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El frío y la vivienda como puertas giratorias gubernamentales

Las deproporcionadas atenciones de discriminación positiva para con determinadas minorías ruidosas oy/o interesadas pueden llegar a colmar la paciencia de esas silenciosas mayorías abandonadas a manos de una corrección política que pone en cuestión sus valores y de unos oligopolios que copan el mercado de los productos más consumidos y de los servicios de interés público y que no se encuentran verdaderamente sometidos al control ni amparados pòr la protección exigible a a todo Gobierno perteneciente a un Estado democrático y de Derecho.

La victoria de Trump -como el Brexit británico, el cabreo social anti-inmigratorio alemán o la vuelta a la grandeur de la derecha radical francesa– no dejan de ser consecuencias directas de tal desvertebración, que también está afectando al modelo familiar, las relaciones de pareja o incluso a la propia concepción de la cultura propia.

La política actual de Occidente ha sido desbordada por los poderes económicos y, al convertir a éstos en marionetas, los tradicionales líderes del bipartidismo europeo han pasado a ser la viva imagen de una nefasta corrección política que ya muy pocos quieren aguantar más.

En relación con el dominio de la economía denominada global -toda una desgracia basada en un radical neocapitalismo liberal dirigido al consumismo ciudadano más desaforado y envuelto en exorbitantes cuentas de resultados apoyados en un trato anónimo y engañoso a los clientes captados con la actual posverdad comercial- no hay más que examinar de qué modo jeroglíficas facturas -incomprensibles para el común- son remitidas para el pago de servicios tan esenciales como el gas, la electricidad, las comunicaciones, etc, incrementando su importe sin cesar y consolidando, simultáneamente, un grado cada vez mayor de necesidad de tal consumo.

Mientras los Gobiernos dejan hacer, es decir, permiten el enriquecimiento descontrolado de tales empresas, convertidas, de hecho, en oligopolios con precios previamente consensuados y que, en el colmo de la complicidad, incluyen en el precio los impuestos indirectos emboscados por el poder ejecutivo, para, con tal argucia que se califica por sí mismo, contar con mayor aportación ciudadana al erario público

Tales comportamientos gubernamentales, absolutamente extendidos y aceptados no sólo en Bruselas sino también en el seno del Parlamento Europeo, donde -para que se hagan una idea de la desastrosa y burocrática gobernanibilidad del actual modelo organizativo de la Unión Europea- se acaban de elegir 14 Vicepresidentes…, producen efectos rebote tan demagógicos como gravemente arriesgados, como acaba de ocurrir estas últimas semanas con el mercado hipotecario, esa adquisición de casa propia tan consustancial a la vida española.

Eso precisamente es lo que ha ocurrido con motivo de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de de 211216, que sólo pretende que la devolución de lo abonado en virtud de los efectos de la declaración de nulidad de puntuales cláusulas suelo hipotecarias consideradas abusivas, se produzcan desde el inicio de la relación crediticia y no desde la fecha de la sentencia, como había establecido una sentencia de nuestro Tribunal Supremo en 2013.

Pues bien, tal veredicto ha desatado las alarmas en España porque, contra todo raciocinio, está derivando, social y políticamente, en la perversión consistente en poner en cuestión otras muchas y genéricas cláusulas contractuales que nadie puede negar que hayan sido voluntariamente acordadas por las partes, en pleno uso de sus facultades y en presencia del Notario -obligado a vigilar que éstas firmen sabiendo lo que firman-, lo cual sería tanto como decir que los españoles somos bobos de baba y, por tanto, sin capacidad de obrar.

De modo que este es el dislate en el que nos encontramos -muy indicador de lo que se cuece sociopolíticamente- y que proliferará en la medida en que sigamos con un comportamiento similar: es decir, el Gobierno no se siente responsable in vigilando y deja de controlar tanto a las grandes empresas como a la banca; a cambio, saca variopinto rédito de y por ello; pero cuando salta la alarma social, el escándalo, reacciona con tal virulencia -tratando de hacerse perdonar su desleal comportamiento para con la ciudadanía- que, al tomar medidas tan desproporcionadas y patriarcales, pone en peligro el equilibrio de intereses y acaba colocando a la población en una situación peor de la que estaba.

