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¿Posverdad que no me engañas?

Ayer, cuando volvía para casa, después de haber leído conciendudamente el formidable texto de Arcadi Espada de los domingos [ver infra] mientras me tomaba, párrafo tras párrafo, mi imprescindible café con leche, pasó por mi lado un vivaracho y joven gitano, motorizado y con megafonía, anunciando al vecindario que prepararan sus cuchillos porque…

¡afiladoooor, afiladooor, ha venido el afiladoooor!

Eso me hizo pensar que mientras tal profesión languidece, irremediablemente, los medios de comunicación han sido invadidos por decenas de periodistas afiladores que en nada tienen que ver con el filo de la noticia y sí mucho con el degüello a la verdad derivada de los hechos y la reflexión.

Yo te doy el titular y tú mira a ver cómo te apañas. El poder del linchamiento gratuíto. La mentira como negocio aceptado socialmente. La fabulación cainíta. El populismo mediático. Infantilismo, twitterismo, sectarismo, analfabetismo. La desaparición del periodismo como docencia, decencia, y con él… el interés general y el sentido común. Política mediática, integrada en la actual ‘aristocracia’.

Así está el tema. El cliente lector siempre tiene razón si ello supone un incremento en mi cuenta de resultados. El periodismo como compañía de seguros en la que el incendio siempre es culpa del chivo [el último, Federico Trillo]. La aniquilación de la fuerza mayor, de la catástrofe natural, de la mala fortuna, del destino. El ciudadano exonerado de leer la letra pequeña de los contratos que firma, sí entiende los grandes titulares de la prensa con su posverdad.

Estos días, muchos medios, están tratando de convertir a los padres de Nadia, ya condenados preventivamente como estafadores, en pederastas. Ahora parece que son fotos de hace 8 años, es decir, de cuando la pequeña tenía unos 3 años y, por falta de medios, dormía en la misma habitación que los padres y pudo ver, digo yo, los tocamientos de sus progenitores. Y auizás más cosas. Qué me dices. Que se prepare la ingente cantidad de familias que tiene que sobrevivir en esas condiciones. Ah, y, por si acaso, que el ciudadano se vaya también olvidando de repetir con sus hijos las fotos infantiles que les hicieron su padres o abuelos en la bañera familiar.

Yo, ante la avalancha de presunciones de culpabilidad hace tiempo que he optado por defender radicalmente la constitucional presunción de inocencia. Los medios han sido autorizados socialmente a emplear lo de ‘presunto’ inmediatamente antes de criminalizar, cuando nuestro marco legal no admite la ‘presunción criminal’. La rentabilidad mediática de la división social, a la búusqueda del chivo expiatorio.

Es la hora de las apariencias de conveniencia como realidad ex cathedra. El algodón mediático como engaño aceptado socialmente. La adicción a comprar la mentira a sabiendas de que lo es. Mola que te cuenten lo que les parece aunque no sea la verdad y ya ni siquiera se base en hechos. El contraste de información como ganas de rozar el rizo.

En fin, la desproporción: ese periodismo avasalladoramente twittero.

Ya casi nada es lo que parece y sin embargo te quiero.

Sin embargo.

EQM

Ilustración de Raúl Arias [España, 1969] en El Mundo, 150117.

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Hoy también amaneció

Arcadi Espada en El Mundo, 160117.

Mi liberada:

Como te adelanté la semana pasada, en la pregunta anual de Edge hay útiles respuestas para el periodismo. El oficio lleva años lamiéndose las heridas de la irrupción digital. Pero extrañamente, y a diferencia de lo que deben hacer los oficios sometidos por la realidad a una crisis devastadora, no lo ha aprovechado para revisar a fondo su naturaleza. El oficio trata de adaptarse a la pérdida del monopolio en la conversación social cambiando de piel y sin preguntarse hasta qué punto puede seguir siendo lo que ha sido. Una línea posible de renovación está contenida en lo que se llama Tercera Cultura, de la que Edge es su principal portavoz. Yo he aprendido mucho del movimiento, que en el fondo no propone más que la aplicación del método científico y del pensamiento crítico, pleonasmo; y creo que el oficio puede también hacerlo.

Debería empezar por el principio, que es la verdad. Postruth es la palabra del año, pero el periodismo hace mucho tiempo que la pronuncia. Durante la segunda mitad del siglo XX fue sensible a las majaderías posmodernas y antirrealistas y trató la verdad como si fuera un relato más. El periodismo, sobre todo en la Europa no anglosajona, fue casi siempre un oficio de gente de izquierdas y la izquierda post 68, esa izquierda fragmentadora que prefirió las políticas de la diversidad a la fuerza aglutinadora de lo común, recelaba de la verdad por su carácter autoritario: esa cosa incomodísima de la verdad, que es una y cazurra a diferencia de su némesis, siempre tan plural, diversa, antidogmática, poseuse ¡y gochista! La verdad era de derechas.

