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Las ‘necesidades democráticas’ de TV3

El contrato-programa que TV3 [de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales] tiene establecido con el Gobierno de la Generalidad de Cataluña [todavía en manos de Mariano155] donde es imperativa la satisfacción ‘las necesidades democráticas […] de los ciudadanos’ [art 2 de la Ley catalana 11/2007].

Sin olvidar, tampoco, el art 22 de la citada ley, en el que se establece que

2. La programación de servicio público de los canales de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales debe ser plural para tratar de satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Todos los canales y los servicios considerados de servicio público son de libre acceso.

No ha habido voluntad política y sigue sin haberla.

Yo espero y deseo que tanto los responsables políticos de tal cobardia moral como aquellos cómplices que no han cumplido con su obligación de hacer cumplir la legislación vigente, lo paguen en todas y cada una de las convocatorias electorales futuras.

EQM

pd. Sobre el duopolio de la televisión privada y sus responsabilidades relativas a la situación política actual, que cada cual se forme su propia opinión, pero de lo que no me cabe duda alguna es que resulta incomprensible que el bipartidismo, por su propio bien, no haya revertido la locura demagógica populista reincorporando la publicidad privada a Radiotelevisión Española, que fue eliminada de la misma presisamente para alimentar -a nuestra costa, que ahora pagamos de nuestros impuestos la millonada anual de TVE- los bolsillos telemediáticos privados. Estamos hablando de unos 500 millones de euros al año, y subiendo.

Les dejo –ut infra– un esclarecedor artículo de P.J. Ramirez, que parece saber de lo que habla.

Revista de prensa:

Ilustración de Javier Muñoz en El Español, 130518

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“Duopolio: el Expediente que no quieren que veas, oigas o leas”

Pedro J. Ramírez en El Español, 130518

Me cuentan que la verdadera razón por la que Atresmedia (Antena 3 y la Sexta) y Mediaset (Tele 5 y Cuatro) tienen enfilada a Netflix no es porque les esté quitando audiencia o porque tenga ventajas fiscales, sino porque ha llegado a sus oídos que la gran productora y distribuidora de cine para internet está preparando una serie llamada Duopolio, cuyos dos principales protagonistas serán Mauricio Casals y Paolo Vasile.

Aunque el proyecto se intenta mantener en estricto secreto, se ha filtrado que en el casting se buscan actores con parecido físico a Rajoy, Soraya y Pablo Iglesias, que entre los personajes recurrentes en cada capítulo habrá algunos presentados con tintes favorables -Ana Rosa, Piqueras, Évole- y otros con una luz más bien sucia -Crehueras, Bardají, Silvio González-; y que se baraja ofrecer a Ferreras que se interprete a sí mismo en el papel de brazo armado de la ley… del talión.

De acuerdo con mis noticias, el guión se está redactando sobre hechos reales y en tiempo real, para que su estreno coincida con el dramático final de las averiguaciones extraordinarias que vienen realizando los sabuesos de una de las últimas instituciones no corrompidas que quedan en España.

El hilo conductor de la trama será, de hecho, el pulso entre los capos de las dos organizaciones que se reparten el control de la televisión -o sea, de las conciencias de los españoles-, con sus cientos de millones de beneficio anual, y los pocos francotiradores que, sin otros resortes que sus agallas y su sentido cívico, quedan fuera de su órbita de influencia. Capítulo tras capítulo, Casals y Vasile intentarán que esas averiguaciones no vean la luz, ni tengan consecuencias, y los francotiradores perseverarán en su empeño de darlas a conocer al público. De ahí que el subtítulo o lema más probable de la serie sea “el Expediente que no quieren que veas, oigas o leas”.

De acuerdo con mis noticias, los capítulos de la primera temporada están concebidos como una especie de precuela que servirá para presentar a los protagonistas y ofrecer al espectador las claves que configuran su inaudita situación de privilegio. Los guiones incluyen las intrigas que desembocaron en las autorizaciones, por parte de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, de las fusiones por absorción de Tele 5 con Cuatro y Antena 3 con La Sexta, en contra del criterio de las autoridades de la Competencia.

