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Alquimias terceristas

No hay ya día en que no aparezca en los medios un tratamiento esotérico para las patologías que nos toca sufrir a los occidentales en esta etapa surrealista en la cada vez resulta más evidente que estamos perdiendo el oremus a pasos agigantados.

Ayer, por ejemplo, El País, otra vez en portada, encontró el justiprecio –en acertada reflexión de Santiago González en su blog– a la última masacre acaecida en Turquía:

justiprecioExactamente la misma valoración con la que se cerraron aquí en España los atentados terroristas de 2004: Esa filosofía basada en el quieto parao, mejor si piensas sólo muy de vez en cuando y tranquilo que el tiempo lo cura todo..:

Para qué te metes donde no te llaman…, si algo te ocurre es que algo habrás hecho…

Por eso no resulta extraño que, también a diario, aparezcan nuevos o viejos sabios -concepto ahora aplicable a quien simplemente sepa leer y escribir- dándonos la solución esa ‘lacra‘ -vicio moral tan extendido ya, de tanto usarlo, como la mismisima lista de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad– que en este caso consiste en que una parte de la población insista en amenazar con independizarse… por la buenas, claro y llevarse, de paso, el territorio en el que se encuentran empadronada.

Si les dijera que algunos han propuesto, como remedio, sistémicos minutos de silencio a la puertas de las Instituciones, tan estúpidamente consagrados respecto a otras desgraciadas lacras, exageraría; pero, descuiden, todo se andará.

Paso a comentarles el último ejemplo de tercerismo resolutorio de la cuestión catalana [TVE, dixit], que se produjo ayer lunes en El Mundo, a través de un artículo de fondo, ‘Referéndum o referéndum‘, que les adjunto infra, firmado por Jorge de Esteban, nada menos que Catedrático de Derecho Constitucional -por tanto, experto en la materia- y, también, Presidente del Consejo Editorial del diario. Una persona a la que yo sigo en sus escritos, habitualmente, y a la que tengo por inteligente, sensata y comedida.

Cuando acabé de leer tal trabajo, me quedé tan atónido como extrañado. Trataré de explicar el porqué.

Se encabeza el texto sintetizando que el autor nos va a explicar por qué no es posible convocar un reférendum secesionista. De momento, pues, todo bien. Pero, acto seguido, el diario añade que, en consecuencia, de Esteban preconiza la sustitución del imposible ‘derecho a decidir‘ por un nuevo ‘derecho a convivir‘.

Suspense, pero ya con mosca detrás de la oreja. Qué quieren que les diga. A ver con qué  tercerismos me encuentro esta vez…

Sobre las razones de la inviabilidad de cualquiera de los dos tipos de referéndum pretendidos -acordado o unilateral-, nada que objetar, salvo una pequeña objeción que aclararé más tarde.

Tampoco en relación con la dejación del bipartidismo durante estas décadas, ni sobre el inmenso error que supuso el Título VIII de la Constitución. Si bien es verdad que sus calificativos al respecto no responden, en mi opinión, a la gravísima dejación de funciones, inobservancia de las obligaciones, de los respectivos Gobiernos, sobre todo en lo que se refiere a la base de todo Estado de Derecho: ‘cumplir y hacer cumplir la ley’.

Respecto el abandonismo respecto a la educación y la inmersión lingüística en Cataluña, dos asuntos de la máxima importancia vertebradora, nadie tiene la menor duda, pero nada se dice del agravante que se produce cada día en el que se sigue sin hacer absolutamente nada, manteniendo en la sombra incluso la técnica Alta Inspección Educativa del Gobierno de España, que lleva abierta en Barcelona ya casi 20 años.

Vayamos, pues, al grano de los fundamentos y de la solución propuesta por el autor.

Respecto  a los primeros, se decanta repetidamente por la tercería de la singularidad vasca y catalana, cuando, puestos a criticar la Constitución, nadie dispuesto a emplear la sensatez en este asunto puede sostener que ambas Comunidades gocen de una especificidad que les haga acreedoras a un trato de mejor derecho, tanto para sus habitantes como para el territorio [?]. Porque imagino que de eso estamos hablando ¿no?. De Esteban opina justamente lo contrario:

Con ello, no quiero negar, por supuesto, la existencia de una mayor identidad de Cataluña (y del País Vasco) con respecto a las otras regiones españolas, pues es algo que no se puede negar.

