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Texto y legalidad

La carta del benefactor Mariano al golpista, en grado de contínua amenaza, y representante ordinario del Estado en Cataluña, no tiene desperdicio. De entre las flagrantes incongruencias me quedo con esta:

Le reitero “la imposibilidad de que su Gobierno plantee tan grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional”.

O sea: la real y grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional que hace meses le está planteando el Gobierno golpista, dice que es imposible que la plantee.

Pero hay más:

  • “la propuesta política a la que se me invita consiste en pactar con el gobierno [sic] que usted preside, la forma de vulnerar el núcleo esencial de la Constitución española. […] mi Gobierno le ha invitado a debatir su propuesta en el Congreso de los Diputados […] ya que es ahí donde deben debatirse las aspiraciones que nuestro pluralismo político ampara. [Mariano invita a Puigdemont, pues, a que presente ante el Congreso una propuesta anticonstitucional cuando, además, acaba de indicarle la imposibilidad de que su Gobierno la plantee]
  • “prepara un conjunto de iniciativas legales [sic] que suponen la liquidación absoluta de nuestro orden constitucional” [Mariano debería escribir ‘iniciativas parlamentarias ilegales’]

En Moncloa… ¿no hay nadie que sepa escribir o de qué estamos hablando?

Y, por supuesto, no menciona ni por asomo el atentado al interés general, quizás porque forme parte esencial del ílícito establecido por el artículo 155 de la Constitución Española

Aunque, a medida que se aproxima más la puesta en práctica de la repetida amenaza de los golpistas y, consiguientemente, de la colisión entre las instituciones del Estado y las de Cataluña, el Gobierno parece que ya no tiene otro remedio que reconocer que lo que lleva meses denominando ‘algarabía‘, ‘disparate‘ y otras cariñosas lindezas, es un golpe en toda regla. Y que lo que se ha hartado de denominar ‘intolerable’ e ‘inaceptable’ va a tener que dejar de tolerarlo y aceptarlo, de una vez.

Y, que yo sepa, se ve cada vez más impelido a preparara legales y previstos métodos expeditivos que no sólo se reducen al 155. También la Ley de Seguridad Nacional, muy poco mencionada por el momento, e incluso el artículo 116 de la propia Constitución Española, relativo a los estados lde alarma, de excepción y de sitio.

Seguiremos informando.

EQM

Sobre el contenido de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional

Carta del presidente del Gobierno al president de la Generalitat de Catalunya
Jueves 25 de mayo de 2017

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha remitido una carta al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, cuyo contenido es el siguiente:

Estimado President:

Contesto la carta que me ha remitido, a la que adjunta el acuerdo aprobado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, mediante el cual se solicita al gobierno español el inicio de negociaciones sobre los términos y las condiciones para la celebración de un referéndum en Cataluña, así como la Moción 122/XI  aprobada por el pleno del Parlament  de Cataluña el pasado 18  de mayo.

Como usted sabe, mi voluntad de dialogar y de llegar acuerdos con la Generalitat de Cataluña, como con cualquier otro gobierno  autonómico, es plena y sincera. Esta disposición al diálogo y a la cooperación entre administraciones ha quedado de manifiesto a lo largo de estos años, en los que hemos llegado a numerosos acuerdos y prestado toda nuestra colaboración a la Generalitat. Son muchos los ámbitos en los que dicha colaboración ha redundado en beneficio de los ciudadanos de Cataluña.

Esta voluntad de entendimiento tiene como único límite el respeto a la soberanía nacional y al Estado de Derecho que rige en nuestro país. Tal y como he tenido ocasión de manifestar reiteradamente, también en los encuentros que hemos mantenido, ni usted ni yo tenemos capacidad para negociar sobre aquello de lo que no disponemos. Ello supondría hurtar de sus derechos al conjunto del pueblo español, y por ende, a los catalanes, y ningún legítimo gobernante puede proceder de esta manera.

He tenido ocasión de reiterarle, tanto en público como en privado, las obligaciones constitucionales que comporta tanto mi cargo como el suyo. La primera de ellas, ineludible para mí, es la defensa del orden constitucional. A nadie se le oculta que la propuesta política a la que se me invita consiste en pactar con el gobierno que usted preside, la forma de vulnerar el núcleo esencial de la Constitución española.

