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Fotografía de Kathy Griffin, actriz, humorista y comentarista de la CNN, posando con una cabeza ensangrentada con el aspecto del Presidente de los EEUU, Donald Trump. De una serie fotográfica realizada por Tyler Shields.

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Lapidaciones del día

Dentro de la actual ola occidental de desnortamiento político y mediático generalizado, gracias a la cual los principios, como por ejemplo, de legalidad, de presunción de inocencia, de veracidad, de publicación de información contrastada, de respeto a la imagen e intimidad de las personas, fueron sustituidos primero por conceptos como la ‘corrección política’, después por el relativismo, la subjetividad, la ‘posverdad’, los linchamientos’, etc., estos días resaltan tres sonoras estocadas recibidas por sendos chivos expiatorios del momento.

Donald Trump

Ese personaje político, que, a costa de sus groseros modales -extremadamente refinados si se comparan, qué sé yo, por nuestro chavista mochilero Pablo Iglesias– no hay día en el que los progre media no le pongan parir a santo de lo primero que se les ocurra, en la lucha interna que se mantiene por el poder, sufrió ayer la desverguenza de una comentarista estadounidense, habitual colaboradora de la CNN, que no se le ocurrió otra cosa que fotografiarse con la ensangrentada cabeza del Presidente de los EEUU, como si de un magnicidio a degüello yihadista se tratara.

Cómo habrá sido el asunto que hasta la propia CNN, enemiga visceral del Presidente, no ha tenido más remedio que ponerla, inmediatamente, de patitas en la calle. La mujer ha pedido perdón, reconociendo que aunque era una ‘broma‘, ha traspasado con creces la línea roja que conduce directamente a la indecencia profesional y moral. Hasta la hija de Hillary Clinton, du contrincante derrotada, ha escrito en su twitter que “Nunca tiene gracia hacer bromas sobre matar a un presidente”.

Incluso El País, otro enemigo visceral de Trump, se ha hecho eco de la noticia en su campaña-serial que denomina ‘Universo Trump‘, titulando que “La CNN prescinde de la comediante que fingió decapitar a Trump“. Prescinde.

Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid [1683], Francisco Rizi. Museo del Prado.

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Mariano Rajoy

A nuestro Presidente del Gobierno de España, a cuento del caso Gürtel, la Justicia le acaba de obligar a personarse físicamente, como testigo.

Quienes han tomado tal decisión no han aceptado su petición de declarar a distancia por video-conferencia, porque, como pormenoriza brillantemente Santiago González en su blog [ver infra], no parece les ha resultado fundamentación suficiente ni los obvios y excepcionales motivos contemplados por la legislación vigente; tampoco que su declaración no tenga por qué dejar de ser exactamente la misma esté presente o no; pero, sin embargo, sí consideran que debe prevalecer su trato como un ciudadano más.

Que cada cual haga su propia reflexión al respecto. Sólo decirles que la Audiencia Nacional sí ha autorizado la testificación a distancia a personajes políticos como Manuel Chaves, Celia Villalobos, Arias Cañete, Jesús Posada, Esteban González Pons, Rodrigo Rato, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa o Artur Mas.

No se pierdan, repito, el texto de S. González, si quieren conocer más detalles para la sorpresa. Con procesados etarras videoconferenciantes incluídos.

Manuel Moix

Lo que le están haciendo al Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, es un linchamiento político y mediático en toda regla…

En resumen: Una sociedad de su padre, heredada por cuatro hijos, inactiva, consistente en un inmueble en copropiedad, declarada ante Hacienda y que no se ha disuelto porque falta la voluntad colectiva de los herederos…

Como ya he comentado, otro caso más en el que el umbral de la corrección política ya lo hemos trasladado a la subjetiva ‘ética’ a la carta de cada quien. Hasta la propia Asociación de Fiscales -mayoritaria en la carrera, de tendencia conservadora- le ha pedido en un comunicado que ponga su cargo a disposición “por entender comprometida la imagen de imparcialidad de la institución”.

Tiempos en los que, ya ven, una imagen vale más que mil palabras. Porque la legalidad de su actuación no admite dudas y tampoco el régimen de incompatibilidades que condicionan el acceso al cargo del que -no me cabe duda- va a dimitir en cualquier momento. Ética y estética o la mujer del Cesar.

Tiempos en los que, simultáneamente, el Parlamento -y la ciudadanía- acepta sin rechistar que los chavistas se financien con dinero iraní y venezolano… y que ellos pregonen tales fuentes como éticamente irreprochables… porque no han cometido ninguna ilegalidad.

A este paso, pronto no quedará en el Sistema un político con dos dedos de frente que haya trabajado por cuenta propia o ajena; ni un funcionario técnico que acceda a cargos de libre designación que estén sujetos al vaivén de las distintas éticas imperantes y, en consecuencia, les puedan llevar a la ruina.