La ola de frío de estos días nos ha dejado a todos helados también con la tremenda subida del precio de la energía eléctrica, en virtud de cálculos que casi nadie entiende y en los que muy pocos depositan su confianza. Y la actitud vacilante del Ministro Nadaltratando de explicar a los ciudadanos, también en la tele, de qué va el asunto, que la culpa la tiene, entre otros, el error de las renovables y asegurándonos que hay que estar tranquilos porque ya se encargará el Ministerio de informarse, vigilar y tomar medidas, es la prueba más evidente de que la historia se repite.

Urge, pues, que la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales alcance esas cruciales relaciones del poder político con el poder económico antes de que los votantes transformen su actual y legítima tendencia a regenerar el  establishment y pasen, directamente, a volar el Sistema.

EQM

Borrador del Decreto-Ley sobre cláusulas suelo [pdf]

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El precio eléctrico: dejen de disparar al pianista.

Isidoro Tapia en El Confidencial, 190117.

Que nos pregunten a los que trabajamos en el sector energético por la factura de la luz es tan habitual como a los médicos por los efectos del tabaquismo o a los economistas por la bolsa. Habitualmente, respondemos de la misma manera titubeante que los segundos. Voy a intentar responder como lo hacen los primeros. Como decía un buen amigo, intentaré explicarme para que hasta yo mismo sea capaz de entenderlo.

El precio de la luz tiene tres grandes componentes: impuestos, el coste de la energía y la denominada parte regulada (aquí viene la primera confusión, porque en realidad todo está regulado). Tal vez sea más sencillo pensar, en lugar de en KWh, en plátanos. El precio que pagamos por un plátano también tiene tres componentes: impuestos, el coste de “producirlo” (es decir, el coste para el agricultor de plantarlo y recolectarlo) y todo lo demás (el coste de transporte, el margen del frutero vende los plátanos, la parte correspondiente al alquiler de la frutería, etc.).

Distintos consumidores

El coste regulado (el todo lo demás) está formado por un conjunto de partidas para garantizar un suministro estable, como las redes eléctricas. Lógicamente es más costoso llevar la electricidad a un pueblo remoto de Cuenca (con perdón para mis amigos conquenses) que a Madrid. Pero el regulador (es decir, el Gobierno) ha decidido que los peajes sean pagados a partes iguales por los consumidores con independencia de dónde se encuentren. Esta solidaridad eléctrica (entre Madrid y Cuenca), sin embargo, no es sacrosanta, porque el Gobierno sí establece diferencias en los peajes en función del tipo de consumidor: como ejemplo, el peaje medio en 2015 para un cliente doméstico fue de 106,9 €/MWh, mientras que para la industria (media tensión) fue de 38,3€/MWh y para la industria intensiva (alta tensión) 11,6 €/MWh. Es lo que tiene que haya lobbies más efectivos que otros y la primera razón de que los clientes domésticos paguemos una parte desproporcionada del pato eléctrico.

Costes regulados

La segunda razón es que las partidas de costes regulados se han disparado con el tiempo. Además de las redes eléctricas, entre los costes fijos hay objetivos de los más variopinto:

– de política energética (como el sobrecoste de las renovables)

– de política industrial (la interrumpibilidad, básicamente una ayuda a la industria para sortear las reglas comunitarias)

– de equilibrio territorial (la compensación extrapeninsular, el sobrecoste todavía más elevado de producir electricidad en Canarias)

– de política presupuestaria, como la amortización del déficit de tarifa (un invento para cumplir con los criterios de Maastricht que requeriría un artículo aparte)

– de políticas de bienestar (como el bono social)

– la factura de errores de planificación en el pasado (hasta hace poco, la moratoria nuclear)

Muchas de estas medidas son más o menos afortunadas, aunque en general todas son loables. El problema es que su inclusión dentro de la factura eléctrica ha sido un verdadero coladero. El Gobierno ha utilizado los costes regulados para satisfacer las demandas de diferentes lobbies (industriales, territoriales, sociales) introduciendo partidas sin el control que normalmente ejerce el Ministerio de Hacienda para el resto de partidas presupuestarias. Como era de esperar, cuando se relajan los controles, aumentan las equivocaciones. El coste de generación en Canarias era, hasta hace poco, más caro que el de producir electricidad en islas remotas del Pacifico. No hay que ser muy versado para entender por qué: si a un hijo adolescente le decimos que le pagamos todo lo que se gaste en una noche hasta un máximo de cien euros, encontrará la forma de gastarse los cien euros. Con la generación de electricidad en Canarias ocurría algo parecido.