Permítame recordarle que nuestro ordenamiento constitucional, que consagra para todos un estado democrático y de derecho con plenas garantías, también prevé mecanismos para plantear toda clase de aspiraciones políticas, siempre y cuando se proceda por los cauces democráticamente previstos y conciten el apoyo parlamentario necesario. En este sentido, como ya conoce, mi Gobierno le ha invitado a debatir su propuesta en el Congreso de los Diputados como sede de la soberanía nacional, ya que es ahí donde deben debatirse las aspiraciones que nuestro pluralismo político ampara. Lo que no cabe es plantear una negociación a espaldas de los verdaderos cauces democráticos y de la Ley, que a todos nos ampara y a todos nos obliga, y en este sentido, la obligación de mi Gobierno es y  será, siempre, actuar en defensa de la libertad, la convivencia pacífica y los derechos de todos los catalanes y del resto de ciudadanos españoles.

Por todo ello, considero inexcusable volverle a reiterar no sólo la imposibilidad de tomar parte en aquello que propone, sino también la imposibilidad de que su Gobierno plantee tan grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional.

Por cuanto, al mismo tiempo en que reclama al Gobierno de la Nación que acepte la celebración de ese referéndum, prepara un conjunto de iniciativas legales que suponen la liquidación absoluta de nuestro orden constitucional. Mal se compadece el diálogo que dice ofrecer, con la amenaza de una declaración de independencia para el caso de no ser satisfechas sus pretensiones.

Como gobernante y representante del Estado, le invito a recuperar los planteamientos que, lejos de generar desencuentro y frustración, se ajusten al común marco de convivencia y respondan a las necesidades reales de los catalanes, y desde esa  posición, logremos encontrar espacios de acuerdo en beneficio de todos.

Mariano Rajoy Brey

Presidente del Gobierno

Fuente: La Moncloa.

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¡Oh, ah, eh!

Arcadi Espada en El Mundo, 260517.

La publicación de un llamado “borrador secreto” de una ley de secesión ha causado gran alarma entre los demócratas, especialmente perceptible en los socialdemócratas. Es de gran interés simbólico que los alarmados hayan tenido que leer el texto para utilizar por vez primera expresiones de calibre como “golpe de Estado”, “golpe a la democracia” y la que me maravilla de veras, esa de “autogolpe”, cuyo sentido se me hace más oscuro, e incluso obscuro, a medida que la pienso. Un autogolpe es un fingimiento.

Pero aquí no hay nada fingido, y menos que nada las víctimas: se trata de la derogación de la ley democrática contra los ciudadanos de un Estado sujeto a ella. Técnicamente, un golpe de Estado. Aunque lo extraño, insisto, es que hayan tenido que leer el texto para calificar el plan. Dijera lo que dijera, ese proyecto de ley es un golpe en sí mismo y como tal debe ser combatido y sus responsables castigados.

No sé qué esperaban encontrar los alarmados en el texto de un golpe de Estado. Estos días, para irme aclimatando, he leído algunos bandos militares. Recomiendo el que escribió el general Mola en Navarra. Es de gran calidad literaria y utilísimo para ejercitarse en el subjuntivo. Todos los bandos incluyen medidas como el control de la prensa o el sometimiento de los hechos de justicia a la justicia de los hechos. Así, por ejemplo, el del desagraciado Fermín Galán, tan lacónico: “Todo aquel que se oponga de palabra o por escrito, que conspire o haga armas contra la República naciente será fusilado sin formación de causa”. Y en esa línea excepcional se inscribe también el bando del Gobierno desleal de la Generalidad.

Ya que los alarmados, sin embargo, se han ocupado de leer deberían haber caído en la cuenta de algo importante. Y es que más allá de las formas expeditivas a que obliga el género, el texto, en el que habrá colaborado aquel ex miembro del Tribunal Constitucional, Carles Viver, al que el Gobierno aún no ha arrancado de la guerrera la medalla al Mérito Constitucional (y espero que no lo haga porque las huellas deben perdurar para que se sepa hasta dónde llegaron las aguas), no describe tanto una situación futura como presente.

Si a algunos de los sublevados le preguntaran en confianza: “Cómo habéis podido hacer esto”, su respuesta solo podría ser: “No nos ha costado lo más mínimo, porque es lo que hemos hecho siempre”. Control de los medios, filtrado e intimidación de los jueces, prioridad de la lengua catalana, política falseada y discriminatoria de subvenciones, incumplimiento de sentencias firmes… ¡Hombre, hombre, alarmados!

Estos versos se conocen perfectamente en Cataluña. Otra cosa es que ahora les hayan puesto música. Militar, por supuesto.

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Órdago al independentismo

El único instrumento que permite la suspensión y la toma de control de la autonomía para restablecer el orden constitucional es el artículo 116, que otorga al gobierno, previo consentimiento del Congreso, declarar el estado de excepción.

