.

eqm_141216_2.

Vuelven los reyes Magos [y Magas]

Como ya he comentado en anteriores entradas, la Ministra Plenipotenciaria para Cataluña ha abierto tienda consesionaria de competencias exclusivas de Estado, singularidades, supremacías morales, jurídicas y económicas para aquellos que habiten en tal privilegiado enclave y, desde luego, dinero, mucho dinero, incluso para pagar los inconstitucionales desafueros épicos del independentismo.

El Presidente, por su parte, toma de su mano tanto el concierto como el cupo vascos, dando a los nacionalistas garantías de mejoras financieras y, por si poco fuera, prometiendo añadidas infraestructuras y la puerta abierta en la prosecución del apoyo institucional a su legítimo sentimiento de que su tierra es una Nación que merece, cuanto menos, ese tratamiento especial de bilateralidad del que vienen disfrutando, como en Cataluña, desde tiempos del franquismo.

A cambio, este año los vascos apoyarán el techo y control presupuestario exigido por Bruselas y se abstendrán parlamentariamente, para favorecer al Gobierno, en todo aquello que no les perjudique; mientras que los catalanistas del Puigdemont dirán que bueno, que su reiteración en el chantaje no hay que tomarlo muy en serio y que si se están poniendo tan pesados en sus amenazas golpistas es sencillamente porque la CUP les tiene muy amenazados a ellos…

Como más abajo explican suficientemente, estas mesas de díálogo son la ultima ocurrencia de Mariano Rajoy para contrarrestar ‘políticamente’ el asalto a la legalidad de los secesionistas. Es decir, ha escogido, una vez más, el buenismo por cuenta de terceros. Todo un implícito reconocimiento de la inexistente supremacía moral del afrentador y todo un enmascaramiento de la institucional actividad anticonstitucional de la Generalidad catalana en sus vertientes ejecutiva y parlamentaria.

¿Quién paga esa ruina?

Pues por una parte, el Tribunal Constitucional, al que se pretende dejar de lado con el torticero procedimiento de evitar que le lleguen recursos de inconstitucionalidad del Estado, mediante acuerdos bilaterales que estiren el chicle del principio de legalidad hasta extremos sonrojantes.

Y por otro, el pueblo soberano del ‘resto de España’ que no sólo tendrá que pagar las remesas financieras repletas de singularidad nacionalista sino también la creciente desigualdad en materia de derechos ciudadanos y colectivos que supone tal desvarío.

Lástima que ni el PSOE ni el antaño esperanzador Ciudadanos levante la voz para poner freno a la desvergÚenza subrayada. Más bien al contrario, aplauden por lo bajini fomentando la conllevanza, ya que estamos en Navidad.

Y afortunados nos debemos sentir por que el populismo haya errado en su camino: si hubieran optado por apoyar al pueblo español frente a este saqueo de más de tres décadas, su actual desconcierto no lo estarían sufiriendo. Para su desgracia, optaron por seguir el camino desvertebrador del bipartidismo y hoy ya lucen como una colla de Reinos de Taifas.

EQM

pd. No se pierdan el texto de FAES, ayer, poniendo a Mariano delante de su espejo [ver infra]. Aznar dixit. En Libertad Digital dan su interpretación, al igual que en El Mundo.

¿Catalunya ens roba? Los catalanes han recibido este año, del Gobierno de España, 60.000 millones de euros, esto es, un tercio de la financiación total que ha destinado a salvar de la ruina a las CCAA que carecen de crédito alternativo. Detras, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Septiembre, el mes de los ungidos. Los padres extienden el ungüento por el rostro, los maestros lo aplican en los rincones libres del alma y detrás de las orejas… ¿Ungidos? Dado que la unción se realiza en nombre de una ideología extremista, sería más apropiado referirse a ellos como los extremoungidos. Y lo toman por un bautismo. (Alex Colville / Giovannini). Vía Libres E Iguales, 210916.

.

Para firmas, las del Tinell

Análisis FAES, 131216.

Algún sabio advirtió de los riesgos que tienen hasta las buenas ideas cuando se llevan a sus últimas consecuencias. La cautela adquiere vigencia ante unas declaraciones realizadas por la vicepresidenta del Gobierno el pasado lunes en la COPE. Preguntada si consideraba un error que el Partido Popular hubiera recogido firmas para apoyar el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto que impulsaban en aquellos días José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall, la vicepresidenta contestó con un conciliador reparto de responsabilidades, indicando que el error de PP y PSOE fue no ponerse de acuerdo previamente sobre el nuevo Estatuto.

En este caso la buena idea –apurar las posibilidades de diálogo en Cataluña– no debería llevarse al extremo de prescindir de una historia reciente en detrimento de las posiciones que el Partido Popular adoptó en su compromiso con la Constitución y de la movilización de sus militantes. Ese compromiso incluyó en su día la acción ante el Tribunal Constitucional frente a un Estatuto cuyos promotores sabían que ofrecía motivos claros de inconstitucionalidad.