También aparecerán las presiones y susurros en vicepresidenciales oídos que desembocaron en el desvío de los 500 millones de publicidad, que ingresaban anualmente las arcas públicas de TVE, a los bolsillos privados de estos dos gigantes. Presenciaremos, además, las sucesivas maniobras que les permitieron sumar hasta quince concesiones de un bien escaso como los canales del espacio radioeléctrico, supuestamente convocadas para potenciar el pluralismo. Por último, veremos el suculento talón bancario tras cuyo pago los litigantes ante el Tribunal Supremo retiraron las demandas por esas adjudicaciones abusivas.

A comienzos de 2018, todo era, pues, prosperidad y ríos de abundancia en Duopolandia. En los últimos diez años, Mediaset y Atresmedia habían ganado cerca de dos mil millones en medio de la ruina de sus competidores directos e indirectos. En 2017, con poco más del 50% de la cuota de pantalla, acumularon el 95% de la inversión publicitaria en abierto y el 85% del total de lo gastado en la televisión. Sus accionistas se hacían ricos y sus directivos, incluidos todos los mencionados, se embolsaban año tras año bonus tan suculentos como para creerse los más listos de España delante del espejo.

Es verdad que, parafraseando a Tolstoi, cada grupo era feliz de distinta manera. El reparto de papeles por arriba, producía consecuencias por abajo. Con los problemas derivados de tener a Berlusconi como propietario diluyéndose por su pérdida de protagonismo, Paolo Vasile podía desarrollar su estilo de gestión tenaz, sobrio y astuto, dentro del género “que parezca siempre un accidente”. Quienes salen, quienes no salen; de quienes se habla bien, de quienes se habla mal… Siempre parece que es el público el que decide. Hasta la opulencia de su conglomerado se diría que es otro “accidente”, pero del género inevitable.

Son dos personajes graníticos, cada uno a su manera. Mientras Vasile combina la ductilidad de la mica con la resistencia del cuarzo, todo en Casals tiene la aspereza de la ortosa o feldespato. De ahí la distribución del trabajo. Vasile sostiene, imperturbable, que la función de sus televisiones no es intervenir en el debate político. En realidad está cediendo ese papel a Casals, a cambio de beneficiarse a medias de la utilidad que el modelo tiene para el poder, sin ni siquiera exponerse a desgaste alguno.

Serán las escenas en los despachos de Atresmedia las que levantarán al espectador del asiento. Veremos el largo adiós de José Manuel Lara en su titánica lucha contra la enfermedad, entre los cálculos escépticos de algunos de sus allegados; y el afilar de cuchillos que precede al inclemente apuñalamiento de su hijo, tras la captación para la causa de sus ancianas tías. Veremos consolidarse el poder de Crehueras, el ambicioso albacea que terminará quedándose hasta con el tercio de legítima; y su pacto de sangre con su plenipotenciario en Madrid, Mauricio Casals, inmortalizado por sus oscuros movimientos y falta de escrúpulos como el Príncipe de las Tinieblas.

En esos capítulos presenciaremos cómo se confecciona el “sandwich” -el propio Casals lo denomina así- mediante el que el PP se ha mantenido en el poder, desde hace al menos tres años, con el concurso de Podemos. Marhuenda y otros periodistas de derechas ponen la primera tostada, Ferreras y otros periodistas de izquierdas, la segunda. Y, tras el guiñol de la polarización, en el que pierden Ciudadanos, el PSOE, el consenso y la concordia, son Crehueras y Casals los que se zampan las ganancias, previo reparto con Vasile.

Asistiremos a sórdidos momentos, propios de Narcos, Los Soprano o cualquier otra película de gánsteres: las visitas recurrentes de Bárcenas al despacho de Casals en La Razón; las gestiones de este, vía María Pico, para que Soraya arreglara al extesorero los informes policiales que le identificaban como Luis el cabrón; las llamadas a altos cargos para obtener subvenciones tecnológicas en favor del grupo Zed; el desvío de dos millones de esos fondos a las arcas del periódico; el cierre de filas en torno al “soldado” Rodríguez Sobrino, encarcelado por llevárselo crudo de las comisiones del Canal; las llamadas de Casals a Ferreras para que protegiera a Ignacio González, o sea, al otro jefe de Sobrino; el aviso de “la juez amiga de la casa” de que González estaba siendo investigado; por supuesto, las amenazas a Cristina Cifuentes, por negarse a tapar toda esa mierda, como preámbulo a la profecía autocumplida contra ella: “Esta señora las va a pasar putas”; y la traca final de la distribución de golosinas, obtenidas en universidades y cloacas, entre los medios satélites.

