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Nacionalistas desobediencias históricas

Cuando un país entra en franca decadencia pasa lo que pasa.

Como ya indiqué el otro día, lo grave de no aplicar el artículo 155 de la Constitución Española no está sólo en el menosprecio a la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley a las Comunidades Autónomas, que también, sino en que tal dejación de funciones/responsabilidades conlleva la inherente devaluación del concepto –el ‘interés general’– que tal precepto constitucional protege.

Lo digo porque, también en el caso de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña [TSJC], su sentencia supone que el concepto de ‘prevaricación’, delito por el que los ciudadanos delincuentes habitualmente pagan su merecido, quede automáticamente condicionado por la doctrina Arturet.

Ya que el TSJC ha considerado que en virtud del principio Non bis in idem por el que, a grosso modo, no cabe que un acusado sea enjuiciado dos veces por un mismo delito, y por tanto, si se le condena, como así ha sido, por desobediencia, no cabe aplicarle, por un mismo hecho, otro tipo distinto, es decir, la prevaricación. Criterio que, estoy seguro, va a dar mucho que hablar hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie.

Yo espero que el Tribunal Supremo devuelva, si a bien lo tiene, las conceptuales aguas a su cauce pero, en todo caso, me encantará leer las próximas sentencias del TSJC relativas a la desobediencia y/o prevaricación de cualquier funcionario corriente y moliente…

Porque tengo la impresión de que a Artur Mas le ha salido muy barato, por el momento, desobedecer al Tribunal Constitucional ejerciendo la representación ordinaria del Estado en Cataluña. Aunque, personalmente, la inhabilitación política durante dos años puede apartarle definitivamente de la vida pública.

Pero ya digo, nada de prevaricación y, recuerden, el fiscal ya anticipó que tampoco malversó.

Bien es verdad que -lamentablemente y por dejación político parlamentaria de décadas- en nuestro Código Penal el delito de desobediencia [art. 410] -que en este caso se produce contra una Resolución del Tribunal Constitucional– está irracionalmente enmarcado entre los ‘Delitos contra la Administración pública‘ [sic] cuando debería encontrarse contemplado entre los ‘Delitos contra la Constitución‘; y supone una pena de  inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, cuando ésta debería mucho más gravosa.

Es decir, que, también en este asunto, el bipartidismo imperante desde 1978 se ha llamado a andana a la hora de atar penalmente en corto cualquier previsible ataque a los principios constitucionales por parte de los secesionistas.

De lo que se deduce, obviamente, que los golpes institucionales sin grave riesgo resultan mucho más tentadores para los golpistas de tal naturaleza.

EQM

Sentencia completa de TSJC. 1/2016, de 130317 [pdf]

Nota.- En el texto pdf obrante en la web del TSJC, aparecen diferencias y errores -tiene, además, 84 páginas y no 98- que no alcanzo a comprender salvo que se trate de un borrador.

03 de noviembre de 2016: Fiscalía insiste en que Artur Mas no malversó el 9N [El País]

Collage de Arcu, 140317.

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Hoy, en mi ¿Qué es desobediencia, me preguntas?

Santiago González en su blog, 140317.

Comentario de las 8:15 en Herrera en COPE

Ha dicho el T.S.J.C que en el comportamiento de Artur Mas y sus cómplices (¿por qué no decimos cómplizas?) en el referéndum del 9-N no hay prevaricación. Menos todavía en malversación de dinero público, porque el fiscal no concebía esa razón, ya de entrada. O sea que le ha impuesto al líder, signifique lo que sea esta palabra, la pena de dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.

Descarta el Tribunal para apoyar la levedad de la condena que hayan caído en delito de prevaricación, que es incurrir en un comportamiento injusto a sabiendas. Quizá fue sin querer. Tampoco era cosa de encontrar malversación, a pesar de definirla implícitamente en la sentencia al citar “los contratos públicos, generadores todos de compromisos de pago” para la Generalidad. No la pedía el fiscal.

