diferencias interterritoriales que han destrozado la igualdad de derechos y el inicialmente común Estado del Bienestar; infestado por una educación sectaria en la que se permite al nacionalismo incluso negar el elemental derecho a recibir las enseñanzas e instruirse en la lengua común de todos los españoles; dividido por unos privilegios fiscales y de financiación que se sustentan en la ya comentada falsedad de mitos historicistas de determinadas regiones.

Con todo y con eso, la guinda de las pretensiones secesionistas no sólo no ha amainado sino que se ha propiciado un bulímico proceso de engorde durante casi cuarenta años, con la cobarde ayuda de un bipartidismo que -queda claro en la distancia- jamás se ha puesto de acuerdo ni siquiera en y para hacer frente al independentismo con la sencilla fórmula de pactar que la gobernanza de los intereses de Estado jamás precisarían del apoyo interesado y desvertebrador de los voladores del Sistema: es decir, nos apoyaremos mútuamente para impedir que sean los escasos escaños parlamentarios nacionalistas los que condicionen el acceso al Gobierno tanto del PP como del PSOE. Incomprensible si no fuera por la tradición cainita que padecemos.

Este es el panorama del campo de batalla en que se ha convertido un orden constitucional que era tenido por modélico. Error, inmenso error.

Hay, desde luego, otros males endémicos en nuestro país que tampoco cabe achacar a la Constitución. Qué comentar de una sociedad que sólo critica de boquilla la corrupción o en la que ha imperado el silencio de los corderos ante el terrorismo etarra. De un país donde la independencia del poder judicial sigue siendo una quimera que facilita tanto su politización como la aquellos jueces que toman viaje de ida y vuelta. De un poder ejecutivo inundado de reglamentismo, en muchos casos contradictorio y siempre enfrentado al ciudadano libre o a la libre empresa. Del analfabetismo rampante y disimulado a base de titulaciones a rebosar y no me examines que llevo chanclas. De un legislativo donde crece sin freno el número de diputados que carecen de la más mínima cultura general y conocimientos básicos de la Hisitoria y el Derecho o que jamás han cotizado a la Seguridad Social por no haber trabajado por cuenta propia o ajena. De unos medios ideologizados donde manda la opinión pubicada sobre la pública, la presunción de culpabilidad se da por supuesto y en los que es habitual el linchamiento por goteo, la información interesada o sin contrastar y donde casi todo es publicable porque el mensajero tiene todo el derecho a informar al país de su cuenta de resultados.

De modo que cuando se habla de regenerar hay que andar con tanto cuidado como tarea tenemos por delante. No se trata de actuar y después pensar sobre lo que hemos hecho. Se trata de exactamente todo lo contrario: pensar, acordar, programar y actuar. Se precisa una profunda reflexión sobre el modelo de Estado, de convivencia, de tabla de valores, de cultura común. Porque, aunque parezca mentira, no sólo no lo tenemos sino que tampoco nadie, ningún partido político, en verdad, lo propone.

Y sin proyecto social ni programa político nada es posible.

Como reza la copla, hemos ‘perdío el sentío‘, el sentido común que teníamos, y no lo hemos sustituído por ningún otro. Y a lo loco -todos lo sabemos- no se vive mejor.

EQM

De entre lo adjuntado les recomiendo un formidable artículo de Cayetana Álvarez de Toledo sobre las posverdades que el bipartidismo maneja como cobardes fundamentos para reformar la Constitución. Pura pedagogía política -disección y desmontaje incluídos- para quienes sólo piensan de vez en cuando pero se sustentan vitaliciamente de la política.

He disfrutado especialmente cuando el gran Martín Villa suelta lo de “¿Qué margen real queda hoy para el reconocimiento sentimental catalán?” y ella añade “Nadie contestó. Es una pena que nadie le preguntara a Feijóo: ¿Y está usted dispuesto a que la ley sea más empática con Cataluña que con Galicia?”.

También les adjunto algunas tablas del CIS de octubre 2016 y de una encuesta de NC Report de este mes.

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cis-oct-2016-11CIS, 2016

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nc-report-dic-2016-5NC Report, noviembre/diciembre 2016

Ilustración de LPO [L. Pérez Ortiz; España, 1957], en El Mundo, 051217.

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Barrio Sésamo para constituyentes

No ha fallado el modelo constitucional, lo que ha fallado es la política. La lógica nacionalista es: yo incumplo, tú me corriges, yo me rebelo, tú te fastidias. El federalismo: un ejemplo perfecto de cómo la política pervierte las palabras

Cayetana Álvarez de Toledo en El Mundo, 051216.