A pesar de estar investigado en tres sumarios, por graves delitos, 2018 también parecía alborear radiante para el Príncipe de las Tinieblas. A la hora de la verdad, Cifuentes se había echado atrás en las denuncias de las amenazas, las investigaciones sobre la identidad de la juez habían topado con la correspondiente omertá y Crehueras le mantenía en todos sus puestos como partícipe, a título lucrativo, de sus chanchullos y desmanes. Casals, para chulo él, hasta se permitió encararse con el fiscal Grinda, espetándole un desafiante “usted me persigue”.

Pero, de repente, cuando menos lo esperaban, el 21 de febrero, un rayo tan fulgurante como silencioso –o más bien silenciado- cayó por igual sobre la felicidad zen de Paolo Vasile y sobre la felicidad convulsa de Mauricio Casals: el Expediente. He aquí el gozne entre la primera y la segunda temporada de la serie que ha empezado a producir Netflix.

Es el momento en que entra en escena un nuevo personaje, émulo de Elliott Ness y jefe de unos contemporáneos Intocables: José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Con aires de galán maduro y una formidable trayectoria académica a sus espaldas, este catedrático de Política Económica y ex consejero del Banco de España, tiene la peculiaridad de creerse el papel regulador del Estado como garante de la libertad de empresa y, ante la perplejidad y rabia del Gobierno que lo nombró simplemente para que calentara el sillón y no diera la lata, ha movilizado a un pequeño pero determinado equipo de técnicos e investigadores para emprender la más digna de las cruzadas contra todo tipo de monopolios, cárteles, concertaciones de precios o posiciones abusivas de dominio. Ha perseguido, multado y sancionado a los bancos, las eléctricas, las petroleras y hasta a los fabricantes de pañales. Ahora ha topado con el Duopolio… y con sus protectores políticos.

En el primer episodio de esta segunda temporada, veremos cómo Marín Quemada, después de haber sancionado ya a Mediaset y Atresmedia por incumplimientos puntuales de sus obligaciones como concesionarios de un servicio público, recibe a mediados de 2017 informes demoledores de los encargados de vigilar la aplicación de las condiciones bajo las que se aprobaron las respectivas fusiones. Por resumirlo en la gráfica expresión de uno de sus colaboradores: “Se las están pasando por el arco del triunfo”.

Es en ese momento cuando Marín Quemada ordena la apertura de un proceso de “información reservada” -vulgo investigación secreta- en el que durante meses se tomará declaración a las principales empresas del Ibex y a las grandes agencias de publicidad que gestionan sus inversiones en la televisión. El espectador asistirá indignado a las maniobras elusivas, a base de pasarse la pelota unas a otras, pero comprobará con alivio cívico cómo dos tremendas verdades van abriéndose camino gracias a la tenacidad de los investigadores: resulta que durante años el Duopolio ha obligado a agencias y anunciantes a invertir en sus canales una porción de sus presupuestos para la televisión muy superior a sus cuotas de audiencia; y resulta que en esas negociaciones el Duopolio les ha obligado también a contratar publicidad en sus canales temáticos de baja audiencia, como condición sine qua non para emitirla en Tele 5 o Antena 3.

Habrá diálogos muy sabrosos que mostrarán la aplicación del gansteril mecanismo del palo (“O pasa por el aro, o este anunciante se queda fuera”) y la zanahoria (“Si quiere cobrar una sobreprima que no podrá rechazar, la agencia ya sabe lo que tiene que hacer”), hasta terminar generando un implacable circuito de servidumbre voluntaria, en el que las empresas estafadas repercuten en los consumidores ese impuesto revolucionario.

Como digo, el guión de la serie se está escribiendo prácticamente a la vez que suceden los acontecimientos. Llegados a este punto, lo normal es que el Expediente se resuelva en pocos meses y termine con importantes sanciones, en el rango de las decenas de millones. Pero lo esencial no es eso porque, en sí mismas, no serán sino pellizcos de monja para quienes se han embaulado dos mil millones de ganancia en apenas una década. La clave está en la legitimación que la resolución proporcione a las presumibles demandas por parte de los perjudicados -en principio los operadores pequeños, pero también los demás medios y quién sabe si hasta las asociaciones de consumidores-, y, sobre todo, en su contribución a un clima de opinión pública que haga ineludible para cualquier gobierno la ruptura del Duopolio.

