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De los nuevos poderes

Vengo repitiendo con insistencia que la actual decadencia occidental de las democracias se encuentra íntimamente vinculada a la palpable fragilidad de la división de poderes, consecuencia, también, de un neocapitalismo que, con el desarrollo consumista de su ‘economía global‘, ha acabado por destrozar los principios en que se asienta lo que habitualmente conocemos como Occidente.

Con la particularidad de que tal enfoque de la economía de mercado no se ha hecho con el poder por sí sola: ha precisado de la complicidad de unos medios de comunicación desprofesionalizados; y de unos políticos convertidos en profesionales de una burocracia de puertas giratorias, de estómagos agradecidos, que han convertido la política económica en economía política. En suma, un creciente e interesado crepúsculo de las ideologías que, sumado a la inoculación de la idiocia como modelo educativo, está dejando a nuestra sociedad en una miseria estructural de tal calibre que, por supuesto, no la conocería ni la madre que la parió.

Para cerrar el círculo de la podredumbre, quizás de modo inexorable, nada mejor que la deriva que podría suponer la consolidación de una suerte de Justicia ejemplarizante y pendiente de la alarma mediática vendida como social, en la que determinados jueces y fiscales se disputaran las competencias instructoras y el estrellato, viendo pasar ante sus ojos, con pasmosa tranquilidad, la inversión de la carga de la prueba -esa presunción de culpabilidad que nos invade- o cómo los secretos -tanto sumariales como los amparados como derechos fundamentales por el artículo 18 de la Constitución– llegan a las redacciones cual Pedro por su casa, para su cocinado linchador.

Afortunadamente, una serie de factores que también hemos recalcado en EQM, parece que acabarán impidiendo que la riada contra el Sistema democrático siga avanzando y se convierta en catastrófica. Cada vez hay más voces gritan con más fuerza para advertir del peligro que asoma e insistiendo en la necesidad de recobrar el sentido común, recolocando a cada poder en su casa y a Dios, nuestro valores, principios, educación, en la de todos.

Pero no nos descuidemos de nosotros mismos. Se nos olvida con facilidad la maldad de la que somos capaces, incluso para conseguir la autodestrucción.

EQM

Ilustración de Sean Mackaoui [Suiza, 1969] en El Mundo, 010517.

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Una costumbre excepcional

Cayetana Álvarez de Toledo en El Mundo, 010517.

Al caer la noche, el perímetro del parque del Retiro se convierte en un lugar inhóspito e inquietante. Los coches se cruzan sin verse y las parejas se escabullen, barrio de Salamanca adentro. Salvo los homeless, que dormitan en la esquina de O’Donnell bajo capas de cartón, no queda ningún testigo… Profesionales, furtivos, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se apostan junto al número 89 de la calle Alcalá, un edificio burgués de ladrillo con balcones de hierro forjado y simpáticos miradores.

Visten de paisano y les acompaña un secretario judicial. Miran hacia los lados y hacia arriba. La pastelería del lisboeta Carlos Brazo -«la mejor tarta de chocolate del mundo»- está cerrada a cal y canto. El edificio, muerto. Rápidos, con la ayuda de una ganzúa, fuerzan el portal. Suben hasta el piso donde ejerce como abogado el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y repiten la maniobra. Entran en las oficinas. Acceden hasta su despacho. Ocultan uno o varios micrófonos y, con el mismo sigilo con el que han llegado, se van.

Las escuchas en el despacho de González han sido una mina. Jurídica y mediática. El juez las ha utilizado para construir su caso –Velasco instruye a base de grabaciones-, y los medios, para ganar crédito y share. No ha habido una mañana sin un fragmento de conversación difundido en exclusiva. Uno implicó al ex ministro Zaplana. Otro comprometió al fiscal Anticorrupción Moix. El tercero salpicó al ministro Catalá. El cuarto reventó la comparecencia parlamentaria del secretario de Estado de Seguridad. Y lo que queda por filtrar. A juzgar por la cantidad de horas de conversaciones grabadas, el periodismo está salvado. Otra cosa es el Estado.

La colocación de micrófonos ocultos es una medida poco ortodoxa. Excepcional. Más restrictiva aún de los derechos fundamentales que un pinchazo telefónico en cuanto que afecta no sólo al secreto de las comunicaciones sino también a la intimidad. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 la autoriza. Pero de forma acotada. Lo ha señalado el penalista José María de Pablo en su blog.