Una vez más, el aniversario de la Constitución se ha convertido en una adolescente y desgarrada apelación a su reforma. Pero hay tres novedades. Las antiguas bisagras nacionalistas son hoy fuerzas de secesión. El tercer partido del país es burdamente anticonstitucional. Y el Gobierno exhibe una debilidad radical: como no tiene proyecto propio ni capacidad para aplicarlo, ha convertido la política en una industria de la rectificación y el diálogo en un fin en sí mismo. Cedo luego existo. Si la autoimpugnación del PP se limitase a las reválidas, el daño sería remediable. Ya llegará nuestro Fillon. El problema es que también afecta al suelo democrático. Se asume que el modelo de convivencia más justo, equilibrado y fértil de la historia española ya no sirve. Pero nadie -ni los reconstituyentes convencidos ni los reformistas a regañadientes- tiene una alternativa mejor. La prueba es el coloquio que organizó este periódico el pasado martes en el Hotel Wellington de Madrid. Estos son los argumentos desplegados a favor de la reforma constitucional… y sus réplicas.

«Hay que reformar la Constitución porque…
….la gente lo pide».

La clásica apropiación indebida de la voluntad popular, ahora asumida por el mainstream. Según el último CIS, siguen siendo mayoría (37,2) los españoles que defienden el status quo autonómico. Y, en caso de reforma, son más los que piden algún tipo de recentralización (26,9) que los que reclaman un mayor poder para las autonomías o la independencia (23,2). Es cierto que las encuestas ya no tienen crédito. Pero tampoco las élites controlan los procesos plebiscitarios. ¿Se imaginan una victoria del no? El colombiano Santos tampoco.

… porque hay que generar una nueva ilusión colectiva».

Una confesión de incapacidad política. Es cierto que el separatismo tiene un proyecto y el constitucionalismo, no. Rubalcaba acudió a la metáfora inmobiliaria: una casita a estrenar frente a un viejo edificio agrietado. Pero ese nuevo proyecto español -claro, valiente, movilizador- no puede construirse a costa de la Constitución. Debe hacerlo a su favor. En defensa de la libertad, la igualdad y la modernidad. Si ninguno de los líderes nacionales es capaz de generar ilusión sin renunciar al mayor éxito español es que hacen falta nuevos líderes. Incluso hace falta un partido nuevo.

… porque los jóvenes no la votaron».

Tampoco votaron la americana (1787) ni la francesa (1958) ni la alemana (1949). Y, según los sondeos, no quieren reformar la italiana (1947). A los jóvenes habría que enseñarles a no confundir la participación política con el adanismo institucional. Pero, sobre todo, habría que enseñárselo a los adultos.

… porque el mundo ha cambiado por la globalización y la revolución tecnológica».

Sin duda. Y la consecuencia política más relevante es la vuelta del nacionalismo y el populismo a través del miedo y la mentira. Este nuevo Brave New World exige la defensa de los sistemas democráticos, no su cuestionamiento. El desmontaje de las mentiras, no su legitimación. Y en España no hay mayor mentira que la que imputa al sistema de la Transición problemas que son propios de todas las democracias modernas. No ha fallado el modelo; ha fallado la política: la deslealtad de unos, el sectarismo de otros y la vacilación de los terceros.

… porque hay que reconocer la integración de España en Europa».

El pretexto más débil de los reformistas. La integración española en la UE es una realidad política, jurídica y económica que se reafirma y actualiza diariamente. Y lo último que necesita ahora el proyecto común europeo es otro estado-miembro abierto en canal. Necesita lo contrario: un discurso libre de esencialismos y combativo con el tribalismo y la irracionalidad. Y España, como nación cívica que lleva 40 años de agresiones nacionalistas, se lo puede ofrecer.

… porque hay que acabar con la desigualdad en la sucesión a la Corona».

El pretexto más hipócrita. La izquierda que clama contra la desigualdad en la sucesión a la Corona apadrina la extensión del único elemento radical y anti-igualitario de la Constitución: los derechos históricos. Defienden el derecho de la hipotética hija mayor de la infanta Leonor y callan ante los concretos privilegios fiscales del País Vasco y Navarra.

… porque hay que renovar el consenso del 78».