En ese cuidado reparto de responsabilidades con los socialistas, el PP también debería haberse esforzado más. De nuevo el PP y sus carencias. Y de nuevo, esa tendencia en el Partido Popular a asumir el relato que hacen de él sus adversarios. El PSOE de Zapatero consiguió que muchos en el PP se creyeran que eran ellos y no el extremismo ideológico de aquel “nuevo PSOE” los que “crispaban”. De ahí, a la derrota de 2008 que generó un sentida autocrítica, silenciosa pero intensa, por la oposición que el PP había mostrado frente a la negociación política del gobierno socialista con ETA bajo esa distracción que se llamó “proceso de paz”. Resultó que el PP no sólo crispaba sino que, además, era enemigo de la paz. Lluvia fina o torrentera, la descalificación volvía a permear.

Ya en el poder, el Gobierno del PP asumió su etiqueta de desalmado recortador, con gesto de resignación, entre apelaciones a la ética de la responsabilidad y a los dictados de Bruselas. El Gobierno que había elevado los impuestos como nunca antes en España, haciéndolos recaer especialmente sobre su base electoral, pasaba por reaccionario a ojos de los progresistas cuya gran referente, Rodríguez Zapatero, había llegado a afirmar que bajar los impuestos era de izquierdas. Aún hoy hay quien se sorprende de la simple cuenta que pone de manifiesto con toda evidencia que han sido los impuestos y no el recorte de gasto lo que se ha llevado el grueso del ajuste fiscal de los últimos años.

Hay más. Cuando los datos debidamente corregidos dan cuenta de que la desigualdad –no confundir con la pobreza– apenas ha aumentado durante la crisis, algunos portavoces gubernamentales o confunden conceptos o parecen aspirar a congraciarse con los prescriptores de la izquierda hablando de un aumento de la desigualdad “escandaloso” que no se ha producido.

Quedaba Cataluña y la exigencia de que el Partido Popular expiara lo que la izquierda y el nacionalismo –que maridan tan bien–, por increíble que parezca, han conseguido convertir en el acontecimiento crítico, en el punto de inflexión histórico que abrió las compuertas del independentismo: pedir firmas en la calle para apoyar un recurso de inconstitucionalidad. De ahí la culpa asumida y la autocrítica: en vez de pedir firmas en la calle, el PP debería haberse esforzado más –al parecer no lo hizo con suficiente dedicación– para llegar a un acuerdo con el PSOE sobre el nuevo Estatuto.

Ocurría, sin embargo, que el maridaje de izquierda y nacionalistas en Cataluña se había plasmado en un pacto firmado con pompa y solemnidad el salón del Tinell de la Generalidad. Un pacto que se basaba precisamente en excluir al PP de todo acuerdo. Será fácil recordar cuántas enmiendas presentó el Partido Popular pero más fácil aún cuántas fueron aceptadas en el curso de la tramitación del proyecto: ninguna. Así que el acuerdo con los socialistas no parece que fuera cuestión de esfuerzo. Fue una posibilidad vetada por quienes hicieron un Estatuto con plena conciencia de su inconstitucionalidad y con el objetivo de asentar, en Madrid y en Barcelona, un proyecto de poder que prolongaría la mayoría de Zapatero y el tripartito catalán sobre la base de la exclusión del Partido Popular.

Por un elemental sentido histórico y de fidelidad a los hechos, que no están reñidos con la voluntad conciliadora, si se habla de las firmas que se recogieron en aquellos días hay que recordar que, para firmas, las que se estamparon en el pacto del Tinell.

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont

.

GESTO EN LA NEGOCIACIÓN CON CATALUÑA

El Gobierno proyecta un órgano para impedir que los litigios con los independentistas lleguen al TC

Luz Sela en okdiario.es, 131216.

El Gobierno está decidido a rebajar la “conflictividad” jurídica con la Generalitat. En paralelo a la Operación Diálogo, que dirige Vicepresidencia, desde Moncloa se quiere corresponder al avance del diálogo con el gobierno catalán con determinados gestos. Entre ellos, la creación de un órgano intermedio, entre ambas partes, para resolver las diferencias sobre las competencias, evitando así que lleguen al Tribunal Constitucional.

Se trataría de un espacio entre el Ejecutivo central y el autonómico, que permitirá encontrar una salida negociada en los asuntos que suelen enfrentar a ambas administraciones en los tribunales. La “judicialización” de la cuestión catalana es precisamente uno de los argumentos que el Govern de Puigdemont utiliza con frecuencia para arremeter contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

En su cara a cara en el Congreso con el portavoz de PDECat, Francesc Homs, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya se comprometió a poner de su parte para que esa litigiosidad se reduzca. Antes, en su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, ya se mostró dispuesta a “intensificar la negociación”.

