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Soberbia sanchista y legalidad constitucional

“Mis amigos aguantan también mis peores defectos. El orgullo es uno de ellos. Mi susceptibilidad debe de ser muy mJolesta a veces: con facilidad me siento herido, no doy fácilmente mi brazo a torcer. No sé cómo me soportan. Y me gusta hablar sin que me interrumpan. Mi propio marido lo denuncia”.

Ni pena ni miedo’[2016], Fernando Grande-Marlaska Gómez. [Bilbao, 1962]; editorial Ariel.

Diego Pérez de los Cobos Orihuel (n. Yecla, 1964) es un coronel de la Guardia Civil y anteriormente había trabajado como director del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Seguridad. También fuee el jefe del operativo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil  con motivo del 1-O [golpe de Estado catalán] de 2017, decarando como testigo en la fase de instrucción de la causa por rebelión que se siguió en el Tribunal Supremo.

ACTUALIZACIÓN [260520/12:56]:El director adjunto Operativo de la Guardia Civil, Teniente General Laurentino Ceña, dimite digamos que por confirmada y fundada desconfianza, así como, segúns podría derivar de las advertencias de la  Magistrada de referencia,  por presunto incumplimiento de la legalidad constitucional; oficialmente, ‘desavenencias’. También se dice que se negó a cesarle como autoridad competente para ello y máximo rango militar de la Institución.

ACTUALIZACIÓN [260520/17:30]: Marlaska, en el colmo de la desvergüenza oportunista más demagógica palpable, acaba de gastarse casi 500 millones de euros a fin de subir, por fin, el sueldo de la Guardia Civil. Espero que la Unión Europea, en justa compensación, qumente las condiciones a las transferencias previstas para España. Otro mal ,çmal para todos por culpa del trilero. Vamos a ver cuánto tarda Torra en volver a diferenciar sus retribuciones policiales de las españolas.

Este asunto, también traerá cola.

EQM

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Foto: Diego Pérez de los Cobos, en su toma de posesión como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en abril de 2018. (EFE)

Pérez de los Cobos: La caída del coronel del 1-O

Pablo Ordaz en El País, 260520 [con firefox, modo texto]

El abogado Javier Melero dedicó tres horas a interrogar a Diego Pérez de los Cobos durante el juicio a la intentona secesionista celebrado en el Tribunal Supremo. Fue el miércoles 6 de marzo de 2019. Melero, que a la postre tuvo más éxito como cronista del juicio que como defensor del exconsejero Joaquim Forn, recuerda en su libro El encargo (Ariel, 2019) que, después de interrogar al coronel de la Guardia Civil, se fue a cenar “con el ánimo de un futbolista en la inspección de Hacienda”. El abogado, quizás el más brillante de la bancada de la defensa, no fue capaz de pillar en un renuncio a Pérez de los Cobos. El coronel, jefe del dispositivo policial enviado a Cataluña, se sentó ante el tribunal con el objetivo de demostrar que los Mossos favorecieron el referéndum ilegal del 1 de octubre en vez de impedirlo. Recuerda Melero en su libro:

— Pérez culminó el trámite con ligereza, acabó de hacerle un traje a Trapero y a los Mossos y se fue por donde vino, a que alguien le agradeciera los servicios prestados.

No se lo agradecieron. Ni entonces el ministro Juan Ignacio Zoido, que escurrió el bulto del 1 de octubre como pudo, ni ahora Fernando Grande-Marlaska, que lo destituyó el lunes como jefe de la Guardia Civil de Madrid sin dar explicaciones en un principio, bajo la socorrida excusa de “pérdida de confianza”, una fórmula que suscitó todo tipo de especulaciones. Más tarde se supo que Grande-Marlaska hace responsable al coronel de la Guardia Civil de un informe sobre el 8-M y la covid-19 redactado por sus subordinados. La polémica destitución, que provocó enseguida un aluvión de críticas al Gobierno en las redes sociales, también sentó especialmente mal a muchos mandos de la Guardia Civil, entre los que Pérez de los Cobos goza de gran prestigio. Como advirtió el abogado Melero, el coronel es un tipo “serio y elegante”, capaz de servir a un Gobierno y a su contrario.