[Nota EQM: ver el texto, infra].

Para instalar un dispositivo clandestino en una vivienda u oficina, un juez está obligado a dictar un auto previo con detalles concretos: ¿qué reuniones quiere escuchar? ¿entre qué personas? ¿qué indicios tiene de que dichos encuentros van a producirse? ¿qué temas se van a tratar? ¿y por qué son relevantes para la investigación? Un juez no puede autorizar la colocación de un micrófono como quien tiende una red en el mar, a ver qué pesca. Hacerlo es arriesgarse a que una instancia superior anule la prueba.

A la espera de conocer cómo motivó Velasco su decisión, la instrucción del caso Lezo es un síntoma. Estamos asistiendo a una garzonización del proceso penal en España. Grabaciones al por mayor. Instrucciones chapuceras. Atestados policiales convertidos automáticamente en autos, sin el filtro crítico que todo juez debe al investigado y a sí mismo. Imputaciones de quita y pon. Registros a posteriori y para la galería. Autos difundidos vía tuit antes de notificar a las partes. Prisiones provisionales de 30 meses. Festival de filtraciones. En definitiva, el abuso de la excepcionalidad en un clima de alarma social.

La Audiencia Nacional está aplicando contra la corrupción criterios y técnicas hasta ahora reservados a la lucha antiterrorista. Y más allá. De la colocación de micrófonos en despachos hay pocos precedentes. Es una medida excepcional dentro de la excepcionalidad.

Habla un abogado dedicado a la lucha contra ETA: «En todos mis años de ejercicio en la Audiencia Nacional no he asistido a un solo juicio en el que se haya presentado como prueba las grabaciones realizadas en una vivienda o despacho. Lo más parecido es el micrófono en el coche del Faisán». Y los que Herri Batasuna descubrió en su sede de Vitoria, chapuza del CESID. Y qué decir del viaje nocturno de Jordi Pujol Ferrusola: de la cárcel de Soto del Real a Barcelona y de ahí a Zuera. Ni a Canivell llega Junior. Un Ternera cualquiera.

La equiparación de la corrupción con el terrorismo exige asumir determinadas premisas. La primera es que la corrupción pone en jaque el ordenamiento constitucional, la paz pública o la seguridad nacional. La segunda es que su persecución justifica la limitación de garantías básicas de un Estado de Derecho. Aquí es donde asoma, rauda y estridente, la hipocresía de un sector de la izquierda. Los mismos que claman contra la aplicación de medidas excepcionales a los terroristas -«¡abajo el derecho penal del enemigo!»- jalean ahora la excepcionalidad frente a los presuntos corruptos. El arrebato de Irene Montero en Onda Cero: «¡Vivan los jueces! ¡Viva la Guardia Civil!» Se ve que el terrorismo tiene razones que la corrupción desconoce. Y eso que la corrupción también es una sórdida desviación de la política.

Tampoco los fiscales acaban de encontrar su sitio en esta nueva España justiciera. Son siempre personajes en busca de autor. Quieren ser instructores. Libres como Velasco. A este problema identitario se añade un malentendido: muchos fiscales han confundido la búsqueda de la verdad con la búsqueda de la culpabilidad. Un abogado defiende, pero un fiscal no necesariamente acusa. Su responsabilidad es otra. Y en tiempos populistas doblemente crítica. Pero pocos parecen dispuestos a asumirla. Acusado de complicidad con el reo González, con el que jamás ha tenido una relación personal, el fiscal Moix respondió exhibiendo las muescas de su imparcialidad: «Pujol, otra vez Rato, ¡hasta Montoro!… Todos bajo mi mandato». Cuando la acusación se convierte en prueba de inocencia el derecho acaba del revés.

El espectáculo de la Fiscalía -fiscales han acusado, y han alentado que los periódicos acusen, a sus superiores de connivencia con malhechores- es insólito. Esto ya no es el viejo drama de la Justicia, su insoportable politización. Es el sálvese quien pueda mediante el acúsese sin pruebas. Estamos ante una pérdida de autoridad moral del Estado, resultado de la convergencia de los manotazos del Gobierno con el populismo judicial y la tiranía del share.

