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Ceses, linchamientos y crucigramas

Soraya Sánez de Santamaría, convertida por Mariano en Princesa para las nacionalidades históricas, está compulsivamente dedicada a allanar a los independentistas vascos y catalanes el camino a una situación más privilegiada -si cabe, que va a caber- en este Estado de las Autonomías pobladas por habitantes de y de .

Dando por amortizada la inmersión lingüística, esa que impide en Cataluña que los alumnos puedan estudiar en su lengua materna si se trata del español, ahora se trata de ir cumplimentando la carta nacionalista a los Reyes Magos de Madrit, es decir, dame más pan que al resto de CCAA y sigue llamándome tonto que yo ya continuaré mi camino mientras tú perfeccionas mi acomodo.

Si para eso hace falta sustituir al Delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, en este caso en el País Vasco -con la excusa de que, dicen, compró un CD en un top manta– porque éste ejercía con notable competencia su responsabilidad a la hora de recurrir la normativa autonómica potencialmente anticonstitucional y ahora toca llegar a bilaterales acuerdos interpretativos: pues se le sustituye y a otra cosa.

Si se convoca la Conferencia de Presidentes Autonómicos y Cataluña y País Vasco deciden ni asomarse por alli en virtud de la supremacía moral que supone su privilegiada singularidad: pues sale Soraya y, ayer mismo en Barcelona, dice, refiriéndose  a Puigdemont, que

“sería bueno que asistiera pero, en cualquier caso, los ciudadanos de Cataluña estarán representados por el Gobierno de España que también es de los catalanes y para los catalanes”.

Y lo manifiesta añadiendo este epílogo: algunas de las 45 reivindicaciones de la Generalitat recogidas en el documento que entregó Puigdemont a Rajoy en abril de 2016 [pdf] serán debatidas en el seno de este foro multilateral [a iniciativa del Gobierno; El País, 100117].

Como suena.

Lo que ocurre es que a la debilidad y desafuero de un Gobierno que accede a negociar con el independentismo injustas condiciones especiales que no están al alcance de las CCAA consideradas de segunda y compatibilizando tal discriminación con el anticonstitucional proceso independentista iniciado -del que, al tiempo, sus autores pregonna su continuidad– se añade el silente comportamiento de aceptación que escenifican los poderes regionales… sin atreverse a comunicar al Gobierno de España que si consideran fundamentados los pretextos de catalanes y vascos para no acudir a la cita, tampoco cuente con los demás.

Desgraciadamente, una gobernabilidad con tan escasa convicción no sólo produce tal tipo de surrealistas situaciones. El Gobierno está dando sobradas muestras también de que su Presidente es capaz de llenar el cesto de la oposición política de cabezas pensantes de su partido a poco que aquella se las reclame.

em-100117-soraya-pvObserven la cara de Carlos Urquijo ante la complicidad ausente de Soraya y del nuevo Delegado del gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés.

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Ya ocurrió con Soria y ahora se reproduce con Federico Trillo.

Por el accidente del Yak-42 en Turquía, año 2003, tanto el Gobierno como el Ministro de Defensa, salieron indemnes de los procesos civiles y penales abiertos en su día. Trillo por no ser ni siquiera resultó imputado. Él prosiguió con su importante carrera política y hace unos días, 13 años después del terrible suceso, el Consejo de Estado, el pasado 20 de octubre de 2016, elevó un dictamen no vinculante [pdf] en el que estima que hay responsabilidad patrimonial del Estado y que éste podría y debería haber reducido los riesgos de los militares dado que la naturaleza de los mismos no se correspondían con el ejercicio de su labor propiamente dicha.

Esto ha dado pie para que la movida politico-mediática tipo ‘nunca mais’ se pusiera de nuevo en marcha con el fin primordial de linchar a Trillo como Embajador en el Reino Unido, conseguir que el Gobierno le cesara de inmediato y, si posible fuera, impedirle su vuelta a su puesto de funcionario, por oposición, precisamente de Letrado del mismo Consejo de Estado.

Mariano Rajoy, como ya suele ser habitual en estos casos, no sólo no ha salido personal y públicamente en legítima, sensata y legal defensa de su amigo, ayudante y colega político y subordinado público, sino que ha encomendado a la actual Ministra de Defensa, la multiempleada María Dolores de Cospedal, que diera la cara pero sin asumir riesgos innecesarios de que se la partieran por Trillo.

Y, por tanto, la también Secretaria General del PP lo ha hecho, reuniéndose con las familias y manifestando que tal reunión ‘va a ser un cambio de criterio‘; asumiendo tal dictámen aunque dejando sentado que ello

“no está asociado a la afirmación de la concurrencia de actuaciones subjetivas generadoras de cualquier tipo de culpa”.

Fíjense en la frase empleada, toda una joya para una escuela de liderazgo político y valor. No, no se trata de un crucigrama. Se la traduzco con el fin de que lo entienda el ciudadano de a pie: que una cosa es el linchamiento, gratis total, y otra que el Gobierno vaya a tomar medidas contra Trillo [además de las medidas que le dado/tomado los demás, claro]

Entre otras razones, por una muy principal que no ha tenido tiempo de comentar: sería una ilegalidad mayúscula. Y todo un sopapo también para el poder Judicial.

