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Del Derecho y de las singularidades de Catalá

Constitución Española. Del Poder Judicial.

Artículo 117. 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

Artículo 122. 1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. 2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Libro II. Delitos y sus penas. Título VIII. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

El delito de abuso sexual se tipifica, en el artículo 181, como acto atentatorio con la libertad e indemnidad sexual, sin consentimiento de la víctima y sin violencia ni intimidación.

El delito de agresión sexual se contempla, en el artículo 178l, como un atentado contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación.

El delito de violación se tipifica en el artículo 179, como una agresión consistente en acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías…”

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El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, manifestó ayer, sobre el voto particular de ‘La Manada‘:

Todos saben que este juez tiene algún problema singular”

Como subraya El País en su editorial de hoy, se trata de una injerencia inadmisible y propia de un Gobierno populista y oportunista que se aferra al caso ‘La Manada’ para pisotear la separación de poderes.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales han puesto el grito en el cielo y han exigido su inmediata dimisión, recordando que este personaje ha sido también reprobado por el Congreso de los Diputados.

El efecto de su conducta sobre el Estado de Derecho es demoledor y, al tiempo, a destrozado irreversiblemente la vida de un juez y ha dañado gravemente la credibilidad de la Justicia.

¿Quien se beneficia de lo ocurrido? Sin lugar a dudas toda esa ola de populismo que conforman el ecofeminismo, los podemitas, el nacionalismo y las televisiones que viven de la política gore.

Dando por supuesto que a este mal tecnócrata su fechoría no se le ha ocurrido por su cuenta -aunque sí por su riesgo- es el Mariano155 quien resulta más señalado por tal intento de subirse al caballo de troya que supone esta peligrosísima verbena cainita que es jaleada mediáticamente y promocionada como ‘muchedumbre’ en pro de la igualdad de ‘género’ y otras ocurrencias.

Si esto no se corta cuanto antes, no sólo será el PP quien lo pague. Lo pagaremos todos al igual que ha ocurrido con el golpe catalanista iniciado en 2012.

EQM

pd. Margarita Robles, la simpatizante portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha sido, entre las significativas, la única voz discordante con la tónica general de escándalo generalizado y ha apoyado al Ministro del PP contra el juez y contra el mismísimo Consejo General del Poder Judicial [CGPJ].

Quien tenga un rato que se asome a ver qué simpatico contencioso ha mantenido la simpatizante con ese mismo CGPJ a cuenta de intentar, en vano, que se le reservara el puesto de Magistrada del Tribunal Supremo [MTS] para cuando dejara la política y volviera  a la judicatura.

Sobre alguna de sus actuaciones profesionales, tienen vds abundante literatura en internet.

Revista de prensa:

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El Notario Mayor del Reino

Arcadi Espada en El Mundo, 010518

El ministro de Justicia insinuó ayer que uno de los jueces -el juez Ricardo González, autor del voto particular a la sentencia- que juzgaron a La Manada no está en condiciones de ejercer su trabajo. Dijo de él que tenía “algún problema” y “alguna situación singular”. Y “dificultades”. Cuando Carlos Herrera, que lo entrevistaba en la Cope, le pidió que precisara contestó que no conocía “los detalles” y que tampoco “sería razonable hablar de cuestiones personales”.

El ministro añadió algo sobre la responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial. “Todos lo saben”, dijo textualmente acerca del conocimiento que tendría el Consejo sobre los problemas del juez. En lógica conclusión aseguró luego que el Consejo debería haber actuado preventivamente. Y no lo hizo.

El ministro, Notario Mayor del Reino, no precisó ni amplió a lo largo del día sus declaraciones sobre la capacidad cognitiva y/o moral del juez. De esas capacidades el último y más riguroso ejemplo que se le conoce es, precisamente, el voto discrepante del juicio de sus compañeros de tribunal. De la lectura del voto se desprende una lógica discursiva incompatible con problemas cognitivos y una vehemente honradez en sus interpretaciones.

El convencimiento del ministro y el que atribuye a los miembros del Consejo General del Poder Judicial abren una delicada situación. La acusación al Consejo apenas se distingue de un ánimo prevaricador reflejado en su supuesta negativa a actuar preventivamente. Es decir, el Consejo habría permitido que un juez incapaz de impartir justicia la impartiera. Y por tanto es el mismo juicio a La Manada y los derechos de acusados y víctima los que quedan en una situación de incertidumbre.