Curiosamente, en el caso de la Fiscalía, el origen del descrédito no es su actitud ante la corrupción sino ante la secesión. Fue en Cataluña, el 9-N, donde el Estado se traicionó a sí mismo. El fiscal de guardia empezó por inhibirse y el fiscal general acabó por dimitir ante las oscilaciones tácticas del Ejecutivo. Vino luego la renuncia de Consuelo Madrigal entre informaciones, nunca desmentidas, de que se había negado a avalar determinados nombramientos. El resultado es que el fiscal general Maza y el fiscal Anticorrupción Moix son hoy dos juguetes rotos, carne de reprobación.

En cuanto al share, basta preguntar a Atresmedia o Mediaset por los efectos del reciente registro en directo de la casa de Ubú President. La corrupción es una anfetamina televisiva. Y la televisión es el marco donde los políticos construyen hoy sus relatos. Qué más le da a Iglesias que su moción de censura fracase en el Parlamento. El paradigma Sexta es suyo. Cuántos políticos, nuevos o viejos, se atreven a criticar los abusos justicieros. Y cuántos medios hacen un esfuerzo por distinguir entre la conjetura y el hecho. En este Tangentópolis ibérico, hay más ganas de subirse al Tramabús que de preservar la verdad.

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Las escuchas con micrófonos ocultos en la investigación penal

José María de Pablo, en su blog, 250417. Su twitter.

Entre las numerosas filtraciones que ha sufrido esta semana la llamada Operación Lezo, ha llamado especialmente la atención de la prensa –por su carácter tan policiaco como novedoso- la colocación por la UCO de micrófonos ocultos en el despacho profesional del principal investigado (ver noticia).

Esta modalidad de investigación fue introducida en nuestro procedimiento penal por la Ley Orgánica 13/2015, que entró en vigor hace relativamente poco (en diciembre de 2015) y que supuso una modernización importante de nuestro modelo de investigación penal, regulando novedosas técnicas como, por ejemplo, la colocación de micrófonos ocultos, micrófonos direccionales y otros dispositivos de grabación, la utilización de dispositivos de seguimiento y localización, e incluso la instalación de virus troyanos en los ordenadores de los investigados para acceder a sus archivos informáticos.

Ahora bien: ¿Cuándo se pueden instalar micrófonos ocultos para investigar un delito? ¿Ha sido correcta la utilización de este medio de investigación en la Operación Lezo?

Requisitos generales de partida.

En primer lugar, la utilización de estos dispositivos debe cumplir el mismo requisito de partida que el resto de medidas de investigación invasivas del derecho a la intimidad (como los pinchazos telefónicos), que según el art. 588 bis a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal consiste en la existencia de una autorización judicial suficientemente motivada, y que respete los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, lo que significa:

-Principio de especialidad: que existan indicios suficientes de la comisión de un delito concreto (no bastan las meras sospechas).

-Principio de idoneidad: que la medida en concreto sea útil para la investigación de ese delito en concreto.

-Principio de excepcionalidad: que no se puedan investigar los mismos hechos mediante otras medidas menos gravosas para la intimidad del investigado.

-Principio de necesidad: que la investigación del delito se vea gravemente dificultada si no se acude a esta medida.

-Principio de proporcionalidad: que el sacrificio del derecho a la intimidad no sea superior, en ese caso concreto, al beneficio que suponga la adopción de la medida.

Requisitos especiales para la instalación de micrófonos.

Además de lo anterior, los artículos 588 quater a y b admiten la instalación de micrófonos tanto en el exterior –direccionales- como en el interior de domicilios y despachos profesionales siempre que se cumplan tres requisitos:

-Uno, que la utilización de los micrófonos esté vinculada –dice textualmente la ley- “a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado con otras personas y sobre cuya previsibilidad haya indicios puestos de manifiesto en su investigación”.

-Dos, que se trate de delitos castigados con penas de al menos tres años de prisión, o cometidos en el seno de una organización criminal, o de terrorismo.

-Y tres, que se pueda prever racionalmente que la utilización de los micrófonos aportará datos esenciales para la investigación.

Hasta aquí la teoría. Veamos su aplicación a lo que aparece hoy en los periódicos.

El caso concreto de la Operación Lezo.

Obviamente no me puedo pronunciar aquí sobre la legalidad de la instalación de micrófonos en el despacho de un investigado en la Operación Lezo porque la causa está declarada secreta y –aunque su contenido ha sido filtrado a la prensa, como es habitual cuando la UCO está por medio- no tengo en mis manos el Auto del Juez que autoriza esa medida ni los indicios en los que se apoya. Por tanto, lo que escribo a continuación es una mera aproximación a la espera de leer ese Auto que a día de hoy es –oficialmente al menos- secreto.