Sic. ¿Mayor identidad? ¿De qué identidad habla? ¿Mayor por qué, en qué, cuánto? ¿No se puede negar?

Tampoco comparto que la estatutaria barbaridad liderada por el arruinador ZP con la complacencia del PSOE y el impulso inicial del PSC, vía Pascual Maragall, produjera que ‘el edificio del Estado autonómico se vino abajo, porque en una parte importante de España, como es Cataluña, la Constitución dejó de ser vinculante‘. En absoluto: la Constitución seguía y sigue siendo tan vinculante como el día de su entrada en vigor; cosa distinta es que quienes están obligados a cumplirla y hacerla cumplir, no lo hagan.

Patitieso me deja, por otra parte, cuando fundamenta la imposibilidad de los referéndums también en el principio de legalidad derivado de que “la Constitución fue votada mayoritariamente por los ciudadanos catalanes“. ¿Considera el autor que otra cosa sería si la Constitución no hubiese sido votada por la mayoría de los catalanes? ¿A santo de qué principio del Derecho?

Parece mantener ese mismo criterio cuando, más delante indica que “[..] es posible que la mitad más o menos de la sociedad catalana quiera la independencia, mientras que la otra mitad la rechace. Ahora bien, cuando en una cuestión tan decisiva como es ésta, la discrepancia social aparece de forma tan nítida, cualquier intento de imponer la voluntad de una parte sobre la otra, es seguro que acabe en una confrontación violenta.” ¿Quiere eso decir que si los catalanes partidarios de la independencia superaran con creces a los que la rechazan, la imposición tendría algún sentido? ¿De qué y cuánta violencia habla? ¿Una confrontación no violenta, como la de ahora, en qué cambia/ría juridicamente las cosas?

En el fundamento sexto conta la viabilidad de refrendos alega que “el referéndum que regula el artículo 92 sea de carácter consultivo, es evidente que se trata de un eufemismo, porque si sale positivo automáticamente se convierte en vinculante, ya que ningún Gobierno se atrevería a contradecir lo que ha aprobado el pueblo.“. Se me hace imposible compartir la idea de que un referéndum consultivo pueda acabar siendo vinculante, seal cual fuere el resultado del mismo. Eso no es así y menos por razones tan poco jurídicas como la falta de atrevimiento.

Finalmente, vayamos a la solución que propone De Esteban, ese ‘derecho a convivir‘, que resumo:

  1. Que España reconozca la identidad propia de Cataluña, respetando la cooficialidad de las dos lenguas, la enseñanza bilingüe y la cultura propia catalana.
  2. Que España establezca una aportación al principio de solidaridad de acuerdo con el principio de ordinalidad.
  3. Que España traslade a Cataluña algún órgano importante del Estado como sería el Tribunal Constitucional.
  4. Que España convierta al Senado en una verdadera Cámara territorial decisoria.
  5. Que Cataluña renuncie a la independencia.
  6. Que España y Cataluña y mantengan una relación bilateral especial, en lugar de la normal como sucede con las demás Comunidades Autónomas, ya que Cataluña mantendría así una relación funcional simétrica a la de las otras CCAA, aun pudiendo tener tener una relación competencial mayor que las otras, como también puede ocurrir en el País Vasco.

Lo siento, pero no doy crédito a que tal solución pueda tener, como ahora se dice, recorrido alguno . Así que hago todo el resto de preguntas, de un tirón:

¿Cuando el autor del artículo habla de ‘España’ quiere decir del ‘resto de España’ y del resto de los españoles, incluídos los catalanes no secesionistas? – ¿Cuándo habla de ‘Cataluña’ quiere decir de los catalanes o sólo de los que, entre ellos, son secesionistas? – ¿España no ha reconocido la identidad propia de Cataluña, no ha respetado la cooficialidad de las dos lenguas, la enseñanza bilingüe y la cultura propia catalana? – ¿España no ha establezido una aportación al principio de solidaridad de acuerdo con el principio de ordinalidad consistente en darle a Cataluña -y al PV y Navarra- más que a las otras CCAA? – ¿Lo de trasladar el TC a Barcelona es de coña [con perdón]? – ¿Que España convierta al Senado en una verdadera Cámara territorial decisoria [sic] en qué beneficiaría a Cataluña? – ¿Cómo puede renunciar Cataluña a la independencia si no tiene tal derecho? – ¿Eso de la especialidad simétrica cómo se come [con perdón]? – ¿Qué es eso de una ‘relación competencial’?

