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Romance de cobardía

Como bien se deduce del antepenúltimo párrafo de la Declaración Institucional golpista [ver infra], se trata de una ACTO ADMINISTRATIVO Y POLÍTICO, aprobado y ratificado colegiadamente por el Consell Executiu, es decir, por el Gobierno de la Generalidad, en la sesión extraordinaria del viernes 9 de junio de 2017 [ver fotografía de la reunión], apoyado técnicamente por el Consejo Técnico  [equivalente a la Comisión de Subsecretarios del Gobierno de España]:

“[…] de forma que en cumplimiento de aquel compromiso democrático y solemne, hoy hemos celebrado un Consejo Ejecutivo extraordinario para ratificar conjuntamente con el vicepresident y los consellers y conselleras la voluntad de convocar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, en ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Catalunya, a un referéndum que se celebrará el domingo día 1 de octubre de este año, con la pregunta

“Queréis que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?”

Esta pregunta estará formulada en los tres idiomas oficiales que hay en el Principado de Catalunya: el catalán, el castellano, y también el aranés en la Valle de Aran. Y la respuesta que den nuestros conciudadanos, en forma de “sí” o de “no”, será un mandato que este Govern se compromete a aplicar.”

Y como bien indica G. de Enterría en su Curso de Derecho Administrativo [ed 1975, tomo I, pag 359]:

“[…] no hay que confundir la forma escrita de producción con la forma escrita de constancia; así, por ejemplo, todos los órganos colegiados producen sus acuerdos, salvo excepción muy singular, en forma verbal, sólo que tales acuerdos han de hacerse constar seguidamente en un acta levantada por el Secretario y aprobada por el colegio […]”.

Y esto no sólo lo debería saber, que lo sabe, la sonrisa del actual Régimen, Íñigo Méndez de Vigo -hermano, nada menos, que de quien fue, hasta hace unos días, Secretaria general del CNI– cuando define el acuerdo, mintiendo, como ‘pensamiento‘. Mienten, pues, también, los otros sabedores, entre ellos Soraya Sáenz de Santamaría, la Princesa de Cataluña, y el mismísimo benefactor, Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España.

Así que -si quisieran cumplir con las obligaciones de sus cargos, no seguir con la dejación de responsabilidades y cumplir y hacer cumplir la ley- el Gobierno de la Nación debería haber exigido, inmediatamente, copia compulsada del Acta levantada el viernes por el Secretario del Consell Executiu, una vez firmada por los miembros del Consell, y:

  • Si en ella consta tal Declaración acordada, poner tal acto administrativo en manos del Tribunal Constitucional, Fiscal general del Estado y Abogacía del Estado.
  • Requerir a la Generalidad de Cataluña a que cumpla la Ley, revise tal acto y lo anule ipso facto.
  • De no hacerlo, poner en marcha el siguiente paso establecido por el 155 de la CE.
  • Si no no hubiere acta, no estuviere firmada o tal Declaración no figurara en la misma, poner el asunto en conocimiento de los órganos competentes del Poder Judicial a los efectos penales oportunos.

En éste último supuesto, además de las medidas expuestas, el Presidente del Gobierno de España debería manifestar públicamente, en el Telediario de máxima audiencia, que los golpistas vuelven a mentir, incluso a sus catalanes palmeros, como auténticos golpistas que son.

Digo yo.

EQM

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Fotografía del acto de la lectura de la Declaración Institucional, inmediatamente después de celebrada la sesión extraodinaria del Gobierno de la Generalidad, 090617. Aquí el vídeo. Antes de tomar la palabra el Presidente, Oriol Junqueras ha manifestado que también se ha reunido el Consejo Técnico [equivalente a la Comisión de Subsecretarios del Gobierno de España].

Pie de foto: Unos presuntos anuncian con publicidad que el 1 de octubre van a dar un golpe del Estado. Como en el 34. A ver, que me traigan un general Batet. 

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‘Parole, parole, parole’

Santiago González en El Mundo, 120617.

LA PROCLAMA sediciosa de Puigdemont fue acompañada el mismo viernes en que se produjo por dos acontecimientos complementarios: la comparecencia habitual de los viernes del portavoz del Gobierno y la inusual actitud pastueña de los otros dos partidos constitucionalistas: PSOE y Ciudadanos. Ambos hechos pudieran ser considerados como uno. La explicación de Méndez de Vigo era producto de un previo acuerdo tripartito sobre el tema.

