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La ‘cuestión catalana’

El también mediático ‘tercerismo‘, basado, evidentemente, en su apuesta por la supremacía moral de los nacionalismos catalán y vasco frente a la regiones del ‘resto de España’ es fiel indicador del actual imperio de la posverdad.

Llamémosle legítima defensa de los derechos del singular ciudadano por residir en territorios adornados por un historicismo privilegiado… a lo que es simplemente golpismo institucional contra el Estado de derecho que precisamente les legitima en el ejercicio de sus competencias.

En el fondo, es la misma postura del bipartidismo a lo largo ya de décadas: el nacionalismo existe porque los habitantes de Cataluña y País Vasco se lo merecen… / cualquier petición que su gobernantes hagan a Madrit tiene presunción de inocencia, de legítima defensa justiciera…

Yo insisto: dando por sentada la dejación moral del bipartidismo [con la lamentable y silente complicidad de Ciudadanos en los últimos tiempos], otro indicador resulta tan apabullante como inexplicable: el silencio lechal de las regiones de segunda…, es decir, de todos los demás, entre los que trato desesperadamente -y con pocas esperanzas- de no contarme.

Y de la gratuidad con la que determinados ciudadanos se pueden enfrentar a la ley, incumplirla, mofarse de ella. Toda una cobarde lección de cobardía política, dada precisamente por quienes deberían velar por que ello no se produjera. Dando, además, pie a que el resto de ciudadanos contemple la discriminación y, lógicamente, acabe pensando que no sumarse a la cómoda rebelión es cosa de tontos muy tontos.

EQM

pd. Abandono de las formas democráticas, tan importantes, es tolerar, por ejemplo, que los podemitas se sienten a debatir en el suelo de los salones del Congreso sin que tengamos noticia de que la íntima amiga del Presidente se haya atrevido a tomar las medidas oportuna… para evitar que cualquier día lo acaben haciendo en pelotas con motivo del -saludable y legítimo, por otra parte- Día Internacional del Nudismo…:

pablo-iglesias-en-el-congresoEl ABC y Cuatro han coincidido en el texto de la noticia cuando, además, la acampada se ha llevado a cabo con periodistas!

Lo han calificado como imagen ‘curiosa‘.

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¡Política!

Arcadi Espada en El Mundo, 151216.

La prensa socialdemócrata se pone muy finita con la presunta libertad de expresión de los nacionalistas que queman y rompen fotos del Rey, incluso en sede parlamentaria. El editorial utiliza palabras como “gamberrada”, “alborotadores” y “grosería” para rebajar la trascendencia del acto y señala su absoluta irrelevancia a la hora de poner en riesgo el sistema constitucional.

No solo eso: señala que el verdadero riesgo para el sistema está precisamente en la intervención de la justicia, en lo que llama, sin asomo de bochorno, la espiral acción-reacción. Se trata de una jocosa e inmoral interpretación del poder de la disuasión, pero no vale perder en ella un minuto.

Lo interesante es que se trata de la misma consideración que nuestra prensa hace en torno a la respuesta que merece el gobierno desleal de Cataluña para el que reclama, con la boca más o menos pequeña, según la circunstancia, política y no tribunales.

A su vez esta exigencia de respuesta política es hija de la mentira principal y más dañina en torno del proceso de secesión, que es la de sostener que el proceso es, en el fondo, la respuesta inadecuada a una injusticia.

Como nuestra prensa está convencida, de un modo cómplice, que existe una injusticia que tanto puede llamarse “corredor mediterráneo” como “agresiones al catalán” cree que no vale la pena excitar a la fiera con represalias judiciales, porque una vez resuelta la injusticia la fiera se convertirá en un adorable caniche. Ni que decir tiene que ha sido el ejercicio de estos planteamientos durante 40 años el que ha convertido al caniche en una fiera repulsiva.

La ley sostiene que en España las vejaciones al jefe del Estado pueden ser objeto de delito. De ahí que lo que esté pidiendo nuestra prensa sea, en puridad, la suspensión de la ley.

Pero lo más extraordinario de la maniobra de apaciguamiento, de la irrelevancia gamberra a que se pretende reducir la vejación institucional, es que las sentidas palabras del editorialista se publican un día después de que nuestra prensa (este periódico hizo lo mismo, pero sin editorial fariseo) diera a cuatro columnas en su portada las fotografías de tres diputadas de la CUP procediendo a romper con toda minuciosidad fotografías del Rey de España.