Pero si damos por bueno lo que publica la prensa, y lo que ha ocurrido es que ante la ausencia de resultados de las escuchas telefónicas se decidió instalar esos micrófonos en el despacho de Ignacio González durante una temporada, entonces surgen dos problemas que podrían significar la nulidad de esa prueba.

El primer problema lo tenemos con el principio de proporcionalidad. El despacho profesional donde se han instalado esos micrófonos es un despacho de abogados, lo que significa que casi todo lo que allí se trata está sometido al secreto profesional. ¿Ha grabado la UCO las conversaciones de los abogados de ese despacho con sus clientes? ¿Acaso en ese despacho solo se habla de las corruptelas del Canal de Isabel II? Tengo mis dudas de que la instalación de micrófonos en un despacho de abogados cumpla con el principio de proporcionalidad.

El segundo problema me parece más evidente. Hemos visto que el artículo 588 quater b exige que la medida se dirija “a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado con otras personas y sobre cuya previsibilidad haya indicios puestos de manifiesto en su investigación”. El 588 quater c añade que la autorización judicial de esta medida debe incluir “una mención concreta al lugar o dependencias, así como a los encuentros del investigado que van a ser sometidos a vigilancia”.

Esto significa que la ley prohíbe la instalación de micrófonos para escuchar de manera general –prospectiva- conversaciones indeterminadas que puedan tener lugar durante un periodo de tiempo en un lugar. En otras palabras, no se puede instalar un micro en casa o en el despacho de alguien “para ver de qué habla el investigado” sin más.

La autorización judicial debe indicar qué reunión en concreto quiere espiar. Y debe explicar qué indicios tiene de que esa reunión en concreto va a tener lugar, del tema que se va a tratar, y de su relevancia para la investigación.

Por tanto, si la autorización judicial refleja que existen indicios de que va a tener lugar una reunión en concreto entre dos personas en concreto (o tres, o las que sean) para tratar un tema concreto relevante para la investigación, y se ponen los micrófonos con el fin de cubrir esa reunión, no habrá problema.

Pero si nos encontrásemos con una autorización judicial que se limite a instalar los micrófonos para ver con quién se reúne esa persona y de qué va a hablar, sin concretar qué reuniones en concreto se quieren cubrir, estaríamos –en mi opinión- ante una nulidad de actuaciones que la defensa podría utilizar a su favor.

En otras palabras, para instalar micrófonos no son suficientes los requisitos y finalidades que permitirían una intervención telefónica: la redacción del art. 588 quater b parece exigir un plus de motivación que obliga a concretar qué reuniones y entre qué personas se quiere escuchar.

Pero repito que este post es una mera aproximación a la espera de poder leer la autorización judicial cuando se levante el secreto: hasta entonces, no me hagan mucho caso

© José María de Pablo Hermida, 2017.

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Los reyes y Mariano Rajoy, con la plana mayor de La Razón, incluidos los cuatro investigados por Lezo: Francisco Marhuenda (segundo por la izquierda); Santiago Barreno (tercero por la izquierda), Edmundo Sobrino (cuarto por la izquierda) y Mauricio Casals (primero por la derecha), en noviembre de 2013. La Razón.

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La crisis del periodismo o el caso del pianista que se convirtió en gánster

Jesús Cacho en vozpopuli.com, 300517.

En plena primavera de 2012, cuando más arreciaban las presiones de los mercados sobre España, Mauricio Casals recibió una llamada de José Manuel Lara, presidente de Planeta y del Grupo Atresmedia. Tenía que pedir cita urgente en Moncloa para transmitir al presidente del Gobierno la opinión unánime del Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC) según la cual España debía pedir el rescate país sin demora, porque la situación era insostenible.

Con la prima de riesgo por las nubes, los grandes temían ver cerrado su acceso a los mercados financieros. Y ninguno de los patronos del poderoso lobby que al alimón pastoreaban entonces César Alierta (Telefónica) y Emilio Botín (Santander), se atrevía a plantearle a Rajoy la cuestión a cara de perro. Fue Casals quien, a pedido de su jefe, asumió gustoso el encargo cual eficiente go-between, Mariano, tengo que verte, y delante del gallego planteó la cuestión sin cortarse un pelo.

