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Educación recula y ya no hará falta aprobar para obtener el título de ESO

Un alumno de 16 años podrá pasar a Bachillerato con una calificación final de la etapa inferior al aprobado y con hasta dos asignaturas suspensas

Así lo dice un proyecto de real decreto al que ha tenido acceso EL MUNDO, que el Gobierno aprobará próximamente y que contradice la Lomce

Olga R. Sanmartin en El Mundo, 180417.

Mientras en las Cortes se trabaja para alcanzar un pacto de Estado educativo, el Gobierno prepara un nuevo cambio para desmontar otra pieza de la Lomce, esa ley inicialmente concebida para elevar el nivel de exigencia en las aulas españolas. El Ministerio de Educación ha redactado un proyecto de real decreto, a cuyo último borrador ha tenido acceso EL MUNDO, que implica que los alumnos ya no tendrán que sacar como mínimo un 5 en su calificación final para obtener el título de graduado de la ESO, tal y como prevé la reforma educativa del PP.

En la práctica, esto supone que este año, y hasta que se alcance un pacto de Estado, los estudiantes de en torno a 16 años podrán pasar al Bachillerato con una nota media de toda la ESO inferior al aprobado y con hasta dos asignaturas suspensas. Tampoco tendrán que aprobar la polémica reválida, que, tal y como prometió en octubre Mariano Rajoy, no va a tener efectos académicos hasta lograr el anhelado acuerdo.

La cosa, por tanto, va a quedarse más o menos como estaba con la LOE socialista, que no obligaba a los alumnos a sacar una nota media de un 5 y les permitía graduarse con una evaluación negativa en una o dos materias y “excepcionalmente en tres”, siempre y cuando “el equipo docente considere que su naturaleza y el peso de las mismas (…) no les ha impedido alcanzar las competencias básicas y objetivos de la etapa”.

Ahora será un poco más duro, porque sólo se podrá titular -un requisito imprescindible para pasar a Bachillerato- con dos asignaturas suspensas, en vez de tres, pero por el camino se han perdido las pretensiones iniciales del Gobierno de pedir una reválida aprobada y una calificación final de toda la etapa de al menos un 5.

El cambio del 5 es muy reciente, tal y como se desprende tras hacer una lectura comparada de diversos borradores en los que ha trabajado el Ministerio para adaptar las condiciones de acceso a los títulos de la ESO y Bachillerato a esta nueva situación en donde las reválidas ya no tienen efectos académicos.

En un borrador anterior al que ahora revela EL MUNDO, se decía que obtendrían el título de graduado en la ESO “los alumnos y alumnas que hayan obtenido una calificación final de la etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10 y una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos siempre que éstas no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas“.

Esto es lo que expresa también la Lomce, que sigue en vigor. Según fuentes educativas, el nuevo borrador “se contradice” con esta norma porque ya no establece, como figuraba antes, que los alumnos tengan que sacar una nota media final de al menos un 5. Sí se sigue manteniendo, a cambio, todo lo demás: “Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que éstas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, obtendrán el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria”.

Requisitos más duros para bachillerato

El proyecto de real decreto aún tiene que someterse al examen del Consejo de Estado y del Consejo Escolar del Estado antes de ser aprobado, previsiblemente antes del verano, por el Consejo de Ministros.

Para los estudiantes que quieren conseguir el título de Bachillerato, el borrador mantiene las mismas condiciones que exige la Lomce: deben tener una “evaluación positiva” en todas y cada una de las asignaturas de los dos cursos. Es decir, los requisitos son más severos que con la ESO, donde los alumnos se gradúan con hasta dos materias suspensas.

En el curso 2014/2015 (últimas cifras disponibles), el alumnado que, al finalizar la ESO, era propuesto para el título de graduado suponía una tasa bruta del 77,3% respecto de la población que tiene la edad teórica de concluir este nivel educativo. Esto lleva a una reflexión que probablemente también ha realizado el Gobierno: si se eleva el listón para sacar el título, este porcentaje bajará. Y, en un momento en el que España necesita como máxima prioridad reducir su elevada tasa de abandono escolar, no conviene ponérselo más complicado a los alumnos. Según datos anteriores, de 2011/2012, uno de cada cinco graduados de la ESO consiguió el título con al menos una asignatura suspensa.