De ahí que los capítulos centrales de esta segunda temporada de la serie que prepara Netflix estén dedicados, por un lado, a los intentos de bloquear el Expediente, a través de las presiones del Gobierno sobre Marín Quemada y su entorno; y, por el otro, a las maniobras para encubrir su curso y sus efectos, amedrentando a los pocos versos sueltos que quedan en la política y el periodismo.

Así, en el primero de esos capítulos, veremos cómo un dirigente político critica, delante de un portavoz gubernamental, el papel del Príncipe de las Tinieblas, utilizando ese apelativo, e ipso facto Mauricio Casals telefonea a la cúpula del partido en cuestión, dedicándole al osado todo tipo de denuestos y amenazando con cancelar una entrevista con su líder, ya programada en uno de sus canales.

En un segundo capítulo, veremos cómo Ferreras inicia una campaña de descalificaciones contra Federico Jiménez Losantos, equiparándole con la Radio de las Mil Colinas que facilitó el genocidio tutsi en Ruanda, por atreverse a denunciar, mañana tras mañana, el “sandwich” y todo lo que lleva aparejado.

En un tercer capítulo, veremos como Jesús Cacho recibe todo tipo de “advertencias” tras publicar su estupendo artículo Cifuentes, Casals y la profecía autocumplida: la señora las pasó putas: ni él, ni su medio, ni ninguno de sus periodistas saldrán jamás en ningún canal de televisión, si sigue por ese camino.

En un cuarto capítulo, veremos, por último, cómo el Príncipe de las Tinieblas y su banderillero cortejan, con untuosa insistencia, a una persona otrora muy allegada al periodista independiente que más parece obsesionarles, tratando de estimular su rencor y obtener así algún imaginario cubo de basura que arrojar sobre el osado, según los usos de la casa.

“¿Podrá la CNMC acabar con la inmunidad (e impunidad) de la que han gozado hasta ahora Atresmedia y Mediaset y que les ha convertido en depredadores de anunciantes, productores y televisiones independientes, ante un poder político acobardado?”, se preguntan algunos de los operadores pequeños personados en el Expediente de Marín Quemada.

Tal vez a ellos les gustaría hacer con la parejita un trío. A mi entender, la cuestión clave es otra: ¿tendrá la sociedad española el suficiente conocimiento de causa sobre la gravedad de los abusos del poder fáctico que ejerce el Duopolio, como para llevar al convencimiento de los partidos que pretendan ganar las próximas elecciones que sólo desmontando las concentraciones de Zapatero y Rajoy -o sea obligando a Tele 5 a vender Cuatro y a Antena 3 a vender La Sexta y devolviendo la publicidad a TVE (a menos que se cierre)- será posible restablecer la libertad de información y el pluralismo en España? La respuesta, en la tercera temporada de la apasionante serie que prepara Netflix.

Los principales gestores de las televisiones españolas en la última jornada de la patronal UTECA. En el centro (de izquierda a derecha): Alejandro Echevarría, presidente de Mediaset; Soraya Sáenz de Santamaría y José Creuheras, presidente de Planeta, principal accionista de Mediaset. El Español, 140518

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Anunciantes y agencias confirman en secreto a la CNMC las prácticas prohibidas del duopolio televisivo

Revelan que Atresmedia y Mediaset les imponen cuotas de inversión publicitaria sometidas a penalizaciones. También destapan que les obligan a anunciarse en los canales temáticos de baja audiencia si quieren estar en Antena 3 o Tele 5

Fernando Cano en El Español, 140518

Los principales anunciantes de este país, así como buena parte de las agencias de medios, han confirmado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la existencia de indicios claros que apuntan a una colusión publicitaria entre Mediaset y Atresmedia. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, estos testimonios ya han sido remitidos al regulador para incorporarse al expediente abierto contra los dos gigantes audiovisuales el pasado mes de febrero.

En el marco de esta investigación, la CNMC envió hace poco más de un mes decenas de cuestionarios a la mayoría de las empresas del Ibex 35, así como a multinacionales del consumo, la tecnología, la distribución y la alimentación. También se remitieron a todas las grandes agencias de medios. ¿El objetivo? Comprobar la existencia de prácticas que confirmen la vulneración del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El artículo 1 de la LDC prohíbe las conductas colusorias, es decir, “todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional”.

“Se obstaculiza la competencia a terceros”

Por su parte, el artículo 101 del TFUE declara que “serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior”.