-Y tú, ¿qué harías…? Rezongó el gallego con su habitual arrojo.

-Ah, no sé, presidente, ni idea. No tengo información y mucho menos opinión fundada para opinar sobre un tema tan complejo.

-Ya… Bueno, la situación es muy complicada. Veré lo que puedo hacer. Tengo que reflexionar.

-Seguro que lo que hagas estará bien hecho.

-¿Y no me preguntas qué decisión voy a tomar…?

-No, no, jamás, y no quiero que me lo digas, porque si me lo dices se lo tendría que contar a mis jefes, así que mejor no saber nada.

Y Mariano se reía socarrón. Una nueva demostración de poderío por parte de uno de los hombres más temido, por unos, y admirado, por otros, considerado por casi todos como el más influyente lobista español de los últimos tiempos, desde luego un gran conseguidor, un verdadero “príncipe de las tinieblas” acostumbrado a operar siempre en la sombra, tras las bambalinas, en ese discreto segundo plano donde se adoptan decisiones de cuyos resultados luego presumen otros.

Casals ha conseguido un récord difícil de igualar en la España de la Transición: tener a dos vicepresidentas del Gobierno, de distintos partidos, comiendo de su mano: primero fue María Teresa Fernández de la Vega (PSOE), gracias a la cual consiguió que el Gobierno de Rodríguez Zapatero suprimiera la publicidad de la televisión pública, cuyo déficit cubren desde entonces los PGE con los impuestos de los españoles, para que las privadas se hicieran de oro, y después Soraya Sáenz de Santamaría, pieza esencial en la absorción de La Sexta por Antena 3, un matrimonio aparentemente contra natura, una operación de juzgado de guardia que exigió modificar las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), para quien la suma “reforzaba de forma significativa el poder de mercado de Atresmedia en el mercado de la publicidad en televisión, y favorecía la creación de un duopolio de facto” entre Atresmedia y Mediaset (Telecinco).

Exquisito en el trato personal, Casals ha demostrado ser un experto en el arte discursivo típico del condotiero, el palo y la zanahoria. “Cifuentes tiene que saber que no es solo La Razón, sino que está La Razón, Antena 3, Onda Cero y La Sexta”. La división acorazada de Atresmedia al completo estaba dispuesta a meter en cintura a Cristina Cifuentes, para evitarque denunciara las irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II por Ignacio González y su equipo.

El presidente de La Razón y adjunto a la presidencia de Atresmedia es un malabarista capaz del “más difícil todavía” de mantener el control en la sombra de una cadena que opera a favor del PP (Antena3) y otra que aparentemente derrota contra el PP (La Sexta) las 24 horas del día, pero que, a los mandos del mago García Ferreras, el hombre de confianza de Florentino Pérez, sirve con precisión cartesiana la estrategia diseñada por Soraya desde los sótanos de Moncloa para mantener al PP en el poder en estos tiempos de exaltación populista: la creación artificial de un enemigo (Podemos) capaz de arrinconar al PSOE y de meter a las aterradas clases medias miedo en el cuerpo bastante como para que sigan votándonos a nosotros por los siglos de siglos amén.

Hombre de permanente sonrisa y mala salud de hierro, de inteligencia poco común, Casals, 68, es la pieza clave de un engranaje que solo podría funcionar en un país con un deterioro institucional tan acusado como el nuestro. Que sólo podría progresar entre la corrupción institucional. Toda la información que genera esa máquina de picar carne que es el Madrid político pasa por Casals. Desde el glamuroso bar del Hotel Palace de Madrid mantiene la conexión entre Moncloa y el Grupo Atresmedia, cuida los intereses de la familia Lara, da órdenes al “presidente” Crehueras, vigila el desempeño de Farreras, ordena, trafica, promete, sonríe, y si hace falta, amenaza. María González Pico, guardaespaldas de Soraya, es su contacto directo con la vicepresidenta, y Paco Marhuenda, su chico de los recados.

Y aún le queda tiempo para abrir puertas a los capos del negocio de la sanidad privada a través de IDC Salud (antes Capio), y para facturar suculentas minutas desde sus sociedades –el gran Mauricio se define a veces como un “consultor” independiente que tiene entre sus clientes a Atresmedia- a notorios empresarios cuyos sillones protege de las asechanzas de gobiernos poco amigos, caso de Antonio Brufau (Repsol) o Javier Monzón (Indra), entre otros.

