.

eqm_070217_.

Responsable de todo

Al exPresidente catalán Artur Mas le tocó ayer sentarse en el banquillo por organizar la consulta del 9-N de 2014 suspendida por el Tribunal Constitucional. Y todos sabíamos, porque llevan días propagándolo, que los independentistas iban a aprovechar la citación para adelantar el primer carnaval antidemocrático correspondiente al año en curso, reuniendo la friolera de 40.000 personas -cifra que coincide, más o menos, con la de los ‘voluntarios‘ que el ‘responsable de todo‘ [© Artur Mas] dice que se empeñaron en sacar las urnas de cartón a la calle- y que, para que se hagan vds una idea, viene a representar alrededor del 0.5% de la población de Cataluña. Tremendo.

Dicho y hecho. El independentismo volvió a plantar cara al Estado de Derecho organizando -con muchos menos palmeros de los prometidos- una manifestación presidida por los encausados y por Carles Puigdemont, el representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña -es decir, el Presidente de la Generalidad de Cataluña– hasta las mismas puertas del Tribunal Superior de Justicia de tal Comunidad Autónoma.

El asunto hace ya mucho tiempo que se la ha ido de las manos a Mariano Rajoy, un Presidente del Gobierno de España que dice estar convencido de que lo que lleva años sucediendo en Cataluña -habiendo dejado de ser las ‘algarabías‘ que el creía que eran- no es tan importante como para considerar que la Generalidad catalana incumple las obligaciones derivadas de la Constitución y el marco legal vigente ni tampoco que actúa atentando gravemente al interés general de España.

Porque, de lo contrario, cumpliría lo establecido por la Constitución en su artículo 155:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Esto es lo que hay. Y den gracias a Dios o la alternativa que tengan por costumbre. Porque quien nos gobierna con el apoyo de Ciudadanos y la actual moderación de un PSOE noqueado es lo menos malo que, en mi opinión, nos puede llegar a ocurrir.

Imagínense lo que podría ser de nosotros y de nuuestro país si gente como el mochilero Iglesias -que acaba de apoyar las manis– o el intrépido ZPedro -cómplice del bailarín Iceta en su apuesta por los cordones sanitarios contra la derecha y en la negociación con el secesionismo– volvieran a tener a su alcance un pacto de regeneración de las ‘Españas‘ basado en el folclórico derecho regional a decidir.

La caraba.

EQM

En Hay Derecho:

  • Tribalismo posmoderno I: algunas consideraciones de Derecho Internacional sobre la libre determinación de los pueblos
  • Tribalismo posmoderno II: algunas consideraciones de Derecho Internacional sobre la libre determinación de los pueblos

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mediodía

Arcadi Espada interroga al ‘responsable de todo’:

–  ¿Por qué no ha contestado a las preguntas del fiscal?

– Porque los fiscales de Cataluña dijeron que no había cometido ningún delito y fue luego el gobierno el que empujó al fiscal general a rectificar y a considerar que sí lo había cometido.

En El Mundo, 060217.

Ilustración de Sean Mackaoui [Suiza, 1969] en El Mundo, 060217.

.

Aténgase el que atente

Cayetana Alvarez de Toledo en El Mundo, 060217.

El 10 de octubre de 1934, Josep Pla resumió para La Veu de Catalunya el fracasado intento de Companys de instaurar un Estado catalán: «Hemos vivido en estos últimos días el movimiento subversivo más extenso y más profundo, quizá, de nuestra historia contemporánea […]. Los hombres de Esquerra, que gobernaban en la Generalitat de Cataluña, a pesar de la magnífica posición de privilegio de que disfrutaban dentro del régimen, privilegio que no había conocido nunca ningún partido político catalán, han creído que tenían que jugar su suerte a la política de los hombres más destructivos, más impopulares y más odiados de la política general.

Se han equivocado, y lo han pagado caro. Han comprometido, sobre todo, lo que tendría que haber sido sagrado para todos los catalanes de buena fe: la política de la Autonomía, el Estatuto de Cataluña. No nos corresponde a nosotros emitir un juicio histórico sobre esta oligarquía que desaparece. Diremos sólo que Cataluña sigue con su historia trágica, y que sólo eliminando la frivolidad política que hemos vivido últimamente se podrá corregir el camino emprendido».