Una de las prioridades del Ejecutivo será así potenciar las comisiones bilaterales entre ambas administraciones para resolver aquellas divergencias que puedan entorpecer las relaciones. De hecho, el Gobierno no tiene pensado en estos momentos recurrir los Presupuestos del Gobierno catalán, que incluyen una partida de 5,8 millones de euros para la celebración de un referéndum. El departamento de Rafael Catalá esperará a que la ley se tramite para aplicar “mecanismos” que permitan encontrar soluciones antes de la impugnación, en un gesto que demuestra la voluntad del Gobierno de abrir espacios de consenso y entendimiento con las autoridades catalanas. Siempre, claro está, dentro de los límites de la ley.

El Govern recurre más al TC que el Estado

Los litigios entre ambos Ejecutivos han sido frecuentes en los últimos años. No obstante, esa litigiosidad es notablemente superior desde el lado catalán: hasta un total de 82 normas estatales fueron impugnadas en los últimos cuatro años por el Govern al entender que invadían competencias autonómicas. La cifra se reduce a 21 en el caso del Estado.

En ese último caso destacan aquellas leyes dedicadas a la creación de las estructuras promovidas por los independentistas para la denominada República Catalana, como la agencia tributaria catalana, que el pasado julio fue declarada inconstitucional. El Gobierno sostuvo su recurso en que la norma catalana integra a los funcionarios de la agencia en cuerpos dependientes de la Generalitat. En mayo, el alto tribunal dejó en suspenso varios artículos de la ley catalana contra la pobreza energética, también por divergencias de competencias.

Entre otras leyes catalanas que actualmente se encuentran en suspenso por el Constitucional figuran las de Igualdad entre hombres y mujeres, sobre actividad de gobiernos locales o contra la decisión de establecer un impuesto sobre las viviendas vacías. Las dos primeras, también por competencias, y la tercera para evitar que se grave dos veces el mismo hecho imponible.

Por su parte, el Govern ha presentado recursos contra la LOMCE, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o la Ley de Seguridad Ciudadana.

Precisamente, este último recurso acaba de ser desestimado por el TC al considerar que, en contra de lo que defendía el ejecutivo autonómico, la norma, que obliga a las comunidades a destinar recursos cuando se declare una situación de interés para la seguridad nacional, no invade las competencias de las comunidades.

Viñeta de Ricardo [R.Martínez Ortega, Chile, 1956] en El Mundo, 141217.

.

‘Dialogar’ con el separatismo

Carlos Cuesta en El Mundo, 131216.

Nadie quiere mencionar el verbo negociar en el Gobierno. La palabra de moda es dialogar. Porque dialogar, dicen, es simplemente hablar. Y negociar, aclaran, implicaría plantear una transacción -tú renuncias a lo uno (el referéndum) y yo te doy lo otro (dinero)-, privilegio al que no acceden el resto de gobiernos regionales que no lanzan desafíos contra la Constitución y la unidad de España.

Y porque, por lo visto, 46.400 millones de euros después, hay que dialogar para explicarle a la Generalitat que su rescate viene de todos los ciudadanos de España, porque no se ha debido percatar mientras contaba el dinero recibido entre 2012 y 2015. Y, además, porque en el muy reciente momento en el que acaba de pedir otros 7.500 millones gracias al sistema de solidaridad que instaura nuestra Constitución, tampoco ha debido ser consciente de que estaba exigiendo, simultáneamente, la voladura de esa misma Constitución y ese mismo sistema de solidaridad cuando los beneficiados son los demás.

Así que, aceptando esta terminología, nos podemos preguntar ¿qué se va a dialogar? Y en esa mesa de diálogo parece haber alguien -los separatistas- que no ha entendido muy bien la diferenciación terminológica que plantea el Gobierno. Básicamente porque ha pedido todo lo imaginable dentro y fuera de la ley: que el Estado se haga cargo de parte del coste de TV3; que se financie sin límite la necesidad -o no necesidad- de endeudamiento de Cataluña; inversiones en el Corredor Mediterráneo; todo un plan de infraestructuras para la red de cercanías regional; permiso para desarrollar una Justicia catalana autónoma de la del resto de españoles; la creación del Consejo de Justicia de Cataluña; rebajar prácticamente a cero la aportación al sistema de solidaridad nacional -el que permite que CCAA con menos recursos puedan tener una sanidad y educación similares a las de sus vecinos con mayores rentas-; el «respeto al modelo de escuela catalana», ese que impide la libre elección de la lengua castellana por los padres; la prevalencia del modelo lingüístico del Estatuto catalán sobre las exigencias constitucionales en todos los ámbitos; el reconocimiento de Cataluña como nación; el cese de las investigaciones judiciales a ayuntamientos por incumplir leyes; y, simplemente por mencionar una más, un referéndum separatista vinculante.

Vamos, lo que todo el mundo entendería como una mesa de diálogo de andar por casa. Sin mayor importancia que la evidencia de que todo lo pedido se resume en exigir fondos que no le corresponden -y sí a territorios y ciudadanos más necesitados- y en seguir fabricando sus estructuras de Estado. Sólo en una cosa parece coincidir la Generalitat con Moncloa: tampoco Puigdemont ve aquí negociación. Más bien amenaza y exigencia.

•••

 

Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

Anuncios