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  • Interior acerca a otros cinco etarras, tres a cárceles del País Vasco, un día después de la destrucción de armas

Europa Press, 050321

  • El documento de la expropiación de pisos en Baleares

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de inicio del expediente de cesión temporal de uso de viviendas desocupadas inscritas en el Registro de viviendas desocupadas (expediente DGHA 1/2021 CH; 040321, pdf)

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Mañas de mal pagador

Naturalmente Aznar mintió, porque la mentira es parte de la política; de los estadistas no espera uno la verdad

Andrés Trapiello en El Mundo, 050321

VI, como tantos españoles, la entrevista de José María Aznar en la Sexta con el periodista Jordi Évole. Les reunía el vigesimoquinto aniversario de la gran victoria electoral de Aznar.

Aznar fue presidente del Gobierno de España. No está de más recordarlo: probablemente es algo que ignoren la mayoría de los menores de dieciséis años, la edad que te habilita para quemar contenedores, y es probable que nadie recuerde tampoco a Aznar dentro de otros cincuenta. Claro que da lo mismo; no creo que haya un solo menor de dieciséis años leyendo este artículo, y dentro de medio siglo todo esto será, si acaso, una novela.

Cuánto tiempo sin verle ni oírle tan de seguido, tan en corto. Lo recordó él: dieciséis años, los que han transcurrido desde que salió de La Moncloa. Desde entonces, recalcó también, no ha pasado un solo día, «mire lo que le digo, ni un solo día», en que alguien no le haya dicho vuelva usted, señor Aznar.

Lo mucho que ha cambiado físicamente es, imagino, equiparable a lo mucho que hemos cambiado los demás. Por fuera, al menos. Por dentro él ha cambiado poco. Vi la entrevista con atención hasta el final, mecido quizá por el bisbiseo de unas confidencias que parecían nanas. Si gritando pierdes la razón, en voz baja y hablando despacio parece que nadie podrá quitártela. La clave está en hacer creer que lo que dices no lo improvisas, sino que lo recuerdas.

Me recordó a mí también The Old Stone Cross, uno de los Last Poems de Yeats: «Un estadista es un hombre amable, / cuenta sus mentiras de memoria; / un periodista inventa las suyas / y te agarra del cuello…». El poema tiene un final desolador, tremendo. Lo dejo para luego.

De la entrevista le llamaron a uno la atención estas dos cosas: una insistencia y un convencimiento. La insistencia en decir que jamás mintió cuando gobernó ni miente ahora, y el convencimiento de que es mejor tender puentes que destruirlos.

Naturalmente mintió, porque la mentira es parte de la política, por mucho que Maquiavelo tratara de dignificarla con el nombre de astucia. A cada vez que aseguraba Aznar no haber mentido (y lo reiteró unas cuantas) crecía la sombra de la sospecha, por la misma razón que cuando alguien empieza con un «evidentemente», va a decirte algo que será todo menos evidente.

De los estadistas, pues, no espera uno la verdad. Al menos mientras gobiernan. Incluso nos habituamos a su lógica: no poder demostrar que miento es igual a demostrar que digo la verdad. Tres ejemplos: «Esa tesis la escribí yo porque lo digo yo»; «No tengo nada que ver con los Gal y gracias, amigos, por ocupar mi lugar en la prisión»; «No habrá referéndum en Cataluña» (y después: «Eso no fue un referéndum»).

No, del estadista no esperamos la verdad; ni siquiera que no nos mienta. Le disculpamos incluso que lo haga… por razones de Estado (Maquiavelo de nuevo). ¿No sigue Sánchez en su puesto sin el menor coste político, a pesar de todos sus embustes recientes? Sin embargo, deseamos (los amantes de la novela al menos) que en algún momento, pasado el tiempo necesario, los que tanto mintieron se reconcilien con la Historia, y digan la verdad por una vez.

¿Por qué elogiamos tanto los diarios de Azaña? En parte por el reconocimiento de sus errores. Hoy todos elogian a Azaña. Podrían aprender de él. Pero pasan los años, dieciséis, veinticinco, cincuenta, y estos políticos siguen mintiendo. Viven aún de la mentira, de decir en público lo contrario de lo que te dicen en privado, como señaló Álvarez de Toledo, quien debe su ostracismo actual a haber denunciado esta esquizofrenia.

Y así llegamos al convencimiento: el tender puentes (Aznar lo dijo en inglés, frente a una cup of cofee; le parecía acaso así más convincente). Y lleva razón. Pero no puentes con el MLPV o con Jordi Pujol (los que tendió con este agrandaron aún más el abismo entre los ciudadanos de Cataluña), sino con la verdad.