Y lo dicen en serio. Claro que PP, PSOE y C’s podrían reformar la Constitución. En una mañana generosa y lúcida, incluso podrían forjar una gran coalición. Pero ese nuevo consenso no superaría el del 78. La Constitución fue aprobada con 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones. Hoy, con Podemos en el Congreso y el nacionalismo en el monte, recibiría 250 votos favorables y hasta 100 en contra. Y eso si el PSOE no se rompe.

… porque las circunstancias son óptimas».

No es un invento. Lo dijo Margallo: «Un Parlamento fragmentado alienta el diálogo y el acuerdo». Por suerte luego tomó la palabra Sosa Wagner. Recordó que «para iniciar un proceso constituyente o de reforma constitucional es necesario una sociedad integrada» y no este paisaje de Iglesias, Rufianes y Puigdemonts. Advirtió, frente a la ingenuidad de la corriente, que abrir el melón constitucional es provocar el debate republicano.

… porque hay que combatir la desafección hacia la política y las instituciones».

Veamos. ¿Cuáles son las principales causas de la indignación ciudadana? La corrupción y el ensimismamiento de los partidos. ¿Cómo se atajan? Con una Justicia independiente y partidos más abiertos. ¿Qué dice la Constitución? El artículo 122 fija el mecanismo de elección para que el órgano encargado de nombrar a los jueces no dependa de los partidos políticos. El artículo 6 establece que los partidos «en su estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos». ¿Qué ha ocurrido? Los partidos han incumplidos ambos preceptos de la Constitución. Y ahora le echan la culpa.

… porque hay que cerrar el modelo autonómico».

Es el argumento de los reformistas racionales: ordenemos las competencias, distingamos las exclusivas de las compartidas, tapemos las vías de agua del maldito Título VIII. Todo eso está muy bien. Tan bien que no requiere una reforma constitucional. Puede hacerse mediante ley orgánica por la vía rápida del artículo 167.

… porque hay que reconocer nuevos derechos sociales».

Una propuesta que comparten Podemos y C’s. Nuevos derechos a la vivienda, a la salud, a la protección del medio ambiente… Como si España fuera un páramo de injusticia y exclusión. Y como si el más urgente debate europeo no fuera la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Ahora que tanto preocupa la posverdad, animemos a los valientes a que encaren la realidad. A que digan que no habrá democracia ni bienestar sin más responsabilidad.

… porque es demasiado tarde para aplicar el artículo 155».

Se lo oí decir a Jorge de Esteban y pensé: profesor, no tires la toalla. No descartemos el poder del 155 -no, no digo los tanques; digo el 155, es decir la intervención política y administrativa de una comunidad que se declara en rebeldía- y sobre todo no despreciemos el poder de la política para derrotar al nacionalismo en los medios y en las urnas.

… porque hay que resolver el problema territorial».

Ese eufemismo. España no tiene un problema territorial; tiene un problema secesionista y, sobre todo, un profundo problema de autoestima. Lean a los arbitristas del siglo XVII y valoren estos cuarenta años democráticos. Los centristas se han creído las mentiras de los extremistas. Y los modernos han dejado que los reaccionarios les llamen viejos. El constitucionalismo español se ha convertido en un arbitrismo de la resignación.

… porque hay que buscar un nuevo encaje para Cataluña».

Ah, por fin la verdad. La que disimulan los tres partidos que se dicen constitucionalistas, aunque de vez en cuando se les vaya una frase. Rubalcaba: «El problema es que a la gente la entierran con la senyera y la bautizan con la estelada». Lógico. El nacionalismo lleva 30 años de hegemonía política, mediática y cultural. Lo insólito es que, en lugar de rectificar esa dinámica, se proponga su prolongación. La verdadera finalidad de la reforma constitucional es dar satisfacción al nacionalismo catalán y, de rondón, al vasco. Esto plantea el grave problema moral del chantaje. En el caso catalán, se premian la deslealtad y los ataques a la ley y a la libertad. En el vasco, los 800 asesinatos. ¿Y a cambio de qué? La pregunta que nunca se hace: y el nacionalismo, ¿a qué va a renunciar? El nacionalismo es sinónimo de reivindicación e incompatible con la satisfacción. No busca un nuevo encaje en la Constitución sino el desencaje español.

Sin embargo, en el Wellington los reformistas siguen debatiendo. Ahora explícitamente sobre cómo solucionar «las preocupantes reclamaciones catalanistas», que es como Muñoz Machado calificó el chantaje secesionista en su último artículo en El País.

«Hay que reformar la Constitución para…
… subsanar el gravísimo error de la sentencia del TC sobre el Estatut».