En fin -y dicho sea con todos los respetos- considero que bastante tenemos con la famosa conllevanza orteguiana como para enredarnos en fórmulas irrazonables que lo único que reflejan es el desnortamiento que supone todo malabarismo que trate de escapar de aquello que resulta de lo más elemental:

Exigir al Gobierno de España que cumpla y haga cumplir la ley.

Al fondo, me temo que sigo escuchando carcajadas independentistas, de esas que provienen de quienes conocen bien de qué pie cojea nuestro estado de Derecho.

EQM

pd. También me pregunto, a propósito, qué pasa con el caso Pujol.

Les adjunto tambien el artículo ‘La democracia coronada’ de Cayetana Álvarez de Toledo en El Mundo, 271216.

Ilustración de LPO [L. Pérez Ortiz; España, 1957], en El Mundo, 020117.

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Referéndum o referéndum

Jorge de Esteban en El Mundo, 020117.

¿Qué es lo que sucedería a un inconsciente cuando se le acaba el camino que desemboca en un precipicio y continúa andando? No hace falta decirlo, porque es de cajón. Pues bien, si recurro a este ejemplo es porque me parece un buen símil para entender lo que podría suceder a la Generalitat catalana si persiste en llevar adelante el Pacto Nacional por el Referéndum a favor de una consulta acordada con el Estado para la independencia o un referéndum decidido de forma unilateral. En cualquiera de los dos casos, nos encontramos ante una tautología: “Referéndum o referéndum”, cuyo fin previsto naturalmente es lograr de forma pacífica y definitiva la separación de España. El presidente Puigdemont no se cansa de afirmar que “habrá referéndum indefectiblemente”, para lo cual se ha reservado una partida en los próximos presupuestos de la Generalitat para organizar el referéndum de independencia.

El que la clase política nacionalista en Cataluña haya llegado a esta drástica decisión no es algo que derive de lo casual. Es el fin del camino de una larga escalada que comenzó, por supuesto, con la redacción del Título VIII de la Constitución, según he escrito tantas veces aquí. Pero es algo que después se fue incrementando a causa de las reivindicaciones nacionalistas y, sobre todo, por la falta de previsión de los distintos gobiernos de Madrid que dejaron actuar a los separatistas y se desentendieron del tema catalán. Especialmente grave fue la inoperancia de los gobiernos socialistas y populares, con la complicidad del Tribunal Constitucional, para permitir la inmersión lingüística en Cataluña marginando a la lengua castellana, así como dejar que los diferentes grados de la enseñanza y los medios de comunicación fuesen monopolizados con tendencias o contenidos nacionalistas. Semejante situación no sólo violaba la Constitución en su artículo 3, sino que fomentaba un caldo de cultivo para que los jóvenes catalanes fuesen en gran parte partidarios del independentismo. Sea como sea, el hecho es que en 1996 se podía haber llegado a estabilizar el Estado de las Autonomías con una cierta racionalidad como consecuencia de los pactos de 1981 y 1995, respetándose las singularidades vasca y catalana.

Sin embargo, todo cambió con la política autonómica del presidente Rodríguez Zapatero que concedió absurdamente la posibilidad de romper el equilibrio autonómico con la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía que nadie, excepto Pascual Maragall y sus congéneres, habían solicitado para Cataluña. A partir de aquí el edificio del Estado autonómico se vino abajo, porque en una parte importante de España, como es Cataluña, la Constitución dejó de ser vinculante. Como es sabido, el nuevo Estatuto, incluso limado en su paso por las Cortes, seguía siendo claramente inconstitucional y, sobre todo, rompía la solidaridad que establece nuestra Constitución entre los territorios que forman España. Con ello, no quiero negar, por supuesto, la existencia de una mayor identidad de Cataluña (y del País Vasco) con respecto a las otras regiones españolas, pues es algo que no se puede negar.