No solo exige que la justicia se inhiba sobre los delincuentes, sino que previamente les da altavoz y propaganda. Así es nuestra prensa: alborotadora, gamberra y grosera entre sus inmaculados corondeles.

Manifiesto por la unidad de España:

cin-nov-2016Se equivocan quienes separan los problemas sociales de los nacionales. Se equivocan quienes pretenden seducir a quienes no quieren ser seducidos, quienes tratan de apaciguar a quienes usan el enfrentamiento, el chantaje y la amenaza como su principal arma política.

Los nacionalistas quieren aprovechar la actual debilidad del Gobierno y el desconcierto de la oposición para avanzar en su proyecto y convertir la independencia en un hecho irreversible. Nuestra indignación contra el independentismo es inseparable de la lucha contra la desigualdad y el deterioro social, la injusticia y el mantenimiento de los privilegios, el interés de minorías ambiciosas y corruptas a las que nada importa el presente y el futuro de la mayoría de los ciudadanos.

Después de un año sin Gobierno, la nueva situación política, lejos de aliviar nuestra preocupación por la crisis institucional y social, empieza a dar síntomas alarmantes de un profundo deterioro que afecta a nuestra democracia y convivencia. La debilidad del Gobierno y su incapacidad para establecer una sólida alianza en torno a los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, está permitiendo el avance de un frente antidemocrático, anticonstitucional y antinacional, ante el que ninguno de los partidos dominantes está planteando una respuesta adecuada a su gravedad.

Movidos por estrategias y cálculos electoralistas, y empeñados en mantener sus privilegios e intereses, muestran una ceguera y una irresponsabilidad tan peligrosas como la incertidumbre y la desconfianza que provocan en los ciudadanos. Esta falta de conciencia y responsabilidad les lleva a tachar de alarmistas a quienes denunciamos su pasividad y su despreocupación por el futuro y el destino común de la mayoría de españoles.

Por un lado, el Gobierno ha iniciado un acercamiento a las posiciones independentistas, no para dar respuesta a una mayoría de ciudadanos que viven preocupados por el avance del separatismo nacionalista que ahora los margina y luego los excluiría de España, sino para ofrecer una salida a los independentistas, salida que no puede ser otra que plegarse a sus exigencias.

Ni siquiera ha puesto como condición el respeto a la Constitución y el cumplimiento de las sentencias y leyes democráticas sistemáticamente despreciadas por las autoridades autonómicas y los ayuntamientos promotores del secesionismo.

Con cobardía y connivencia, el Gobierno es incapaz de frenar la utilización que los separatistas hacen de las instituciones y el dinero público para construir una independencia de hecho que haga imposible la vuelta al orden constitucional.

No podemos aceptar que se disfrace de diálogo lo que no es otra cosa que claudicación y desprecio a la voluntad y los derechos de todos los españoles.

El PSOE, por su lado, es incapaz de asumir su responsabilidad como partido nacional y de izquierdas. La posición del PSC y el reciente acuerdo entre el PNV y el PSE indican que ha dejado de tener un proyecto común español para someterse a los intereses de las minorías nacionalistas conservadoras, preocupadas sólo por mantener y ampliar su poder político y económico. En los 70 folios de su acuerdo con los nacionalistas vascos no hay una sola referencia a España ni a la situación o el interés común de los españoles. Todo su discurso asume de hecho la existencia de una Euskadi económica, social y políticamente independiente.

El documento, además de blanquear el terrorismo de ETA, está lleno de vaguedades sobre política social, pero se vuelve exigente al defender lo que llama “más y mejor autogobierno”, que no es otra cosa que alcanzar una independencia camuflada de autogobierno. La parte esencial del acuerdo exige la transferencia de 40 competencias exclusivas del Estado, al tiempo que incluye el “Reconocimiento de Euskadi como nación. Reconocimiento del derecho a decidir del Pueblo Vasco y su ejercicio pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada momento”. Ni una sola alusión a la Constitución que impide reconocer a Euskadi como nación y en la que no cabe ningún derecho a decidir.

Obsérvese el circunloquio: “¡Dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada momento!” O sea, cumpliendo la ley, o interpretándola, o estableciendo otras leyes, según convenga en cada momento. Y para acabar, referéndum de ratificación por “la ciudadanía”(?), no por todos los españoles, si nos atenemos al espíritu del texto. Ambigüedad calculada. La misma estrategia llevada a cabo por los independentistas catalanes.

