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Honor e intimidades

Estos días los habitualmente intocables medios de comunicación españoles han recibido dos avisos judiciales que deberían ser suficientes para que todos reflexionáramos al respecto.

El primero se ha producido contra La Razón y su Director, Francisco Marhuenda, al ser investigado éste con ocasión de la Operación Lezo, con tan poca consistencia judicial que ha sido cuestión de horas que el Juez instructor decidiera dar marcha atrás a través de un auto [pdf] que pasará, por motivos que ahora no vienen al caso, a los anales históricos de los especialistas.

El segundo ha afectado a El Mundo y también a su Director, Pedro García Cuartango, al ser investigados por la publicación llevada a cabo sobre la presunta trama de evasión fiscal destapada en Football Leaks.

No voy a entrar en el fondo de los asuntos porque esa no es la cuestión que estoy abordando y, además, para eso está el poder judicial. A Marhuenda ya le han liberado de la la carga y espero que a Guartango, gran periodista, le ocurra lo mismo lo antes posible.

Lo que me preocupa es la facilidad con la que esta sociedad está liquidando la presunción de inocencia, pilar básico de cualquier democracia que se precie, y cómo se refuerza día a día la facilidad con la que se divulga información sin contrastar o verificar o, peor, proveniente de secretos sumariales o de otro tipo. O se pone en la picota a un sinfín/sin fin de ciudadanos que, aun en el caso de que fueran culpables debería padecer una expiación radicalmente contraria a las establecidas legalmente.

Desgraciadamente, nadie sabe qué es una pena de telediario hasta que la sufre en propia carne y sería bueno que nos aproximáramos a la tragedia sin necesidad de que ésta nos tenga que afectar personalmente.

No se trata pues, de poner más puertas al campo de la libertad de expresión y de información que aquella que se deriva de la ponderación, la proporcionalidad y del respeto a la ley y, en particular a los derechos fundamentales establecidos por la Constitución [al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; y la garantía del secreto de las comunicaciones].

De todos, también, por tanto, de los periodistas.

EQM

pd. Art 18. 4 de la Constitución Española:

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

El juez Eloy Velasco. Fot. Fernando Villar.

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Duralex

Arcadi Espada en El Mundo, 270417.

Tal vez alguien agradezca al juez Velasco que haya zanjado la antigua discusión acerca de si Francisco Marhuenda es un periodista o un piernas. Pero creo que hacer intervenir en el asunto a la Audiencia Nacional es una dilapidación casi comparable a la que se adjudica a algunos directivos del Canal. Una dilapidación y un escándalo jurídico. El auto que “desinvestiga” (su ofensiva gramática incluye también el participio “contexturalizado”) a Marhuenda y al empresario Mauricio Casals es un ejemplo de la peor doctrina instructora: la de los jueces que primero disparan y luego preguntan.

Si bastó oír a esos dos (y a su coaccionada Cifuentes) para librarlos de la imputación, lo razonable habría sido primero oír y luego decidir si imputar. Ciertamente, ese procedimiento instructor les habría ahorrado la pena de telediario. Pero como en el caso de la discusión citada el hecho de que Casals sea alto directivo del grupo mediático que de manera más sucia y obstinada ejecuta la pena no justifica, ni siquiera poéticamente, la innoble torpeza de Velasco.

La actitud del instructor del ‘caso Lezo’ no es aislada. Corresponde a lo que él mismo definió en este periódico, con una comodidad discursiva meditable, como la justicia del pueblo. Los ciudadanos no deben responder ante la ley sino ante el pueblo y el pueblo es un ente puramente mediático. Una de las características del estado justiciero es que pasa con gran facilidad por encima de las personas, ya reducidas a figurantes. Otro instructor de nuestra época, José de la Mata, debería también aclarar la pertinencia del trato al que sometió ayer a Jordi Pujol Ferrusola. No solo por la más que discutible decisión de encarcelarlo ahora, tantos años después y todo ya sucedido.

El hijo de Pujol empezó a declarar a la una. Después de unas cuatro horas esperó en los pasillos la resolución del juez. A las ocho pasó a los calabozos y aguardó a que lo trasladaran a Soto del Real. Allí cumplió las formalidades del ingreso y quién sabe si un sueño semiepiléptico. No duraría mucho. “Nos vamos, Pujol”. De madrugada lo meterían en un furgón, camino de Barcelona. En furgón no creo que haya menos de siete horas. A primera hora de la mañana ya observaba los trámites de los registros en su casa y en la de su padre. Lo último que supe es que a mediodía esperaba la vuelta del furgón en un calabozo de La Verneda. Dura lex sed lex! Porque, sin duda, los registros debieron de ser de una urgencia imperiosa; de una inexorabilidad fatal; de una exuberancia probatoria puramente amazónica.

La justicia fácil. Esa humillación colectiva que se añade con ventaja a la del delito.

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Dos periodistas de derechas y un juez (del pueblo)

Santiago González en su blog, 260417.