Por consiguiente, desde 2006, fecha de entrada en vigor del Estatuto y del correspondiente recurso de inconstitucionalidad elaborado por el PP, los nacionalistas catalanes han ido subiendo puestos en la escalada hacia la independencia. Y, en consecuencia, el instrumento que van a utilizar para dar el último paso, esto es, para conseguir la llamada “desconexión” con España, consiste en el referéndum en una de esas dos modalidades que he señalado. De ahí que sea necesario insistir en que ambos referéndums son inviables, porque son ilegales y constituyen un desafío al Estado que ninguna democracia del mundo podría tolerar. Es más: cuando los nacionalistas alegan que el principio democrático está por encima del principio de legalidad -lo cual no es cierto- hay que recordarles que oponerse al referéndum de independencia es lógico, porque se hace tanto en nombre del principio democrático, como del principio de legalidad, pues la Constitución fue votada mayoritariamente por los ciudadanos catalanes.

Por lo demás, vamos a ver cuáles son las razones de la inconstitucionalidad de dicho referéndum en cualquiera de sus dos versiones. En primer lugar, porque el artículo 2 CE señala que la Constitución se fundamenta “en la indisoluble unidad de la Nación española”, luego un referéndum que tiene como objetivo la secesión de un territorio es inconstitucional. Sólo mediante la reforma de este artículo, lo cual es utópico, se podría realizar un referéndum secesionista. En segundo lugar, porque el artículo 92 de la Constitución establece que “las decisiones políticas de especial transcendencia pueden ser sometidas a consulta de todos los ciudadanos”, de donde se deduce, como señala el artículo 1, que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español. Por tanto, un referéndum de tal clase que afecte a este sujeto no puede convocarse únicamente en una comunidad autónoma.

En tercer lugar, porque sería incongruente, según el artículo 92.2, que la convocatoria del referéndum la haga el Rey, que es precisamente, según el artículo 56.1 CE, el Jefe del Estado y el símbolo de su unidad y permanencia. Por consiguiente, no es posible que el símbolo máximo de la unidad de España convoque un acto que se dirige a destruir y no a mantener la unidad del Estado. En cuarto lugar, porque el presidente del Gobierno no sólo debe refrendar la convocatoria que hace el Rey, sino que además la propuesta de ese referéndum es realmente suya, acordada en Consejo de Ministros. Circunstancia que convertiría la actuación del presidente del Gobierno en un delito de traición contemplado en el artículo 102 CE y en los artículos respectivos del Código Penal. En quinto lugar, el reiterado artículo 92 establece, asimismo, como requisito indispensable para celebrar el referéndum que sea autorizado por el Congreso de los Diputados a través de una mayoría absoluta. Ya en abril de 2014 el Congreso rechazó abiertamente la autorización de un referéndum en Cataluña.

En sexto lugar, aunque el referéndum que regula el artículo 92 sea de carácter consultivo, es evidente que se trata de un eufemismo, porque si sale positivo automáticamente se convierte en vinculante, ya que ningún Gobierno se atrevería a contradecir lo que ha aprobado el pueblo. Y, por último, porque la deficiente Ley Orgánica de las diferentes Modalidades del Referéndum no contempla la posibilidad de un referéndum constituyente como sería este supuesto, sino simplemente el referéndum ordinario y algunas otras modalidades. Es más: si fuese legal un referéndum así, la ley debería dejar muy claro unos requisitos que consistirían en establecer el quorum de participación, la mayoría necesaria para aprobarse, quienes son los que podrían votar, si la circunscripción es provincial o única y, finalmente, cuál sería el procedimiento a seguir en caso de que fuese aprobado. Pero lo que es inadmisible es que estas condiciones las señale quien convoca el referéndum.

En consecuencia, se deduce de todo lo dicho que un referéndum que tenga como objetivo la independencia de Cataluña no se puede convocar porque es ilegal. Sin embargo, algún intelectual catalán, como, por ejemplo, Salvador Cardús, afirma que “el conflicto entre España y Cataluña ya no puede resolverse con diálogo. Se llega tarde. No está en las manos de los líderes políticos catalanes el retroceder en la celebración del referéndum que pide la gran mayoría de los catalanes. Si tuvieran la tentación de echarse atrás, fulminarían la legitimidad democrática de su liderazgo”.