Nacido hace 55 años en Yecla (Murcia), Pérez de los Cobos se curtió dentro de la Guardia Civil en la lucha contra ETA en el País Vasco, donde formó parte de operativos de éxito como la liberación en 1997 del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara tras 532 días de secuestro. Y de otros más oscuros, como la detención del terrorista Kepa Urra Guridi. El ahora destituido y otros agentes fueron denunciados en 1992 por torturas. Pérez de los Cobos fue absuelto, pero dos de los guardias civiles resultaron condenados. Tras unos años como agregado de seguridad en la embajada española en Quito (Ecuador), Pérez de los Cobos aceptó en 2006 la oferta del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para incorporarse como asesor a su gabinete.

En diciembre del 2011 se convirtió en uno de los pocos altos funcionarios que mantuvo su puesto tras la llegada de Mariano Rajoy. Fue Pérez Rubalcaba quien se lo recomendó al ministro Fernández Díaz y este a Zoido. Su rostro empezó a salir en los periódicos a raíz del operativo policial destinado a Cataluña con motivo del 1 de octubre. Sonado fue su enfrentamiento con el entonces jefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, quien para evitar males mayores decidió delegar su responsabilidad en su segundo, Ferran López. Aquellas trifulcas, y sobre todo las cargas de las fuerzas del orden el 1 de octubre, situaron a Pérez de los Cobos en la diana de las críticas de algunos líderes independentistas, que ayer celebraron su destitución.

Fernando Grande-Marlaska, que aterrizó en el Ministerio del Interior directamente desde la judicatura, ya había emitido señales de que su mano izquierda no es la mejor cuando, en agosto de 2018, se cargó de forma fulminante al también coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, jefe de la Unidad Central Operativa, la famosa UCO que tantos éxitos estaba cosechando en la lucha contra el crimen y la corrupción política. Ni entonces ni ahora se frenó el ministro ante la lectura negativa que en el seno de la Guardia Civil iban a tener tales destituciones, destinadas a castigar una supuesta insubordinación.

La de ayer —sea cual sea la calidad técnica de los informes sobre el 8-M— ya tiene un efecto contrario al buscado. El mensaje que puede haber calado en un sector de la ciudadanía es que Grande-Marlaska ha destituido al coronel de la Guardia Civil por investigar al Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria.

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Foto: Diego Pérez de los Cobos, a su llegada a los juzgados de la Audiencia Nacional para prestar declaración como testigo en el juicio contra Trapero. (EFE)

El pecado original

El 8-M es el flanco más débil del Gobierno, que ha cortado la cabeza del coronel De los Cobos a título de escarmiento

Ignacio Camacho en ABC, 250520

El mayor error del Gobierno en la gestión de la pandemia, por su carácter icónico y simbólico, fue la manifestación feminista del 8 de marzo. Error en el más benévolo de los casos; en realidad hay motivos de sobra para pensar que se trató de un empeño ideológico premeditado, lo que agravaría la posible negligencia hasta el grado de arbitrio temerario. El deseo indisimulado de celebrar aquella marcha como escaparate programático obligó a autorizar partidos de fútbol, un congreso de Vox y otros actos multitudinarios a despecho de los indicios manifiestos de que en Madrid se propagaba ya el contagio. Esa sospecha pesa como un fardo sobre las excusas oficiales para justificar el retraso en las medidas de contención que

finalmente se tomaron, y ahora se acaba de convertir en materia judicializada con la imputación del primer alto cargo y un informe de la Guardia Civil que apunta al portavoz Simón por desaconsejar otro evento alegando ante sus organizadores la existencia de datos sobre un riesgo de infección elevado.

Ese informe ha provocado una notable tormenta en el Ejecutivo, que teme hace tiempo que las querellas le abran un frente procesal más comprometido que el político. Grande Marlaska, cuyo prestigio como juez difícilmente superará la prueba de su desempeño como ministro, se ha cobrado la cabeza del responsable de la investigación a título de escarmiento preventivo. La «pérdida de confianza» es un argumento legítimo pero no sirve para ocultar la evidente represalia; cuando la GC actúa como Policía judicial -y fue la juez quien pidió la pesquisa- no tiene obligación de dar cuenta a la superioridad jerárquica. Es más: tiene por razones obvias el deber de no darla y el coronel Pérez de los Cobos, que durante su sólido y duro testimonio en el juicio del procés demostró su experiencia en evitar las trampas, es perro viejo con muchos lances complicados a sus espaldas para tropezar en una simple rutina burocrática.