El punto de vista aún colea entre los patéticos restos del naufragio. Hace algunas semanas y durante las maniobras de botadura de lo que quiere ser un medio de comunicación vinculado al partido Podemos, uno de sus portavoces del género humano aún sentenciaba que la objetividad no existe.

El modelo débil de la verdad se ha manifestado de muchos modos en el periodismo. Uno de los más dañinos es la equidistancia entre verdad y mentiras y la consideración de que la verdad es una versión más de los hechos. Las informaciones siempre han tenido el prurito democrático de darle a la mentira la oportunidad de expresarse. Aunque el periodista tuviese pruebas de que un hecho es verdadero daba la palabra al que lo negaba. Hasta hace unas cuantas semanas el Times no percibió cómo esa práctica distorsionaba la representación de la realidad y las obligaciones del oficio.

Tuvo que llegar Trump para que lo hiciera. Tal vez demasiado tarde. El público, mecido en el líquido amniótico digital y en la adulación permanente de sus creencias, ya es capaz de sostener con la impasibilidad que solo da la burricie que el sintagma Roma venció a Cartago es una simple versión de los hechos. El psicólogo David Pizarro, en sus respuestas a Edge, da cuenta del mecanismo psicológico (razonamiento motivado) que consiste en creer de modo más rápido y fácil los hechos que confirman nuestras convicciones antes que aquéllos que las perturban. Lo que lleva a pensar si no es el motivo comercial lo que prescribe la equidistancia. El cliente siempre tiene razón.

Recordarás que Steven Pinker proponía recuperar el segundo principio de la termodinámica. Parte de su respuesta detalla otra cosa importante que la Tercera Cultura puede hacer por el periodismo: “La segunda ley presupone que la desgracia puede no ser culpa de nadie. El mayor avance de la revolución científica fue arrumbar la intuición de que el Universo está saturado de designios, que todo sucede por una razón. Esto impulsa a la gente a buscar a un acusado, a un demonio, a un chivo expiatorio o a una bruja a los que castigar por ello”. Al periodismo le aguardaría una vida difícil sin culpables. Siempre hay que hacer dimitir a alguien. Pero en muchas ocasiones la exigencia solo describe una visión inmadura de lo real que se completa con esa búsqueda forzada del sentido de las cosas que confunde la vida con la novela.

Jared Diamond, el autor de Armas, gérmenes y acero, propone una recuperación conceptual subversiva: el sentido común. Cita en su respuesta edgiana la recomendación de Mr Bridgess, su viejo profesor de geometría: “Use el sentido común y no se deje seducir por los detalles. Tarde o temprano alguien descubrirá errores en esos detalles”. Una recomendación ideal contra el periodismo conspiranoico. A la luz de un foco desmesurado, cualquier asunto revela oscuridades en la cadena de sucesión de los acontecimientos. Cuando el periodista vincula alguna de esas oscuridades con una hipótesis turbadora los resultados pueden ser hirientes: se acaba sugiriendo que Lyndon B. Johnson mató a Kennedy o que el 11-M lo organizó el Psoe. No todas las oscuridades pueden iluminarse en un determinado estadio del conocimiento: pero el sentido común evita el mal mayor de la ignorancia, que es el de la fabulación histérica, oportunista y organizada.

El periodismo tiene que arrimarse también a la Tercera Cultura para investigar su responsabilidad en la fábula de los buenos viejos tiempos. Al parecer hay presiones biológicas (“Detectar una cara enojada entre la multitud es más fácil y rápido que dar con un rostro feliz”, dice Michael Shermer, alertando sobre el sesgo negativo) para que los hombres se adhieran a la melancolía, incluso como programa político, pero el periodismo ha de curarse para siempre de la enfermedad infantil del perrodismo, noticia-es-hombre-que-muerde-perro.

El periodismo contemporáneo tiene un reto ante la normalidad y el progreso, ante la necesaria dialéctica entre el sobresalto y la continuidad y en el subrayado del fino subtexto que llevan los periódicos y que murmura: “Hoy también amaneció”. Y, por último: el periodismo debe compensar su sistemática afición a describir el mundo por el lado de las letras (Nurture) antes que por el de las ciencias (Nature). Se comprende que sea más fácil viajar al barrio de un psicópata y entrevistar a los vecinos que hacerlo a su cerebro y lograr que la sinapsis correspondiente declare: “Era un hombre muy normal”.