El “problema” de Cataluña es el mismo que el del País Vasco, porque los dos son un único y mismo problema: el de la disolución de la España democrática y el Estado de Derecho.

A la pérdida de confianza en estos partidos hemos de añadir la actuación del tercer partido del Parlamento, que se ha convertido en el principal defensor e impulsor de las aspiraciones independentistas, empeñándose día a día en deslegitimar el Estado democrático y destruir la unidad nacional. Frente a ello hemos de afirmar que no existe hoy mejor garantía para asegurar la igualdad y la solidaridad entre todos los trabajadores y todos los ciudadanos que la defensa de una España unida y democrática. No es posible encarar los graves problemas sociales que afectan hoy a una mayoría de españoles si al mismo tiempo no solucionamos la crisis institucional, territorial y nacional que paraliza todo proyecto común e ignora el interés general.

Sólo desde la más abyecta manipulación puede alguien erigirse en defensor de los más desfavorecidos mientras apoya el poder de las minorías nacionalistas, ambiciosas e insolidarias, verdaderas castas a las que los problemas sociales nunca les han quitado el sueño. Prestarse a tan burda utilización desde posiciones de izquierda ves aún más inadmisible. Pretender solucionar la crisis social (paro, subempleo, pobreza, sueldos de esclavitud, sobreexplotación laboral, pérdida de derechos sociales, deterioro de los servicios públicos y las pensiones), territorializando los problemas, desmoronando el sistema social y jurídico común, destruyendo el actual Estado democrático para sustituirlo por una serie de Estados desiguales, troceando el poder político y enfrentando a los ciudadanos de un territorio con los de otro; hacer pasar por política de izquierdas un proyecto tan reaccionario y antisocial, solo puede entenderse como una maniobra apoyada por intereses particulares, no sólo personales, sino de minorías poderosas de dentro y fuera de nuestro país.

Lo que fue un movimiento espontáneo de protesta, que no distinguió entre territorios ni élites contra las que se dirigía, ha acabado siendo absorbido por proyectos territoriales, desvirtuando el sentido de la indignación y canalizándola hacia las reivindicaciones nacionalistas.

La trampa ha consistido en borrar la identidad social y económica, la que une a todos los trabajadores, para sustituirla por una identidad imaginaria basada en la lengua, la historia o el territorio, donde se mezclan explotadores y explotados, privilegiados y excluidos, y cuyo objetivo último es redistribuir el poder entre los poderosos.

Frente a todo ello, poco podemos esperar de una clasepolítica y empresarial que se muestra condescendiente y pasiva ante el riesgo de desmoronamiento del Estado y la democracia, preocupada sólo por mantener su poder, sus privilegios e intereses. Debemos tomar conciencia de que hemos de ser los ciudadanos, los trabajadores, los asalariados y las clases medias, quienes asumamos la tarea de defender la idea nacional, democrática e igualitaria de todos los españoles, negándonos a aceptar las maniobras y apaños que urdan entre sí las élites territoriales y nacionales, apoyadas por los partidos políticos que se están encargando de adormecer a los ciudadanos, de convencernos de que todo se solucionará pacífica y democráticamente, que no debemos preocuparnos por un asunto que ya provoca el hastío entre muchos ciudadanos.

No queremos resignarnos ni engañarnos creyendo que el tiempo solucionará lo que cada día se deteriora y agrava. Ni la democracia, ni el Estado del Bienestar, ni los derechos y servicios sociales, ni las pensiones, ni el desarrollo material logrado con el sacrificio y el trabajo de todos, nada de esto está asegurado ni podrá sostenerse si el orden constitucional que hoy nos protege y mantiene unidos desaparece.

Nuestro propósito es alertar de la grave situación que atraviesa nuestro país para que todos asumamos nuestra responsabilidad. Sólo si una mayoría de ciudadanos toma conciencia del riesgo y la amenaza que para su vida cotidiana, para su presente y su futuro, entrañan los proyectos independentistas y antisociales; sólo si tomamos una actitud decidida y beligerante ante el avance del separatismo, sólo de este modo podremos sustituir el odio, el rencor y el enfrentamiento que hoy empiezan a extenderse, por la unidad, la fraternidad y la solidaridad entre todos los españoles.

