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De interpretaciones constitucionales

Artículo 155 de la Constitución Española

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 189 del Reglamento del Senado

1. Si el Gobierno, en los casos contemplados en el artículo 155.1 de la Constitución, requiriese la aprobación del Senado para adoptar las medidas a que el mismo se refiere, deberá presentar ante el Presidente de la Cámara escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y la de su incumplimiento por parte de ésta.

2. La Mesa del Senado remitirá dicho escrito y documentación aneja a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, o bien procederá a constituir una Comisión conjunta en los términos previstos en el artículo 58 del presente Reglamento.

3. La Comisión, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67, requerirá, por medio del Presidente del Senado, al Presidente de la Comunidad Autónoma para que en el plazo que se fije remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos.

4. La Comisión formulará propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas.

5. El Pleno de la Cámara someterá a debate dicha propuesta, con dos turnos a favor y dos en contra, de veinte minutos cada uno, y las intervenciones de los Portavoces de los Grupos parlamentarios que lo soliciten, por el mismo tiempo. Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta presentada, siendo necesario para la aprobación de la resolución el voto favorable de la mayoría absoluta de Senadores.

De la secesión del golpismo catalanista actual se hace tiempo que se desprende claramente las pocas ganas que tiene el Presidente del Gobierno de hacer cumplir la Ley a Carles Puigdemont en su triple calidad de Presidente de la Generalidad catalana, de Presidente de su Gobierno autonómico y de Representante ordinario del Estado en Cataluña, adoptando las medidas necesarias para obligarle al cumplimiento forzoso de las obligaciones derivadas del principio de legalidad y/o para la protección del mencionado interés general de España.

De las declaraciones de ayer hechas tanto por el entorno del bello Pedro Sánchez como por el liberal Albert Rivera, queda claro, por si alguna duda había, que a ellos, como al tolerante Rajoy, tampoco les apetece porque entienden que sería desproporcionado.

Argumento chocante, fundamentalmente por dos motivos:

1. cuanto tal precepto constitucional no establece una determinada proporcionalidad sino que la deja en manos del Ejecutivo y siempre que las medidas sean aprobadas previamente por el Senado.

2. Contrariamente a lo que se pregona interesadamente por el golpismo, el art 155 no supone, en absoluto, la suspensión de la autonomía sino la adopción de las medidas necesarias, aprobadas previamente por el Senado, para obligar a que la Comunidad Autónoma cumpla con la Ley.

No seré yo quien explique aquí y ahora la obviedad de por qué considero que Carles Puigdemont no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen y actúa de forma que atenta gravemente al interés general de España.

En el caso de Zpedro el asunto es mucho más preocupante porque su portavoz, la simpar Margarita Robles, ha manifestado a los medios [ver infra el titular en portada de El País, hoy], después de la reunión del bello con Rajoy, que la aplicación del art. 155

“Nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos”

Lo cual quiere decir que el PSOE colabora con el Gobierno en impedir la celebración del ilegal referéndum pero lo hace marcando las reglas del juego para hacerlo, negándose a apoyar medidas expresamente establecidas constitucionalmente para impedirlo.

Es decir, entre todos la mataron y ella sola se murió. Lo grave de este buenismo, esta dejadez, como criterio colectivo –PP, PSOE y C’S-, es que, unos por otros, están poniendo cada vez más alto el listón de lo que el Estado debe considerar por incumplimiento de la legalidad y/o por actuación que atenta gravemente al interés general de España.

Y eso, no les quepa duda, crea precedente y, sobre todo, da alas a un golpe que, aunque finalmente se pare por el procedimiento legal que sea considerado oportuno, está firmemente convencido de que no sólo resultara prácticamente gratis para los responsables, sino que acabará dando buenos frutos.

EQM

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De la portada de El País, hoy 070717


La ecuación imposible de Pedro Sánchez

Sánchez se ha convertido en un aliado involuntario de los separatistas al plantear el problema territorial de forma absurda.