Impuestos

Los impuestos sobre la electricidad son dos: el IVA (que es del 21%) y el impuesto especial eléctrico (algo más del 5%). Es cierto que algunos países, como el Reino Unido o Luxemburgo, aplican un IVA reducido a la electricidad. Y que el impuesto eléctrico es bastante “español”: se estableció cuando la UE obligó a suprimir las ayudas al carbón, y si se ha mantenido es porque, dentro del cambalache de la financiación autonómica, es uno de los tributos autonómicos. El problema es que cualquier bajada de impuestos se traduciría en una pérdida de recaudación tributaria, algo en lo que no estamos precisamente boyantes.

Coste y precio

Llegamos ahora al coste de la energía, la otra mitad del coste de la luz. Aunque se habla de la parte no regulada, en realidad sí que lo está. Volvamos por un momento al ejemplo de los plátanos, en el que también hay un mercado mayorista (Mercamadrid o Mercabarna, donde todas las mañanas van los fruteros a comprar frutas y hortalizas) y un mercado minorista (la propia frutería donde compramos los plátanos). Aunque nunca hayamos reparado en ello, el mercado de los plátanos es también un mercado marginalista. Si compramos cinco plátanos, pagamos por todos ellos lo mismo. Nadie compra el primer plátano a un precio y el quinto a otro. Se dice que es marginalista porque pagamos por cada uno de ellos exactamente lo que estamos dispuestos a pagar por el último.

Obviamente esta es una simplificación grosera. El mercado eléctrico tiene bastantes particularidades, pero sirva esta analogía para entender las diferencias entre el mercado mayorista y minorista (y, sobre todo, para entender qué no es lo singular del mercado eléctrico).

El mercado mayorista (el Mercamadrid eléctrico) se celebra cada día, y en él participan vendedores (los propietarios de las centrales nucleares, hidráulicas, gas, carbón o renovables) y los compradores. Una particularidad de este mercado es que los compradores y vendedores pertenecen a las mismas compañías (los agricultores son también fruteros, para entendernos). Por este motivo, para evitar que unos y otros lleguen a acuerdos colusorios, tiene mucho sentido organizar un mercado mayorista, controlado por las autoridades de la competencia.

El mercado mayorista lleva funcionando en España desde hace años, de una manera razonablemente adecuada. Cuando se incrementa la demanda, el precio sube, y cuando hay exceso de oferta baja. Hace años, se contaban historias de barcos de gas licuado que eran desviados por las compañías eléctricas para incrementar el precio del mercado. Sin embargo, hasta la fecha han sido contadas las veces en que las autoridades han podido demostrar comportamientos de este tipo. A día de hoy, es muy improbable que ninguna de estas actuaciones esté teniendo lugar.

La formación del precio minorista (el de la frutería) es algo más complicada. Para los grandes consumidores, es un mercado libre. Van a la frutería y compran al precio que mejor negocian con el frutero. Para los consumidores domésticos, el Gobierno no se termina de fiar del libre albedrío del frutero. La electricidad es un bien demasiado básico y representa una parte importante de la cesta de la compra de los hogares (también, por cierto, el pan, pero por algún motivo el regulador ha confiado siempre más en las panaderías).

El Gobierno decidió hace años fijar una tarifa única para los consumidores domésticos (un precio para los plátanos que se vendían en las fruterías a estos consumidores), la denominada TUR. Para determinar la manera de fijar esta tarifa (el Gobierno no se podía inventar un precio de la nada) y que no fuese ni muy alta (su razón de ser era proteger a los consumidores domésticos) ni muy baja (de lo contrario, ningún frutero querría vender plátanos), se organizaron otras subastas (las CESUR), que es el mejor sistema para garantizar un cierto nivel de competencia y transparencia en mercados verticalmente integrados. Estas subastas fueron fuertemente criticadas. Cuando se comparaba su precio con el del mercado mayorista (con el diario de Mercamadrid) el precio siempre era superior. Era lógico que lo fuese. Si le pedimos a un frutero que compre fruta para tres meses y que la almacene para venderla a un precio fijo, nos diría que de acuerdo, pero no esperemos que lo haga al mismo precio que si va todos los días a Mercamadrid a abastecerse de fruta.