“El Gobierno ya se ha bajado los pantalones con las reválidas, ¡qué más da bajárselos un poco más con esto del 5!”, expresan con amargura fuentes educativas, que insisten en la necesidad de hacer evaluaciones comunes ajenas a los centros para homologar competencias en toda España.

Otras fuentes reprochan al Gobierno “la imprevisión” con la que está realizando modificaciones de calado como ésta: “Trastocar así la normativa en el tercer trimestre… Es el tercer cambio legislativo en un mismo curso y se aplicará ya este mismo año. Ni los estudiantes ni los profesores sabrán cómo gestionarlo”

Todo lo que hay que saber para sacarse este curso los títulos de la ESO y Bachillerato

Olga R. Sanmartin en El Mundo, 180417.

La política educativa se ha convertido durante el último año en una madeja de reales decretos que rectifican a otros reales decretos. Las consecuencias de haberlo hecho mal entonces se están pagando ahora. Ni los estudiantes, ni los profesores, ni los directores de los colegios saben a ciencia cierta, a estas alturas de curso, cómo van a graduarse los alumnos y en qué van a consistir las evaluaciones externas que se celebrarán antes del verano. Las negociaciones para alcanzar el pacto de Estado y la situación de parálisis que ha sufrido el Gobierno cuando se encontraba en funciones, unidas a los problemas que presenta la Lomce, han generado un gran atasco escolar. Íñigo Méndez de Vigo se ha visto obligado a cambiar lo que hizo José Ignacio Wert pero lo hace in extremis. Éstas son las claves para no perderse con lo que va a venir en los próximos meses:

1. ¿Cómo se saca uno el título de Bachillerato?

Hasta ahora teníamos la Selectividad, oficialmente llamada Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Wert quiso subir el listón e ideó un examen nacional, la reválida, que había que aprobar para obtener el título de Bachillerato y poder ir a la Universidad. Sin aprobar la reválida con al menos un 5 no había título. Sin título de Bachiller, no se puede seguir estudiando. Pero, dadas las dificultades para realizar una evaluación común el mismo día en toda España, con tan poco tiempo y sin haber analizado los problemas que entrañaba, Méndez de Vigo tuvo que ceder a la presión de rectores y gobiernos autonómicos y convirtió esta reválida en Selectividad. Ahora se llama EBAU (o EVAU, en algunas autonomías), pero es prácticamente el mismo examen. Y, como con la LOE, si el alumno saca un 4, puede ir a la Universidad, como ocurría antes. Ya no se necesita un 5, como pretendía el Gobierno.

El real decreto que el pasado diciembre modificó el calendario de la Lomce y quitó el efecto académico a las reválidas dice textualmente: “La evaluación únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la universidad, pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller”.

¿Qué se necesita, entonces, para sacarse este diploma? Haber aprobado todas las asignaturas de los dos cursos, 1º y 2º, según el proyecto de real decreto al que ha tenido acceso EL MUNDO. Pero ya no es necesario sacar un 5 en la EBAU. Ni siquiera se necesita hacer esta prueba -la antigua reválida- para titular.

2. ¿Qué es eso de la EBAU?

La EBAU es la antigua reválida; en realidad, la antigua Selectividad. Aquí se ha regulado cómo va a ser. Finalmente sólo examinará de las asignaturas de 2º de Bachillerato y se han reducido a seis el número de materias. Sólo cuatro de ellas (las troncales) contarán para entrar en la Universidad. El resto servirán para subir nota, pero no la bajará.

Se mantiene el distrito único, lo que significa que la nota que saque un alumno en una comunidad autónoma le servirá para ir al campus de otra región. No habrá preguntas tipo test ni exámenes orales de Inglés, como se pensaba en un principio.