Casals ejemplifica como pocos el tótum revolútum en que ha devenido la vida política madrileña, melé perfecta en la que participan políticos, empresarios, jueces, conseguidores, policías corruptos y periodistas venales, gente que trafica con influencias, vende favores, guarda secretos e intenta hacerse rico en el lado oscuro de la ley. En su descargo, cabe decir que no ha descubierto nada. Ya estaba todo inventado. Lo hicieron en los ochenta Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián, los amos del grupo Prisa, maestros en el arte de hacer negocios blandiendo el as de bastos de su ‘cañón Bertha’ contra quien osara llevarles la contraria e imponiendo la agenda política a los gobiernos de Felipe González, y les siguió después el “bobo solemne” con el grupo Mediapro de Jaume Roures, Contreras y compañía.

La eterna feria de las vanidades

Nuestro hombre es hoy el mascarón de proa del grupo multimedia más poderoso del país, émulo de lo que en otro tiempo fueron los citados. Siempre con el periodismo como comodín. Con la condición servil del periodismo patrio. El periodismo entendido como negocio. El negocio de la libertad. Es una consecuencia de la ausencia de editores vocacionales, sustituidos en España por meros aventureros dispuestos a traficar con la información para meterse en la cama con los poderosos del lugar y hacer negocios (Polanco, con los Botín, los March, los Albertos y toda la beautiful people de su tiempo, incluido Mario Conde). En contra de Heráclito, nada cambia, todo permanece.

Lo contaba ayer Rubén Arranz en Vozpopuli: acosado por parte de los accionistas de Prisa, Cebrián ha pedido auxilio al Emérito para que medie ante Alierta e Isidro Fainé: “pese a los fallos de gestión que haya podido cometer, mi permanencia al frente del grupo es fundamental para la estabilidad de España”. La eterna feria de las vanidades, la inacabable fiesta de la corrupción.

“Ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche”, dice Marhuenda a su jefe de La Razón. Estamos dispuestos a todo con tal de evitar que Cifuentes denuncie el agujero del Canal. Tampoco él está descubriendo ningún Mediterráneo, tampoco está haciendo algo que no se haga todos los días en múltiples cabeceras desde hace tiempo. Es una corrupción que viene provocada por la quiebra del modelo de negocio. El grado de mimetismo de los grupos editoriales con la burbuja inmobiliaria y de crédito llegó a tal punto que Prisa fue capaz de endeudarse en más de 5.000 millones, y Unidad Editorial en más de 1.200, cifras imposibles de saldar con el modesto cash-flow que arroja el negocio.

Solo es posible la supervivencia al lado del poder, a la sombra de los amos del dinero. Es Sáenz de Santamaría, se supone que con la aquiescencia de Mariano, quien salva al grupo Prisa de la quiebra, convenciendo a sus poderosos acreedores (Santander, La Caixa y Telefónica) para que conviertan en capital parte de la deuda contraída. En el contexto de un sector financieramente descremado solo se puede sobrevivir desde el sometimiento y/o la piratería, desde el asalto a mano armada tipo Ausbanc (hay muchos Pinedas en el mundo del periodismo español), desde el amarillismo, desde la coacción, desde la mentira.

Un ramillete de grandes anunciantes (las estrellas –Telefónica, Santander, BBVA, Iberdrola, ECI y por ahí- de nuestro rutilante Ibex 35) sostiene el tinglado de la información en España mediante la fórmula de los “acuerdos de patrocinio”, de modo que si un grupito de señores decidiera un día en torno a una mesa cerrar el grifo de repente, el 95% de los medios, desde el sonoro multimedia hasta el ínfimo chiringuito, se vería obligado a echar el cierre.

El mundo de internet vive asediado por la dificultad de financiar adecuadamente una plantilla de periodistas seniors bien pagada y con capacidad de efectuar información propia de calidad. Facebook, que se nutre de contenidos ajenos, se come la parte del león del negocio publicitario online ante la resignada mansedumbre de un sector que no encuentra armas para rebelarse contra ese bandidaje organizado, y que por ende no es rentable, ergo no puede ser libre para cumplir los fundamentos de la profesión: buscar noticias en la calle, comprobarlas adecuadamente y publicarlas sin miedo a la reprimenda de los amos del Ibex.