¿Hay alguien ahí, preferiblemente catalán, que recuerde los artículos anulados? No. Bien. Sigamos. Estamos ante la típica lógica nacionalista y de cualquier populista: yo incumplo, tú me corriges; yo ¡pueblo! me rebelo, tú te fastidias. Así razonaron los tabloides británicos en defensa del Brexit. Así razonó Miquel Roca contra el TC. Y luego apareció Carmen Calvo: «¡Sí, todos debemos sentirnos responsables!» Ah, no, no. Ni yo ni el Estado de Derecho tenemos la culpa de que Lluís Llach quiera independizarse. Lean la entrevista de Iván Tubau a Tarradellas en el verano del 82: «Lo que hay ahora en Cataluña es una especie de dictadura blanca. Las dictaduras blancas son más peligrosas que las rojas. La blanca no asesina ni mata ni mete a la gente en campos de concentración, pero se apodera del país, de este país».

… para hacer del Senado una auténtica cámara territorial para que Cataluña se sienta representada».

Así ya tendremos dos. El problema no es que el Senado no represente a las autonomías sino que lo haga el Congreso. Y eso no se remedia con una reforma constitucional. Quizá con otra ley electoral. Y con un cambio de cultura en el PSOE: del identitarismo a la igualdad; del sectarismo anti-PP al pacto en defensa del Estado. En todo caso, al nacionalismo, como a muchos españoles, el Senado le da igual. Como si lo cierran. Su aspiración es la misma que la del Misántropo de Molière: «¡Yo quiero que me distingan!» Y eso sólo significa una cosa: el derecho a decidir. El derecho a que otros no decidan. La soberanía.

… para fijar un modelo de financiación autonómica que guste a Cataluña».

Todavía hay quienes creen –Sáenz de Santamaría, por ejemplo- que el nacionalismo se neutraliza con dinero. Todos los sistemas de financiación autonómica fueron pactados por el Gobierno central y la Generalidad. Dos momentos para el recuerdo. 20 de octubre de 1996: el presidente Pujol viaja a Lepe (sí, a Lepe) para defender el acuerdo cerrado con Aznar. El alcalde socialista le entrega las llaves de la ciudad y Pujol declara: «A veces hay unas reacciones iniciales que después, con el tiempo, resulta que no estaban justificadas. Con el sistema de financiación se verá que no hay base para este rechazo». 12 de julio de 2009: Montilla celebra el modelo de financiación pactado con Zapatero. Dice que «cumple perfectamente» el Estatut y lo califica como «una victoria de la Justicia» que «hará grande a Cataluña, a su gente y sus valores».

… para hacer un gesto en favor de la lengua y la identidad cultural catalanas».

El reformista Xavier Arbós, propuesto por el PSC como candidato al TC, sugirió que el Poder Judicial tenga como requisito el conocimiento de las lenguas cooficiales. Garzón se salva por inhabilitado. Todos los demás, a la academia. El argumento lingüístico es perverso. El catalán nunca ha gozado de mayor proyección que ahora y España es el único país del mundo donde los niños tienen vetado su derecho a aprender en la lengua común. El nacionalismo ha pisoteado sistemáticamente el artículo 3 de la Constitución y todas las sentencias dictadas en su defensa; por cierto, con la anuencia de los Gobiernos centrales. ¿Y qué plantea el actual? Dar a ese atropello cobertura constitucional. Ayer lo contaba La Vanguardia: «El Gobierno se plantea reconocer la identidad cultural de Cataluña en la Constitución». Los escépticos sobre la existencia de una identidad cultural catalana ajena a la española encontrarán argumentos de refuerzo en un excelente discurso de Juan Claudio de Ramón en Barcelona

… hacer de España un Estado auténticamente federal».

El gamusino de la política española. O, como dice Tomás Ramón Fernández, «un espejismo semántico». Un ejemplo perfecto de cómo la política pervierte el sentido de las palabras. Y el suyo propio. El federalismo es sinónimo de integración, de igualdad y de claridad jerárquica. En Alemania, cuando las leyes estatales chocan con las regionales se imponen las estatales. Lo explican bien Sosa Wagner y dos grandes federalistas, Solozábal y Blanco Valdés: el nacionalismo jamás aceptará un modelo federal porque es su antónimo. Según el ABC, al Gobierno de Rajoy le gusta la Declaración de Granada, en la que el PSOE dice federal pero quiere decir confederal. Asimétrico. Desigual. Escuchen a Rubalcaba hacer de Rubalcaba: «Defendemos una igualdad que reconozca diferencias que no son desigualdades». Y pídanle que aclare exactamente qué comunidades van a ver reconocidas esas mágicas diferencias igualitarias. A ver qué opina Susana, la sucesora.