3. ¿Hay título de Primaria?

No. El primer título se da en la ESO, cuando los alumnos tienen, por lo general, 16 años. En 6º de Primaria, eso sí, los alumnos tienen que pasar una prueba, pero es meramente de diagnóstico y no tiene efectos académicos. El Gobierno no ha concretado aún cómo va a ser esta evaluación, que ya se hizo de forma desigual en varias comunidades autónomas el año pasado. Sólo se sabe que es muestral; es decir, no tendrán que hacerla todos los colegios.

4. ¿Cómo se obtiene el título de la ESO?

Se puede obtener el título de la ESO, que permite pasar a Bachillerato, aprobando todas las asignaturas menos dos, siempre y cuando éstas no sean a la vez Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Ya no es necesario sacar una calificación final de la etapa de al menos un 5, como exige la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (Lomce). Los alumnos tampoco tienen que aprobar necesariamente la evaluación que se celebrará antes de este verano en 4º de la ESO. Al igual que la prueba de Primaria, no tiene este curso efectos académicos. Y también es muestral.

Ilustración de Sean Mackaoui [Suiza, 1969] en El Mundo, 180417.

Revelación insólita

Jorge de Esteban en El Mundo, 180417.

El periodista catalán, José María Brunet, es un magnífico profesional de La Vanguardia, destinado en Madrid desde hace ya muchos años y al que yo conocí en Roma, poco antes de mi cese como embajador ante el Quirinal. Entonces no tuve apenas tiempo de tratarlo, pero, desde que es corresponsal del periódico catalán en Madrid, soy un lector asiduo de sus crónicas, máxime cuando se ha especializado en la actividad del Tribunal Constitucional.

Hace pocos días publicó un artículo sobre mi colega, Carles Viver i Pi-Sunyer, definiéndole como “el jurista de la independencia” (de Cataluña, obviamente), lo cual es un claro oxímoron porque un jurista defiende el Derecho, pero no lo destroza. Cualquier estudiante de este campo sabe que nuestra Constitución “se fundamenta en el principio de la indisoluble unidad de la Nación española”. Y un jurista que merezca ese nombre debe colaborar con el legislador democrático en la tarea de defender la ley y la Constitución en los continuos ataques que, abierta o fraudulentamente, sufre con frecuencia. Por consiguiente, éste no es el caso de Carles Viver, o, más exactamente, no lo es ahora, porque paradójicamente durante nueve años fue magistrado del Tribunal Constitucional (de ellos tres como vicepresidente) y desde hace una docena de años, más o menos, es uno de los más aviesos contradictores de todo lo que había defendido antes.

Por supuesto, no es el único caso en la Historia de saltimbanquis ideológicos de este tipo, pues hay precedentes ilustres, salvando naturalmente las abismales distancias, como el de Maximilien Robespierre, quien después de formar parte en 1791 del club de Los amigos de la Constitución, pasó a convertirse, tras el fracaso de la Monarquía constitucional, en uno de los grandes líderes del republicanismo radical, tendencia que finalmente desembocaría en el periodo llamado del Terror, con el resultado conocido. Por supuesto, todas las comparaciones son odiosas y en este caso más aún, pues en España nadie quiere por ahora la violencia.

Su conversión espuria al llamado soberanismo comenzó con su aportación maquiavélica al Estatut, en el que a lo largo de sus 223 artículos -extensión propia de algunas Constituciones latinoamericanas- fue poniendo las bases para vaciar el contenido de las competencias exclusivas del Estado, y traspasarlas fraudulentamente a la Generalitat. Pero de ello ya he hablado numerosas veces aquí. Ahora, al frente de un equipo de juristas, es también el encargado de crear las estructuras del Estado catalán y las llamadas leyes de desconexión.