Juan Carlos Bermejo en vozpòpuli, 260517.

Como cada lunes por la tarde desde hace años, Juan, Luis, Antonio y Pedro, quedan a echar la partida de mus en el bar del club de la urbanización.

Lo cuatro son jubilados. En su día, desempeñaron tareas muy importantes para el país. Juan, fue un alto mando del ejército y participó en diferentes campañas de la ONU y la OTAN. Luis, terminó sus días laborales como magistrado en las más altas estancias del poder judicial, y ahora ejerce de columnista y asesor sin ánimo de lucro. Pedro, además de académico, fue rector de una de las universidades públicas más importantes. Finalmente, Antonio, el más longevo, es un prestigioso pensador político, jurista y protagonista principal de la lucha antifranquista y de la transición española. Sus libros son los únicos de un autor español que se encuentran en la biblioteca del Congreso de los EEUU.

Ya está lista la mesa, la baraja y las piedras. El camarero ha servido las bebidas. Antonio es postre. Reparte las cartas. Entretanto, en el televisor del local se oye la siguiente noticia:

“Carles Puigdemont, junto con otros miembros de la Generalitat, han mantenido hoy, en una conferencia en Madrid, su desafío al Gobierno al asegurar que la consulta se celebrará, ya sea a través de un referéndum pactado o de uno homologado internacionalmente sin acuerdo”.

—Parece que siguen con sus planes sin retorno —comenta Juan mientras al levantar la mirada Luis le pasa dos reyes.

—Efectivamente. El asunto está tomando un cariz muy preocupante. Especialmente por la actitud del gobierno —responde Luis—. Yo voy ciego. Mus —añade.

—Yo tengo postre. ¿Crees que no está actuando correctamente? —pregunta Pedro.

—¡Así es! Rajoy está cometiendo un delito de dejación de funciones al permitir estos manifiestos actos de sedición—responde Luis mientras Pedro aprovecha el descuido para pasarle treinta y una a Antonio.

—No sólo eso. Es que además están utilizando los fondos públicos y el FLA para financiar la secesión. La autonomía está quebrada. Necesita inyectarle todos los meses ingentes cantidades de dinero, e incomprensiblemente el gobierno no audita su uso. Está financiando la sedición. Esta actitud lo convierte en cómplice, por omisión, del proyecto de secesión. —apunta Juan.

—Pero, ¿qué vais a esperar de un presidente que le dice a nuestra juventud que “hay que saber mirar hacia otro lado cuando hay que hacerlo”? —afirma enérgicamente Pedro.

—Rajoy, debería ser procesado. —continua Luis. El artículo 408 del código penal dice: “La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.La cobardía y la dejación de funciones ante un acto de sedición, deberían ser las principales razones para que la oposición en el Congreso le interpusiera una moción de censura, además de instar al fiscal general del Estado a su procesamiento —concluye.

—Rivera ha dicho que “quiere agotar la legislatura salvo en el caso de que imputen al presidente o hubiese que disolver la cámara por motivos extraordinarios” —añade Juan.

—Pues si el intento flagrante de secesión y la dejación del gobierno no son motivos extraordinarios ¡Qué lo son! —exclama Luis—. Rivera debería ser quién exija a Rajoy que actúe contra los sediciosos y defienda la integridad de España. Estoy bastante seguro que es una de las principales razones por las que le votaron. Debe entender que es el principal problema al que se enfrenta España.

—Lo cierto y verdad es que nuestro país está haciendo el más espantoso de los ridículos ante la comunidad internacional. No tenemos credibilidad. Si nuestro gobierno no sabe, o no quiere, manejar sus propios asuntos internos ¿Cómo nos van a otorgar puestos de responsabilidad en los organismos internacionales? El último referente, fue Rato en el FMI, y acordaos que lo echaron a patadas. Yo también me doy mus —sentencia Juan mientras saca la lengua lateral para marcar a Luis tres ases.

Antonio. Tú decides —señala Luis.

—Antes debo decir, mi querido Luis, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Rajoy debería ser procesado, al igual que los sediciosos que llevan meses, sino años, acumulando medios materiales y personas para declarar la independencia de Cataluña en un más que evidente delito de sedición. Según los artículos 544 y siguientes del Código Penal, el delito de sedición, aunque no se consume tiene penas de cárcel de 8 a 10 años, y de 10 a 15 si fueran personas constituidas en Autoridad. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que el delito esté consumado, no es necesario que haya logrado los fines propuestos, porque es un delito de tendencia y de mera actividad. “La mera provocación, conspiración o proposición para la sedición es ya un delito” (Art. 548). Rajoy y su gobierno han permitido que se consume el delito, es decir, no han hecho nada para impedir la sedición de Cataluña, aunque no haya sido consumada.