Parece que el delito de desobediencia subsume a todos lo demás. Es de lamentar que el tribunal no haya invocado la jurisprudencia, un suponer el Génesis. Todo empezó con la desobediencia de no comer del árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. Lo demás estaba dentro y vino por añadidura, miren a Caín, sin ir más lejos.

Artur Mas ha dicho que la sentencia es la prueba de que la ley en España no es igual para todos, donde se ve su tendencia a la prevaricación, en este caso intelectual: decir chorradas a sabiendas.

El magistrado Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fot. Antonio Moreno.

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In bis idem, Barrientos

Arcadi Espada en El Mundo, 140317.

LOS HECHOS. Hace algo más de cuatro años, el 25 de septiembre de 2012, Artur Mas anunció en el Parlamento regional que había llegado la hora de que Cataluña ejerciera el derecho de autodeterminación. Casi dos meses después, Mas y Oriol Junqueras firmaron un Pacto por la libertad por el que se comprometían a convocar una consulta para que Cataluña decidiera si quería convertirse en «un nuevo Estado de Europa». Un año más tarde, Mas anunció que el 9 de noviembre de 2014 convocaría un referéndum con esta doble pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?». El gobierno del Estado advirtió de que el referéndum era contrario a la Constitución. Y el 8 de abril del 2014, el Congreso rechazó la transferencia de la facultad de organizar referéndums que le había solicitado el Gobierno catalán.

Mas siguió adelante con sus planes y logró que el Parlamento de Cataluña aprobara en septiembre de 2104 una ley que ampararía la consulta. A partir de entonces, las autoridades autonómicas dejaron de hablar de referéndum y utilizaron sistemáticamente el término consulta. Coincidiendo con su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad, el 27 de septiembre de 2014, Mas firmó el decreto de convocatoria. Las preguntas y la fecha eran las ya previstas un año atrás.

El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la consulta el 13 de octubre. Las autoridades autonómicas replicaron que su iniciativa seguía adelante bajo la forma de un proceso de participación. La pregunta y la fecha seguían siendo las mismas. Cinco días antes de la consulta, el 4 de noviembre, el Constitucional admitió un recurso del Gobierno del Estado contra las actuaciones de la Generalidad y suspendió cautelarmente el proceso de participación. La Generalidad, enterada, recurrió ante el Tribunal Supremo y de nuevo ante el Constitucional.

El 9 de noviembre, los ciudadanos catalanes pudieron responder en las urnas a las dos preguntas planteadas. A mediodía y después de votar, el propio Mas declaró solemnemente: «Si la Fiscalía quiere saber quién es el responsable de abrir los colegios, que me mire a mí; el responsable soy yo y mi gobierno». Al finalizar el día, la vicepresidenta Ortega, que había ido dando cifras de participación, anunció que habían votado más de dos millones de personas y que el sí a la independencia había alcanzado el 81% de los votos.

LOS JUECES. Sobre el núcleo de estos hechos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó ayer sentencia. Su desoladora conclusión es que Mas desobedeció al Estado, pero que no queda probado que estuviera en su ánimo el hacerlo: «No puede descartarse [así lo dice la página 73 de la sentencia] un juicio interpretativo, en todo caso erróneo, que se represente la posible legalidad del proceso de participación ciudadana en los términos en que se produjo el de 9 de noviembre de 2014». La inmoralidad se expresa por lo general en términos tortuosos. Los jueces sostienen que la desobediencia no implica ánimo de delinquir y así, mientras castigan el delito de desobediencia (la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, dice la canción popular), absuelven del de prevaricación, lo que rebaja considerablemente la pena. No puede descartarse un juicio interpretativo que se represente la posible legalidad del proceso. No puede descartarse, han dicho tres jueces en su sano juicio, que Mas creyera estar actuando en plena legalidad.