… reconocer que España es una nación de naciones».

Djo Roca que esto no lo inventó un catalán sino Anselmo Carretero, «de la Castilla más auténtica». Ya. Y lo hizo suyo Felipe González, en un artículo escrito con Carmen Chacón: España, «nación de naciones» y Cataluña, «nación sin Estado». Pero esa nación pasiva no es la nación de los nacionalistas. Ayer, en El País, Urkullu aparentaba racionalidad: «La Constitución española diferencia nacionalidades y regiones. Nacionalidad es nación». Estupendo. Pero, entonces, ¿por qué se empeña en revisar el Estatuto para incluir el reconocimiento del País Vasco como nación? En la misma línea está Miguel Herrero, padre de la Constitución y ahora defensor de su «mutación» por la puerta de atrás. Ha sugerido que se reconozca la realidad nacional de Cataluña en una nueva disposición adicional. Así tendremos una nación española cuya Constitución afirma y privilegia la nación catalana. Y quizá también la vasca. Y por qué no la gallega. Y qué decir de la andaluza. Así se llegará a Clavero Arévalo: nación para todos. Constitucionalismo creativo, lo llaman.

…para hacerla más empática».

La palabra de moda. Feijóo la elevó a titular en el Círculo de Economía de Barcelona: «La ley no puede ser obstáculo para la empatía». Es una vuelta de tuerca posmo a la falaz contraposición entre ley y democracia. Como si la Constitución y las leyes españolas no expresaran ya los deseos y exigencias de los votantes soberanos. Y es también un paso más en la actual deriva sentimental de la política. Lean el último libro de Manuel Arias Maldonado. No hay mayor amenaza para las democracias contemporáneas que la exaltación de los sentimientos a costa de la razón. La razón pacta. Los sentimientos, no. Martín Villa, afónico, dejó una pregunta en el aire: ¿Qué margen real queda hoy para el reconocimiento sentimental catalán? Nadie contestó. Es una pena que nadie le preguntara a Feijóo: ¿Y está usted dispuesto a que la ley sea más empática con Cataluña que con Galicia?

Agotados sus argumentos, henchidos de consenso, los reformistas descansan en sus butacas. De pronto alguien pregunta: «¿Y qué pasa si el referéndum de la reforma constitucional sale que sí en el conjunto de España y que no en Cataluña y el País Vasco?» Se hace el silencio. En la mente de los presentes se agolpan imágenes de ciudadanos indignados, élites estupefactas y populistas eufóricos. ¿Y si la reforma ni siquiera saliera adelante? Uf. Otra expectativa generada por la política y frustrada por la realidad. Otra burbuja pinchada. La Constitución amortizada y en su sitio, el vacío. Uno de los reformistas alcanza a balbucear: «Pues, si eso ocurriera, habría que encerrarse en una habitación y ponerse a pensar».

Ilustración de LPO [L. Pérez Ortiz; España, 1957], en El Mundo, 051217.

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Populismos: el vacío ético en la esfera pública

David Thunder en El Mundo, 051216.

Hoy somos testigos de la exitosa ascensión de movimientos políticos de corte populista, que prometen cambios radicales al statu quo en nombre del pueblo y sus derechos, y que utilizan una retórica nacionalista para sumar adeptos.

En España, Francia, Grecia, Italia e Inglaterra, países a los cuales se sumó recientemente Estados Unidos, hemos visto el crecimiento de variados movimientos con características similares: se erigen como defensores de los derechos del pueblo frente a una élite que ignora sus auténticos intereses; recurren en sus campañas a valores éticos como la justicia social, la grandeza de un pasado perdido y la idea de un pueblo honrado y justo, denunciando, de paso, la decadencia moral, la corrupción y la injusticia. Canalizan el resentimiento, la amargura y la frustración que la gente suele experimentar durante una crisis económica y frente a una creciente ola de escándalos de corrupción política y económica. Y, además, prometen una redención de la política y de la vida social que se acerca a una especie de mesianismo o utopismo político.

Ante el desconcierto y la perplejidad de tantos analistas, se podría proponer una hipótesis que explique esta situación: los líderes y organizaciones populistas se han aprovechado de un vacío ético en el ámbito político para ofrecer al electorado una visión utópica de un mejor futuro para sus hijos, de una sociedad que les ofreciera una vida colectiva y personal con más sentido y esperanza.