Así las cosas, el periodista José María Brunet recoge algunas opiniones de Viver que son francamente sorprendentes para explicar una evolución semejante a la de San Pablo en su caída en el camino de Damasco o a la de Robespierre ya citada. Pero lo más llamativo es lo que afirma sobre su estancia en Madrid de 1992 a 2001, que transcribo literalmente: “El independentista de hoy reconoce que lo pasó bien en sus años de vida en Madrid. Se sentía a gusto en la ciudad y, sobre todo, en el TC, del que fue elegido vicepresidente por unanimidad y en el que su labor de entonces dejó buen recuerdo. Eran otros tiempos. El entonces presidente del TC, Miguel Rodríguez Piñero, recibió en su despacho a Jordi Pujol, en aquel momento presidente de la Generalitat, para hablar de los recursos pendientes y, muy especialmente, del relativo a las normas lingüísticas. Una entrevista así es hoy en día inimaginable”.

Pero tan difícilmente imaginable es hoy, como lo era en aquel momento, aunque Viver se queda tan ancho, pues parece ignorar que la visita de Pujol al presidente del Constitucional podría afectar tanto a la división de poderes como a la independencia del juez. Mi malogrado colega y buen amigo, Ignacio de Otto, que él cita en sus declaraciones, lo tenía muy claro tratando sobre la necesaria independencia de los jueces: “También hay una dependencia puramente psíquica en la que la subordinación no resulta de un vínculo jurídico, sino de la posibilidad que otro tiene de causarnos un mal o bien de cualquier índole que sea, cuya previsión nos lleva a acomodar nuestra conducta a sus expectativas, aun cuando no hay un deber de obedecer cuya infracción pueda acarrear sanciones“.

Es más, en lo que se refiere a este caso, el artículo 22 de la LOTC, señala que “los magistrados del TC ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma”. Cabe plantear, por lo menos, la duda de si este precepto se cumplió con la visita del presidente de una Comunidad Autónoma al del TC, cuando precisamente iba a tratar sobre la cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre varios artículos de una norma del Parlamento catalán, que es el origen del embrollo de todo lo que sucede hoy en Cataluña. En efecto, en el año 1983, el Parlamento catalán había aprobado la Ley 7/1983 de 18 de abril sobre “normalización lingüística”, lo que era un claro eufemismo, pues a través de ella se venía a imponer el catalán como lengua vehicular en toda la enseñanza.

Jordi Pujol, que de tonto no tiene nada, sabía perfectamente que la lengua unitaria era un requisito indispensable para la futura independencia de Cataluña. Ciertamente, la política lingüística que ha llevado a cabo la Generalitat no se debe contemplar únicamente como un instrumento destinado a conservar la identidad cultural de Cataluña, sino como algo más sutil y profundo. De lo que se trata es de servirse de un arma privilegiada para la uniformización ideológica y política de los ciudadanos catalanes, a través de la enseñanza y de los medios controlados por la Generalitat, así como un elemento básico que representa el principal factor diferenciador del resto de los pueblos de España.

De esta manera, partiendo de la idea de que Cataluña es una nación y de que, según los nacionalismos, a toda nación le corresponde en exclusiva la posesión de un territorio, un Estado y una lengua propia, faltaba dar el paso definitivo. Efectivamente, hay que lograr un Estado propio con sus fronteras reconocidas internacionalmente y para ello siguen pensando en organizar un referéndum que es absolutamente inviable, porque el Estado nunca lo permitirá por inconstitucional. Y de ello es consciente el propio Viver, pues, según Brunet, “admite que el referéndum de autodeterminación, tal como el TC interpreta la Constitución, no es posible”. Pero añade que «la realidad política acaba imponiéndose…».

Sea lo que fuere, el hecho es que la desconexión de Cataluña respecto de España comenzó no con la sentencia del TC sobre el Estatut, sino mucho antes;esto es, desde que Pujol fue nombrado presidente de la Generalitat, como preconizó Tarradellas. Es muy ilustrativo a este respecto que hace poco Aznar recordase que ofreció a Pujol entrar por dos veces en su Gobierno y que la segunda vez, en el año 2000, le señaló que no podía aceptar porque ya no regía para él, el pacto constitucional. Lo cual no es sorprendente porque nunca aceptó, prácticamente desde el principio, que Cataluña fuese una Comunidad Autónoma como las demás.