Semejante actitud, compartida también por otros intelectuales catalanes y por políticos extremistas como los de la CUP, demuestra que no son conscientes de que el Estado dispone de argumentos jurídicamente válidos para impedir semejante locura. Sea como sea, es posible que la mitad más o menos de la sociedad catalana quiera la independencia, mientras que la otra mitad la rechace. Ahora bien, cuando en una cuestión tan decisiva como es ésta, la discrepancia social aparece de forma tan nítida, cualquier intento de imponer la voluntad de una parte sobre la otra, es seguro que acabe en una confrontación violenta.

Por consiguiente, creo que la única solución posible para resolver el conflicto consiste, por una parte, en que España reconozca la identidad propia de Cataluña, respetando la cooficialidad de las dos lenguas, la enseñanza bilingüe y la cultura propia catalana, estableciendo también una aportación al principio de solidaridad de acuerdo con el principio de ordinalidad y, por último, trasladando a Cataluña algún órgano importante del Estado como sería el Tribunal Constitucional, además de convertir al Senado en una verdadera Cámara territorial decisoria. Y, por otra parte, Cataluña tendría que renunciar a la independencia y a mantener una relación bilateral especial con el Estado, en lugar de la normal como sucede con las demás comunidades autónomas. De este modo, coincido con López Burniol, cuando afirma que Cataluña mantendría así una relación funcional simétrica a la de las otras comunidades autónomas, mientras que, en cambio, podría tener una relación competencial mayor que las otras, como también puede ocurrir en el País Vasco. En definitiva, una propuesta de este tipo debería ser sometida a referéndum de todos los españoles, desechando de una vez ese inexistente “derecho a decidir”, para implantar en su lugar un auténtico derecho a convivir.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Ilustración de Sean Mackaoui [Suiza, 1969] en El Mundo, 271216.

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La democracia coronada

Cayetana Álvarez de Toledo en El Mundo, 271216.

En julio de 1974, Franco fue hospitalizado y el entonces príncipe Juan Carlos asumió por primera vez la jefatura del Estado. A partir de ese momento, y sobre todo tras la muerte del dictador en noviembre del año siguiente, los ataques a la figura del joven Borbón se recrudecieron. Las críticas eran ácidas y de origen diverso. La izquierda tenía nula confianza en el reformismo de Juan Carlos, sucesor de Franco a título de Rey, y muy poca en su capacidad de superar el ocaso del régimen. Todavía desde el exilio, el comunista Carrillo lo apodó, con sorna afrancesada, Jeannot le bref. Juanito el breve. Con la implicación personal del Rey en el proceso de apertura a la democracia diseñado por Torcuato y liderado por Suárez, la actitud de la izquierda pasó del desprecio al pragmatismo colaborador. Sin embargo, desde la extrema derecha los ataques continuaron. Y se agudizaron. Títere. Tartamudo. Traidor. Las invectivas contra el Monarca por su radical desmentido del mandato continuista de Franco arreciaron hasta culminar en el 23-F. Esa noche, ante millones de espectadores, Juan Carlos logró fundir los conceptos de monarquía y democracia frente al golpismo. Y se consolidó.

Treinta y cinco años después asistimos a un proceso similar. Otro joven Rey Borbón empieza a ser percibido como la garantía de la democracia frente al golpismo. Si Juan Carlos fue blanco de la extrema derecha golpista, Felipe lo es hoy del golpismo de signo separatista. Como entonces, los nuevos reaccionarios no atacan a la persona del Rey. Poco les importan su preparación, su prudencia o sus esfuerzos por desvincularse del cuñado, de Corina y de la corrupción. Lo que atacan es el suelo democrático que lo sustenta: la voluntad soberana de los españoles, que en 1978 votaron libres e iguales su Constitución y aceptaron la monarquía parlamentaria como forma política del Estado.