La destitución es un aviso. Sánchez no está dispuesto a que le pase lo que a Rajoy, que se enteraba por la tele de las detenciones de miembros de su partido. El presidente quiere cerrar cualquier grieta por la que la crisis del coronavirus pueda acabar con miembros de su equipo -y no digamos él mismo- sentados en un banquillo. Y sabe que el 8-M, y en general todas las referencias a la posibilidad de que el Gabinete dispusiera de certezas previas sobre la expansión de la epidemia, se han vuelto un problema de máxima delicadeza. El mensaje ha sido nítido: con ese asunto no se juega.

Siendo ése su flanco más débil, su pecado original, la oposición debería cuidarse de cometer errores. Las manifestaciones del sábado pueden servir de coartada gubernamental para salir en tromba al contragolpe y culpar a la derecha de un eventual rebrote. Cuando el adversario va perdiendo el partido conviene no meterse autogoles.

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APROGC defiende la investigación de Pérez de los Cobos sobre el 8-M y censura a Marlaska: "No todo vale en la vida"

Administración pública y coronavirus

Lunes, 25/May/2020 Elisa de la Nuez en El Mundo

  1. gual que le ha pasado al Gobierno y a la mayoría de nuestras instituciones, la llegada del Covid-19 ha pillado a nuestra Administración Pública con una enfermedad crónica previa: una multiesclerosis aguda que la ha convertido en presa fácil de la pandemia en su vertiente de gestión errática y disfuncional. No es de extrañar, pues lleva años pidiendo a gritos unas reformas estructurales que nunca llegan. Desde el bienintencionado intento del ministro Jordi Sevilla allá por el año 2007, no hemos vuelto a saber nada de la reforma de la Administración Pública, ni de su despolitización, ni de la profesionalización de los directivos públicos (que como estamos viendo estos días no es precisamente una cuestión académica cuando vienen mal dadas) ni de la evaluación de políticas públicas o, ya puestos, de la necesaria capacitación de los empleados públicos para un mundo muy distinto del que existía a finales de los 80 y principios de los 90. La reforma CORA del Gobierno de Rajoy fue un paripé.
  2. En ese sentido, no es justo imputar al actual Gobierno estatal (o a los autonómicos en el ámbito de sus competencias) toda la responsabilidad de la indudable mala gestión de la pandemia. Los responsables políticos son muy importantes, cierto, pero también tienen que contar con los directivos públicos, los empleados públicos, los procedimientos administrativos y los recursos materiales adecuados. Esto es responsabilidad de los partidos que llevan gobernando España los últimos años. Es verdad que el hecho de que el ministro de Sanidad sea licenciado en Filosofía y haya sido elegido en base a consideraciones que poco tienen que ver con las responsabilidades del cargo no ayuda mucho, aunque recordemos que en este Ministerio ya llovía sobre mojado, con precedentes de ministras como Ana Mato (cuyas ruedas de prensa producían sonrojo) o Leyre Pajín. Y es que hace mucho que ni el PP ni el PSOE se toma el Ministerio de Sanidad mínimamente en serio. Por eso carece desde hace lustros de capacidad de gestión por lo que era previsible que no pudiera afrontar con ciertas garantías de éxito un sistema de compras centralizado de material sanitario en mitad de una pandemia mundial con exceso de demanda del mismo equipamiento. Y, sin embargo, fue el modelo que se intentó implantar al principio del estado de alarma, hasta que se abandonó el intento a la vista del caos. La pregunta es sencilla: ¿no había nadie al mando? Visto lo visto, la respuesta es obvia.
  3. El mismo desastre de gestión se ha repetido en otros ámbitos, alguno de los cuales conozco de primera mano. Tomemos la Administración de Justicia con su disfuncional sistema de reparto de competencias entre el Ministerio, las CCAA y el Consejo General del Poder Judicial. El caos organizativo era previsible ya que están divididas las competencias sobre los medios humanos, informáticos y materiales. Eso también se acordó por nuestros partidos hace años en beneficio propio y en contra de los intereses de los ciudadanos. ¿Quién es el responsable de que los funcionarios puedan teletrabajar? ¿O de que los ciudadanos puedan acudir a las sedes judiciales con ciertas garantías sanitarias? La pregunta no se responde fácilmente porque cuando nuestros políticos jugaron al reparto de competencias en la Administración de Justicia –reservada al Estado como competencia exclusiva en la Constitución–, nadie pensó en la eficiencia del sistema. Además, la Justicia está infradotada hasta extremos impensables en una democracia avanzada. Como anécdota, contaré que, en mi destino en la Abogacía del Estado en los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo, cuando se estropeó mi ordenador el Ministerio fue incapaz de suministrarme otro nuevo. No había dinero. Al final, me dieron el de un agente procesal que cambió de destino. Con estos mimbres, el caos absoluto en Justicia provocado por la pandemia era algo muy fácilmente previsible: esta Administración lleva lustros sin interesar mínimamente a los partidos salvo para intentar instrumentarla.