Puentes con la verdad: el mayor servicio que podamos pedirle a un ex estadista. De lo contrario, nos espera el final aterrador del poema de Yeats: «Un estadista es un hombre amable, / cuenta sus mentiras de memoria; / un periodista inventa las suyas / y te agarra del cuello; / así que quédate en casa, bebe tu cerveza / y que voten los vecinos».

Yo nunca lo voté, pero el primer mandato de Aznar fue provechoso para España y ventiló la política de entonces, tan viciada. Hoy Aznar habla de reagrupar al centro derecha. Es un deseo encomiable, pero no lo conseguirá. Y menos recurriendo a esas metáforas (que si aquende los mares, que si allende los desiertos), mañas de mal pagador. La verdad suele hablar la lengua de los niños, que todos entienden.

De lo contrario se expone a que, en efecto, voten únicamente los vecinos, que a su vez han aprendido la lección de los políticos: la mentira es infinitamente más atractiva que la verdad. ¿Café para todos? No, cerveza para todos. A esta desolación podríamos llegar.

Naturalmente Aznar mintió, porque la mentira es parte de la política; de los estadistas no espera uno la verdad

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Ilustración de Sean Mackaoui [Suiza, 1969] para el texto

Biden ante la mar gruesa internacional

El autor confía en que el nuevo presidente de EEUU sea capaz de liderar un consenso práctico con sus socios exteriores para defender las libertades y frenar a la Internacional Autócrata antes de que resulte tarde

José Barros en El Mundo, 050321

SUPERADO el primer mes de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, los problemas domésticos, junto al impasse generado por la pandemia, han focalizado su acción. Una vez quede despejado el horizonte gracias a las vacunaciones masivas, el presidente estadounidense ha de asumir el liderazgo global en un contexto internacional que, si aplicamos la Escala Douglas para tipificar los estados del océano, podríamos identificar de mar gruesa. Vayamos a sus orígenes.

China pretende erigirse en alternativa sistémica a las democracias liberales. Para alcanzar el objetivo tiene dos instrumentos. El primero es la nueva ruta de la seda, una red terrestre, aérea y marítima gobernada desde Pekín, cuyas arterias permiten la penetración del gigante asiático en el resto del planeta. El segundo instrumento chino es la tecnología alta y de consumo, ejemplificada en el 5G, que facilita a quien la controle eventuales injerencias en sectores públicos o privados.

Rusia mantiene la ocupación de Crimea. En paralelo, interfiere a nivel interno en las democracias occidentales. En 2016 se ha reconocido la larga mano del Kremlin en las elecciones estadounidenses y en el referéndum británico del Brexit. En España, como es sabido, intervino en 2018 en favor del proceso anticonstitucional del independentismo en Cataluña.

Pocas dudas existen sobre la tendencia de Recep Tayyip Erdogan por controlar los tres poderes del Estado turco. Sus ambiciones neo-otomanas, mecidas en la ideología de los Hermanos Musulmanes, a los que Erdogan es afín, acumulan dos recientes victorias militares: Libia y Nagorno-Karabaj.

A ello se añaden recientes incursiones unilaterales en aguas griegas y chipriotas, mientras mantiene una excelente relación con el Qatar de Al Jazeera. En agosto, además, recibió de Rusia un segundo suministro de misiles antiaéreos S-400, incompatibles con el sistema OTAN al que pertenece Turquía. Los S-400 detectan las debilidades de los últimos modelos de aviones de combate F-35, fabricados por EEUU. De ahí las sanciones de Washington a Ankara.

El Irán de los ayatolás ha comenzado a enriquecer plutonio al 20%, contraviniendo así los acuerdos firmados con Obama en 2015 de los que luego se retiró Trump en 2018. En Afganistán, los talibán adquieren según pasa el tiempo mayor control sobre el territorio.

Si recapitulamos, descubrimos que emerge en todas partes, también en Latinoamérica, una pléyade de autócratas sustentados sobre una base nacionalista que ellos mismos azuzan.

Aunque de orientaciones ideológicas diversas, los déspotas, además del fuerte nacionalismo, comparten un objetivo común: la imposición de un nuevo equilibro internacional que, de hecho o de derecho, promueva el modelo de partido único, con el consiguiente derribo del sistema de libertades instaurado tras la Segunda Guerra Mundial.