Los historiadores se excitan ante los paralelismos trágicos. Son la constatación de la importancia de su oficio: sólo la memoria impide la reincidencia. Lean el debate entre Azaña y Ortega sobre el Estatuto catalán de 1932. Zapatero y Rajoy, déjà vu. Y ahora estas palabras de Pla, que iluminan su presente y el nuestro. Entonces fue Esquerra, hoy es Convergència. Frívola y agonizante oligarquía, ha malversado su posición de privilegio, se ha entregado a un partido destructivo y es la responsable de que Cataluña pueda perder su autonomía.

Artur Mas se defenderá hoy al ataque. Dirá que el Gobierno español no movió un dedo para impedir lo que Rajoy y el ministro de Justicia llamaron «un simulacro de consulta sin consecuencias jurídicas» y que, por tanto, la postrera actuación de la Fiscalía tuvo motivaciones políticas. Es verdad. El Gobierno sólo reaccionó cuando comprobó el fracaso del apaciguamiento. Cuando recibió el reproche de los ciudadanos desamparados. Rajoy siempre ha creído que la pasividad propia garantiza la ajena. Nunca ha entendido que el nacionalismo es delirio en movimiento. Nunca ha confiado en la fuerza política y pedagógica del Estado. Ahí sigue Soraya, como la viuda Juana, paseando el diálogo muerto por los pueblos de España. Pero la realidad se impone. El conflicto entre el separatismo y la democracia ha entrado en su fase final. Empieza el sprint hacia el muro.

El viernes, preguntado por sus planes frente al desafío secesionista, Rajoy contestó: «No avanzaré acontecimientos ni diré qué haremos y qué no haremos». Los sediciosos se permiten todo tipo de fantasías sobre el alba de la independencia. Pero en cuanto la ley se permite el más mínimo relato realista, el escándalo se desencadena. Ignoremos el griterío. Asumamos que el azar puede provocar giros inesperados y, por supuesto, imprevisibles. Y por un momento imaginemos que el Gobierno aplica el artículo 155 de la Constitución.

Artur Mas es inhabilitado por el 9-N y el presidente Puigdemont convoca para finales de mayo un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Lo apoyan Oriol Junqueras, la CUP y Ada Colau, y la ANC llama a la movilización bajo el lema Love democracy. El Gobierno recurre la convocatoria ante el TC, pero también asume su responsabilidad ejecutiva e invoca el artículo 155 de la Constitución. Envía un requerimiento a Puigdemont para que, en un plazo de cinco días, acate la legalidad. Puigdemont se erige en víctima y pisa el acelerador.

El Gobierno responde. Por fin hace caso al jurista Tomás-Ramón Fernández y el Banco de España envía una circular a todas las entidades de crédito: no podrán pagar un solo euro con cargo a las cuentas de la Generalitat sin el visto bueno de un interventor del Estado. Los sueldos de los médicos se pagan. La compra de urnas, no. Transcurridos los cinco días, el Gobierno comparece de urgencia ante el Senado. Presenta una lista de medidas para restablecer la democracia en Cataluña. Son proporcionales a la gravedad del desafío y se actualizarán en función de los acontecimientos. El Senado aprueba la aplicación del artículo 155 por mayoría absoluta. La inteligencia de Javier Fernández garantiza la firmeza del PSOE.

Esa misma tarde, el Gobierno suspende las competencias ejecutivas de Puigdemont. El delegado del Gobierno en Cataluña se convierte en la nueva autoridad política de la comunidad. Deroga la convocatoria del referéndum y anula los acuerdos para su celebración. Junqueras y cuatro consejeros se rebelan y son sustituidos por funcionarios que distinguen entre la defensa de las ideas y el ataque a la legalidad. La nueva responsable de Economía pone fin al uso espurio del dinero de los contribuyentes. La democracia ya no financia su propia destrucción. El nuevo consejero de Educación remite instrucciones precisas a los directores de todos los centros escolares. No hará falta el precinto.

La insurrección se traslada al Parlamento catalán. Forcadell llama a la insumisión. El Gobierno la sustituye como presidenta de la Cámara e insta a la Mesa y diputados a acatar la legalidad. La mayoría separatista mantiene el pulso y acelera la tramitación de las leyes de desconexión. El Gobierno suspende las competencias legislativas del Parlamento. Colau toma el relevo. El Gobierno aplica el artículo 61 de la Ley del Régimen Local: disuelve el Ayuntamiento de Barcelona y nombra una gestora.

Los medios públicos de comunicación catalanes arden en soflamas contra el Estado. Ya no es una payasa la que quema la Constitución en directo, sino los telediarios los que agitan la sublevación. El Gobierno suspende a los miembros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y sustituye a los directores de TV3 y Catalunya Radio. Los oyentes ya no serán preguntados si están dispuestos «a impedir físicamente» la actuación de los tribunales.