Hacemos un llamamiento para que quienes compartan nuestra preocupación e indignación, se adhieran a este comunicado, lo apoyen y difundan.

Centro Izquierda Nacional, noviembre de 2016.

Fuente: Libres e Iguales, 141216.

Ilustración de Raúl Arias [España, 1969] en El Mundo, 151217.

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¿Hay un ‘plan B’ para Cataluña?

Sergio Fidalgo en El Mundo, 151216.

Distensión es la palabra clave en esta nueva etapa que el Gobierno de Mariano Rajoy ha emprendido para afrontar el llamado problema catalán, que más bien deberíamos llamar problema nacionalista. Gestos, muchos gestos para que los secesionistas se tranquilicen y poder llegar así a un acuerdo. Soraya Sáenz de Santamaría se ha montado un despacho en la Delegación del Gobierno en Cataluña; el lenguaje y las formas del nuevo delegado del Gobierno en esta comunidad, Enric Millo, buscan facilitar el “diálogo”, y las portadas de los diarios se llenan con promesas de «respeto» a la lengua, la cultura y, no menos importante, a las finanzas autonómicas para que los separatistas acepten evitar el choque de trenes.

Todo huele a pacto. Como dijo el periodista Carles Francino en un programa de televisión, conviene un reset en la situación política catalana. “Tengo miedo de que los catalanes nos acabemos haciendo daño” tras las “discusiones últimamente en Cataluña con un tono y sobre unas cosas que no había discutido nunca”, dijo. Cada vez se ve más claro que el desafío secesionista no es una disputa entre Cataluña y Madrid, sino entre los propios catalanes, y muchos quieren tranquilizar las aguas de un proceso que algunos denominaron como “la revolución de las sonrisas” y cuya visibilidad pública ha acabado en manos de los sectores más radicales que se dedican a actos de algarada como desplantes a la Justicia, quemar símbolos de esa España que odian o intentar reventar actos en defensa de la Constitución, como pasó el pasado 6 de diciembre en la localidad barcelonesa de Rubí.

El Gobierno de Rajoy busca una tregua para ganar tiempo y evitar que la agenda secesionista marque la ejecutoria en minoría parlamentaria. Por otra parte, el Ejecutivo secesionista de Puigdemont y Junqueras tiene claro que el llamado procés ha entrado en un callejón sin salida y que es necesario encontrar algo digno que puedan vender a su electorado como un triunfo sobre el Madrid opresor. Un avance en su viaje hacia su deseada Ítaca, hacia esa fantasmagórica República catalana en la que los votantes catalanes de C’s, PP y PSC son vistos como adversarios del pueblo catalán.

La CUP, tan útil en un momento concreto del proceso independentista, comienza a ser molesta. Poco a poco, tanto la antigua CDC (ahora PDC) como ERC la irán arrinconando para que al final todo quede en un duelo a dos. Entre Junqueras y el candidato que designen las huestes del ex presidente Artur Mas. Una vez que el PSC ha sido reducido a un papel de fuerza política menor, el sueño húmedo de los dirigentes de ERC está al alcance de su mano. Disputarle de tú a tú, y ganarle, la partida al actual PDC. El líder republicano quiere ser lo que fue Jordi Pujol en los 80 y los 90, el pal de paller, el eje alrededor del cual gire la política catalana. Y para eso necesita tranquilidad, venderse como el hombre necesario, como la persona que soluciona problemas, no el que los crea. De ahí que su perfil en los últimos meses se haya diluido y haya pasado de ser la reencarnación de Braveheart a transformarse en el Gran Negociador.

Está claro que tampoco pueden retirar del todo el soma independentista a los centenares de miles de catalanes a los que han convencido que la secesión estaba al caer y sin esfuerzo. Las negociaciones que, sin duda, se están produciendo tras las bambalinas se alternan con los excesos de la auténtica infantería del procés, los medios de comunicación de la Generalitat y los medios privados adictos que han sido generosamente regados con dinero público. Así podemos ver cómo Junqueras se digna a asistir a un organismo autonómico (aunque ya habían pasado esa pantalla de su videojuego particular) como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras en TV3 y en Catalunya Ràdio se miente sobre la detención en su domicilio de la alcaldesa de Berga. Afirmaron que fue por colgar una bandera estelada en el Ayuntamiento, pero el motivo fue que se había negado a comparecer delante de los tribunales a pesar de los múltiples requerimientos que recibió durante meses. La televisión pública de la Generalitat convirtió un delito de desobediencia a una autoridad legítima, en un ataque a la libertad de expresión y de pensamiento.