Pero nadie dijo que este fuera un oficio fácil. ¡A pesar de la apariencias! Porque, desdichadamente, quizá sea este el oficio donde se da una desproporción mayor entre su importancia social y la calidad intelectual de los que lo practican. Y lo peor: la desproporción crece por los dos lados.

Pero ya advierto tu mohín escéptico. No solo la verdad. La objetividad, los hechos, la termodinámica, el sentido común, el futuro, la biología, la inteligencia… Todo de derechas.

Así que sigue ciega tu camino.

A.

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Aportación de Leonard Giovannini al texto de Arcadi, en su blog, 150117:

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Mujeres que leen cartas, por Leonard Giovannini

Hoy plagiaremos a Giacomo Balla, otro artista de la escudería arcadiana. En el cuadro original, una madre y una hija leen una carta, deducimos que del padre. Lo más importante del tríptico son los paneles laterales (¡que aparentemente sobran!), en los cuales se despliega la información implícita en el central. A la izquierda, en el rincón oscuro, las ropas sobre la silla vacía sugieren una ausencia permanente, una muerte: la madre teme alguna desgracia. A la derecha, la luz que entra por la ventana significa la esperanza, la posibilidad de buenas noticias: la niña confía en el regreso. Leída la obra de izquierda a derecha, el mensaje es optimista.

En nuestra versión, la madre es K y la niña es la hija-víctima en la que pretende perpetuarse.

En actitud vigilante, K lee la carta por encima de la niña; esta lee a su vez, y en su inocencia parece disfrutar de la lectura, para disgusto de K. Pero notemos que el panel central está invertido: K pretende que la niña dé la espalda al hecho -poco interesante- de que se ha hecho de día. K se ha propuesto que a la niña no le llegue ni un reflejo de luz diurna (aunque la carta de Arcadi, rayito de sol, ilumina la frente de la pequeña), por lo que la alumbra con la llama de un pequeño pebetero, la luz del sensacionalismo. En el panel izquierdo, las sombras de K y la niña, proyectadas por la llama temblorosa, aparecen como la fantasmagoría de un hombre que devora un perro.

La niña está encerrada en una caverna, de espaldas a la Verdad. El único modo de salir de esa caverna (¡la verdadera caverna mediática!) es que el periodismo se practique con el rigor de la ciencia (pero en los tiempos del sesgo de confirmación y el sesgo de publicación… ¡Los científicos actúan con frecuencia como malos periodistas! ¡Hay que volver a los cinco puntos de Bunge!) La salvación del periodismo está en ofrecer un producto aburrido. Aburrido y fiable como un diccionario. Debe perder lectores para establecerse como referencia universal. La obra de consulta.

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La Justicia imperfecta

“Mírame a los ojos: ¿crees que maté a mi mujer, con lo que yo la quería…?”

El funcionario de la Universidad de Jaén absuelto tras nueve meses preso acusado de asfixiar a su esposa, enfermera, reclama al Estado una indemnización de 500.000 euros

José Antonio Hernández en El País, 150117.

Han pasado ya más de cuatro años desde aquel 8 de octubre de 2012, fecha de la muerte de Antonia. Fue lo que entonces se llamó el crimen de la enfermera, por el que Jesús permaneció nueve meses en prisión bajo el cargo de asesinato de su esposa. Un jurado popular de la Audiencia de Jaén le absolvió del crimen dos años después, en mayo de 2014, y ahora Jesús reclama al Estado medio millón de los euros “por los daños morales” que le supuso su cautiverio. El juez de violencia machista le liberó a los nueve meses al ver contradicciones y anomalías en los informes forenses oficiales.

El juez instructor y el fiscal entendieron, basándose en los primeros informes oficiales forenses,  muy cuestionados en el juicio, que Jesús la había golpeado y luego asfixiado posiblemente con la almohada. Aparentemente, tenía un móvil, una infidelidad de ella y el hartazgo de Jesús con la costumbre que había adquirido su esposa de inyectarse propofol, un anestésico leve que sacaba  del hospital y que algunas veces se inoculaba “para evadirse”.

La tarde o tarde/noche (la hora de la muerte fue crucial en el desarrollo de la investigación) en que murió Antonia, Jesús se marchó de casa enfadado tras notarle el habla “pastosa” (otra vez se había inyectado anestésico). Se fue a casa de un colega de la universidad que vivía solo y tenía camas de sobra. Al día siguiente, entrada la tarde, se dio una vuelta por la zona y le extrañó no ver luz en la ventana de casa. “Subí preocupado a ver qué ocurría. La primera vez que entré en el dormitorio, no la vi, y es que el cuerpo estaba volcado hacia el suelo y no se veía la cabeza… Intenté reanimarla y llamé al 112”, señala Jesús a EL PAÍS. Nunca quiso hablar con la prensa. Lo hace ahora por primera vez a requerimiento de este periódico “y para aclarar cualquier duda”.