Había error. Explícito en el caso del portavoz y más implícito en los otros dos. El mismo Méndez que había calificado hace 18 días la Ley de Secesión del Gobierno de la Generalidad como «un verdadero golpe de Estado», comparecía el mismo día que los golpistas anunciaban fecha y pregunta para explicar que «el pensamiento no delinque» y aplazar la acusación hasta el momento de la firma del decreto. Subrayaba Albert Rivera en Twitter que no ha visto a Puigdemont firmar ningún decreto. El PSOE ha hecho saber que defiende la ley, pero que «hasta octubre hay tiempo para hacer política».

Vayamos por partes. Después de enunciar ese caprichoso aforismo del Derecho (el pensamiento no delinque) Méndez de Vigo debió establecer una salvedad: «Excepto que se trate, naturalmente, del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia». Pero vayamos al fondo. Es verdad que el pensamiento no delinque, aunque sí pueda pecar, pero descartada toda posibilidad de que Puigdemont y la cuadrilla que compareció en la foto junto a él hayan visto perjudicadas sus mentes por algo parecido a un pensamiento, debemos ceñirnos a los hechos: Puigdemont no se limitó a pensar: explicó sus planes con palabras.

Lo dijo Finkielkraut en aquel memorable libro, La derrota del pensamiento: «Está claro que ya no hay nadie que saque su revólver cuando oye decir cultura, pero cada vez son más los que desenfundan su cultura cuando oyen la palabra pensamiento».

Las palabras sí delinquen. Hay varios artículos del Código Penal vigente que recogen los delitos que se cometen con palabras: injurias, calumnias, amenazas, perjurio ante tribunales, la conspiración y la proposición para delinquir son delitos que se cometen con palabras, como la provocación, la apología y algunos otros. No solo se delinque con la Inoxcrom. Además de palabras hay actos: convocatoria, reunión, acuerdo sobre la fecha y la pregunta que están en la base de la sedición, otro delito que arranca necesariamente con palabras. Parole, parole, parole, que cantaba Mina.

Cuando conviene se oculta, como se hizo con la Ley de Transitoriedad, pactada a escondidas, a cencerros tapados, habría que decir con muy pertinente metáfora semoviente el pasado 29 de diciembre. A veces se oculta, a veces se enseña, el pudor y la impudicia, según.

El acuerdo de los tres constitucionalistas es un concierto para la inacción, una proclamación puramente retórica de oposición al referéndum ilegal que se convertirá en discordia en el mismo momento en que el Gobierno trate de pasar a los hechos para impedir el referéndum ilegal.

Las palabras de un gobernante son actos, aunque el gobernante sea un Puigdemont. Las repiten sus adeptos, sintiéndolas como suyas y vuelan, al decir de Gabriel Celaya: «Son más que lo mentado./ Son lo más necesario, lo que no tiene nombre./ Son gritos en el cielo y en la tierra son actos». Hay tiempo, dice el PSOE. ¿Para qué? Del 155 ya ni hablamos. En su peor hipótesis, que se les quede la sedición en tentativa, tendrán premio de consolación. ¿Por qué no van a repetir en cuanto tengan ocasión?

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Ilustración de Sean Mackaoui [Suiza, 1969] en El Mundo, 120617.

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Pantomima

C. Alvarez de Toledo en El Mundo, 120617.

Desde la carretera de las aguas, Barcelona se difumina como un Rothko blanco y azul. Abajo, junto a un barranco exuberante, magnolios vivos y palmeras muertas, operarios montan una carpa. Camareros van y vienen. Niños estallan de excitación. Casilda, Urruela hasta la médula, cumple 40 años y ha decidido celebrarlo con una fiesta de disfraces.

El tema, Hollywood y sus aledaños. Su cuñado es un gran crítico de cine -35 años sobrellevando el festival de Cannes- y preside el jurado. Por una verja desnuda, van llegando personajes, de Julio César a Forrest Gump. Tony Manero se rinde, claro, ante Mia Wallace; un unionista incauto se traviste de Braveheart; y Mary Poppins echa a volar. Entregados los premios -formidables Espantapájaros y la chica de Avatar-, una mujer se refugia del ruido y de las risas en un rincón umbrío de la casa, entre retratos y libros familiares.