La asociación recibió el cariño y las disculpas de la Ministra y ésta les garantizó que investigar “por tierra, mar y aire” las razones por las se produjeron irregularidades en torno a la póliza obligatoria del seguro, aunque les advirtió que ni siquiera el empeñado sucesor de Trillo, el socialista José Bono, encontró lo que pretendía.

Por cierto, Bono, como acostumbra, ha salido a la palestra en El País, poniendo a parir a su antecesor, calificando el archivo por la Audiencia Nacional como inexplicable para él y advirtiendo, incluso, que él tiene un documento -que la opinión pública no conoce y que si alguien lo niega lo mostrará- que acredita las dificultades procedimentales para tales contrataciones. Todo un ejemplo, como observarán.

EQM

Dictamen del Consejo de Estado, 201016 [aquí en pdf]

Federico Trillo durante su visita al lugar del accidente del Yak-42, en 2003. BURHAN OZBILICI-AP. Vía EM.

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Trillo y nuestro letal revisionismo     

Carlos Cuesta en El Mundo, 100117.

La Justicia se politizó. Hace 32 años y gracias a una ley orgánica que entregó a los partidos el control del Poder Judicial. Y hoy es la política la que se judicializa. Trillo debería haberlo visto venir. A fin de cuentas, él forma parte de un partido que prometió cambiar la intromisión política en el órgano de gobierno de los jueces, tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo cumplió.

El resultado es obvio: ya da lo mismo. Ni con sentencia ni sin ella un político puede dar por zanjado un asunto. Lo manden a «Perejil», como diría Martínez-Maíllo, o a galeras.

Yo no puedo saber quién es el responsable de las 62 muertes en el trágico caso del Yak-42. Pero sé que en mayo de 2012 los mismos periódicos que hoy publican el dictamen del Consejo de Estado sobre la responsabilidad de Trillo recogían otra noticia:

«Archivada definitivamente la causa sobre el accidente del Yak-42». Y la recogían porque la Justicia, poder que debería gozar de independencia para evaluar las responsabilidades de los procesados, concluía en la Audiencia Nacional el archivo de «la causa en la que se investigaban las presuntas irregularidades en las que se pudo incurrir al contratar el Yak-42 que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), costando la vida a 62 militares españoles».

La noticia aclaraba: «Se rechazan todos los argumentos esgrimidos […] en la vista celebrada el pasado 8 de mayo para justificar una reapertura del cierre inicial de las investigaciones por Fernando Grande-Marlaska».

Pero ha dado lo mismo. Porque el Consejo de Estado ha decidido emitir un informe sobre una materia ya juzgada. Porque un órgano político, supremo órgano consultivo del Gobierno y cuyo principal cometido es «emitir dictámenes a petición de la autoridad consultante», ha decidido asegurar que, pese a lo sentado por la Justicia, el Estado es «patrimonialmente responsable» porque «pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría».

Hoy, unos partidos ríen y otro rabia por el dictamen del Consejo de Estado. Pero les tocará a todos. Porque un mecanismo politizado que desprestigia y trivializa la capacidad de la Justicia se acaba volviendo contra todos. Es cuestión de tiempo. Porque siempre habrá un partido con menos mochila que pueda usar el engranaje contra sus rivales políticos. Y no es cuestión de «¿sacar de España o mandar a Perejil?» a Trillo, como ironizaba el vicesecretario de Organización del PP. Es cuestión de dar rigor e independencia a nuestra Justicia. De dárselo a nuestras instituciones.

vía

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Federico Trillo, el Consejo de Estado y el epicentro de la casta

Una institución venerable se ha convertido en un cementerio de elefantes. Hoy, el Consejo de Estado forma parte de la endogamia política que reparte prebendas a los exaltos cargos

Carlos Sánchez en El Confidencial, 080117.

No hay ninguna duda de que Federico Trillo tiene la piel dura. Muy dura. Tantos años en política haciendo trabajo sucio, casi siempre en las alcantarillas del poder, han construido un personaje shakesperiano rocoso, profundo y taimado incompatible con la compasión y con el ejercicio de la ejemplaridad pública.

Pero más allá de su comportamiento en todo lo que rodea al desastre del Yakovlev-42, lo relevante es que el ‘caso Trillo’ ha aflorado la existencia de un organismo público —casi 10 millones de presupuesto anual— que sigue funcionando como el viejo Consejo de Castilla del que se siente heredero.

El Consejo de Estado —creado en 1526— es hoy una institución que responde a otra época. Y no solo por su opacidad y oscurantismo —sus dictámenes no son públicos de forma inmediata en una sociedad que exige cada día más transparencia—, sino porque sus miembros son cooptados como en las viejas dictaduras soviéticas. Como en la vieja estructura polisinodial erigida en los tiempos de la monarquía hispánica que repartía el poder entre castas y territorios.