Alex Vidal-Quadras en La Gaceta, 060717.

Ante el golpe de Estado que el Gobierno y la mayoría del Parlamento de Cataluña están perpetrando a bombo y platillo financiado por la Hacienda estatal -España es, sin duda, diferente- el resucitado Secretario General del Partido Socialista viene insistiendo en que Mariano Rajoy “ha de dar un paso” para solucionar el “conflicto” mediante el “diálogo y el pacto”. Su posición en este gravísimo asunto, como es costumbre en él, oscila entre la contradicción y la ambigüedad.

Por una parte, afirma que el PSOE está del lado de la Constitución y la ley, pero por otra no deja de debilitar al Estado en su enfrentamiento con la sedición separatista al exigir continuamente que se negocie con los golpistas y calificar de “amenazas” cualquiera de las escasas manifestaciones de firmeza emitidas por las instancias centrales. Se supone que cuando recomienda tan enfáticamente que se busque un acuerdo con los sediciosos habrá pensado cuales han de ser los términos del mismo. Sin embargo, jamás lo aclara y mantiene esa mágica solución “negociada” en el misterio.

Su extraño invento de la “plurinacionalidad” y del reconocimiento de las distintas “naciones” que forman nuestro país, tampoco se caracteriza por su precisión. Porque, veamos, ¿nos podría decir el número y denominación de esos entes que hasta ahora, según él, no han sido suficientemente “reconocidos”? ¿Son Cataluña, el País Vasco y el resto de algo que dudosamente se seguiría llamando España? ¿O hay que añadir Galicia? ¿Y qué pasa con Andalucía? ¿Es la vetusta Castilla también una nación? ¿Dónde quedan las demás Comunidades Autónomas hoy existentes en ese reparto de vitolas nacionales?

En fin, un galimatías que únicamente aporta confusión y nuevos problemas. Además, disponer de Gobierno, Parlamento, capacidad legislativa, presupuesto propio, bandera, himno, policía, lengua cooficial, que en la práctica es super-oficial al haber expulsado al castellano del espacio público, y generosos fondos para evitar su quiebra, ¿No es reconocimiento bastante? ¿Qué más les daría el ínclito Sánchez a los nacionalistas para calmar su narcisismo obsesivo y su apetito de poder insaciable?

Dice Sánchez que la soberanía nacional es una, que eso no se discute, pero que hay que acomodar en la Constitución a las “naciones culturales”. Parece que no se ha enterado de que eso es precisamente lo que hace nuestro ordenamiento, permitir que la diversidad cultural y lingüística de España se exprese con todo vigor, en ocasiones hasta extremos esperpénticos con serias vulneraciones de derechos y libertades individuales.

Si el pacto de la Transición consistió en descentralizar el Estado hasta un nivel de los más altos que existen en el mundo para apaciguar las ansias identitarias de los nacionalismos catalán y vasco y el resultado ha sido un manotazo que ha tirado al suelo las fichas del tablero, ¿No habrá llegado el momento del palo habida cuenta de que las zanahorias de tamaño creciente lo que han producido es el envalentonamiento de los desleales hasta el desafío final al que ahora intentamos, tarde y mal, hacer frente?

Pedro Sánchez no se comporta responsablemente y acumula los despropósitos porque su esquema mental está básicamente desviado. Sus prioridades no son la estabilidad, la legalidad y el bienestar de los españoles, sino acabar con el Gobierno del PP para sustituirlo. Ese enfoque perverso le impide apoyar a Rajoy en un tema tan trascendental como la supervivencia de España como Nación política, es decir, indivisa y soberana, ya que su objetivo es otro, la caída del Ejecutivo, y para conseguirlo está dispuesto a poner en riesgo ciegamente aquello sin lo cual no será Presidente de nada porque no habrá nada que presidir.

En Matemáticas es bien sabido que hay ecuaciones que carecen de solución. Sánchez, oscilando entre la superficialidad, la ambición y la falta de inteligencia, se ha convertido en un aliado involuntario de los separatistas al plantear el problema territorial de forma absurda.