Pude comprobarlo personalmente cuando fui embajador de España en Italia. A principios de marzo de 1987, me notificaron que Pujol llegaría el día 23 para asistir, como otras muchas personalidades, a los actos conmemorativos del XXX aniversario de los Tratados de Roma que dieron lugar a la Unión Europea. Como se puede suponer, planificamos al milímetro los detalles de la estancia del president por razones evidentes, incluida una cena oficial en la Embajada a la que asistieron 30 personalidades italianas y españolas.

Es más, como a la hora de su llegada yo tenía concertado, hacía días, un almuerzo con el ministro italiano del Interior, lo anulé para poder recoger a Pujol en el aeropuerto. Me dirigí, pues, a Fiumicino con los tres coches de la Embajada, porque nos habían avisado de que con el presidente vendrían también varios de sus colaboradores. Mi sorpresa fue enorme cuando llegamos allí y nos encontramos con que el protocolo de la Generalitat había alquilado tres lujosos mercedes, como si se tratase de un país ajeno a España. Sobran los comentarios. En todo caso, Pujol se dignó a venir conmigo en el mercedes oficial, con la bandera española, y por la noche presidieron la mesa dos pequeñas banderas -española y catalana-. Además, había preparado un discurso, en parte en catalán, que tradujo mi secretaria, que era de Barcelona. Pero daba igual, en los dos días que acompañé a Pujol nunca percibí una clara lealtad constitucional por su parte.

Volviendo a su obra máxima, la Ley de inmersión lingüística, es sorprendente que ningún partido presentase un recurso de inconstitucionalidad ante una norma que violaba claramente el artículo 3 de la Constitución. Se desconoce si la insólita visita de Pujol al Tribunal Constitucional, gestionada por Carles Viver, tuvo alguna influencia en la sentencia del 23 de diciembre de 1994, la cual declara que los artículos impugnados por el Tribunal Supremo de la Ley de 1983 no eran contrarios a la Constitución. Dos votos particulares de los magistrados Díaz Eimil y Gabaldón salvaron el honor del TC ante una sentencia aberrante, preconizando así el problema que ha desembocado, a mi juicio, en la fortaleza del separatismo catalán.

Pero hay más. Porque indirectamente esta sentencia está influyendo también en los conflictos lingüísticos de la Comunidad de Valencia, del País Vasco, de Navarra y de Galicia. No sabemos cómo acabará el contencioso catalán, máxime cuando hay discrepancias crecientes entre los independentistas, así como la situación jurídico-penal de Pujol y su familia. Está todo en el aire, pero, en cualquier caso, lo que nos viene a señalar es que ha llegado el momento de encontrar las vías dialogantes adecuadas para acabar de una vez el diseño final del Estado descentralizado español, dentro de Europa.

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Jorge de Esteban es catedrático de Derecho constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Sobre la normalización lingüística

Vía Wolters Kluwer, Guías Jurídicas [extracto].

II. RÉGIMEN JURÍDICO

El régimen jurídico de la llamada normalización lingüística parte del artículo 3 de la Constitución que establece los siguientes criterios:

  • Que el castellano es la lengua española oficial del Estado y como tal todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
  • Las demás lenguas españolas reconocidas en los Estatutos serán también oficiales en el ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma, de acuerdo con sus Estatutos.
  • La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
  • El artículo 148,1 17º permite a los Estatutos asumir competencias sobre el fomento de la “enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma”.

A partir de este precepto, están reconocidas como lenguas cooficiales las siguientes:

  • El euskera (artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del País Vasco) y en las zonas vascoparlantes de Navarra, conforme se regule en una Ley foral (artículo 9 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra).
  • El catalán (artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, que reforma el Estatuto de las Illes Balears).
  • El gallego (artículo 5 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia).
  • El valenciano (artículo 6 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana).