Algo que explica que el viejo caserón del Palacio de los Consejos, a tiro de piedra del Palacio Real, siga siendo un cementerio de elefantes por el que pululan como sombras chinescas una exvicepresidenta con el sueldo asegurado de por vida habida cuenta del carácter vitalicio de su empleo (Teresa Fernández de la Vega); varios exministros (Romay Beccaría, Landelino Lavilla, Fernando Ledesma, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, José María Michavila, Ana Palacio, Isabel Tocino); un expresidente del Senado (Juan José Laborda); una exdefensora del Pueblo que solo ha hecho política (María Luisa Cava de Llano); un exjefe de la Casa Real (Alberto Aza); un padre de la Constitución (Miguel Herrero de Miñón); un expresidente del Constitucional (Miguel Rodríguez-Piñero); algún exdiputado socio en el despacho de Miguel Roca (el democristiano Manuel Silva); un exvicepresidente del Poder Judicial (José Luis Manzanares); un expresidente autonómico (Juan Carlos Rodríguez Ibarra) y una filósofa con responsabilidades en la Administración socialista (la filósofa Amelia Valcárcel)

El hecho de que antiguos altos cargos —muchos ya octogenarios— ocupen los puestos clave en el Consejo de Estado no es, sin embargo, una temeridad. Ni una ocurrencia. Al fin y al cabo, se trata de órgano consultivo del Gobierno central y de las comunidades autónomas —perdió sus funciones judiciales con la ley Maura a principios del siglo XX— y parece razonable que quienes han pasado por la Administración durante algún tiempo tengan algo que decir (por eso los expresidentes tienen plaza asegurada). Aunque solo sea por la experiencia. Pero en ningún caso en régimen de monopolio a la hora de dictaminar sobre asuntos transcendentales. Como si España fuera una monarquía absoluta.

Endogamia política

La contradicción surge cuando una institución se convierte en máxima expresión de la endogamia política, absolutamente ajena a la pluralidad de la sociedad española. O expresado en otros términos, cuando el Consejo de Estado no es más que la proyección aritmética de las mayorías parlamentarias, lo que supone, lisa y llanamente, el incumplimiento sistemático de su propia normativa interna, que prevé la incorporación de funcionarios o profesionales con suficientes años de experiencia en la Administración pública.

Parece razonable que quienes han pasado por la Administración durante algún tiempo tengan algo que decir. Aunque solo sea por la experiencia

Es decir, un Consejo más abierto a la sociedad y no un ‘numerus clausus’ del poder establecido con frecuentes conflictos de interés. ¿Se puede ser consejera de Estado y, al mismo tiempo, consejera del Banco Santander? Como sucede en el caso de Isabel Tocino.

El legislador pensó que esa pluralidad estaba garantizada con la presencia en el Consejo de Estado como miembros natos de los presidentes de instituciones como la Real Academia, el Consejo General de la Abogacía, el gobernador del Banco de España o el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pero en la práctica, y a modo de prebenda, son políticos profesionales quienes hacen y deshacen a través de fantasmagóricos dictámenes hechos a instancia de parte. Y cuyo contenido vacía de contenido la separación de poderes que proclama la Constitución. Máxime cuando el régimen de incompatibilidades es tan laxo que muchos consejeros compaginan sus intereses privados con el servicio público, lo cual genera un permanente conflicto de intereses. Los consejeros electivos —donde se refugian los políticos— carecen de régimen de incompatibilidades.

No es posible custodiar la legalidad del acto administrativo —en última instancia la función del Consejo de Estado— cuando tanto los consejeros permanentes como los electivos son herederos directos del poder ejecutivo en la mejor tradición corporativista que solo pretende ocupar el espacio público.

Cien mil euros al año

El propio Consejo tiene en sus entrañas figuras que no se corresponden con el espíritu constitucional. La existencia de consejeros vitalicios con sueldos superiores a los del presidente del Gobierno nombrados por real decreto —figura que ni siquiera existen entre los miembros del Tribunal Supremo— ha dado lugar, incluso, a situaciones paradójicas, como que hasta hace bien poco había consejeros nombrados directamente por Franco y fallecieron ya con casi 100 años.

Fue el propio dictador quien eliminó en su día el carácter vitalicio de los consejeros permanentes (retribución anual de 100.672 euros), y, de hecho, solo le sobrevivieron quienes fueran nombrados con anterioridad a la ley.

Pero la democracia, en lugar de acabar con esa figura radicalmente extraña a la Constitución —todos los funcionarios deben cesar en puesto a una determinada edad— mantuvo una prebenda que ningún otro cargo público detenta. Algo que explica que ser consejero permanente —varios tienen hoy más de 80 años— sea hoy la pieza más codiciada de cualquier político agarrado a las ubres del poder. Y donde podrá acabar Trillo en su día, toda vez que dos puestos de los ocho miembros de la Comisión Permanente están reservados a letrados del Consejo de Estado. Precisamente, la plaza reclamada por el exministro, exembajador y, sobre todo, exmuñidor de palacio.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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