Qué es el CESUR

En diciembre de 2013, también coincidiendo con una ola de frío, el precio de esta subasta CESUR se disparó. El Ministerio, dirigido entonces por José Manuel Soria, no aguantó el chaparrón mediático (el mismo que tiene lugar estos días) y decidió suspender las subastas. Para sustituir este mecanismo y fijar el precio de los plátanos en las fruterías, no se le ocurrió mejor idea que… (¡tachán!) utilizar el precio de Mercamadrid. Magnífica idea, se pensó: así los consumidores recibirán en cada momento la señal de si la electricidad es cara o barata (el Mercamadrid eléctrico funciona las veinticuatro horas del día).

Esta loable idea tenía un par de grietas: podemos decidir cuándo nos comemos un plátano según cuándo sean más baratos, pero en general tenemos menos flexibilidad para decidir nuestro consumo eléctrico. Encender la luz, por ejemplo, es algo que solemos hacer cuando anochece, no cuando es más barato (sí, podemos programar la lavadora de madrugada, pero poco más). Y, en cualquier caso, incluso si pudiéramos, no sabríamos cómo hacerlo. La mayoría de hogares carece de los contadores necesarios para consultar el precio horario de la electricidad. El Ministerio ideó un sistema para suplir esta deficiencia. Una página web donde consultar el precio del día siguiente. Como era de esperar, en lugar de dar más transparencia a los consumidores, este sistema ha provocado lo contrario.

El nuevo sistema, denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), tenía, además de unas ventajas que no eran tales, un pequeño inconveniente: la volatilidad de los precios se trasladaba al consumidor. Para quien haya ido alguna vez a Mercamadrid, habrá visto que allí los precios oscilan mucho de un día a otro. En las fruterías, los fruteros normalmente suavizan estas fuertes oscilaciones, porque los consumidores detestan que algo que un día vale un euro, al día siguiente valga cinco, especialmente cuando ese algo es un bien básico. Salvo, claro está, que el Gobierno obligue al frutero a utilizar el precio de Mercamadrid para fijar el de sus estantes. Gracias a ello ha conseguido que, junto con las uvas, las campanadas y el vestido de las presentadoras, tengamos un tema del que hablar todos los años por estas fechas: cuánto ha subido el precio eléctrico.

*Isidoro Tapia es economista y MBA por Wharton

El precio de la luz llega al nivel que provocó la intervención del Gobierno en 2013

Los precios de la luz se han desbocado como a finales de 2013, cuando el Gobierno se vio obligado a eliminar el antiguo sistema de formación de precios en el mercado eléctrico

José Antonio Navas en El Confidencial, 190117.

Las inclemencias del tiempo meteorológico amenazan con trasladarse al tiempo político si los precios de la electricidad continúan desbocados en España. Desde finales del pasado año, y con mayor intensidad en estas primeras semanas transcurridas de 2017, los hogares españoles están pagando la luz a niveles que hace tres años provocaron la intervención del Gobierno y la posterior eliminación del antiguo y perverso sistema de formación de precios en el sector. La escalada tocará hoy su cota máxima a las ocho de la tarde, cuando el coste por megavatio/hora se situará por encima de los 95 euros. Todo un récord nefasto que pasará su factura en el recibo de la luz de este mes de enero.

En diciembre de 2013, el Ministerio de Industria que entonces dirigía José Manuel Soria tuvo que tomar las primeras cartas en el asunto de los precios eléctricos, poniendo en tela de juicio las denominadas subastas Cesur, que desde tiempo atrás y cada tres meses fijaban entonces el importe del mercado mayorista con arreglo al coste de la energía. Este precio repercutía en la mitad del recibo de luz que pagaban los ciudadanos y registró en aquella fecha un crecimiento del 25%, para alcanzar un valor absoluto de alrededor de 90 euros por megavatio, inferior incluso al que estos días gélidos están provocando en el mercado.

precio-horario-100117Tras la pertinente investigación de la CNMC en su papel de organismo regulador, el Gobierno decidió liarse la manta a la cabeza y poner fin al mecanismo de subastas eléctricas, que fue sustituido por el actual sistema de precios diarios. Fue así como entró en funcionamiento el actual precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), que se ha convertido ahora en un reguero de pólvora para cerca de 13 millones de hogares en España. El PVPC es, a la postre, el baremo oficial que fija el recibo de la luz para la mayor parte de los ciudadanos particulares, y su evolución está influida en torno al 30% por los precios de la energía que aparecen día a día en la página oficial de OMIE, la empresa operadora del mercado eléctrico en la península Ibérica.