Con el declive del viejo consenso oficial sobre los valores de una nación cristiana y la legitimación del pluralismo, las instituciones que ordenan la sociedad han tenido que afrontar una sociedad cada vez más dividida sobre cuestiones morales y de organización social. En ese contexto, los discursos políticos y mediáticos han tendido a esquivar o reducir a fórmulas simplistas y políticamente correctas algunas cuestiones cruciales para el futuro de Occidente. Entre otras, el valor de la vida humana, la pérdida de ilusión y sentido en buena parte de la población, las identidades colectivas y nacionales frente al cosmopolitismo, el auge de ideologías fundamentalistas y antiliberales, la transmisión de valores morales a futuras generaciones de ciudadanos y el manejo prudente de la crisis de refugiados en Europa.

No es que estos temas nunca se traten, sino que cuando se abordan, suele ser de modo mercenario y superficial, o bien puramente técnico. Si no es para defender el statu quo o defender las posturas dogmáticas de un partido, generalmente, se tratan los problemas sociales no como retos existenciales sino como problemas técnicos, que se pueden resolver con intervenciones científicas. Y se esconden las verdaderas dificultades de la tolerancia y convivencia detrás de afirmaciones vagas del pluralismo, diversidad e inclusión, que parecen decir todo y nada a la vez.

Nuestros representantes muchas veces no se atreven a ofrecer una defensa propiamente moral de sus políticas públicas, sino que reducen todo al imperativo casi religioso de incrementar el PIB a toda costa. La pobreza de nuestro discurso ético es reforzada por una doctrina de lo políticamente correcto, que protege ciertas prácticas políticas y creencias morales en modo absoluto de cualquier crítica, con la excusa de que los que se oponen al progreso son consumidos por odio o que sus juicios son invalidados por prejuicios irracionales.

Y aquí es donde entra el populismo, que finalmente pretende echar abajo los dogmas de lo políticamente correcto y hablar de modo cándido de los valores, preocupaciones y ansiedades de la gente. Así lo hemos visto de modo contundente en el caso de Donald Trump, que ha ganado la estima de una gran parte del pueblo estadounidense desafiando las normas de la corrección política “a lo grande”. Populistas como Trump canalizan las frustraciones acumuladas de un pueblo que ha sido privado durante mucho tiempo de un foro público donde expresar y explorar sus inquietudes.

El populismo ha triunfado una y otra vez (y sigue triunfando) porque nuestra cultura no está preparada para responder de manera inteligente y sensata al surgimiento de este fenómeno en su propio seno. No tenemos la costumbre de discutir con nuestros conciudadanos de modo abierto y matizado sobre los valores éticos. Por ende, no sabemos dar una respuesta ponderada y sincera a los discursos políticamente incorrectos y a veces extremistas del populista.

Cuando el populista comienza a ganar terreno, los representantes de la cultura dominante lo desprecian por su falta de realismo político, o le acusan de amenazar nuestra civilización con sus lemas intolerantes y que se oponen a todo consenso medianamente aceptado. Lo descartan como un fanático que no merece su atención. Y un buen día, se dan cuenta de que este fanático está respaldado por una porción nada despreciable de sus conciudadanos. Y si discrepan con sus principios morales y políticos, ya es demasiado tarde para debatir con él, porque ha sacado a su país de Europa (Brexit) o ha instalado a Donald Trump en el Despacho Oval.

Si queremos moderar los excesos del populismo es imprescindible llenar el vacío ético de nuestra vida pública de voces que puedan representar de modo más completo los intereses de todos los sectores de la sociedad y no sólo de quienes actualmente se sienten alienados. Necesitamos fomentar un debate público más equilibrado e inteligente sobre la crisis de gobierno y la crisis de valores que está pasando el mundo occidental. Probablemente, esa respuesta no provenga de los partidos políticos tradicionales, cuya cultura suele ser en el fondo bastante pragmática y antiintelectual. Por el contrario, cabe esperar iniciativas de este tipo en los medios de comunicación, en las instituciones educativas y en otros foros relevantes de la sociedad civil.

Abrir un espacio de discusión sobre los fundamentos éticos de nuestra cultura ya no es un lujo, sino una necesidad. Si no lo hacemos, abrimos paso a discursos populistas y demagogos que podrían, con sus soluciones seductoras y simplistas, poner en peligro los principios básicos de una sociedad libre y abierta.

David Thunder es investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Es autor del libro Citizenship and the Pursuit of the Worthy Life (Cambridge University Press, 2014).

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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