Por más que la posición favorable del juez a la absolución de los acusados acabó resultando minoritaria, su influencia en el desarrollo de las deliberaciones y en la propia decisión que adoptaron sus compañeros de tribunal es indudable.

Pero, naturalmente, todo esto se ve sometido a la imperiosa necesidad de que el ministro presente de inmediato las pruebas de su diagnóstico sobre el juez González y de sus graves acusaciones al órgano de gobierno de los jueces. Si no es así, las únicas pruebas en torno al debate indican que el ministro Rafael Catalá pasa por algún problema singular que lo incapacita tajantemente para seguir ejerciendo su cargo.

Ilustración de Santiago Sequeiros [Argentina, 1971] para el texto

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¡Jueces, firmen!

Arcadi Espada en El Mundo, 290418

Mi liberada:

Los socialistas de Valencia, siempre a la vanguardia de la corrupción, han hecho correr el animalito del veredicto social, a propósito de la sentencia contra la que nuestro Tadeu ha llamado en feliz paronomasia La Manada Mamada. Dicen los socialistas que la sentencia no recoge el veredicto social y quieren decir que hubo violación y que los jueces no la han considerado. La palabra veredicto está ajustada al caso. Es frecuente que en castellano se confunda con sentencia cuando veredicto solo alude al fallo del jurado, que no se traduce en núcleo de la sentencia hasta la redacción y firma del juez.

Pero ya digo que se adecua al caso y describe con exactitud lo que está sucediendo en el ambiente moral español. Los jueces han quedado reducidos a la firma. El pueblo dicta el veredicto y ellos (o mejor ellas: juzga la calle y por sufragio cualificado) añaden algunas consideraciones técnicas destinadas a disfrazar la evidencia del dictado. Y que cumplen también una interesante función de distracción en el doble sentido del término.

Los jueces españoles -¡y qué decir de los alemanes y su ingeniosa violencia necesaria!- escriben en código fuente para que los rábulas se den luego en los periódicos a la interpretación y a la bebida. Una sentencia española ha dejado de ser el claro, seco, sintáctico y comprometido relato de la verdad para convertirse en un piélago de justificaciones en torno a los hechos que se juzgan, y lo que es peor, en torno a muchos otros que no se juzgan y que nutren el llamado veredicto social.

De ahí que resulte admirable el particular voto que este nuevo héroe civil, el juez Ricardo González, ha incrustado en la sentencia y donde pide la absolución de los condenados. Su poder de convicción radica en la brutal exposición de los hechos a través de una prosa con el tacto inexorable del proctólogo que explica una enfermedad. Las circunstancias le obligan. El documento fundamental del caso es una grabación de vídeo de 96 segundos hecha con un teléfono móvil que recoge parte de lo que sucedió entre los hombres y la mujer.

Este vídeo solo han podido verlo el juez y las partes, lo que obliga a describirlo, porque las sentencias se escriben para la instrucción y ejemplo del pueblo y deben ser comprendidas por él. Tal vez por eso el editorial de este diario decía ayer que el voto discrepante contenía “expresiones humillantes e inapropiadas hacia la víctima”. Es el problema, a veces, de la verdad y de juzgarla: que es humillante e inapropiada. Tiene interés subrayar que, en este caso, el veredicto social se ha conformado más desprovisto aún que de costumbre de la realidad fáctica. Es decir, sin haber visto el vídeo. Al margen de la discusión sobre la existencia de abusos el vídeo solo exhibe públicamente conductas privadas.

No documenta, por poner un ejemplo, el instante de un asesinato, sino banales movimientos del sexo entre humanos. Y son meditables las razones de que haya permanecido secreto y blindado a la curiosidad y el escarnio públicos, en un país donde todo está expuesto, incluidas las muestras de una patológica conducta cleptómana. Se aduce, obviamente, la necesidad de proteger de la cruda objetividad de la imagen los derechos de la víctima y de los acusados. Pero es una razón débil: las caras podrían velarse. Es probable que la dura objetividad sea la causa del secreto.

El voto particular es igualmente tajante no solo en la descripción de los hechos, sino en la aceptación de las conclusiones a que obligan los hechos. Es un voto hijo de la inducción a diferencia del carácter deductivo de la sentencia. En el fondo del voto particular hay una frustrante pero impecable conclusión: dadas las circunstancias de aquella madrugada de Pamplona no es posible determinar si los cinco hombres forzaron la voluntad de la única mujer. El veredicto social dice #yoestuveahí, pero el juez sabe que es mentira. Sabe que ni siquiera C -con un gramo de alcohol en sangre- estuvo ahí.

