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Testificar no es opositar

Como adelanto a mis comentarios respecto a la tecnocrática declaración testifical de ayer en el Tribunal Supremo, por parte de los miembros del Gobierno de la época, Soraya Sáenz de Santamaría, Mariano Rajoy y Cristobal Montoro, sólo comentar que constataron sobradamente su excelente preparación como profesionales de sus repectivas profesiones y su nulidad como gobernantes del Estado ante un golpe contra el mismo.

Como ejemplo baste con señalar que la ex Vicepresidenta estuvo incluso brillante -incluso gustándose en su lenguaje gestual- en su pugilato con las defensas de los imputados pero sólo a la hora de pugnar por quién sabía sobre Derecho Administrativo.

Hasta el punto se hundió políticamente en el momento en que subrayó, generalizando, que lo que no se publica en el correspondiente Diario Oficial no tiene efectos jurídicos y tuvo que enmudecer y salir por peteneras cuando le replicó Olga Arderiu -abogada de Carme Forcadell y Anna Simó– que recordara que la Declaración Unilateral de Independencia no se había publicado en Diario Oficial alguno…

Cosas que pasan cuando una va de sobrada.

Mariano Rajoy testificó como lo que siempre ha sido: puro Mariano155, es decir, soy un tecnócrata y me vas a obligar a hacer aquello a lo que estoy obligado y no quiero hacer.

Con la carga añadida de que, como todo el bipartidismo de estos 40 años de etapa democrática, ha aceptado y sigue aceptando la falsa supremacía catalana -y vasca- de, como ayer repitió, estar dispuesto a todo tipo de acuerdos que satisfagan las pretensiones nacionalistas excepto la legalmente imposible de fragmentar la soberanía constitucional: ‘todo tiene arreglo‘, dijo ante el Tribunal Supremo.

Finalmente, Cristobal Montoro apareció con la pretensión de asustar a las defensas de los imputados haciéndoles ver que achucharle a él eran ganas de buscarse problemas añadidos a los que ya tienen. Y eso lo consiguió plenamente dejando caer que el hecho de que su Ministerio de Hacienda hubiera impedido determinados pagos ilegales no significaba que, con ello, despareciera la delincuencia derivada de haber adquirido, previamente, compromisos de pago igualmente ilegales.

En cualquier caso, quedó en evidencia que el Gobierno de España que ellos representaban estaba cargado de razones jurídicas pero no tenía el menor apice de emoción patriótica y de convicción política a la hora de apoyar, como propia, la legítima actuación policial empleada en la legítima defensa del Estado de Derecho, con el consiguiente respaldo a única violencia legitimada democráticamente.

EQM

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Notas.-

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