En el caso del expediente abierto a Mediaset y Atresmedia, la CNMC ha detectado indicios de la vulneración de estos dos artículos. Esta sospecha se basa en los mecanismos de contratación con anunciantes y agencias de medios, “condiciones en las que se contienen obligaciones que podrían ser contrarias al buen funcionamiento del mercado, al reservarse de manera injustificada una parte del mismo y obstaculizar la competencia de terceros”.

El regulador cree que estos dos grupos audiovisuales exigen a los anunciantes y las agencias de medios el cumplimiento de cuotas relativas de inversión publicitaria en sus respectivas televisiones y que, además, fuerzan la contratación conjunta de publicidad en sus distintos canales de televisión a través de la emisión en varias cadenas a la vez (simulcast) de la mayoría de las campañas publicitarias y de la vinculación de paquetes comerciales.

Se exigen cuotas de inversión publicitaria

Hasta el momento, casi todos los testimonios de los anunciantes involucrados y de buena parte de las agencias que han respondido a la CNMC confirman la existencia de la totalidad de estas prácticas, según ha podido corroborar este periódico.

Los anunciantes han indicado al regulador que la práctica habitual de Mediaset y Atresmedia consiste en exigir a las agencias de medios (empresas que gestionan la publicidad de los anunciantes) cuotas de inversión publicitaria a través de dos módulos, en el caso de Atresmedia, Atresmedia Cobertura y Atresmedia Afinidad y en Mediaset, el módulo Telecinco y módulo Cuatro. Estos módulos dividen su oferta comercial en dos mitades.

No obstante, los anunciantes reconocen que a pesar de que estos paquetes se ofrecen por separado, la realidad indica que siempre es más barato y conveniente para la agencia y el anunciante contratar los dos paquetes en conjunto. Del mismo modo, indican que, tanto Atresmedia como Mediaset les presionan para contratar todos sus canales a la vez, incluyendo los temáticos que tienen entre un 1% y un 2% de audiencia.

Penalizaciones por no cumplir cuotas

Existe la posibilidad de contratar canales por separado, pero los anunciantes reconocen a la CNMC que el diseño y los precios de cada una de las ofertas de las cadenas hacen que esto sea económicamente inviable. Esta situación posibilita que, por ejemplo, Neox (Atresmedia) y FDF (Mediaset) facturen ocho veces más publicidad que cadenas con una audiencia similar como Trece o DKiss.

Es aquí donde entramos en el sistema de cuotas, una situación que reconocen casi todos los anunciantes a Competencia. De esta manera, indican que las cadenas obligan a realizar una inversión mínima en toda su oferta de canales aunque solo quieran anunciarse en sus canales principales y además con una cuota mínima de GRPs (alcance de la publicidad dentro de un público objetivo). Incluso condicionan precios especiales a determinados formatos, franjas y canales específicos.

Los anunciantes confirman que además existen penalizaciones en el caso de no cumplir estas cuotas, multas consistentes en subir el precio o quitar el descuento en la siguiente negociación. Reconocen que pocas veces se aplican estas penalizaciones, pero también advierten que nunca han vulnerado los pactos de las cuotas comprometidas.

Marcas “cautivas” de Mediaset y Atresmedia

Las mismas marcas reconocen que este sistema dificulta el correcto desarrollo de sus políticas comerciales ya que les impide decidir con libertad sus inversiones. Se reconocen “cautivos” de estas cadenas de televisión, ya que, admiten, que no aparecer en Mediaset y Atresmedia podría afectar negativamente su posicionamiento comercial y reducir sus ingresos en el mediano plazo.

¿Existe concertación? Los anunciantes no hablan de colusión directamente, pero reconocen que las prácticas comerciales anteriormente descritas son comunes en los dos grupos y que sus equipos comerciales, aunque distintos, tienen un modus operandi prácticamente idéntico. Tanto Mediaset como Atresmedia exigen contratar sus canales pequeños junto con los grandes, negocian su publicidad por módulos y mantienen penalizaciones por incumplir las cuotas.

También reconocen la existencia de simulcast en los dos grupos (emisión de anuncios en varias cadenas de manera simultánea). La CNMC cree que esta práctica es una de las herramientas fundamentales que utilizan las dos televisiones para forzar la contratación conjunta de publicidad.

Las agencias confirman que existen módulos

Respecto a las agencias de medios consultadas, éstas reconocen a la CNMC que Mediaset y Atresmedia negocian en base a módulos constituidos de manera exactamente igual por los dos grandes grupos. Indican además que pese a que existen formas de comprarlos de manera separada, las ofertas comerciales hacen irrechazable la adquisición de todo el paquete conjunto.