Semejante bula interpretativa no puede desaprovecharla nadie. ¡Si sirve para la sentencia, cómo no va a servir para la crónica! Quizá los magistrados observen complacidos que la sentencia no ha gustado a nadie, salvo a estos dos inefables partidos que responden al nombre de Ciudadanos y Partido Popular de Cataluña, cuyos portavoces han dicho que el que la hace la paga, sin pararse a pensar qué es lo que ha hecho y qué es lo que ha pagado. Pero no hay ninguna garantía de que en esa equidistancia judicial estén la verdad y la razón. Lo que está claramente en la equidistancia es el pacto, es decir, la política. Ya lo estuvo cuando ni siquiera llegó a juicio el delito de malversación, que suponía penas de cárcel. Es fama que los catalanes tienen desde Francesc Pujols los gastos pagados y que al nacionalismo todo le sale gratis.

En la fetal equidistancia de la sentencia está incorporado el Ministerio público. Ayer leí que la Fiscalía iba a estudiar si presentaba o no recurso. Me pareció humorístico. Especialmente si lo presenta. Tengo aquí mis notas del juicio. El fiscal Sánchez-Ulled en su informe final, e invocando el principio non bis in idem («no puede castigarse dos veces el mismo hecho»), vino a decir sobre el delito de prevaricación del que acusaba: «El Ministerio fiscal no se hace cuestión en este punto y se remite al criterio que adopte la Sala». Es sabido que el fiscal Ulled, de guardia el 9-N, no pudo identificar a los organizadores de aquel delito que sucedía ante sus ojos, incluso luego de que su principal promotor dijera retándole explícitamente: «El responsable soy yo». Y es sabido también que después de su inhibición le tocó exhibirse en el juicio. De modo que entra dentro de lo legítimo que recurra ante el Supremo y se haga cuestión en este punto. Ya tiene práctica en la torsión.

La sentencia no es más que el último episodio de la actitud grisácea, gaseosa, indolente, de bajo perfil y de baja gramática que el Estado ha aplicado al abierto desafío del Gobierno de Cataluña. Una actitud que, por otro lado, es la que mantuvo durante 40 años de negociación ininterrumpida con el siempre gaseoso catalanismo político. Pero que sigue manteniendo a pesar de que al otro lado ya no hay catalanismo político ni meandros, sino separatismo en línea recta. Mas hizo el 9 de noviembre de 2014 lo que el 25 de septiembre de 2012 dijo que iba a hacer. Y ayer, nada más conocerse su leve condena, no es que dijera sólo que no se arrepentía de nada y que lo volvería a hacer; es que llevaba una chapa en la solapa, chulapón, que decía: «Ho tornaria a fer». Debo traducírsela al magistrado Barrientos, por si se diera algún juicio interpretativo erróneo: «Lo volvería a hacer». Al fiscal prefiero traducírselo en mi latín: In bis, idem.

La sentencia desprende el aire contaminado del juicio político: cuando se sospecha que son los hechos los que han debido adaptarse a la sentencia y no a la inversa. Y supone un éxito notable para Mas y el resto de desleales. Obra el milagro de mantener viva la llama victimista al tiempo que demuestra hasta qué punto de eficacia ha llegado la intimidación nacionalista sobre el Estado democrático.

Noticias Judiciales TSJ Cataluña.

Comunicación Poder Judicial, 130317.

El TSJ de Cataluña condena a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por un delito de desobediencia por el “caso 9-N”

El tribunal les absuelve del delito de prevaricación del que estaban acusados

La Sala Civil y Penal del TSJC, en sentencia de fecha 13 de marzo de 2017, ha condenado al expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas i Gabarró como autor de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público a las penas de multa de doce meses, con una cuota diaria de cien euros, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado, por tiempo de dos años.