La puesta en marcha del PVPC fue ensalzada por el Gobierno como una forma de evitar eventuales manipulaciones por parte de la compañías eléctricas, y de hecho las investigaciones posteriores de la CNMC se saldaron con importantes multas en el sector. Las autoridades energéticas y los defensores de la competencia destacaron además la transparencia que brindaba el nuevo modelo a la hora de programar el uso de los electrodomésticos en las franjas horarias de reducida demanda y, por lo tanto, de inferior precio. El eslogan más popular en aquellos primeros meses de 2014 venía a sugerir que ‘las lavadoras son para las madrugadas’, dado el menor coste energético de las llamadas horas valle.

Todo el magnetismo social del sistema de formación de precios se ha desplomado como un castillo de naipes en la misma medida en que los precios de la luz han empezado a provocar serios calambres con la llegada del ‘general invierno’. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, fue el primero en ponerse la venda cuando a finales de diciembre hizo un llamamiento al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, para que el supervisor analice el trasfondo de lo que está ocurriendo en el mercado.

precio-horario-100117_2La respuesta está aún en el aire, y tras la misma existe la sospecha, realmente poco fundada, de posibles movimientos interesados por parte de los operadores eléctricos. El PVPC desalienta dichas prácticas, por cuanto que ahora los precios cambian cada día; en este caso, y como se está comprobando, en detrimento de la mayor parte de los consumidores, que ahora tendrán que rascarse el bolsillo para afrontar la factura de la luz. El propio ministro fijaba ayer en una cifra de 100 euros el encarecimiento medio que este año tendrán que soportar los hogares vinculados al actual precio minorista de la electricidad.

Las razones que han disparado el coste de la energía en España están íntimamente ligadas con la oleada de frío polar que padece el país. Pero, además de las temperaturas gélidas de estos días, la Península se ha visto afectada desde hace semanas por un anticiclón que provoca la inoperancia de la potencia instalada de energías renovables, especialmente eólicas, debido a la falta generalizada de viento. Además, la escasez de lluvia mantiene los pantanos medio secos, lo que reduce la producción hidroeléctrica. Por si fuera poco, Francia está importando más energía desde España, ya que tiene ahora desconectados un total de 7.000 megavatios de potencia.

Estos factores se han conjugado, de manera que la generación energética se abastece estos días gracias a los ciclos combinados de gas, más popularmente conocidos como ‘los mecheros’, por aquello de que prenden de manera instantánea. El gas es una de las fuentes más caras de producción, ya que está indexado al petróleo. En definitiva, el hambre se ha juntado con las ganas de comer, dada la tendencia creciente de precios del petróleo registrada en el último año. Todo ello está presionando al alza al recibo de la luz, uno de los suministros domésticos más sensibles al bolsillo de los contribuyentes y uno de los más controvertidos asuntos de debate social en España.

Clausulas suelo. El Cascabel, 13TV. Es entrevistado el abogado Joaquín Moeckel, 120117.

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La banca dará munición a los pleitos: deberá calcular lo cobrado por las cláusulas suelo

El decreto de las cláusulas suelo contiene una bomba para la banca: tendrá que calcular lo cobrado de más aunque no lo devuelva, lo que dará munición para las demandas

Eduardo Segovia en El Confidencial, 19017.

El borrador del real decreto-ley para la devolución de las cláusulas suelo ha caído en general bien en la banca —no la obliga a devolver nada, a diferencia del primer proyecto de código de buenas prácticas—, pero incluye una sorpresa muy desagradable para el sector: tendrá que calcular todo lo cobrado teóricamente de más por estas cláusulas, aunque la entidad las considere legales y aunque no ofrezca su devolución al cliente. Esto otorga a los clientes un arma de destrucción masiva para demandar a las entidades.

“Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo, en ese desglose la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso en que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial”, reza el artículo 3 del último borrador del decreto, que todavía puede ser modificado de aquí al viernes.