Biden conoce este escenario. ¿Qué hará? Por los atisbos del programa que ha comenzado a poner en marcha, sabemos que busca el entendimiento con sus aliados de la UE y la OTAN. Con la actual mar gruesa resultan imprescindibles los primeros pasos; véase la reinserción de EEUU en la OMS y el Tratado de París sobre Cambio Climático, la recuperación del protagonismo en la OMC, un diálogo eficaz con sus tradicionales interlocutores estratégicos o la prórroga del Tratado New START con Rusia. Pasos imprescindibles, sí, aunque no suficientes.

En efecto, el statu quo mundial ha mutado a peor. No basta con regresar a la anterior casilla la era Obama, porque estaba diseñada en referencia a un mundo que ya no existe.

Ante el avance de las autocracias, múltiples intereses de las democracias unos, de naturaleza política y humanitaria; otros, de corte geopolítico y comercial; todos, de progreso y bienestar social impulsan a la promoción de las libertades. EEUU, como primera potencia mundial, que además se gobierna mediante un sistema democrático estable, parece la nación llamada a protagonizar dicha misión.

Ahora bien, para que Norteamérica lidere el multilateralismo y refuerce el orden democrático precisa no solo una estrategia política nítida, sino también de una opinión pública global que, primero, comprenda y, acto seguido, comparta una narrativa racional que combata retos emergentes y guíe hacia el mañana. No resultará sencillo.

La realidad objetiva es que las rápidas transformaciones que experimenta el orden mundial impactarán más pronto que tarde en los niveles domésticos, pero el campo semántico internacional está emborronado, abstraído y falto de norte.

La anterior Administración estadounidense ha malgastado cuatro años en sembrar planteamientos marcados por la suspicacia, el unilateralismo y la extravagancia. De acuerdo con su pensamiento subyacente, que tampoco conviene infravalorar, porque resulta tan poco veraz como fácilmente perceptible para enormes masas de votantes y Donald Trump ya flirtea con regresar a la arena política, las organizaciones internacionales suponían un trampantojo para ocultar la debilidad, la irresponsabilidad y/o el antiamericanismo de sus miembros.

A ello se añaden el Covid y sus consecuencias, que hacen pasar cualquier otro objetivo a una modesta posición en el índice global de prioridades.

Sobre este telón de fondo, Joe Biden podría articular las anchas líneas de pensamiento que en todo el mundo representan las cuatro grandes corrientes políticas de nuestro tiempo socialdemócratas, conservadores, liberales y democristianos para llegar a un consenso práctico: defendamos las libertades y frenemos a la Internacional Autócrata antes de que resulte tarde.

La apuesta democrática tendría que reforzarse de cara al futuro. Por una doble razón: las leyes universales y los organismos internacionales que las articulan permiten el diálogo franco dentro del mundo libre y, a su vez, propician la colaboración para afrontar la emergencia progresiva del partido único.

EN SENTIDO contrario, carecen de lógica las apuestas ideológicas de los modelos populistas, ya sean de sesgo étnico, religioso, de clase, privilegio o cultural-lingüísticos. De puertas adentro, en Occidente, esos particularismos conducen a la fragmentación y a la confrontación; llevan, en definitiva, a la debilidad.

De puertas afuera, en política exterior, no resulta casual, sino la consecuencia de planteamientos teóricos afines, que los nacionalistas y populistas de Europa y las Américas hayan asumido en más de una ocasión el papel de quinta columna para con los autócratas de Eurasia que aspiran a extender sus tentáculos en el interior de Occidente.

Insistimos; entre socialdemócratas y conservadores, liberales y democristianos podría estructurarse un programa definido, capaz de reforzar las democracias del planeta e inspirar una labor de comunicación eficaz. Solo de este modo, mediante la conexión de política y comunicación, EEUU y el resto de sus aliados podremos hacer frente a una hidra de múltiples cabezas de izquierdas y derechas cuya amenaza es real, grave y ascendente.

Caben otras opciones; cabe no hacer gran cosa o cabe limitarse a una sola corriente del pensamiento político, pero ningún nuevo equilibro brota de fuerzas espontáneas o dispersas y recordemos que, hoy ya, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se encuentra dividido y resulta hasta cierto punto inoperante.

Sabemos igualmente que estos regímenes dictatoriales no atienden tanto al argumento como a la amenaza eficiente. Dejadas las fuerzas autocráticas a su propia inercia, China seguirá oponiéndose a la propiedad intelectual mientras construye con su BRI una red de naciones vasallas, Rusia suscitará creciente recelo entre los países europeos limítrofes e Irán no dudará en mantener su respaldo a Hezbolá.