En esa misma sentencia son condenas las acusadas Joana Ortega i Alemany, exvicepresidenta del Govern de la Generalitat i exconsellera de Governació i Relacions Institucionals, e Irene Rigau i Oliver, exconsellera del Departament d’Esnenayment de la Generalitat, como cooperadoras necesarias de ese mismo delito de desobediencia, a las penas de multa de diez meses, con igual cuota económica, e inhabilitación especial, con el mismo alcance que el anterior, durante un año y nueve meses, en el caso de Ortega; y a una multa de ocho meses, con igual cuota económica, e inhabilitación especial, con el mismo alcance que para el autor, durante un año y seis meses, en el caso de Rigau. En la misma sentencia se les absuelve a los tres acusados del delito de prevaricación administrativa por el que venían acusados por el Fiscal y las acusaciones populares.

En los fundamentos de la sentencia se afirma que no se ha sometido a juicio ni la convocatoria del proceso participativo realizada por el President de la Generalitat el día 14 de octubre, ni tampoco la colocación de las urnas el día 9 de noviembre, sino exclusivamente la desobediencia a la orden de suspensión emanada de la providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de 2014.

La Sala Civil y Penal del TSJC parte de la atribución al Tribunal Constitucional de una auténtica jurisdicción constitucional, así como de que su providencia de 4 de noviembre de 2014 reunía todas las condiciones formales y encerraba un mandato claro, expreso, concreto y terminante de suspender toda actividad administrativa orientada a la realización del proceso participativo convocado para el 9 de noviembre, que imponía a sus destinatarios un deber inexcusable de acatamiento a tal mandato, en ningún caso necesitado de requerimiento o advertencia personal de tipo alguno.

Se les reprocha a los acusados el hecho de que, lejos de hacer efectiva la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional, no solo no dictaron ningún tipo de resolución ni efectuaron anuncio alguno de suspensión del proceso participativo previsto para el día 9 de noviembre, sino que observaron un catálogo de conductas demostrativas todas de su determinación firme de contravenir la providencia del Tribunal Constitucional.

Entre esas conductas se relacionan particularmente las relativas al mantenimiento de la página web “participa2014.cat”; el mantenimiento de la campaña de publicidad institucional; el mantenimiento del reparto de correspondencia oficial; la aportación y suministro del material de la votación (urnas, sobres y papeletas); la elaboración e instalación de programas informáticos y suministro del material tecnológico y apoyo técnico; la contratación de un seguro de responsabilidad civil de cobertura para los voluntarios; la utilización de centros públicos como sedes de votación y la instalación de un centro de prensa.

Esta actividad, según los razonamientos de la sentencia, desacredita la tesis defensiva de que todo el proceso participativo, a partir del día 4 de noviembre de 2014, quedó en manos de los voluntarios, lo que no se sostiene a partir de la verificación de la ingente, por no decir frenética, actividad preparativa desplegada en ejecución de otros tantos contratos públicos, generadores todos de compromisos de pago que fueron cargados y atendidos contra la Generalitat de Catalunya.

El diferente tratamiento punitivo dado por el tribunal a los acusados lo justifica, en el caso del acusado Sr. Mas i Gabarró, no solo como autor directo y material del delito cometido sino también porque sobre su persona, como President de la Generalitat (al que corresponde estatutariamente la dirección y coordinación de la acción de gobierno) recaía con la mayor intensidad el deber de suspensión de actividades impuesto por la providencia del Tribunal Constitucional desobedecida, en la medida que había sido el artífice de convocatoria inicial.

Y entre las acusadas, por la distinta relevancia de las aportaciones de una y otra al hecho desobediente, superior en el caso de la Sra. Ortega i Alemany, como Vicepresidenta del Govern de la Generalitat y titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals por el control superior que ejerció en todo momento de los mecanismos organizativos y arquitectónicos del proceso participativo.

La absolución por el delito de prevaricación se dispone atendiendo a que la arbitrariedad que las acusaciones atribuyen a los tres acusados y por la que piden su condena por el delito de prevaricación, procede y se centra en la decisión de los acusados de no hacer efectiva la suspensión ordenada en la providencia TC de 4 de noviembre; declarando la Sala Civil y Penal del TSJC que en esas concretas conductas no puede afirmar la presencia de elementos de ilegalidad que excedan o desborden la inherente al hecho desobediente ya calificado y sancionado como constitutivo de un delito de desobediencia; lo que impide una condena añadida por el delito de prevaricación, pues no lo permite el principio non bis in ídem, que prohíbe castigar doblemente una misma conducta.