El contenido de la grabación de esa llamada impactó al jurado. Oyéndola, sentado en el banquillo de los acusados, Jesús rompió a llorar. Entre el público, donde había numerosos amigos de él y familiares de ella, también hubo muchas lágrimas. Se oye a Jesús sollozando y rogando “una ambulancia urgente” mientras una operadora trata de calmarlo y le da instrucciones de cómo intentar reanimarla mientras llega la ambulancia. “¡¡¡Ayy mi Antonia!!!… por favor, mande una ambulancia… Sí, ya le hecho el boca a boca, pero no respira…”. “Déle un pellizco en el brazo a ver si se mueve”, se escucha decir a la operadora”. Jesús, hombre de tono moderado, recuerda con dolor cuando la policía de Jaén, tras ingresar en prisión, le definió ante la prensa “como una persona fría y calculadora”.

Días después del entierro, empezó su calvario. Su cuñado guardia civil le acompañó a la comisaría porque querían preguntarle algunas cosas. “No te preocupes, están con papeleo y sus trámites, pero no pasa nada”, le comentó. La segunda vez que le avisaron para que acudiese a la comisaría, a finales de mes, ya no salió de allí. El juez había recibido un informe forense de Sevilla que revelaba que la muerte era violenta, alevosa y por sofocación.

La autopsia hecha en Jaén situó la muerte 36 horas antes de ser encontrado el cuerpo. Y se daban dos versiones: una enclavaba el fallecimiento entre las 7.10 y las 15.10 del día 8; y, en otra, entre las 15.00 y las 18.00 horas. Jesús explicó que él se había marchado hacia las 20.00 horas del día 8, y los investigadores infirieron que estaba en casa cuando murió Antonia. “Ella estaba bien cuando me fui, comimos juntos y luego se echó en la cama y me despedí de ella al irme”. Su abogado, Diego Ortega, contrató a expertos forenses en Málaga y Galicia que dictaminaron que la hora de la muerte pudo producirse hasta las 21.30; es decir, cuando Jesús ya se había ido.

El juez instructor decidió dejarle en libertad cuando meses después los forenses oficiales le presentaron un nuevo informe de ampliación de autopsia en el que, si bien mantenían la virulencia de la muerte, extendían la hora del óbito hasta las 21.00. Inicialmente rechazó los informes de los forenses privados al considerarlos “no objetivos”, pero modificó su postura al ver que los oficiales modificaban y ampliaban la data de la muerte.

Ortega, en el escrito que ha elevado al Ministerio de Justicia exigiendo una indemnización de medio millón de euros, al que ha tenido acceso este periódico, tacha de “penosa” la investigación forense. “Los estudios que hicieron sobre los niveles de potasio en humor vítreo, de los fenómenos cadavéricos y de la mancha verde de la putrefacción cadavérica fueron absolutamente inaceptables (…) para precisar la hora de la muerte es necesario tomar, en el levantamiento del cadáver, la temperatura rectal del cadáver y la ambiental, y no se hizo; ni tampoco se extrajo en ese momento el humor vítreo, y además pasó excesivo tiempo antes de que las muestras se remitiesen, sin refrigerar, a Sevilla para su análisis”. El abogado se queja: “La errónea data de la hora determinó el ingreso en prisión y le condujo hasta el juicio. Nunca tuve la menor duda de su inocencia. En la vista quedó claro que no había nada de estrangulamiento y que los signos de asfixia pudieron deberse a que la cabeza quedó colgando hacia el suelo; unido a que el propofol puede provocar arritmias y apnea, y esa fue muy probablemente la causa de la muerte”, expone Diego Ortega.

Cuando de la voz del portavoz del jurado salió la frase “no culpable”, el público se desentendió de la solemnidad del juicio e irrumpió en aplausos y voces de júbilo. Jesús, entonces de 51 años, agachó la cabeza en su banquillo con las manos cruzadas, y también lloró, mientras se le acercaban amigos dándole abrazos, y también familiares de ella”. No era para menos. El fiscal y la Junta de Andalucía, personada en el caso, le pedían 18 años de cárcel por el asesinato de su mujer. El fiscal no recurrió el veredicto de inocencia y la sentencia es firme. Esta pasada Navidad, como las últimas desde que murió Antonia, Jesús las ha pasado con su suegra y otros familiares en Cartagena (Murcia). Sigue muy unido a su familia política. El matrimonio no tuvo hijos.