Empezaré con una declaración: creo en la presunción de inocencia. Tanto, que se la extiendo a los jueces, aunque sean del Pueblo. El día en que Eloy Velasco decidió imputar, o sea, investigar, al presidente de La Razón; Mauricio Casals, y a su director, Francisco Marhuenda, traté vanamente de hacerme con el auto investigador. No pudo ser y ante la imposibilidad otorgué presunción de veracidad al juez en su decisión.

Craso error. El juez del pueblo imputó a los dos periodistas por coaccionar a Cristina Cifuentes y el periodismo del pueblo extendió que se habían inventado noticias contra CC. No era verdad y cuatro días más tarde la justicio popular desimputaba a Casals y Marhuenda con un auto surrealista como prueba el primero de sus Razonamientos Jurídicos, o así:

PRIMERO.-Aunque indiciariamente del tracto del informe de la Guardia Civil, instruido sobre el investigado Edmundo Rodríguez Sobrino, y de reuniones del Sr. Casals con los dos principales investigados en un reservado, pudo desprender que los Sres. Casals y Marhuenda podrían haber estado realizando actividades propias de su empleo tendentes a minorar las posibilidades incriminatorias futuras de Edmundo, es lo cierto que una vez practicadas las diligencias esenciales de investigación la semana pasada, las mismas se han contexturalizado en una triple dimensión que obliga a acordar la desinvestigación, Sobreseimiento Provisional y Archivo respecto de Francisco Marhuenda y a Mauricio Casals Aldama.

En efecto, en primer lugar, la presionada Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid Sra. Cristina Cifuentes en su declaración manifiesta que no solo no se sintió tal, sino, y es lo que importa, que en ningún caso lo habrían conseguido y que no ha desviado su actuación de denuncia respecto de Edmundo Rodríguez Sobrino por la actuación de Marhuenda y Casals.

En esa línea, los interrogatorios de la semana pasada de la Jefa de Prensa Dª Marisa González y el consejero de Presidencia D. Ángel Garrido patentizan que los encuentros con Marhuenda fueron aprovechando actos coincidentes, y que el Sr. Garrido, responsable político ultimo del Canal Isabel II no se llegó a reunir para hablar de ese tema según manifiestan todos, excluyéndose por ello la imputación por el artículo 464 del CP.

Ah, la sintaxis, esa cualidad del alma que al parecer carece de efectos jurídicos. ¿Cómo se puede escribir “respecto de Francisco Marhuenda y a Mauricio Casals”? Repasen con cuidado el párrafo, que ofrece a mi querido Aurelio Arteta dos archisílabos imponentes, contexturizar y desinvestigación. ¿Qué será contexturizar?¿Dotar a unas diligencias de la misma textura que otras?¿O querría decir el juez del pueblo ‘contextualizar’? en la terminología antigua uno podía entender que un juez imputara y desempatura a alguien. ¿Pero como se le desinvestiga? Es rigurosamente incomprensible que su señoría sostenga “lo que importa” es que si hubieran tenido propósito de coaccionar “en ningún caso lo hubieran conseguido”. No, señoría; si hubieran amenazado o intentado coaccionar a CC, el delito habría sido perpetrado, aunque la presidenta de Madrid hubiera defendido su honor como una leona ¿cómo defenderán las leonas su honor?

Sostiene su señoría en el primer, incomprensible y terrorífico párrafo que del informe de la GC podía desprenderse que Casals y Marhuenda podrían haber estado realizando actividades propias de su empleo, ¡qué descaro! como las diligencias se han contexturalizado en una triple dimensión hay que desinvestigarlos y sobreseer y archivar en lo que a ellos toca.

Sostiene también el pueblo en toga que la presionada Presidenta declara no haberse sentido presionada. Vamos a ver, mi respetadísimo juez del pueblo. esto es como el perro del Rey que rabió: “el perro está rabioso/ o no lo está”. Si la presidenta no se ha sentido presionada es que no lo ha sido. Que Marhuenda calificara de ‘zorra’ en conversación con terceros a la jefa de prensa Marisa González revela unas maneras y un lenguaje lamentables, pero no puede ser constitutivo de delito de coacciones. Antes de imputar a los citados Casals y Marhuenda para desimputarlos cuatro días después, con el daño que supone para el prestigio profesional de un periodista la imputación de inventarse las noticias para coaccionar a un cargo político, tal vez debió callarse, tomar declaración a Cifuentes y a su jefa de prensa y si no fueron coaccionadas dejarlo correr.

El magistrado-juez del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, tiene algo en com-un con el ex titular del juzgado número cinco, Baltasar Garzón Real: ambos son malos instructores, quod erat demonstrandum, ambos son jueces estrella que han aprovechado las puertas giratorias para pasar de la ley a la política, Garzón a la izquierda y Velasco a la derecha. Ambos volvieron a la judicatura cuando no se les lograron sus propósitos en la vida política y una vez vueltos a la toga, produjeron destrozos considerables en los partidos que les habían colocado en las instituciones. Un juez que vuelve a las puñetas es tan peligroso para un partido como un contable chileno despedido, una exmujer que no cobra su pensión o una novia despechada, dicho sea sin afán de señalar.

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Notas.-

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