Para ser coherentes con su relato de los hechos -entre el relato mayoritario y el discrepante no hay más que la discrepancia sobre un gemido, dolor o placer, cómo interpretarlo- los jueces que condenaron habrían resuelto que hubo violación. Pero tampoco confían plenamente en los hechos que describen. Por esa rendija de incertidumbre se cuela el veredicto social, que exige la condena prevista para las violaciones. El resultado es que la verdad se convierte en una negociación, en una equidistancia. Y los jueces acaban sentenciando, inconcebiblemente, que C quedó un poco embarazada.

La apariencia de ecuanimidad de la sentencia no ha aplacado la ira del pueblo. Ese pueblo, hoy dominante en la conversación española, para el que la violencia de Alsasua fue una discusión de bar, que acepta legislar en caliente según sea el carácter de los acusados (se comprenderá que no es lo mismo una mujer, y negra, e inmigrante, que un hombre, y blanco, y guardia civil) o que acepta como un acto ejemplar de libertad de expresión quemar en efigie al jefe del Estado, lo que no sucede en ninguna democracia seria del planeta. El pueblo está en su fumadero, donde ha estado siempre.

Como decía ayer Sebreli en El País, ya no es la religión, sino los medios, su opio. El problema son las vaharadas mefíticas que se filtran por las ventanas. Y la mejor expresión de hasta dónde llega la alucinación colectiva es la reacción de tantos políticos españoles a la sentencia que condena a nueve años de cárcel -uno menos que por homicidio- a La Manada. La reacción importante no es la que se pone a disposición del pueblo alzado en red para cambiar la ley a su gusto errático. En lo que respecta a los planes automáticamente genuflexos del Gobierno Rajoy, esto puede no ser más que otra manifestación de su cinismo ya terminal.

La desmoralización auténtica cunde al oír a dirigentes políticos decir que como tales respetan la sentencia, pero que como ciudadanos, padres, hijos, hermanos la rechazan profundamente. No recuerdo un caso en que la ley, en que su defensa ¡y la legítima emoción de su defensa!, hayan caído tan bajo en España. De la izquierda nada hay que esperar ni es novedad en este sentido. La posición de la izquierda quedó descrita en aquellas palabras de la alcaldesa Ada Colau cuando dijo que solo acataría las leyes que le parecieran justas. Aunque expresada con ingenuidad menor esto es lo que piensa y hace la izquierda española con la ley.

Más sorprendente es que PP y Ciudadanos se vean obligados a decir el día no lejano en que se condene a los integrantes del gobierno presuntamente criminal de Cataluña que respetan la sentencia como políticos pero la rechazan como ciudadanos. ¿Es capaz de percibir quien suelta esa inepcia en qué lugar deja a la ley, a la política y a la propia democracia? ¿No comprenden que la ley es el punto de intersección entre el político y el ciudadano, entre los intereses particulares y los intereses generales, y hasta la sutura, si quieren emplear este lenguaje dualista, entre la emoción y la razón?

Cualquier ciudadano puede criticar una sentencia. No es preciso que sea experto en Derecho. Basta con que razone. Pero ningún ciudadano puede rechazar una sentencia. La ley se critica, pero no se rechaza, porque detrás del rechazo solo aguarda la implacable jungla sentimental.

España necesita un voto particular. Pero no hay a quién dárselo.

Sigue ciega tu camino.

A.

Collage de Leonard Giovannini en el Blog de Arcadi Espada, 290418, sobre la base de de la obra ‘Defendant and Counsel‘ [s 1895; Bristol City Museum and Art Gallery], de William Frederick Yeames [R. Unido, 1835-1918]. Aquí, en grande.

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Inquisiciones

De Leonard Giovannini en el Blog de Arcadi Espada, 290418, acompañando al texto del periodista.

Hoy plagiamos a William Frederick Yeames. La obra se titula Defendant and Counsel, así que hemos hecho bastante trampa: los supuestos jueces son en realidad abogados y la señorita más que una carta lee no se sabe qué legajos. Pero si encuentran un cuadro con tres jueces y una seño leyendo una carta, lo cambiamos todo.

En nuestra versión, K sujeta las correas de tres jueces (o cuatro: si contamos al personaje sin toga, ¡son casi una manada!). Estos jueces sometidos se limitan a firmar postveredictos. Porque si un veredicto es etimológicamente un dicho con verdad, un veredicto social es un dicho con verdad social, o sea con postverdad; o sea un postveredicto.

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Notas.-

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