No es un hecho aislado. Cualquier concentración de 20 secesionistas hiperventilados gritando consignas de odio a los símbolos comunes de todos los españoles recibe una generosa cobertura en este sector de la prensa. Y personajes como Empar Moliner son premiados con más minutaje en los medios públicos por incitar al odio y por quemar un ejemplar de la Constitución en directo.

Todos están locos por pactar, y se verá mucha escenificación entre el Gobierno de Rajoy y el de Puigdemont/Junqueras. Y mucha gesticulación para calmar a las respectivas parroquias mientras bajo mano se busca una solución. Hay catalanes defensores del proyecto común español que están muy preocupados, temen que se reedite el caso de Aleix Vidal-Quadras de 1996. Que los constitucionalistas catalanes vuelvan a ser la moneda de cambio para apaciguar a los secesionistas. Que se siga avanzando en el atropello a los derechos de los castellanohablantes en las escuelas públicas catalanas y en todos los niveles de la administración. Que se siga regando a tertulianos, periodistas y columnistas adictos con el dinero que se niega a la sanidad. Que los académicos y profesores de Universidad que creen en la convivencia entre todos los españoles sean arrinconados mientras los que difunden la ruptura de lazos son premiados.

No es un temor infundado. El ejemplo de los medios de comunicación públicos de la Generalitat es un buen espejo de como los secesionistas consideran que debe ser su Cataluña. Tertulias de cuatro separatistas, con el apoyo del moderador, contra un osado comunicador que cumple el papel de constitucionalista de guardia al que sacudir. Un antiguo showman metido a periodista que masajea a uno de los asesinos del empresario Bultó y le acaba definiendo como “un gran reserva del independentismo”. Programas en el que se falta al respeto a los votantes, militantes y dirigentes de partidos constitucionalistas sin que nadie dimita. Por lo tanto, es normal que muchos piensen que si hay pacto entre el Gobierno de Rajoy y la Generalitat, y por lo tanto todo el desafío secesionista y su huida hacia adelante les sale gratis, a partir de ahora se va a instalar una especie de barra libre en el que todo aquel catalán que discrepe del pensamiento único separatista va a ser obsequiado con la muerte civil.

Pero soy optimista. No me preocupa el posible pacto entre Rajoy y el dúo Puigdemont/Junqueras si es un paso atrás para conseguir impulso. Si Moncloa y los cuerpos superiores de la Administración General del Estado tienen una hoja de ruta para reconquistar los corazones de los catalanes que han sido envenenados por la manipulación de los líderes secesionistas, no me importaría que se llegara, a corto plazo, a cierto nivel de pasteleo entre ambos Gobiernos.

Los separatistas han ganado la primera parte del encuentro. Han impuesto su lenguaje, han conseguido que millones de catalanes se crean un relato falso, el de que Cataluña es maltratada (sobre todo fiscalmente) por el resto de España y que con la secesión ser viviría mejor y habría más libertad. También han copado los principales lugares de poder y prestigio de las administraciones públicas, las universidades y la sociedad civil. Pero no han ganado el partido. Todavía somos millones los catalanes que creemos que España vale la pena. Necesitamos que nos apoyen, que no nos sintamos solos cuando tenemos que enfrentarnos a una maquinaria de propaganda muy eficaz y muy bien engrasada. Y, sobre todo, el Gobierno de todos los españoles ha de desmontar una a una las mentiras que los separatistas difunden. Hace falta un plan B. Yo quiero creer que sí lo hay, que España no se puede permitir el lujo de que Cataluña se acabe separando por desidia de sus gobernantes. De ahí que espero que mis esperanzas sean una realidad. Las mías lo son por razones sentimentales y cívicas, de querer pertenecer a una gran democracia como la española. Pero espero que, al menos, aunque solo sea para que 200.000 millones del PIB español no se evaporen, en Madrid alguien tenga una hoja de ruta para revertir los 35 años que nos llevan de ventaja los secesionistas desde que en 1980 Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalitat y comenzó su plan de “construcción nacional”.

Sergio Fidalgo es periodista. Es presidente del Grup de Periodistes Pi i Margall.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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