La banca dará munición a los pleitos: deberá calcular lo cobrado por las cláusulas suelo

Es decir, las entidades tendrán que decir, por ejemplo: “Le hemos cobrado 5.000 euros por la cláusula suelo pero no le ofrecemos nada porque nuestras cláusulas son transparentes y no han sido declaradas nulas”. “A los bancos no les ha gustado nada tener que hacer este cálculo, porque si luego no ofrecen nada o menos de esa cifra, les están dando el cálculo hecho a los clientes de cara a una demanda. Además, si no les devuelven esa cantidad, tendrán que pagar las costas si el juez da la razón al cliente”, explica una fuente cercana a las negociaciones.

La banca cree que santifica acuerdos anteriores

“Eso, aparte del problema de reputación que supone decirle a alguien ‘te he cobrado esto de más, pero no te lo quiero devolver”, añade. Esta obligación —introducida a propuesta de Ciudadanos— ha pillado a contrapié al sector, de ahí que la respuesta en general sea que “tiene que estudiarlo la asesoría jurídica” o que “el texto se presta a interpretación y no está claro que haya que hacer este cálculo si no coincide con la oferta. Cuando habla de intereses, tampoco especifica si se refiere a los intereses del préstamo o a los intereses de demora que habría que pagar en caso de una condena”.

En todo caso, los bancos que no han sido condenados en firme sostienen que este decreto no cambia demasiado las cosas, ya que hasta ahora venían negociando con los clientes acuerdos como los que establece esta norma. Ahora bien, esos acuerdos normalmente no incluían la devolución total de las cantidades cobradas de más y sí fórmulas beneficiosas para la entidad, como el cambio del tipo variable de la hipoteca por un tipo fijo. Y también una renuncia del cliente a adoptar acciones judiciales. Precisamente, el sector cree que el decreto “santifica” los acuerdos anteriores, ya que impone un sistema similar; como informó ayer El Confidencial, el mayor temor del sector es que no se respeten esos pactos. El texto no hace referencia a estos casos.

Ir a juicio sigue teniendo riesgo

El cálculo obligatorio de lo cobrado por las cláusulas no es el único incentivo para pleitear que contiene el decreto. La nueva versión suprime la obligatoriedad de que los clientes acudan al procedimiento extrajudicial antes de acudir a los tribunales, lo cual permite que los despachos de abogados y asociaciones de consumidores que viven de las costas de estos pleitos convenzan a sus clientes de ir directamente al juzgado en vez de reclamar al banco. Además, de esta forma evitarán otro riesgo: que el juez les conceda una cantidad inferior a la ofrecida por el banco, en cuyo caso serían ellos los que pagaran las costas.

La razón esgrimida para que no sea obligatorio el procedimiento es que chocaría con el derecho al acceso a la jurisdicción. En todo caso, pleitear no está exento de riesgos. El decreto también establece que si el banco se allana ante la demanda de un cliente (le da lo que pide sin esperar a ser condenado), las costas las pagará el cliente porque “se considerará que no concurre mala fe procesal”. Y eso es algo que los afectados deben tener muy en cuenta antes de escuchar posibles cantos de sirena de los abogados.

La devolución del IRPF, en la declaración de 2016

Otra de las novedades de la versión aparentemente definitiva de la norma es que la banca tendrá que informar proactivamente —en su web y en todas las sucursales— a los clientes de que tienen derecho a reclamar por esta vía, un elemento introducido en la negociación por el PSOE. Asimismo, se mantienen elementos de textos anteriores: obliga al banco a entablar una negociación bilateral (no una mediación externa), el procedimiento tiene un plazo máximo de tres meses (dentro de los que se producirá el reintegro, si hay acuerdo), será gratuito y concederá flexibilidad a las entidades para hacer ofertas al cliente, que no solo podrán ser la devolución en efectivo de lo cobrado de más.

Finalmente, queda el aspecto fiscal. En contra de la posición inicial de Cristóbal Montoro, las cantidades devueltas no tributarán en el IRPF. Lo que sí habrá que devolver será lo que los clientes se hayan deducido por compra de vivienda habitual que corresponda a la cláusula suelo (el 15% de lo que recuperen). Aquí, Ciudadanos también ha introducido que, en vez de tener que hacer declaraciones complementarias de los cuatro últimos ejercicios —los no prescritos—, la devolución se hará mediante una casilla especial en la declaración del IRPF de 2016.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

 

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