  4. De ahí que estos días haya sido prudente confinar a la Administración, no solo en el sentido de mandar a sus trabajadores a casa, como han hecho el resto de las empresas, sino también en el de suspender todos los procedimientos administrativos y judiciales. Porque, no nos engañemos, lo de teletrabajar en los ministerios (y me imagino que será similar en otras administraciones territoriales) está al alcance de unos pocos privilegiados que tienen los medios necesarios, que suelen estar concentrados en algunos ámbitos, como el tributario o el de Seguridad Social, ampliamente digitalizados. La mayoría de los funcionarios no tenía ni tiene ni los medios materiales, ni las conexiones informáticas adecuadas, ni los procedimientos establecidos ni la cultura organizativa previa ni la evaluación por resultados necesaria para hacerlo. Eso quiere decir, sencillamente, que durante este tiempo bastantes funcionarios estatales han estado en su casa tranquilamente sin mucho que hacer, no por su culpa, sino sencillamente porque no podían hacer otra cosa. En cuanto a las Comunidades Autónomas, me imagino que habrá sucedido lo propio, sin perjuicio de excepciones como la de la mayoría del personal docente para intentar atender a los alumnos on line. En las universidades públicas, al parecer ha habido y sigue habiendo de todo.
  5. Lo cierto es que hay muchos otros colectivos de empleados públicos cuyos puestos de trabajo siguen siendo básicamente presenciales, precisamente los de menor nivel. En definitiva, el teletrabajo sólo es posible para determinadas funciones de valor añadido alto o medio, que son normalmente las que desempeñan los empleados públicos de mayor formación. Probablemente, el fuerte presentismo en las Administraciones Públicas es el reflejo de esta realidad.
  6. En todo caso, contrasta esta situación con la del personal de la Sanidad Pública, personal estatutario que, como bien sabemos, ha estado absolutamente desbordado por la pandemia, habiendo sido necesario contar con todo el personal disponible, desde jubilados a estudiantes para poder cubrir la atención requerida, con jornadas maratonianas y con un riesgo elevadísimo de contagio dada la falta de equipamiento adecuado. Y, sin embargo, según las declaraciones del Gobierno, ni se contemplan retribuciones adicionales para el personal sanitario, como ha ocurrido en otros países, ni tampoco se contempla que el resto de los empleados públicos puedan contribuir de alguna forma al esfuerzo colectivo, bien en forma de más horas de trabajo cuando cese el estado de alarma (dado la previsible avalancha de todo tipo de reclamaciones y procedimientos administrativos no solo a causa de la pandemia sino también a causa del parón de estos meses) ni mucho menos en forma de no incremento de sus sueldos, por no hablar de otras cuestiones.
  7. En definitiva, siguiendo la famosa máxima administrativa del café para todos (en la práctica más café para el que menos hace), tampoco se contempla discriminar entre los empleados públicos que sí han hecho un sobreesfuerzo importante –no solo el personal sanitario, pensemos en el personal del SEPE, en los profesores o en la inspección de trabajo– y entre los que no. Cuando lleguen los recortes serán también lineales, como en el 2008.
  8. HAY QUE SACAR dos conclusiones importantes de esta situación, una más coyuntural y otra más estructural. La primera es que sería muy conveniente que una parte del sector público compartiera al menos un poco los sacrificios del sector privado mientras que otra parte (empezando por el personal sanitario) no solo no los debiera compartir sino que debería obtener mejoras importantes. Es perfectamente sabido que la situación laboral de buena parte de nuestro personal sanitario, esos médicos, enfermeros y celadores a los que aplaudimos con tanto entusiasmo en los balcones a las ocho de la tarde, es una sucesión de contratos temporales muy mal retribuidos, es decir, de una absoluta precariedad. Si el sistema se mantiene, como tantas otras cosas en España, es gracias a mucha vocación y mucha dedicación de mucha gente muy bien formada y muy mal pagada. El problema es que el sector público está muy sindicalizado, sobre todo en lo que se refiere a los empleados públicos menos cualificados, que son los mejores pagados en términos relativos. Nuestro sector público, como nuestro mercado laboral, también es dual.
  9. La segunda conclusión es estructural. ¿Servirá esta pandemia para que de una vez empecemos a reformar nuestras Administraciones Públicas? Tenemos aquí al lado el ejemplo de Portugal, con una gestión de la pandemia ejemplar, y que sufrió hace casi 10 años un rescate que impulsó la reforma de su Administración Pública que tenía problemas muy similares Nos lo recuerda José Areses en un artículo en el que explica –al menos en parte– las diferencias de gestión de la crisis entre España y Portugal en base a la mayor profesionalización de su dirección pública (hablando de los cvs de los responsables de la gestión sanitaria) y a su mayor efectividad. Pues bien, la reforma de la Administración Pública portuguesa se acometió por imperativo de la Troika en virtud del Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC). Se tomaron medidas de reforma procurando modelos más eficientes de funcionamiento, eliminando estructuras duplicadas, reduciendo el número de cargos dirigentes y del de empleados públicos, especialmente en los sectores menos cualificados, aumentando la jornada de los trabajadores públicos de 35 a 40 horas semanales y adecuando los salarios de los funcionarios públicos, todo sin ello sin perder eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Mientras tanto, en España el Gobierno de Mariano Rajoy dejó las cosas como estaban. Los resultados a la vista están.
  10. Por una vez, sería deseable aprender alguna vez de los errores cometidos. Deberíamos intentar convertir este fracaso en una gran oportunidad sin esperar a que nos tengan que imponer de fuera una profesionalización y despolitización de las Administraciones Públicas sin la cual ningún Gobierno, de izquierdas, de derechas o de centro va a ser capaz de gestionar con eficiencia..