Las agresiones al Rey se han convertido en una rutina en Cataluña. En el último año, decenas de ayuntamientos catalanes han declarado a Felipe VI persona non grata a instancias de ERC y la CUP. La aburguesada Sitges lo hizo incluso con el voto favorable de una coalición que incluye al PSC. Durante la Diada. En happenings callejeros. En municipios grandes y pequeños. En el embrutecido Pleno del Ayuntamiento de Barcelona. En sesiones del Parlamento. Entre consignas a favor de la libertad de los países catalanes (sic) y para acabar con el franquismo emboscado (sic) en la Constitución. Contra el código penal, las reiteradas advertencias judiciales y hasta una sentencia del Tribunal Constitucional… La foto del Rey se ha convertido en el objetivo fetiche del separatismo. La colocas boca abajo, enciendes un mechero y ya: cobertura mediática garantizada. Y, con ella, la medalla de la tribu.

Los ataques a la Corona han tensado -no roto- las relaciones entre los protagonistas del proceso secesionista. La distinción entre el nihilismo de la CUP y un separatismo susceptible de reconducción con cariño y dinero es otra fantasía madrileña. El que legitima la piromanía antisistema de los Gabriel y Garganté es el nacionalismo del establishment. El de traje y corbata. El que predica e incluso se instala en el Palace. El que reclama diálogo mientras trama la insumisión. Dos ejemplos. La segunda toma de posesión de Artur Mas, el 24 de diciembre de 2012, cuando ocultó el retrato del Rey Juan Carlos bajo un telón de terciopelo funerario. Y la reciente decisión de Puigdemont de relegar el discurso navideño de Felipe VI al clandestino canal 3/24. Arzalluz ejercía de padrino viejo de «los chicos de la gasolina»; Puigdemont, de la muchachada del mechero.

El acoso del separatismo a la Corona produce el mismo efecto que el 23-F. Felipe VI emerge como un símbolo de aquello que el golpismo pretende destruir: la propia democracia. Este paralelismo se proyecta también sobre los dos últimos discursos navideños del Rey. Más sentimental, menos emocionante, más inconcreto, el discurso de este año, sin embargo, reafirma la posición de la Corona ante el desafío separatista. No es un paso al costado. Si acaso, el tono y algunas frases sugieren un nuevo pesimismo sobre la evolución de Cataluña. Como si el Rey hubiera agotado personalmente su disposición a encontrar una salida cordial a un conflicto visceralmente deseado y alentado por los secesionistas. «La vulneración de las normas que garantizan nuestra democracia y libertad sólo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada y, luego, al empobrecimiento moral y material de la sociedad». «No son admisibles ni actitudes ni comportamientos que ignoren o desprecien los derechos que tienen y que comparten todos los españoles para la organización de la vida en común». Estas frases no desprenden el entusiasmo del que anima un proyecto colectivo en construcción, sino la inquietud del que lanza una urgente advertencia democrática. Y la reacción de Forcadell y Junqueras, invocando una fantasmagórica democracia desvinculada de la ley, las justifican.

Los próximos meses pondrán a prueba el papel de la Corona. La claridad del Rey será decisiva, aunque también influirán otros factores, como la actitud de los principales medios y partidos nacionales. Es notable la tendencia de la prensa a minimizar en sus editoriales lo que destaca como atropellos antidemocráticos en portada. Como fue notable el menosprecio del Gobierno a la Corona durante su etapa en funciones. En enero Rajoy filtró su enfado con el Rey por haberle designado candidato. Y en julio rozó el conflicto institucional al cuestionar que la propuesta del Rey le obligase a presentarse a la investidura. A las vacilaciones del sistema se añade el consenso en torno a la necesidad de una reforma constitucional sin horizonte ni otra justificación real que la de satisfacer al nacionalismo, y cuyo único resultado concreto puede acabar siendo la agitación del debate entre monarquía y república.

Ante esa perspectiva, cabe insistir en lo que Libres e Iguales afirmó en su acto Por el pacto español. Sí, la Constitución de 1978 contiene dos anacronismos: los derechos históricos y la monarquía. Pero uno se ha convertido en causa y síntoma de la enfermedad segregacionista, y el otro en metáfora y garante del acuerdo civil. No es casualidad que los defensores de los derechos históricos, de izquierdas y de derechas, converjan en un renovado odio a la monarquía. Son los falsos republicanos. Los que se alzan contra Felipe VI en nombre de los principios que el nacionalismo agrede de manera sistemática: la libertad del individuo frente al mito totalitario, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la empecinada fraternidad de los españoles. Frente a los nuevos reaccionarios, la democracia coronada.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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