Periodismo en tiempos de miseria. Sostengo que este no es oficio para hacer amigos, ni para hacerse rico, ni para derribar presidentes del Gobierno. Muchos periodistas, sin embargo, se han acostumbrado a un nivel de vida que soporta mal su talento y la cuenta de resultados del grupo para el que trabajan. Cebrián lleva cobrados cerca de 25 millones desde 2011 a esta parte, tiempo en el que ha hecho perder en torno a 3.600 al grupo Prisa. Otros se han llevado cifras aún mayores tras dejar los medios que dirigían en almoneda, ello no sin sonoras protestas de haber sido decapitados por el gobierno de turno.

Ilustres periodistas que hoy firmarán brillantes columnas de opinión hay que, al tiempo que se rasgan las vestiduras con la corrupción del PP, están con un pie en la frontera de la información y otro en la de las relaciones públicas, en el asesoramiento a empresas y bancos. A tanto la pieza. Todo se sabe, nada se dice, perro no come perro, y entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera. Como dijo Bertrand Rusell, “morirse de hambre es una alternativa demasiado dura”. Agencias de comunicación de rimbombante nombre compuesto ofrecen a sus mejores clientes la lista de periodistas en nómina dispuestos, o eso afirman, a opinar a favor de la empresa en caso de necesidad. Se asombrarían al conocer los nombres, alguno tan de izquierdas que produce rubor.

La proletarización de la profesión

Periodismo en el momento más crítico de su historia. Cierto, no es un fenómeno nuevo. No es un meteorito caído del cielo. Al final, la del periodismo, como la de la Justicia, es la enfermedad de la democracia española, el cáncer de un régimen que ha llegado arrastrándose hasta aquí, víctima de la corrupción que encabezó la primera magistratura de la nación y alcanzó hasta el último de sus rincones. La corrupción y la degradación de los estándares éticos. Noticias que abren medios en internet todos los días sin el menor “control de calidad” previo. Editoriales de grandes medios escritos que antes de publicarse pasan por la mesa de despacho de sus accionistas. Es el caso del llamado “periodismo de investigación”, que lleva años saliendo de las cloacas de la seguridad del Estado, de los Villarejos de turno. Ahora procede también de los juzgados de instrucción, de los “jueces del pueblo”.

Fiscales que calculan a qué medio conviene filtrar esta o aquella grabación para que haga más daño a este o aquel sujeto. El secreto del sumario es puerta abierta al campo donde los investigados lucen sus vergüenzas en plaza pública y en escandalosa indefensión. A tomar por el saco la seguridad jurídica. La proletarización de la profesión ha hecho el resto: encontrar hoy un joven periodista con una visión liberal de la vida es tan difícil como hallar una aguja en un pajar. “Si vas al pueblo y te encuentras con mi madre, no le digas que soy periodista; ella cree que toco el piano en un club de alterne”, sostiene una de las humoradas más célebres de la profesión. Con el paso del tiempo, el pianista que entretenía la ociosa espera de las putas acodadas en la barra ha terminado por convertirse en un gánster.

El episodio que días atrás llevó a Casals y Marhuenda ante el juez Velasco no hecho más que poner en evidencia la penosa situación por la que atraviesa un llamado cuarto poder que cometió el pecado de pretender ser el primero. Si unos medios de comunicación libres y una Justicia independiente son los pilares sobre los que se asienta una democracia digna de tal nombre, entonces hemos de convenir que la nuestra está seriamente enferma, víctima de unas instituciones muy mancilladas por una corrupción de décadas a la que nadie ha querido en serio poner coto.

Y para que los medios sean libres es condición necesaria, aunque no suficiente, que sean rentables. Es evidente que el periodismo no saldrá solo del bache, no se salvará solo. Sí lo hará en la medida en que una mayoría de ciudadanos sea capaz de forzar esa regeneración democrática hoy más necesaria que nunca. Los pilares están sentados y descansan sobre esa masa de periodistas más o menos anónimos que, en las redacciones, hacen su trabajo sin corromperse y sueñan con rescatar su profesión del fango. Ellos son la esperanza. Ellos son parte de ese “buen vasallo” español que sigue buscando en la niebla un buen señor.

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Notas.- Los enlaces en textos propios son aportados por EQM. En los ajenos sólo cuando así se indique. También son de EQM, por discutibles razones de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace correspondiente.

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