“Me sentí muy impotente en la cárcel. Pasé del dolor por la muerte de mi mujer al sufrimiento”, indica. “Se dijeron muchas mentiras; lo de la infidelidad lo habíamos superado [estuvieron en un psicólogo]. Nos llevábamos bien e incluso teníamos planeado un viaje. No me gustaba lo del propofol, pero nos queríamos…”.

“Irregular investigación forense”

El Ministerio de Justicia ha enviado la reclamación del medio millón de euros por daños morales que demanda Jesús Arteaga al Consejo del Poder Judicial y al Consejo de Estado, para que informen. El órgano de gobierno de los jueces acaba de dictaminar que entre sus cometidos no está el valorar los errores judiciales, lo que solo puede hacer un órgano judicial superior, el Tribunal Supremo en este caso. Y que lo denunciado por Jesús entra en el terreno del error judicial y, por tanto, se sale de lo que se considera un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que sí está entre sus competencias.

Respecto a las “irregularidades” que describe el letrado sobre la actuación del Instituto de Medicina Legal (IML) de Jaén, el Consejo señala: “Se trata de valoraciones técnicas, de la adecuación o no de la técnica forense que este órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial no puede valorar. El reclamante”, añade el Consejo, “imputa a esta investigación médico legal su imputación y prisión. Sin embargo, ha de decirse que dichas decisiones fueron adoptadas por un órgano judicial a la vista de los datos e información obrantes en la causa, y que este Consejo no puede valorar las decisiones judiciales, cuyo acierto, o no, solo es oponible mediante los recursos oportunos o, en su caso, mediante la articulación del procedimiento del error judicial”.

En los nueves meses que estuvo Jesús preso, su abogado aportó informes de expertos forenses que refutaban a los oficiales, pero el juez los rechazó inicialmente alegando que eran de parte y “no objetivos”.  Cambió de opinión cuando vio que los forenses oficiales ampliaban la hora de la muerte. Los forenses de Jesús destaparon que no se podía determinar con precisión la hora de la muerte porque no se había tomado “la temperatura rectal y ambiental del cadáver”, entre otras anomalías. “Hubo un excesivo tiempo de estancia de las muestras en las dependencias del IML de Jaén y remisión de ellas sin refrigerar al Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla, seis días después de recogidas”.

El Consejo de Estado aún no se ha pronunciado sobre si procede la indemnización. Ninguno de los informes es vinculante. La última palabra la tiene el Ministerio de Justicia.

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La cara oculta de la violencia de género

La Ley contra la Violencia de Género aprobada por el PSOE en 2004 y mantenida por el PP es un engendro jurídico de naturaleza profundamente injusta.

Manuel Llamas en LD, 150117.

El alud de críticas que levantó recientemente el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas por atreverse a cuestionar el pensamiento único, la verdad revelada por la todopoderosa progresía patria, acerca de las causas que originan la mal llamada “violencia de género” vuelve a poner de manifiesto la terrible dictadura de lo políticamente correcto que, por desgracia, se ha instaurado en España. Todos aquellos que osen poner en duda ciertos dogmas ampliamente extendidos, aunque no por ello veraces, deben ser sacrificados en la pira del escarnio y la burla pública.

¿El delito de Salas? Señalar que el machismo no es, por sí solo, el único factor que explica el maltrato y los asesinatos cometidos en el ámbito de la pareja, así como criticar la desigualdad jurídica que instauró la Ley contra Violencia de Género aprobada por el Gobierno del PSOE en 2004. ¿La reacción de la opinión pública y publicada? Blasfemo, hereje, fariseo, machista, misógino… ¡A la hoguera!

Pero el “machismo” no es, ni de lejos, el único mantra que la izquierda, en general, y el feminismo, en particular, han logrado colar, tan hábil y sibilinamente, en el imaginario colectivo de los españoles. Así, en esta materia existen, al menos, tres verdades políticamente incorrectas poco difundidas y aún menos conocidas por el conjunto de la población.

1. España, a la cola en violencia de género

La primera y, quizá, más importante es que, a diferencia de lo que pudiera parecer, España es uno de los países con menor tasa de “feminicidios” del mundo (muertes violentas de mujeres). La violencia en las relaciones de pareja existe, sin duda, y, desde luego, constituye un grave problema que es preciso combatir, pero ello no quita que su incidencia real en España se sitúe a una gran distancia de la inmensa mayoría de países, incluidos los europeos.