Y quizás sea eso lo que pretenden algunos, por razones obvias.

EQM

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Ah, el periodismo, ah, la justicia (Jurispendencia de la Audiencia Nacional)

Santiago González en su blog, 310517.

La periodista Berna González Harbour ha escrito una pieza muy notable en El País sobre la obligada comparecencia de Rajoy como testigo ante la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. La pieza es extraordinaria toda ella, pero no puedo dejar de destacar este párrafo , en el que destacan la dejación profesional, la ignorancia de los hechos y la infamia, como se verá:

La Audiencia ha dado así al presidente una lección de estado de derecho, de igualdad ante la ley y, sobre todo, de sentido común al defender que “el principio de inmediación sigue siendo un valor que preservar”. Frente a los defensores del plasma, de la videoconferencia y de la supuesta transparencia que permite técnicamente la pantalla está la realidad: respirar el mismo aire que Bárcenas, reaccionar en vivo y en directo a las preguntas de jueces o fiscales, caminar junto al banquillo.

El editorial que la edición de hoy dedica al tema también tiene su aquél.Califica la decisión de “muy buena (noticia) para la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en la independencia de la justicia”. Es solo un testigo, añade el virtuoso editorialista, pero se consuela enseguida: eso “no le ahorrará, sin embargo, presentar la inédita y embarazosa imagen de un presidente del Gobierno en ejercicio testificando ante un tribunal de justicia. La simbólica estampa quedará irremediablemente en el recuerdo del imaginario colectivo, ligada a los escándalos de corrupción en los que está embarrado el PP”.

Ha tratado de zafarse “con explicaciones sobre su seguridad y su apretada agenda, que el tribunal ha considerado inconsistentes con sólidos argumentos”. Ello “lanza un mensaje nítido acerca de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”, mantra al que recurren los políticos que tratan de prestar testimonio por video o por escrito siempre que pueden. Esta decisión consolida una jurisprudencia ya existente respecto al uso de la videoconferencia…”

Es hora de que vayamos al texto. Incurre el auto de la Audiencia Nacional que obliga al presidente del Gobierno a declarar como testigo en carne mortal el 26 de julio en algunas consideraciones pedestres como banalizar la complicada agenda de un presidente del Gobierno, la seguridad que debe acompañarle, cuando no da ninguna razón para impedir que el presidente del Gobierno pueda prestar testimonio por videoconferencia. El propio Tribunal que deniega la práctica, admite su perfecta legalidad, contemplada en el art. 731.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice:

Art.731bis.- El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Un artículo anterior de la LECr, el 412, dice que:

Art. 412.-Están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo:

1.º El Presidente y los demás miembros del Gobierno.

Quizá el ponente, Julio de Diego, secundado por José Ricardo de Prada, se tema que la videoconferencia no permita “la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido”, tal como dice el 741bis citado.

Es impresionante. El auto es corto, en el sentido que daba Santiago Russiñol a la escalera del gallinero, pero está tan cuajado de errores que el presidente del Tribunal, Angel Hurtado Adrián ha tenido que emplear seis folios para deshacer los errores que el ponente recoge en dos. Trataré de ser breve. Sus razonamientos jurídicos o así constan de dos apartados básicamente. Dice el primero:

1.- “Don Mariano Rajoy no comparece como presidente del Gobierno sino como un ciudadano español (art. 14 CE) en calidad de testigo por hechos que se están juzgando en este tribunal en razón de los cargos que tenía en el PP, colaboración con la justicia y en un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y del estado de derecho”.

Rajoy es un ciudadano español que allá donde vaya va con el cargo puesto, es indisociable de su persona. Y si bien un presidente del Gobierno está obligado por la ley, como el último de sus conciudadanos (salvo que sean catalanes, que no se han enterado aún) no son iguales en las comparecencias y en los potocolos de la Justicia. Hay tres maneras de practicar la inequidad:

a) Tratar igual lo que es diferente.

b) tratar diferente lo que es igual.

c) Tratar diferente lo que no es igual en perjuicio de la instancia preeminente.

La igualdad ante la Ley, que dice Berna. Porque resulta que la Audiencia Nacional, incluídos los magistrados de este Tribunal han accedido a que declarasen por videoconferencia multitud de testigos. Esa es la jurisprudencia que invoca El País. El PP ha hecho un recuento y le salen 94:

El vicepresidente 3º del gobierno, Manuel Chaves, la consejera de Castilla y León, Pilar del Olmo, el ciclista Alberto Contador, la cantante Marta Sánchez, Celia Villalobos, Arias Cañete, Jesús Posada, Rubén Moreno, Esteban González Pons, Rodrigo Rato, Alberto Aza y otros 39 testigos del caso Nóos, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Ramón Espadaler, Artur Mas, Núria de Gispert, dos consellers y otros 33 parlamentarios por el caso Cerco al Parlament, Arturo Aulet, Dolores Castelo y Carlos Gutiérrez en el caso Afinsa y Jaime Casañas.