Si se quiere otra prueba de la absoluta falta de rigor de tan leve aspirante a La Moncloa basta oírle cuando denuncia que en España el Estado del Bienestar se ha reducido “a la mínima expresión”. Pues bien, nuestro gasto social en 2014 fue del 26,8% del PIB, porcentaje superior al de Alemania u Holanda, por citar dos ejemplos no sospechosos.

Hace tiempo que la sociedad española ha detectado, y esa constatación se refleja recurrentemente en los estudios de opinión, que uno de los peores obstáculos para que seamos un país próspero, seguro y competitivo, es la mediocridad, la incompetencia, la codicia y la bajeza moral de nuestra clase política. La actitud de Pedro Sánchez ante la ofensiva separatista es la mejor muestra de que esta percepción colectiva está sólidamente fundamentada.

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¿Cómo se aplica el artículo 155 de la Constitución?

Marisa Cruz en El Mundo, 020217.

El artículo 155 de la Constitución española, incluido en el título VIII sobre la organización territorial del Estado, constituye, según los expertos constitucionalistas, el «medio de control, de carácter excepcional, que complementa al ordinario recogido en el artículo 153, de la actividad de las CCAA».

Está previsto para situaciones «extremas», es decir, aquellas en las que una comunidad incumple las obligaciones impuestas por la Carta Magna o las leyes «atentando gravemente al interés general de España».

Este artículo está inspirado, como señala el profesor Mariano Bacigalupo, en la figura de la «coerción federal» prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. No contempla, como sí sucede en otros Estados federados, la suspensión o disolución de los órganos de la comunidad incumplidora. En este caso, de lo que se trata es de adoptar medidas para el cumplimiento forzoso de las obligaciones.

La diferencia entre el artículo 155 español y el 37 alemán reside en que en el primero, la situación de conflicto debe atentar gravemente al interés general de toda la nación. No basta con el mero incumplimiento de las leyes. Este supuesto evidentemente se daría en el caso de un intento de secesión puesto que la misma afectaría a la integridad territorial del Estado, y a los principios de unidad y soberanía nacional que constituyen el núcleo de la Carta Magna.

En el 155 se prevé además un primer paso que implica el requerimiento a las autoridades de la comunidad incumplidora para que atiendan sus obligaciones legales. En caso de que dicho apercibimiento fuera desoído, las medidas a adoptar por el Estado deberían ser aprobadas por la mayoría absoluta del Senado. No sería, sin embargo necesario que medie una declaración de incumplimiento por parte del Tribunal Constitucional, aunque muy probablemente el Gobierno de Mariano Rajoy la requeriría.

Ni en España ni en Alemania se ha activado un precepto tan excepcional. En el caso español, el procedimiento de aplicación del artículo 155 en su fase parlamentaria está recogido en el artículo 189 del reglamento del Senado.

En virtud del mismo, el Gobierno deberá presentar ante el presidente de la Cámara un escrito en el que manifieste el contenido y alcance de las medidas a aplicar, así como la justificación de haber realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma afectada, y el incumplimiento de ésta.

La Mesa del Senado remitirá esta documentación a la Comisión General de las Comunidades Autónomas que requerirá al presidente de la comunidad implicada a remitir en plazo las alegaciones que considere oportunas y designe a una persona para que ejerza su representación.

La Comisión emitirá un dictamen razonado sobre si procede o no aprobar la solicitud del Gobierno central, incluyendo los condicionantes y precisiones que crea oportunos. El Pleno de la Cámara debatirá y votará la propuesta, siendo necesario para la aprobación el voto de la mayoría absoluta de los senadores.

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Notas.-

Los enlaces en textos propios son aportados por EQM. En los ajenos sólo cuando así se indique. También son de EQM, por discutibles razones de legibilidad en internet, el incremento de párrafos en textos ajenos, respetando el contenido, que puede leerse en el original pinchando el enlace correspondiente.

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