En cuanto a la negociación de sus remuneraciones (extraprimas, o lo que gana cada agencia en la negociación por los volúmenes de inversión que gestiona) indican que se toma como referencia el volumen de inversión, el incremento del coste promedio y la cuota de presión publicitaria, a diferencia del resto de cadenas de la competencia en que solo se utiliza el volumen.

El dinero que ingresan las agencias en estas negociaciones también está en el punto de mira del sector: las cadenas pequeñas les acusan de maximizar su beneficio (dar más cuota a los grandes a cambio de mayor prima) incluso a costa del beneficio de sus clientes -los anunciantes- y, además, discriminando a otros competidores que no pueden ofrecer una remuneración, ni un volumen, tan alto.

Indagaciones tras las fusiones

Las agencias niegan estas prácticas y así se lo han hecho saber a la CNMC en el expediente al duopolio. De hecho, las informaciones confirmadas por este periódico indican que el verano pasado la idea de Competencia era incluir a las agencias como acusados en esta investigación. No obstante, no se reunieron los indicios suficientes y se optó por un expediente centrado en el Mediaset y Atresmedia.

La propia CNMC ha confirmado que la apertura de este expediente se realizó a raíz de los indicios detectados en las anteriores investigaciones para autorizar, y hacer seguimiento, de la fusión de Telecinco con Cuatro en 2010 y Antena 3 con La Sexta en 2012. Unas operaciones que en Moncloa se aprobaron sin exigir muchos de los requerimientos de Competencia, como la posibilidad de condicionar las ofertas comerciales a los anunciantes o agencias de medios.

Lo que sí exigió el Gobierno, primero José Luis Rodríguez Zapatero y luego Mariano Rajoy,  fue que no se desarrollaran políticas comerciales o de precios que supusieran directa o indirectamente una venta vinculada de la publicidad televisiva de sus distintos paquetes de canales. Unos requisitos que según declararon en 2014 los anunciantes a la CNMC, no se estaban respetando.

95% de la tarta publicitaria

Los principales anunciantes declararon en ese momento que no podían adaptar sus campañas a cada cadena según sus necesidades comerciales, que habían sobreinvertido en Mediaset y Atresmedia y que las cuotas de inversión exigidas por estas cadenas estaban muy por encima de lo que les correspondía por audiencia.

Un situación que a la luz de los datos recopilados por la CNMC, no solo no se ha corregido sino que ha ido a peor. En 2014 los dos grupos concentraban el 90% de la publicidad en televisión en abierto y cuatro años después se llevan el 95% de la tarta, con poco más del 50% de la audiencia. Con estos datos, la CNMC puso en marcha una investigación discreta al comenzar el curso 2017-2018 para abrir formalmente el expediente en febrero.

Si se demuestran las sospechas de colusión que tiene la CNMC y cuyas prácticas han sido confirmadas por los anunciantes requeridos y por buena parte de las agencias consultadas, se demostraría que Mediaset y Atresmedia han forzado la creación de un mercado publicitario en el que bloquean la existencia de competidores y en el que se reparten los ingresos de manera equitativa.

El resto de las televisiones se reparten 86 millones

El último dato de Infoadex, el indicador de referencia de la inversión publicitaria, indica que al cierre del primer trimestre de este 2018 Mediaset tenía un 42,8% de cuota publicitaria y Atresmedia un 42,4%, un equilibrio casi perfecto que deja al resto de televisiones nacionales con un 5,1% del mercado pese a que tienen ya más del 10% de audiencia. Las autonómicas se quedan con un 4,7% de la cuota de pantalla y a las cadenas de pago con un 4,9%.

Si tomamos como referencia el año 2017 completo, las cifras de Infoadex certifican que Mediaset y Atresmedia se embolsaron 1.845,5 millones de euros por facturación de publicidad en un mercado de televisión en abierto que ingresó 1.931 millones en total. Dicho de otra manera, en el último año los dos grandes grupos solo dejaron para el resto de cadenas 86 millones a repartir, el 4,4% del total del mercado.

Desde su apertura en febrero de este año, la CNMC tiene 18 meses para emitir su veredicto, pero las informaciones confirmadas por este periódico indican que la investigación está avanzando con rapidez y que es probable que se dicte sentencia antes de que termine el año.

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Notas.-

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