Encapuchados provocan altercados públicos en el centro de Barcelona. Rompen cristales, queman autobuses y agreden a funcionarios leales a la ley. El director de los Mossos d’Esquadra vacila. Algunos mandos conspiran. El Gobierno coloca al cuerpo a las órdenes del Ministerio del Interior. Los disturbios aumentan. El Gobierno, con el apoyo del Congreso, aplica el artículo 116 de la Constitución y declara el estado de excepción en Barcelona. Los violentos son detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Veinticuatro horas después, regresa la calma. Los manifestantes se disuelven. Los turistas lo agradecen y la burguesía inicia un proceso de introspección. Hay que reconstruir el catalanismo. Hay que abandonar la frivolidad política y corregir el camino emprendido.

El Gobierno tiene razón: «Nunca es tarde para tomar medidas drásticas». Pero hubiese sido mejor aprender de la Historia. Y, sobre todo, comprender mucho antes que la aplicación de la ley siempre legitima al Estado.

Ilustración de Eulogia Merle [Argentina, 1979] en El País, 060217.

.

Si no es legal, no es democrático

No se puede ser independentista y demócrata cabalmente y estar a la vez a favor de este proceso como lo han diseñado Mas y sus amigos. El independentismo decente, que existe, no puede ni debe avalar este golpe de mano

Lluís Bassets en El País, 060217.

Como resultado de su gran familiaridad con las leyes, puede que el subconsciente le haya jugado una mala pasada al exjuez Vidal. Gracias a su explícita e inesperada declaración sobre la ilegalidad de la recogida clandestina de datos fiscales por parte del Gobierno catalán, la ciudadanía catalana ha podido percibir lo que está en juego en el largo envite en el que está comprometido el soberanismo nacionalista. A pesar de las apariencias, no es un problema de relación con el Estado, la independencia; ni es tampoco un problema de democracia, el derecho a decidir. Es un problema de libertades individuales y de derechos fundamentales, que afecta a los valores y principios que rigen en una sociedad democrática.

La confusión acompaña siempre a las grandes batallas políticas y el proceso soberanista no iba a ser la excepción. De ahí que sea de agradecer la aportación de Santi Vidal al esclarecimiento de ideas y conceptos. Sus revelaciones arrojan una luz insólita, que nos hace descubrir un paisaje totalmente nuevo, en el que se invierte el sentido de las cosas e incluso de los colores ideológicos. No hay mayor falacia argumental en toda esta historia que la que se ha intentado en las últimas semanas para convencer a los comunes, asustados por la idea de que todo demócrata debe apoyar el derecho a decidir y más todavía si se trata de un ciudadano que se considere de izquierdas. Digámoslo bien claro; es exactamente al revés: no se puede ser independentista y demócrata cabalmente y estar a la vez a favor de este proceso independentista tal como lo han diseñado Artur Mas y sus amigos.

Nadie debiera discutir el principio de legitimidad de la aspiración independentista, indirectamente aceptada por el Tribunal Constitucional en su resolución que anula la declaración de soberanía. Muy distinto es que se acepte el camino elegido por el soberanismo convergente, que partió de la búsqueda de una mayoría social y política y ha terminado intentando conseguir la independencia mediante una mayoría parlamentaria inestable e incoherente como la que forman Junts pel Sí con la CUP, a partir de un falaz argumento como es la obligatoriedad de un referéndum de autodeterminación a plazo fijo e inmediato, que debe reconocer el Gobierno español bajo amenaza de su celebración fuera de la legalidad y sin autorización alguna.

El independentismo apresurado ha conseguido olvidar que un referéndum debe contar con todas las garantías de imparcialidad de las autoridades que lo convocan y de la Administración que se ocupa de su celebración. Nadie puede creer en la neutralidad de un Gobierno que promete a la vez celebrar el referéndum y tener a punto las estructuras del Estado independiente para su proclamación inmediata en caso de un resultado favorable. Nadie puede confiar tampoco en un Gobierno que prepara dichas estructuras de forma clandestina e ilegal, recogiendo datos y seleccionando personal en vulneración de derechos fundamentales, así como de la vigente legislación sobre protección de datos. El hiperdemocrático derecho a decidir, la democracia en abstracto, es bien a las claras un mero instrumento táctico para obtener la independencia para quienes están comprometidos en una tarea tan poco transparente y tan escasamente democrática.