Ilustración de LPO [L. Pérez Ortiz; España, 1957], en El Mundo, 130317.

También prevaricaron

Tsevan Rabtan en Las cuatro esquinas del mundo, 130317.

Acabo de leer la sentencia que condena a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por delitos de desobediencia, a la vez que los absuelve por delito de prevaricación.

La sentencia es muy detallada y  está bien argumentada. Es muy relevante cómo desmonta todas esas falacias que se habían ido esparciendo para negar la participación de los acusados (y de la Generalidad) en el llamado proceso participativo. Hasta el punto de tomarse a coña ciertas alegaciones sobre la no comprensión de lo que se ordenaba, e incluso dejar caer que varios testigos directamente han mentido, al ser sus declaraciones contradictorias e incompatibles con la lógica y sus propios actos.

También desmonta la sentencia (aunque no hacía falta) lo alegado acerca de la necesidad de requerimientos personales o de reiteración en lo ordenado. Lo he dicho siempre: eso suena a chufla. El derecho penal no puede convertirse en un santuario en el que se exijan formalismos idiotas e innecesarios para justificar (más aún en personas que cuentan con todo un aparato jurídico e institucional a sus espaldas) el grosero incumplimiento de las normas.

Lo obvio ha quedado de manifiesto: se quería incumplir, se diseñó el incumplimiento, se jactaron del incumplimiento y pretendieron, a la vez que encumbraban el sainete a la categoría de fecha histórica, que los demás tuviéramos que admitir que nos llamaran imbéciles a la cara. Todo fue un ejercicio inmenso de mendacidad.

Dicho esto, algunos de ustedes se preguntarán por qué se absuelve de los delitos de prevaricación (que habrían llevado a penas de inhabilitación mucho más amplias). La razón que da el tribunal no es que no hayan existido actuaciones administrativas (tácitas) o que las conductas omisivas no puedan integrar el tipo. Todo esto ya lo dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo y es lógico, porque, en otro caso, facilitaríamos la impunidad de los que no hacen aquello a que vienen obligados por ley.

Tampoco se basa la sentencia en que la conducta de los acusados no fuera ilegal, a la postre, ya que las sentencias ulteriores del Tribunal Constitucional (sobre la ley de consultas catalana y sobre el propio sarao del 9N) así lo declararon. No, se basa en que no existió un plus de arbitrariedad derivado del hecho de que las resoluciones (conductas omisivas y activas) adoptadas fueran no solo contrarias a lo ordenado en una resolución judicial, sino que en sí mismas lo fueran (contrarias) a OTRA norma que les impusiera una concreta actividad.

Para justificarlo parten del hecho de que en la sentencia 42/2014 de 5 de marzo, del Tribunal Constitucional, aquella que se refería a la resolución del Parlamento de Cataluña sobre derecho a decidir y soberanía, se incluyese la posibilidad de una interpretación constitucional del derecho a decidir como aspiración democrática.

Discrepo radicalmente de la sentencia que estoy comentando en este punto. La sentencia del TC que se aduce simplemente plantea que el derecho a decidir es constitucional como planteamiento político sujeto entre otros requisitos a la ley. Plantear que lo que dice esa sentencia implique que en los acusados solo concurría el dolo de desobedecer y no de saltarse la legalidad constitucional y la propia ley ordinaria (algo que ahora ya no sería posible por el dictado, en 2015, de dos sentencias del TC sobre la materia), no me parece de recibo. Es meridianamente claro -a mi juicio- que los acusados, con sus resoluciones abarcaban el injusto del delito de prevaricación, por cuanto estaban contrariando directamente la columna vertebral de la Constitución Española. Y que esto es así se demuestra con la propia conducta que se refleja bien en la sentencia: es decir con el comportamiento dirigido a la ocultación de sus actuaciones  ilegales (algo que por cierto se reproduce ahora, con la cosa esa tan graciosa de que solo los Señores del Mundo y Fu Manchú conozcan el texto que por fin sacará a Cataluña de la bárbara España).