Vestigios del catalanismo -del mundo- de ayer. Viste un traje de Fortuny verde y oro veneciano, en evocación de la duquesa de Guermantes, y mira por la ventana. Piensa en esta ciudad, que fue centro de la libertad y donde ha sido, y tantas veces sigue siendo, misteriosamente feliz: los paseos por la playa, de la Barceloneta hasta el infinito, paisaje de puro placer posmo; las peregrinaciones a Santa María del Mar, donde dios existe; y una última copa, ámbar de alquimista, con el periodista -¡el escritor!- José María Albert de Paco. El bar Dr. Stravinsky, consagración de la primavera.

La mujer aparta los ojos del sol y enciende el iPad. Ve que el proceso separatista sigue su curso, inasequible a la democracia. Y que España, sus élites, responde con risas como las que siguen subiendo desde el jardín. Ríen los cronistas, los columnistas, los editorialistas y sobre todo el Gobierno. «¡Ridículo!», dicen. «¡Una nueva pantomima!». «¡El Ikea catalán!». «¡Guardiola sin copa y Llach sin corona!». «Una farsa sin el eco de la tragedia…».

Dos payasos, Mopa y Guenyo, han irrumpido en la fiesta. Hacen malabares con el referéndum, el neo-estado y la república, y los espectadores se apoltronan para ver cómo se rompen la crisma. Se nota que no han visto It, la adaptación de la novela de Stephen King.

Los payasos del Patio de los Naranjos -el Pati dels Tarongers, lo llama ahora el Madrid maternal y cursi- serán risibles, pero no son inofensivos. Como no lo fue el bufón Farage, autor de intervenciones hilarantes en el Parlamento Europeo, ni lo es Donald Trump, The White House Clown. El disfraz de Mopa y Guenyo, sus cabriolas contracíclicas y sus trastazos con la razón no sólo esconden intenciones abyectas sino también la peor realidad.

La xenofobia. La apropiación indebida de los sentimientos de los catalanes y de la soberanía de todos los españoles. La violencia contra la ley, es decir, contra las personas. El golpismo. Nada de esto requiere para su constatación de la firma solemne de ningún decreto oficial bajo un sublime techo gótico. Son hechos y ya tienen víctimas políticas, económicas e institucionales. Niños y adultos discriminados. Dinero público dilapidado. Un Parlamento autonómico amordazado hasta la ilegitimidad.

El nacionalismo vacía las palabras de sentido, salvo en un caso: «proceso». El golpe sí es un proceso. Turbio, tortuoso, trufado de episodios que producen una vergüenza ajena radical. Pero también la produjo el golpe de Tejero. Ese mostacho de opereta. Ese gesto de petiso fulero. Ese tricornio rociado de cristales rotos. Qué caricatura.

Sin embargo, durante muchas horas aquel paródico cuartelero logró colocar a la democracia bajo arresto domiciliario. Literalmente, y salvo notables excepciones, la tiró al suelo. Lo mismo llevan haciendo, paso a paso, mofa a befa, el presidente Puigdemont y su vicepresidente Junqueras. Y la broma sólo puede acabar mal. Sobre todo si, una vez más, el Gobierno se empeña en confundir el ridículo ajeno con su propia sensatez.

En 2014, el Gobierno y todos los partidos políticos constitucionalistas -salvo, enfáticamente, UPyD- también optaron por la ridiculización del 9-N. El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia se refirieron al referéndum como una «pantomima sin consecuencias jurídicas». Tuvieron que tragarse sus palabras, y Artur Mas y sus cómplices fueron procesados en dos juicios que también lo fueron a la incoherencia del Estado.

El presidente Rajoy es un hombre tibio, escéptico, eminentemente racional. Su referente vital -quizá el único- es su padre: un juez. Su sintagma favorito y lema o anti-lema político es «sentido común». A un hombre así la revolución y la violencia le son absolutamente ajenas. No es que no las contemple; es que no las comprende. Y a su temperamento se une la táctica. Equivocada. Hace unos días, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría filtraba que se siente «traicionada» por Junqueras: lágrimas de cocodrilo escarmentado.