No es un problema de prurito legalista, tal como quieren pintarlo ciertos independentistas. Nadie debiera necesitar muchas explicaciones respecto al principio que une ley y democracia. No es un capricho. La ley es imprescindible para la organización de elecciones y consultas democráticas por una razón nada caprichosa. Porque solo la ley puede proteger a los más débiles, a las minorías frente a las mayorías. Convocar un referéndum sin una mayoría de dos tercios en el Parlamento, sin un mandato electoral basado en los votos como el que pedía Junts pel Sí, y con el agravante de la organización y financiación clandestina de las estructuras del Estado independiente, y la añadidura o bomba culminante final de la secretista ley de transitoriedad jurídica elaborada sin conocimiento del Parlamento, fuera de ponencia y del procedimiento, no es una ilegalidad tan solo, sino un acto profundamente antidemocrático y atentatorio de los derechos fundamentales de los catalanes. De todos, sin distinción.

La pretendida ruptura legal, de una vez e indolora, que ha explicado el jurista del procés, Carles Viver, es un cuento chino. Las ilegalidades ya han empezado y no solo en forma de incumplimiento genérico de las leyes, si no lo que es más grave, en forma de vulneración de derechos. El independentismo decente, que existe, y al que no hay que descalificar por razones de principio, no puede ni debe avalar este golpe de mano en el que se arriesga además el propio futuro del autogobierno catalán.

La tozuda persistencia de un independentismo que ya ha fracasado por tres veces en la obtención de una mayoría plebiscitaria —dos en unas elecciones y una en una consulta ilegal— tiene que ver con la evidencia de que la ventana de oportunidad se ha cerrado y la certeza de que esa independencia que habían prometido no se producirá. Ahora es el momento de reconocerlo y de tomar otro camino, el correcto y civilizado, el del catalanismo pactista y moderado, sin plazos, legal, tranquilo y pausado, en absoluto oportunista e insurreccional —leninista, en cierta forma— como el que Mas, Puigdemont y Junqueras han tomado para aprovechar el mal momento de la crisis financiera, de la desunión europea y del surgimiento del populismo y del trumpismo. Siempre hay una regla de juego con la que se acude a las urnas. Si no es la que establece la ley y que todos han aceptado, es la regla de juego que impone una parte sobre el todo, un partido sobre el conjunto de la sociedad, que en este caso además está dividida en dos mitades casi simétricas.

Quienes han osado esta aventura es evidente que son fundamentalmente independentistas —es decir, fundamentalistas del independentismo— y solo accidentalmente demócratas, puesto que parecen dispuestos a sacrificar lo que haga falta por la independencia, incluyendo la autonomía catalana y las libertades y la democracia de todos. No están dispuestos a sacrificar de momento vidas y haciendas, suyas y ajenas, y esto ya es un consuelo, vistas las experiencias de todos conocidas. Pero no andan lejos en su visión autoritaria y rupturista de lo que debe ser un proceso independentista, sacrificando los medios a los fines, vulnerando libertades y principios si lo reclama la gloria de la patria emancipada.

Artur Mas, expresidente de la Generalitat, ayer en Barcelona. Manu Fernández (AP)

.

Artur Mas, desobediente y culpable

Rafael Arenas García en El País, 060217.

El pasado 3 de febrero Xavier Vidal-Folch publicaba el artículo Artur Mas no es un delincuente en el que defendía la necesidad de que se exculpase al expresidente de la Generalitat por su participación en la consulta del 9 de noviembre de 2014. El artículo, como es habitual en el autor, es brillante y provocador. Vidal-Folch condena políticamente al señor Mas, al tiempo que realiza un voluntarioso ejercicio a favor de su inocencia (penal). Sostiene, sin embargo y a mi parecer, una tesis errónea.

El núcleo del artículo versa sobre si Artur Mas incurrió en un delito de desobediencia al mantener la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional y hacer todo lo necesario para que se llevara a cabo. Concluye que hubo desobediencia “material” al Tribunal Constitucional, pero esta desobediencia no es delictiva porque para que exista delito es preciso una reiteración de la orden y un requerimiento específico dirigido contra la persona del desobediente.

El delito de desobediencia viene configurado en el artículo 410 del Código Penal, donde se establece que incurren en él “las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales”. Los elementos del delito son, por tanto, y a los efectos que interesan aquí, la existencia de una resolución de obligado cumplimiento adoptada en forma y la desobediencia a la misma por parte de una autoridad o funcionario. En este supuesto se dan ambos, una resolución del TC que suspende todos los actos de preparación y realización del proceso de participación ciudadana convocado para el 9 de noviembre (primer elemento del delito) y la desobediencia por parte de una autoridad pública (segundo elemento del delito).