Y como consecuencia de tal reconocimiento se han dictado las leyes de normalización, en el País Vasco la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera; la Ley 7/1983, de 18 abril, de normalización lingüística en Cataluña sustituida por la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística de Cataluña; la Ley 3/1986 de 29 abril de Normalización Lingüística de Baleares y la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, de Galicia. También se puede citar Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano y la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, Ley Foral del Vascuence del Parlamento de Navarra que diferencia entre zona vascófona, mixta y no vascófona. .

A su vez el Estado ha promulgado normas en las que se normaliza el uso de lenguas cooficiales como, por ejemplo, ante las Administraciones públicas Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

III. DOCTRINA CONSTITUCIONAL

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el régimen y uso de lenguas cooficiales está formulada, entre otras, en las SSTC 87/1983, 82/1986, 83/1986, 84/1986, 123/1988, 74/1989, 46/1991, 337/1994, 31/2010 y 137/2010 y se basa en los siguientes criterios:

  • La Constitución remite a los Estatutos de Autonomía de las Comunidades con lengua propia distinta del castellano la decisión sobre la declaración de la oficialidad de esa lengua, el alcance y régimen jurídico así como regular su enseñanza.
  • Como consecuencia, el artículo 3 habilita a las Comunidades Autónomas para realizar políticas de normalización lingüística de forma que en el marco de sus competencias y su Estatuto pueden determinar el alcance de la oficialidad, contenido básico y fomento de su lengua propia.
  • Corresponde al Estado regular la enseñanza del castellano, única lengua oficial en todo el territorio nacional.
  • La exclusión del castellano no es posible porque se perjudican los derechos de los ciudadanos, que pueden alegar válidamente el desconocimiento de otra lengua oficial.
  • El castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español, sin que exista un deber constitucional de conocer lengua cooficial.
  • El régimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no sólo la coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales y son los poderes públicos los encargados de garantizar, en sus respectivos ámbitos de competencia, el derecho de todos a no ser discriminados por el uso de una de lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma.
  • Esa competencia autonómica se extiende todos los poderes públicos radicados en su territorio, también estatales, al ser el territorio el criterio delimitador de la oficialidad del castellano y de la cooficialidad de otras lenguas españolas.
  • El ente titular (Estado o Comunidad Autónoma) de una competencia sustantiva tiene la titularidad para regular el uso de la lengua en ese ámbito material, luego no sólo los aspectos organizativos y de funcionamiento interno, sino también en las relaciones de la Administración correspondiente con los ciudadanos.

IV. CONTENIDO DE LA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Siguiendo a Da Silva Ochoa, se puede esquematizar el régimen de uso de las lenguas y distinguir entre la oficialidad simple (derecho al uso de una lengua, pero que no impone el deber de conocerla) y oficialidad reforzada (derecho al uso de una lengua y deber de conocerla). De esta manera la Constitución en el artículo 3.1 se establece, respecto del castellano, un régimen de oficialidad reforzada y respecto a las lenguas de las Comunidades Autónomas, determina en su párrafo segundo que serán también oficiales de acuerdo con sus Estatutos, por lo que está creando un título competencial fuera del contenido de los artículo 148 y 149 de la Constitución.

El régimen sobre la normalización lingüística abarca los siguientes aspectos:

a) Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de las lenguas oficiales.El Estatuto de Cataluña de 2006 prevé en el artículo 6 que la lengua propia es el catalán aparte de la oficial junto con el castellano Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas sin que pueda haber discriminación por el uso de una u otra lengua. Por su parte el Estatuto vasco -artículo 6.1- señala que el euskera como lengua propia, tiene junto con el castellano el carácter de lengua oficial y todos los habitantes del País Vasco tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas, sin que nadie pueda ser discriminado por razón de la lengua, principio este de no discriminación también recogido en el valenciano.Respecto del deber de conocer un idioma, la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 ha declarado respecto del Estatuto de Cataluña, que ese deber sería inconstitucional si con él se pretendiese imponer un deber de conocimiento del catalán equivalente al que sí exigir del deber constitucional de conocer el castellano. La Sentencia 31/2010 salva su constitucionalidad afirmando la posibilidad de una interpretación apoyada en la consideración del deber de conocimiento del catalán como de distinta naturaleza y consecuencias al que tiene por objeto al castellano, deber entendido no como generalizado para todos los ciudadanos de Cataluña, sino como un deber individual y de obligado cumplimiento en unos ámbitos específicos: el de la educación y en el de las relaciones de sujeción especial que vinculan a la Administración catalana con sus funcionarios, en cuanto obligados a dar satisfacción al derecho de opción lingüística reconocido en el artículo 33.1 del Estatuto catalán.

b) Carácter propio de una lengua cooficial.A propósito del vigente Estatuto de Cataluña, dice el Tribunal Constitucional en su Sentencia 31/2010, que la declaración del catalán como lengua “propia” no es contrario a la Constitución si es rectamente entendida.En concreto no puede implicar un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad del castellano y catalán pues la expresión “lengua propia” significa que es la lengua peculiar o privativa de Cataluña, por contraste con el castellano. Si se pretendiese que únicamente el catalán es lengua de uso normal y preferente del poder público, siquiera sea sólo del poder público autonómico, se estaría contradiciendo una de las características constitucionalmente definidoras de la oficialidad lingüística.

c) Prohibición del uso preferente.La Sentencia 31/2010 declaró inconstitucional el artículo 6.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en cuanto que declaraba que el catalán como lengua propia de Cataluña es la lengua de “uso normal” de las Administraciones Públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña pero añadía que es de uso “preferente” de las Administraciones Públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña. Frente al concepto de “normalidad”, el de “preferencia” ya no describe una realidad lingüística, sino que da primacía a una lengua sobre otra en el territorio de la Comunidad Autónoma lo que implica imponer el uso prioritario del catalán sobre el castellano.

d) Uso de las lenguas oficiales ante las Administraciones públicas.El Estatuto de Cataluña prevé que el catalán es esta lengua la de uso normal y preferente de las Administraciones públicas; tanto el catalán como el Estatuto balear reconocen el derecho de opción lingüística ante las instituciones, organizaciones y Administraciones públicas -incluida la de Justicia-, lo que obliga a esas instancias públicas a satisfacer ese derecho, lo que extiende a los órganos constitucionales y con los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal, que deben atender y deben tramitar los escritos presentados en catalán que tendrán, en todo caso, plena eficacia jurídica.

e) Uso en la enseñanza.El Estatuto de Cataluña prevé que el catalán es la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, se reconoce el derecho a recibir la enseñanza en catalán sin que puedan ser separados en centros ni en grupos de clase distintos por razón de su lengua habitual. Por otra parte el profesorado y el alumnado de los centros universitarios tienen derecho a expresarse, oralmente y por escrito, en la lengua oficial que elijan. Tal previsión fue declarada conforme a la Constitución por la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sin perjuicio de que el Estado vele por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado puesto que el deber constitucional de conocer el castellano (artículo 3.1 de la Constitución Española) presupone la satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de las enseñanzas recibidas en los estudios básicos. El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña. En consecuencia, el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

f) Uso en los medios de comunicación.El Estatuto de Cataluña prevé que el catalán es la lengua de uso normal y preferente de los medios de comunicación públicos de Cataluña.

g) Mandato a las instituciones.

Los Estatutos catalán, balear, valenciano y gallego prevén que las instituciones autonómicas deben garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas oficiales, tomarán las medidas para asegurar su conocimiento, añadiendo el catalán que se crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos.

A lo anterior, el Estatuto gallego añade -artículo 5.3- que se potenciará el uso del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa, y dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento. Y dentro de las medidas de fomento, el Estatuto de Valencia prevé que se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano (artículo 6.5).

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Notas.-

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