Algo parecido podría decir el perplejo ciudadano español de su presidente, que en marzo intentó comprar la pax catalana con 4.200 millones de euros. ¿Cuánto nos habríamos ahorrado, en todos los sentidos, si hace tres años el Gobierno hubiera dado la cara en lugar del perfil? Pero aquí seguimos, subidos a la noria del absurdo: se exigen consecuencias jurídicas para actos que llevan años teniendo efectos políticos. Y sobre todo se mantiene la perversa dinámica de acción-reacción: el Estado, a rebufo.

El diario El País contaba ayer que la Generalidad pretende formar a miles de «agentes electorales» para que sustituyan a los funcionarios en la ejecución del referéndum. También trabaja ya en el censo y, con el apoyo de cientos de alcaldes separatistas, en las mesas y en la movilización. Como la de ayer en Montjuïc, donde Guardiola amenazó: «Votaremos aunque el Estado no lo quiera».

El Gobierno no puede esperar a que el golpe se produzca para pararlo. Dicho secamente y con la seriedad que merecen estos payasos: el presidente Rajoy no tiene que quitar las urnas, sino impedir que se pongan. Por razones éticas y políticas obvias. Pero también por motivos técnicos, logísticos y estratégicos. Siempre será más limpio prevenir que precintar. Y de paso nos ahorramos los aspavientos del cronista Minder en The New York Times.

Cae la noche sobre Barcelona, ahora un Rothko negro y azul. En el jardín, abandonadas, la máscara de Hannibal Lecter, la boquilla de Holly Golightly y la pajarita de Rick. Los únicos que siguen despiertos y activos son los bufones. Urnas, urnas. Jiji, jaja. O el Gobierno deja las risas y toma la iniciativa o va a resultar que el payaso es él.

Ilustración de Raquel Marín [España, 1980] en El País, 090617

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El supuesto de hecho del artículo 155

La Generalitat y el Parlamento de Cataluña han incumplido claramente varios preceptos constitucionales y perjudican de forma notable el interés general de España. El Gobierno debería explicar por qué no aplica lo previsto en la Constitución

Rafael Arenas García, Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en El País, 090617.

En los últimos meses nos hemos familiarizado con el artículo 155 de la Constitución. Han sido varios quienes han analizado las posibilidades de que este precepto fuera aplicado como remedio a la situación creada como consecuencia del abierto desafío a la legalidad que plantea la Generalitat de Cataluña.

Recientemente lo ha hecho en este mismo periódico Andrés Trapiello, y unas semanas antes, también aquí, Xavier Vidal-Folch. Quienes hayan seguido estos artículos habrán comprobado que el debate está servido. Para unos la utilización del 155 resultará inevitable; para otros, indeseable. Mientras que unos lo consideran un instrumento útil, otros dudan sobre qué medidas podría amparar y de la eficacia de las mismas.

Aquí no pretendo entrar en este tema, sino en otro que en buena lógica es previo al análisis de las consecuencias de la aplicación del precepto; me refiero a la determinación de en qué casos nos encontraríamos ante el supuesto de hecho que habilitaría la utilización de este artículo 155.

Como toda norma jurídica, el artículo 155 de la Constitución consta de dos partes: el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica serían las medidas que podrían adoptarse sobre su base, y es el tema al que se ha dedicado más tinta en los últimos meses. Se ha prestado mucha menos atención a la primera de las cuestiones, la de concretar el supuesto de hecho del precepto.

El supuesto de hecho de una norma es el conjunto de circunstancias fácticas o jurídicas que el ordenamiento prevé como antecedente de la consecuencia jurídica. En el artículo 138 del Código Penal, por ejemplo (“El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con al pena de prisión de diez a quince años”), el supuesto de hecho de la norma es la muerte de una persona a manos de otra (“el que matare a otro”) mientras que la consecuencia jurídica es que esa persona que ha causado la muerte de otro ser humano deberá ser castigado como homicida con una pena de prisión que deberá situarse entre los diez y los quince años de duración.