Al presidente del Tribunal, Angel Hurtado, le salía otro caso en su voto particular. El ponente Julio de Diego admitió que en el caso de las Herriko Tabernas por financiación de la banda terrorista ETA declarase por videoconferencia, no un testigo, sino ¡un procesado! Un presidente del Gobierno, ¿no ha de merecer los mismos miramientos protocolarios?

El fallo está tan ayuno de sintaxis como de fundamentos jurídicos, quizá las prisas. Hay en él cosas que son impropias, no ya de un juez en ejercicio, sino de cualquier persona con una cultura general básica. Por ejemplo:

“2.-“El Tribunal de la A.N., (…) se sitúa en el mismo plano en cuanto a los poderes del estado que el ejecutivo, por lo que la comparecencia personal de su representante máximo, en sana relación institucional, se ajusta a Derecho.”

¿Dónde estaría el magistrado Julio de Diego el día que explicaron en su Facul lo de Montesquieu? Verá, señoría, es cierto que los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están en el mismo plano, pero eso no quiere decir que todas sus instancias sean equivalentes. En el Poder Legislativo, un suponer, no son lo mismo las Cortes Generales que las Juntas Generales de Guipúzcoa. Tampoco es lo mismo la Audiencia Nacional que el Tribunal Supremo. Si el presidente del Gobierno fuera procesado no podrían juzgarlo ustedes, sino el T.S. no sé si me explico. O sea que la A.N. no está “en el mismo plano” que el presidente del Gobierno. Tendría que ganar Rivera su batalla contra los aforamientos más allá de lo que él mismo se ha propuesto para que a un presidente del Gobierno pueda juzgarlo cualquier juez de primera instancia. O cualquier periodista, si se tercia.

El estigma de Barrabás

Rajoy no va a declarar en la Audiencia como testigo de una causa penal sino como acusado de un juicio político

Ignacio Camacho en ABC, 310517.

LA alborozada alharaca de la oposición demuestra que Rajoy no va a declarar en la Audiencia como testigo de una causa penal sino como acusado de un juicio político. Un juicio en el que además ya ha recibido la sentencia anticipada en forma de pena de paseíllo. Por eso tenía importancia el formato presencial, torpemente recurrido por sus abogados con livianos argumentos que desmontaría un niño. Al eludir adrede la doctrina de la estigmatización, que es el verdadero fondo de la controversia, los letrados o el propio interesado han preferido restarle relevancia al asunto y lo que han logrado con esa renuncia es dejar al presidente a tiro. A tiro de los abogados, a tiro de la opinión pública y a tiro de sus adversarios, para quienes su simple comparecencia constituye de por sí un veredicto sumarísimo.

Por mucho que Moncloa la minimice como un trámite procesal, esa citación representa un antipático trance para el jefe del Gobierno. No es una sesión parlamentaria en la que pueda lucir su rocosa retórica sino una vista oral donde lo van a interrogar con muy mala leche a ver si comete un desliz o le provocan un tropiezo. Y en cualquier caso, lo que importarán allí no son tanto sus respuestas como las preguntas, que van a dibujar una imputación oblicua ante la que además estará indefenso. Una trampa, en suma, de la que diga lo que diga saldrá perjudicado por el simple hecho de hallarse en un contexto contraproducente, adverso.

Esto sucede porque Rajoy va cargado con un lastre al que no encuentra modo de aligerar de peso. La corrupción es su punto débil, la némesis que le persigue como una sombra pegada a su cuerpo. Será difícil, muy difícil, que alguien le pueda colgar algún delito o responsabilidad personal pero a su alrededor ha crecido un bosque de venalidad en el que cada vez le resulta más difícil encontrar un claro abierto. Lleva años moviéndose entre esa maleza podrida con habilidad de experto superviviente pero el empeño se le hace más arduo a cada momento. Y los rivales, que parecen haber renunciado a ganarle las elecciones, han logrado encerrarlo en la espesura y no piensan aflojar el cerco.

El problema añadido consiste en que se le está levantando también un frente judicial. Hay un mar de fondo entre jueces y fiscales, un malestar de togados que se refleja en la contundencia refutadora con que desestiman sus argumentos y lo obligan a personarse para declarar. Por muy aforado que esté ante el Supremo, esa testifical abre una vía sesgada de escarnio y representa un precedente que amenaza con llevarlo de juzgado en juzgado en un auténtico zarandeo procesal.

El retintín con que los magistrados lo llaman «ciudadano» augura un clima muy poco complaciente, similar al que vivió el felipismo en su etapa terminal. A González lo marcaron indirectamente con el estigma de Caín y a Rajoy le pueden estampar el de Barrabás.

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Notas.-

Los enlaces en textos propios son aportados por EQM. En los ajenos sólo cuando así se indique. También son de EQM, por discutibles razones de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace correspondiente.

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