—¿Qué te parece la invitación que ha hecho la vicepresidenta, para que vayan al Congreso a defender su proyecto independentista? —pregunta Pedro.

—He quedado estupefacto ante la insolencia delictiva de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría al invitar a Puigdemont a proponer en el parlamento español su ultimátum de, o bien obtener autorización para realizar un referéndum vinculante, o bien declarar la independencia unilateralmente, para lo que ya han diseñado un plan de acción. Jamás en la historia de los pueblos civilizados un vicepresidente del gobierno, ha cometido un delito tan grave como flagrante. Sáenz de Santamaría ha vulnerado de plano el Art. 548 del Código Penal al erigirse en promotora de la conspiración y la proposición para la sedición, algo por lo que debería ser cesada de sus cargos de inmediato, detenida y procesada. Esto, es un delito infraganti que debe impedirlo cualquier Autoridad, particularmente jueces y fiscales.

—Vaya, Antonio. Parecen argumentos muy contundentes. Sin embargo, la prensa habla de que ya hubo un precedente cuando Ibarretxe acudió al Congreso a presentar un proyecto similar —apunta Juan.

—El caso actual nada tiene que ver con el Plan Ibarretxe, que una vez aprobado en el Parlamento Vasco (por 36 votos frente a 34), dicho parlamento decidió enviarlo al Parlamento de España para su estudio y aprobación, donde fue rechazado por una abrumadora mayoría (303 votos contra 47) y del Plan Ibarreche nada más se supo. Hoy Puigdemont y su banda de sediciosos, crecidos ante la cobardía y la traición de Rajoy, pretenden un ultimátum como si tuvieran fuerza para hacerlo real —responde Antonio.

—¿Qué opinas de la aplicación del famoso artículo 155 de la Constitución?  ¿Es el momento de proceder a su aplicación para suspender a la autonomía? —pregunta Luis.

—El artículo 155 de la Constitución no sirve para nada. Es un despropósito, y en ningún caso permite la suspensión de la autonomía ni la de sus autoridades. Como jurista que soy, y tras analizar su contenido, lo único que puede hacer el gobierno, tras perder el tiempo en requerimientos y consultas estériles en el Senado, es dar instrucciones y aplicar medidas para obligar a cumplir sus obligaciones a los que no las quieren ni van a cumplir. ¿Cómo obligas a Puigdemont a cumplir sus obligaciones? De ninguna manera. El artículo no establece qué hacer en el caso de que se nieguen. Es decir, no describe cómo actuar. Por ejemplo, que el gobierno central tome el control de las instituciones y deje a las autoridades de la comunidad en suspensión de sus obligaciones hasta la resolución del problema —explica Antonio.

—Es cierto—asiente Luis—. Entonces. ¿Hay algún instrumento en nuestro ordenamiento jurídico que permita abordar este grave problema?

—El único instrumento que permite la suspensión y la toma de control de la autonomía para restablecer el orden constitucional es el artículo 116, que otorga al gobierno, previo consentimiento del Congreso, declarar el estado de excepción. El problema estaría resuelto en cuestión de unas pocas semanas. La ley que lo regula dice: “Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado 3 del art. 116 de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción”. A los anteriores efectos, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una solicitud de autorización que deberá contener los siguientes extremos:

a) Determinación de los efectos del estado de excepción, con mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita, que no podrán ser otros que los enumerados en el apartado 1 del art. 55 de la Constitución.

b) Relación de las medidas a adoptar referidas a los derechos cuya suspensión específicamente se solicita.

c) Ámbito territorial del estado de excepción, así como duración del mismo, que no podrá exceder de treinta días.

d) La cuantía máxima de las sanciones pecuniarias que la Autoridad gubernativa esté autorizada para imponer, en su caso, a quienes contravengan las disposiciones que dicte durante el estado de excepción.

—Muchas gracias por el certero análisis Antonio. Eso sí es ejercer política. Esperamos que el gobierno tome buena nota, y que los partidos que defienden la integridad de España, como Ciudadanos, le obliguen inmediatamente a hacerlo. Por cierto, ¿tú también te das mus, Antonio?—añade Luis.

—No hay mus. Órdago al independentismo, y a grande —culmina Antonio.

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Notas.-

Los enlaces en textos propios son aportados por EQM. En los ajenos sólo cuando así se indique. También son de EQM, por discutibles razones de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace correspondiente.

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