El último Informe Internacional sobre la Violencia contra la Mujer que elaboró el Centro Reina Sofía arroja varios datos relevantes al respecto. “España es uno de los lugares más bajos en el ranking internacional sobre violencia en general y sobre violencia contra la mujer en particular”. Así, la tasa media de feminicidios cometidos por cualquier agresor superó los 19 por millón de mujeres en 2006 para el conjunto de los 44 países analizados, pero España ocupa el puesto 36, con 5,15 mujeres asesinadas, la mitad que en la UE (11,66) y ocho veces menos que en América (39,6).

El resultado es similar si se acota el análisis a los feminicidios cometidos en el ámbito de la pareja: la tasa media de los 35 países analizados se reduce, en este caso, a 5,04 por millón de mujeres mayores de 14 años, mientras que en la UE se sitúa en 3,94, lo cual contrasta con las 2,81 muertes por millón que registra España (puesto 24), a la cola de los países europeos.

Cabe recordar que en 2006 ya había entrado en vigor la famosa Ley contra la Violencia de Género ¿Cómo ha evolucionado esta problemática desde entonces? Para ello se puede acudir a la macroencuesta que publicó en 2014 la Comisión Europea. Una vez más, los datos, correspondientes a 2012, son significativos: el 12% de las españolas mayores de 15 años reconoce haber sufrido “violencia física” al menos en una ocasión por parte de su pareja a lo largo de su vida, lo cual es terrible, pero la cuestión es que se queda lejos del 20% de media existente en la UE. De hecho, España ocupa el último puesto del ranking europeo en esta categoría, asociada directamente con el maltrato.

Lo más curioso de este estudio, sin embargo, es que cuando se pregunta a los encuestados acerca de la percepción que tienen sobre la violencia de género en sus respectivos países, España se sitúa entre los primeros puestos, ya que el 53% piensa que este problema es “bastante común” y el 31% “muy común”, frente al 51% y el 27% de media que presenta la UE, respectivamente. De este modo, la apreciación social acerca de este drama es casi inversamente proporcional a su incidencia real. Pese a que la violencia contra las mujeres en España es baja, la sensación general de la opinión pública es que es muy alta; mientras que en los países del norte de Europa, donde la violencia es alta, su percepción es muy inferior.

¿A qué se debe esta divergencia? Tal y como recordaba el catedrático José Sanmartín Esplugues en el citado informe del Centro Reina Sofía, “los medios de comunicación no sólo pueden inducir imitación o insensibilización ante la violencia real, sino también -y sobre todo- lo que pueden hacer es sesgar la visión de la realidad, haciendo que se perciba, por ejemplo, más violenta de lo que ya es de por sí”. Pero más allá del papel de los medios, también es muy posible que este particular sesgo al alza tenga que ver con la mayor concienciación y sensibilización que, hoy por hoy, tiene la sociedad española con respecto al maltrato hacia las mujeres. En todo caso, sean cuales sean las causas de esta mayor percepción, los datos objetivos demuestran que el problema, aun siendo grave, es menos común de lo que se piensa.

2. La violencia de género permanece estable

De hecho, si se amplía la perspectiva histórica hasta el inicio de la democracia, que es cuando se instaura expresamente en España el principio jurídico esencial de plena igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, se descubre que la denominada violencia de género -antes, violencia doméstica- ha permanecido más o menos estable a lo largo de las últimas décadas. Así al menos lo demuestran las macroencuestas específicas sobre esta materia elaboradas periódicamente por el Gobierno.

En 1999, el 12,4% de las mujeres mayores de 18 años declaraba haber sufrido “frecuentemente” o “a veces” algún tipo de violencia familiar, desde reproches o hacer oídos sordos, hasta insultos, desprecios, enfados sin llevar razón o maltrato propiamente dicho, tanto físico como psicológico. En esta categoría se encuadrarían las denominadas maltratadas “técnicas”, aquellas que, pese a padecer una situación de mayor o menor sometimiento en el ámbito familiar, no se consideran a sí mismas como maltratadas. Su número ascendía en esa fecha a algo más de 2 millones de mujeres. Por otro lado, el porcentaje que sí reconocía abiertamente haberse sentido maltratada por algún familiar o pareja durante el último año se reducía al 4,2%.

Hasta 2006, su incidencia se redujo ligeramente hasta el 9,6% y 3,6%, respectivamente. Aunque en 2011 cambia en algunos aspectos la metodología de la encuesta, la problemática se mantiene en términos similares: el 9,7% de las mujeres de 18 o más años (1,9 millones) se encontraba en situación de maltrato técnico y el 3% se reconocía maltratada por su pareja o expareja (unas 590.000).