En el caso del artículo 155 de la Constitución el supuesto de hecho de la norma son en realidad dos: el precepto puede operar tanto cuando se diere que una Comunidad Autónoma no cumpliere con obligaciones que le imponen la Constitución o las leyes, como cuando actuare de forma que atente gravemente al interés general de España (“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España…”). A partir de aquí tenemos que preguntarnos si nos encontramos ante alguno de los dos supuestos; esto es, si la Comunidad Autónoma de Cataluña incumple obligaciones constitucionales o legales o si actúa de tal forma que atente gravemente contra los intereses generales de España.

Comencemos por lo primero. Creo que pocas dudas hay de que tanto el Gobierno de la Generalitat como el Parlamento catalán han incumplido de forma clara varios preceptos constitucionales; entre ellos el que le obliga a acatar las sentencias de los tribunales y, especialmente del Tribunal Constitucional.

Quizás el más flagrante de tales incumplimientos haya sido la aprobación en el mes de julio de 2016 por el Parlamento de Cataluña de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, pese a que con carácter previo a la votación el Tribunal Constitucional ya había advertido al Parlamento de que dichas conclusiones no eran compatibles ni con la Constitución ni con la sentencia previa del Tribunal Constitucional que había anulado la Resolución del Parlamento de 9 de noviembre de 2015, de inicio del proceso de desconexión.

En el último año no solamente se acumulan los incumplimientos relativos al proceso de secesión; el último, la inclusión en los presupuestos de la Generalitat de una partida dedicada al referéndum de secesión que el Tribunal Constitucional había declarado como incompatible con la Constitución —por si cupiera alguna duda sobre esta incompatibilidad—; sino que también contamos con otros incumplimientos ya más antiguos, como por ejemplo la negativa a introducir el castellano en la educación, tal como obligan desde hace años varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo.

No creo que quepan muchas dudas de que nos encontramos ante una situación en la que las instituciones de la Comunidad Autónoma no cumplen las obligaciones que se derivan de la Constitución, por lo que por esta vía estaríamos ante la realización del supuesto de hecho del artículo 155 de la Constitución.

Aunque obviáramos lo anterior, todavía tendríamos que considerar si, incluso no dándose ningún incumplimiento constitucional o legal por parte de las instituciones de la Comunidad Autónoma, la actuación de tales instituciones no podría considerarse como atentatoria al interés general de España. Seguramente cualquier observador imparcial coincidirá en que efectivamente se da esta actuación contraria al interés general.

Para ello basta constatar que la actuación de la Generalitat, sin ningún disimulo, pretende conseguir apoyos internacionales para realizar al margen de la legalidad española un referéndum de autodeterminación en Cataluña y para conseguir el reconocimiento internacional a la secesión catalana. Hace ya unos años se difundió la carta que el señor Mas, entonces presidente del Gobierno de la Generalitat, dirigió a varios líderes extranjeros en este sentido y cada poco tenemos noticias de los contactos que tanto el señor Puigdemont como el señor Romeva y otros cargos de la Generalitat o de un organismo dependiente de ésta, como es Diplocat, realizan para conseguir apoyos internacionales a la secesión.

Si lo anterior, la búsqueda de apoyos en el extranjero para un proceso de secesión al margen de la legalidad española, no es actuar contra los intereses generales de España ya no sé qué podrá calificarse como tal.

Es decir, no solamente existen claros incumplimientos constitucionales por parte de las autoridades autonómicas sino que la actuación de éstas perjudica de forma notable el interés general de España. No solamente se da uno cualquiera de los elementos que componen el supuesto de hecho del artículo 155, sino que se dan los dos.

Llegados aquí, la pregunta no es sobre la utilidad del artículo 155 sino de las razones para que, concurriendo claramente los elementos de su supuesto de hecho, no se active el artículo. Quizás estas razones existen, pero lo lógico sería que el Gobierno las explicara, porque la duda legítima es la de cómo es que en Cataluña se mantiene una situación de incumplimiento constitucional y legal y actuación contra el interés general de España sin que se aplique un precepto que precisamente está diseñado para actuar cuando se dan tales circunstancias.

Rafael Arenas García es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

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Notas.-

Los enlaces en textos propios son aportados por EQM. En los ajenos sólo cuando así se indique. También son de EQM, por discutibles razones de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace correspondiente.

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