Vidal-Folch no duda sobre la desobediencia material de Mas ni sobre su condición de autoridad pública. Dándose los elementos del delito de desobediencia, entonces, ¿cómo es posible que éste no opere? El articulista argumenta que la exoneración se debe a la ausencia de requerimiento directo al entonces presidente de la Generalitat. La tesis absolutoria es sostenida en unas resoluciones judiciales que, sin embargo, no dicen lo que parece que quiere hacerles decir el artículo, esto es, que la existencia de requerimiento previo es imprescindible para cometer el delito de desobediencia.

Es cierto que en algunos casos la condena por desobediencia ha venido precedida de requerimientos dirigidos a quien luego es acusado; pero de ello no se infiere necesariamente que tales requerimientos sean imprescindibles para la condena y, sobre todo, no podemos desconocer que ha habido casos en los que la condena se ha producido sin mediar requerimiento, por lo que lo que es preciso diferenciar en qué supuestos sería necesario tal requerimiento y en cuáles no.

El requerimiento es elemento objetivo del delito en aquellos casos en los que así es exigido por la normativa que rige la ejecución de la resolución desobedecida. Esto se aprecia con mucha claridad por ejemplo, en el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 13 de enero de 2012: el requerimiento es necesario en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa porque el art. 112.1 de su ley reguladora prevé que transcurridos los plazos para la ejecución del fallo de la resolución judicial, el Tribunal debe realizar un previo apercibimiento de las consecuencias del incumplimiento, entre ellas la responsabilidad penal para el supuesto que se haga efectiva la desobediencia. No es extraño, por tanto, que en muchos supuestos en los que se ha tratado del delito de desobediencia en relación a decisiones dictadas por órganos judiciales de lo contencioso-administrativo se cuente con un requerimiento con apercibimiento, pero lo es porque así lo exige la normativa procesal en el ámbito que nos ocupa. En estos supuestos, el delito de desobediencia exige de este requisito previo.

En el caso del 9-N no estamos ante una decisión sometida a los requisitos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sino ante una resolución del Tribunal Constitucional que tiene su regulación específica, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sin que ésta contemple un necesario apercibimiento previo. La resolución fue notificada directamente a la Generalitat que presidía el señor Mas y publicada en el BOE. Era, por tanto, una decisión de obligado cumplimiento sin necesidad de apercibimiento previo.

Por lo tanto, el delito de desobediencia se consuma sin necesidad de requerimiento previo, tal como prueba la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2003, y en la que se condenó sin necesidad de tal requerimiento. Esta sentencia no es una rareza respecto a las que sí exigen tal apercibimiento —tal como parece apuntar el artículo de Vidal-Folch— sino que, simplemente, confirma que el requerimiento solamente es necesario cuando así se derive de la normativa procesal aplicable. Esa sentencia del Tribunal Supremo recuerda que la comisión de un delito de desobediencia precisa tan solo que exista una orden de obligado cumplimiento y que el infractor la desobedezca consciente y abiertamente. Eso es justamente lo que sucedió en el caso por el que va a ser juzgado Artur Mas. Además, en este supuesto la resolución del Tribunal Constitucional desobedecida contiene una prohibición de hacer, o, dicho de otra forma, una orden de no hacer, que va seguida, sin solución de continuidad, de la realización por el señor Mas y los otros miembros de su Gobierno de la conducta prohibida. Por lo tanto, el requisito del requerimiento es sencillamente absurdo e irrelevante por la propia naturaleza lógica de las cosas. Notificada la resolución, no existe razón por la que el Tribunal deba dirigir a la autoridad o funcionario público ulterior requerimiento para que no haga lo que ya se le ha prohibido hacer.

Parece, pues, evidente que concurren en el presente supuesto todos los elementos del delito de desobediencia grave de autoridad o funcionario público. Y se equivoca Vidal-Folch cuando afirma que, existiendo discusión jurídica al respecto, procede la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo, porque este es un criterio de valoración probatoria, que obliga a absolver al acusado cuando existe duda razonable respecto a la realidad de los hechos imputados, que en este caso no se da, lo que ni siquiera Vidal-Folch discute. La concurrencia de diversas tesis doctrinales sobre la aplicación del Derecho no ha de llevar a los tribunales a absolver, sino a aplicar la interpretación de la ley que estimen correcta, lleve a la condena o a la absolución del acusado.

Rafael Arenas García es catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

••

•••

 

Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

Anuncios