En la última encuesta disponible, la correspondiente a 2015, vuelve a cambiar la metodología, pero siguen sin observarse grandes variaciones en los resultados. Así, del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 12,5% sufrió algún tipo de violencia física y/o sexual de sus parejas o exparejas en algún momento de su vida; y el 2,7% (540.000) admitía haber sufrido violencia física y/o sexual de sus parejas o exparejas en el último año. Son datos muy similares a los que refleja la encuesta de la Comisión Europea de 2012 citada anteriormente.

maltrato-vgHasta 2006, los datos se refieren a violencia doméstica y mujeres de 18 o más años en el último año; en 2011, a violencia por parte de parejas o exparejas en el último año; en 2015, a mujeres de 16 o más años que hayan sufrido violencia en el ámbito de la pareja alguna vez en su vida (maltrato técnico) o en el último año (maltrato reconocido).

Así pues, a pesar de los cambios metodológicos, se observa que la incidencia de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar o de pareja a lo largo de las últimas dos décadas oscila entre el 9% y el 12% si se alude a cualquier tipo de sometimiento o agravio, y entre el 2,7% y el 4% a maltrato explícito y reconocido por parte de la afectada en el último año. Así pues, este problema permanece más o menos estable a lo largo del tiempo e incluso desciende cuando se circunscribe al maltrato expresamente reconocido.

Algo similar sucede cuando se analiza la evolución de mujeres víctimas mortales por violencia de género, cuyo número, por desgracia, ha oscilado entre los 60 y 70 casos anuales desde 1999, sin que la polémica Ley contra la Violencia de Género, cuya entrada en vigor se produjo en 2005, haya logrado reducir esta lacra.

muertes-vgFuente: Asociación de Mujeres Juristas Themis (hasta 2001, aunque los datos oficiales de Interior son incluso inferiores), Ministerio del Interior y Ministerio de Sanidad.

3. Incentivos para presentar denuncias falsas

La gran discrepancia, sin embargo, llega cuando se atiende el número de denuncias por maltrato. Según los datos oficiales, su evolución se mantuvo más o menos estable en los años 80 y 90, oscilando entre las 15.000 y las 20.000 denuncias anuales durante todo este período. Sin embargo, se disparan por encima de las 70.000 a principios de la pasada década para, posteriormente, casi volver a duplicarse a partir de 2005, coincidiendo con la puesta en marcha de la Ley contra la Violencia de Género.

denuncias-vgFuente: Instituto de la Mujer; Ministerio del Interior; Poder Judicial

El primer salto tiene una explicación lógica y clara, ya que en junio de 1999 se aprobó una reforma que cambia varios artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuestiones referidas a los malos tratos. Así, por primera vez, se contempla como delito el maltrato psicológico, que es una forma de violencia mucho más habitual que la física. Además, a diferencia de lo que sucedía hasta entonces, el delito de violencia contra la mujer se extiende también a los casos de exparejas, que antes se consideraban como una falta o delito ejercido por cualquier otro tercero. La inclusión de estos dos cambios se materializa en un aumento sustancial de las denuncias por violencia de género, ya que los casos de maltrato psicológico y por parte de exparejas empiezan a contabilizarse como tales.

Sin embargo, no sucede lo mismo con el salto que se registra en 2007, cuando las denuncias pasan de 70.000 en 2005 a más de 126.000, tras la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género. La naturaleza de este cambio legal no consiste tanto en la recalificación de actos o comportamientos delictivos como en el pionero sistema de prevención y castigo a los maltratadores y el amplio régimen de protección y ayudas a las víctimas. Y ello, en base a un principio que vulnera de forma flagrante la igualdad ante la ley: la famosa “discriminación positiva”. La idea consiste en aplicar penas distintas en función de si el delito lo comete un hombre o una mujer, así como en conceder todo tipo de ayudas económicas y ventajas jurídicas a las denunciantes, antes incluso de que se dicte sentencia.

La norma ha sido criticada por numerosos y prestigiosos juristas, incluido el propio Consejo General del Poder Judicial, que en 2004 elaboró un informe muy crítico sobre la ley por introducir el principio de discriminación positiva a favor de la mujer, pero el Tribunal Constitucional acabó avalándola en 2008, aunque por escaso margen (siete votos a favor y cinco en contra). Entre otras medidas, crea tribunales exclusivos para resolver este tipo de delitos e invierte la carga de la prueba, presuponiendo la culpabilidad masculina, hasta que se demuestre lo contrario, con la mera denuncia de la presunta víctima.