No obstante, hay una manera más prosaica de discutir el impedimento que aparece en la sentencia. La sentencia dice literalmente:

[…] integrar la legalidad burlada con el art. 161.2 de la CE, ciertamente desoído, pero que presenta a estos fines una naturaleza adjetiva insuficiente para añadir al reproche genuino de su inobservancia –el propio de la desobediencia- otro relacionado con un hecho prevaricador, conceptualmente necesitado de un acto objetivamente injusto que no se identifica en el proceder de los acusados, más allá de su determinación desobediente.

El artículo 161.2 de la Constitución Española dice:

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

La sentencia afirma que esta norma tiene una naturaleza “adjetiva insuficiente”, pero uno se pregunta de dónde se saca esa afirmación. Y de dónde extrae que las normas tiene que ser “sustantivas” para que se produzca el hecho prevaricador. Como si no existiese prevaricación cuando un órgano manifiestamente incompetente dicta una resolución.

Y esta es la cuestión. Esa norma (y su desarrollo en la LOTC) no es intrascendente, ni adjetiva, ni superficial. El legislador constitucional le dio al Gobierno una especie de “privilegio” del que resulta además un automatismo que no puede ni siquiera ser ignorado por el propio Tribunal Constitucional. Es decir, el propio Tribunal Constitucional está obligado a comunicar la suspensión, pudiendo, ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Siendo esto así: ¿cómo es posible que una norma que, de ser incumplida por el Tribunal Constitucional, nos permitiría hablar de prevaricación en sus magistrados no se considere suficiente para que incurran en ella otras autoridades y funcionarios?

Resumo: la sentencia ha debido condenar (con esos hechos probados) por prevaricación. Espero que, de ser recurrida, el Tribunal Supremo la reforme en este punto.

ACTUALIZACIÓN: Para que quede aún  más claro el automatismo (y consiguiente desapoderamiento) que deriva del artículo 161.2 de la CE, les copio lo que dice el propio Tribunal Constitucional en Auto de 13/03/1990:

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.- El levantamiento o la ratificación de la suspensión de las disposiciones de las Comunidades Autónomas , impugnadas por el Gobierno con invocación expresa del art. 161.2 CE, ha de resolverse por el Tribunal, mediante Auto, en un plazo no superior a cinco meses, por imperativo del precepto constitucional indicado. Dicho plazo , según tiene establecido este Tribunal (AATC 140/1987 [ RTC 1987\140 AUTO], 1140/1987 [ RTC 1987\1140 AUTO] y 1149/1988 [ RTC 1988\1149 AUTO]), a tenor de lo dispuesto en los citados arts. 161.2 CE y 65.2 LOTC, ha de entenderse que tiene que haber transcurrido para que aquella resolución pueda tomarse o adoptarse, ya que en otro caso podría quedar prácticamente vacía de contenido la facultad que la Constitución otorga al Gobierno. Ello sin perjuicio de que siendo un plazo máximo el previsto en el art. 161.2, pueda el Tribunal en casos muy excepcionales, previa ponderación de las razones invocadas por las partes, adelantar la decisión .

Como pueden observar, ese efecto automático es indiscutible. Y vincula a todos, ciudadanos, autoridades, funcionarios y a los propios magistrados, que pueden levantar la suspensión, mediante auto (es decir, motivadamente), previas las alegaciones de las partes  y solo excepcionalmente antes del transcurso de cinco meses.

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Notas.-

Enlaces [en azul cuando se trata de textos ajenos] y corchetes son aportados por EQM. También, por razones discutibles de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace.

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