  1. Elisa de la Nuez es abogada del Estado y coeditora de ¿Hay derecho?

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NACIONAL / APROGC ante las últimas informaciones publicadas ...

Comunicado de la la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), 250520
Noroeste Madrid, 250520

SIN VERGÜENZA, SIN CABEZA

Acabamos de conocer el cese fulminante de nuestro compañero el Coronel Pérez de los Cobos por supuesta “Falta de Confianza”. Desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) defendemos que el Coronel ha actuado correctamente. En defensa de los guardias civiles y de la Guardia Civil tenemos que decir que estas son las razones reales:

Se abrió una investigación judicial por los acontecimientos del 8M, la juez designó a un equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, que dirige el Coronel, con órdenes estrictas, entre ellas la más absoluta confidencialidad y objetividad. Al Coronel Pérez de los Cobos le han cesado por cumplir las órdenes de la Juez. Digan lo que digan. Es más, en un alarde de despotismo, así se ha trasmitido en el entorno del Cuerpo. Quizás quiere alguien que sirva de “aviso a navegantes”. Le han cesado porque no quieren a un profesional independiente. Ya tenemos antecedentes en una situación similar, y con otro coronel.

El Art. 15 del RD769/97 de Policía Judicial dice claramente: “Los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas obtengan. La infracción de dicho deber será corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades, a que la misma pudiere dar lugar”. El Coronel Pérez de los Cobos ha sido cesado por cumplir la Ley porque él también forma parte de la cadena de mando. El poder político frente al poder judicial.

Digan lo que digan, el cese no tiene nada que ver con la seguridad del domicilio del Vicepresidente del Gobierno. Nada. O que lo demuestren.

Al Ministro sólo le decimos que NO TODO VALE EN LA VIDA.

A la Directora que pasará a la historia, pero por razones bien distintas a las deseadas.

A los máximos responsables del Cuerpo con capacidad de interlocución con los responsables políticos, solo decirles lo que un subordinado exige a su jefe, lealtad, al precio que sea, y esa lealtad exige la defensa del subordinado cuando no haya hecho más que cumplir con sus obligaciones. Los barcos antes que la honra.

Desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) defendemos al Coronel Pérez de los Cobos, como lo seguiremos haciendo con todos los guardias civiles que sean tratados de un modo injusto y partidista.