Según señala la Asociación Europea de Abogados de Familia, uno de los resultados más perversos de su aplicación es que “las acusaciones por malos tratos planean sobre la mayoría de los procesos de separación, y muchos abogados se han especializado en introducirlos como elemento de presión”. Y añade que los incentivos para caer en este tipo de prácticas son numerosos:

– Con una simple denuncia, el expediente de separación pasa del Juzgado de Familia, civil, a Violencia de Género, penal.
– Se aplican una serie de medidas cautelares desproporcionadas, que van desde la orden de alejamiento a la salida inmediata del domicilio, la suspensión del régimen de comunicación y estancias con sus hijos. Todo esto antes de haber sido juzgados.
– La mujer que denuncia obtiene a los tres días una resolución en la que se le reconoce prácticamente al 100% de los casos la custodia de los hijos y una pensión alimenticia, así como el uso de la vivienda.
– La mujer que denuncia, aunque tenga medios económicos sobrados, puede beneficiarse de un abogado pagado por la Administración.
– Incluso sin denuncia, el uso torticero de esta Ley como instrumento de coacción influye, de manera determinante, en muchos de los acuerdos que se adoptan.

“Cualquiera que esté en contacto con la terrible realidad de las rupturas matrimoniales, los pleitos de divorcio, los pleitos por la custodia de los menores, los pleitos por la liquidación del régimen económico de gananciales, sabe hasta qué extremos la ley ha envilecido cualquier afecto conyugal”, indican desde la entidad. En la actualidad, “una de cada cuatro separaciones matrimoniales o de pareja va acompañada de denuncia por malos tratos, y en las que no, la amenaza de denuncia suele estar presente”, concluyen.

Los abogados de familia no son los únicos que denuncian este tipo de prácticas ilegales, perversas e inmorales. Las asociaciones de padres que reclaman la custodia de sus hijos, los hombres afectados por la Ley de Violencia de Género y hasta el Sindicato Independiente de la Policía coinciden en que existe un grave problema con el tema de las denuncias falsas, pero rara vez son escuchados y aún menos atendidas sus reclamaciones.

El Poder Judicial, por el contrario, alega que el número de denuncias falsas es marginal, puesto que apenas supone el 0,008% del total, pero este dato se refiere exclusivamente a los pocos casos que, según los criterios de la Fiscalía, son incoados por denuncia falsa y probados como tales. La cuestión, sin embargo, es que este mismo argumento se podría aplicar a las denuncias por violencia de género.

Así, según los propios datos del Consejo General del Poder Judicial, de las 129.000 denuncias presentadas en 2015, tan solo 29.000 acabaron en sentencia condenatoria, el 22% del total, mientras que el resto fueron sobreseídas o archivadas por falta de pruebas -el 12% fueron retiradas por las propias denunciantes-. Así pues, siguiendo este mismo criterio, también se podría decir que el 78% de las denuncias son falsas.

La verdad es que ni una cosa ni otra. Ni las denuncias falsas son testimoniales como pretende vender la Fiscalía ni casi todas las que se presentan son falsas. Entre las cerca de 100.000 denuncias anuales que quedan exentas de condena por falta de pruebas habrá de todo, pero resulta bastante razonable pensar que una parte no pequeña de éstas son falsas como consecuencia de los perversos incentivos que introduce la ley. Sólo así se explicaría el repentino y sustancial incremento de denuncias entre 2005 y 2007.

Un ley injusta, inútil y dañina

A la vista de estos y otros datos, se pueden alcanzar una serie de conclusiones que, si bien son relevantes, son desconocidas para el gran público. En primer lugar, que, pese a la opinión generalizada que existe al respecto, España es uno de los países con menor tasa de feminicidios y de violencia de género del mundo. En segundo lugar, que este problema, pese a ser grave, se ha mantenido más o menos estable a lo largo del tiempo, si bien es cierto que la concienciación social y política sobre esta cuestión ha aumentado mucho, propiciando con ello cambios legales para endurecer las penas a los maltratadores y ampliar la protección a las víctimas.

Ahora bien, dicho esto, también es evidente que la Ley contra la Violencia de Género aprobada por el PSOE en 2004 y mantenida por el PP desde entonces constituye un engendro jurídico de naturaleza profundamente injusta e inconstitucional, puesto que vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Un engendro que, además, ha resultado del todo punto inútil para reducir el número de víctimas.

Y lo peor es que, por el camino, ha generado toda una serie de incentivos perversos para presentar denuncias falsas con el fin de sacar rédito, ya sea económico o personal, dejando a su paso todo un reguero de víctimas masculinas invisibles, cuyas libertades básicas y derechos fundamentales están siendo pisoteados de forma absolutamente despreciable y vergonzosa. Las injusticias jamás se combaten con otras injusticias.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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