El contraejemplo se encuentra en la República de Weimar y en los apaciguamientos de Neville Chamberlain. Si el America First se transforma en Democracy First, el mundo hoy reclama más que nunca del liderazgo de Estados Unidos.

José Barros es periodista y consultor de Comunicación Corporativa y Política.

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La presidenta de Baleares, Francina Armengol.
La presidenta de Baleares, Francina Armengol. EFE

Una Robin Hood ‘a la mallorquina’

Álvaro Delgado en El Mundo, 050321

EL GOBIERNO balear de Francina Armengol acaba de anunciar que va a expropiar temporalmente 56 viviendas a «grandes tenedores» para destinarlas al alquiler social. Una medida de alcance muy restringido, que difícilmente va a solucionar el problema de la vivienda en una región en la que vive más de un millón de habitantes, pero que se enmarca en el modelo de propaganda incesante en el que parecen instalados los actuales gobernantes.

Aparte de que se desatienden las graves consecuencias jurídicas y económicas que puede acarrear en el futuro esta medida indudablemente cortoplacista.

Para entender los motivos que subyacen tras esta peculiar decisión hay que conocer el contexto en el que se maneja el actual Pacte de Progrés, presidido por la socialista Armengol. Se trata de un Gobierno de coalición formado por un conglomerado de partidos de izquierda y separatismo catalanista que lleva gobernando en Baleares una legislatura y media.

Pues bien, entre el 2014 y el 2020, los ingresos de la Comunidad Autónoma (según sus propias estadísticas publicadas) han crecido un 54,6% (de 2673 millones de euros a 4133); los gastos de personal, un 41% (de 1198 millones de euros a 1673); y los gastos generales, un 38,32% (de 2761 millones de euros a 3819). Un récord absoluto para las islas en todos los sentidos, aprovechando la bonanza económica y unos años excelentes de temporada turística.

Pero el supuesto Gobierno de progreso ha sido incapaz de construir en casi seis años ni una sola vivienda social. Todo ese incremento presupuestario se ha ido por el voraz sumidero de colocar a la inmensa red clientelar que requiere la pléyade de partidos que integran la coalición gobernante.

Y, además, la propia Conselleria de Vivienda lleva años negándose a firmar certificados de descalificación de las antiguas viviendas de protección oficial que van cumpliendo su plazo de vigencia legal (en general, 30 años) con el único objetivo de que no bajen vergonzosamente en las Islas Baleares las ya magras estadísticas de vivienda social durante el mandato de un Gobierno progresista. Privando así a sus actuales titulares de un documento oficial que les acredite como legítimos propietarios de una vivienda de precio libre.

Bien entendido el contexto anterior, procede ahora examinar las particularidades jurídicas de la medida propuesta por el Gobierno de Armengol. Se trata de una expropiación temporal por un periodo de siete años (más o menos lo que les queda de legislatura y la siguiente, ya que todo tiene un fin puramente político) de 56 viviendas pertenecientes a «grandes tenedores», se supone que bancos y fondos de inversión, siguiendo la dinámica populista que caracteriza a este tipo de gobernantes.

Con independencia de la actitud ventajista de hacer política social a costa de la vivienda privada cuando ha sido incapaz de construir y ni siquiera programar auténtica vivienda pública, disfrutando además de una época de vacas gordas en su inmejorable situación presupuestaria de los últimos años.

El Gobierno balear, en lugar de crear un parque público de viviendas en alquiler para atender a los colectivos más desfavorecidos a quienes dice representar, siempre con la boca pequeña o en lugar de estimular la construcción privada de vivienda social mediante una buena política de incentivos fiscales (mantra intocable para la izquierda en general), rebajando impuestos a los constructores y subvencionando a los inquilinos, ha optado por una medida efectista que no va a solucionar realmente nada.

Muestra de sus complejos por desatender a algunos de sus votantes mientras nadaba en la abundancia económica durante más de un lustro.

Pero es que, además, la figura elegida presenta notorios inconvenientes legales que van a limitar su ya mermada efectividad práctica, aparte de suponer litigios inevitables con los propietarios afectados. Según lo anunciado por el Gobierno balear, se va a utilizar contra los propietarios la figura de la expropiación forzosa temporal, para luego ceder –se supone que la propia Administración expropiante esas viviendas expropiadas en arrendamiento como viviendas sociales a personas necesitadas.

Pero la expropiación forzosa es una materia de competencia legislativa estatal que, por su incidencia en el contenido esencial del derecho de propiedad, goza de reserva de Ley estatal, según el artículo 53 de la Constitución española.

La profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz Cristina Argelich publicó en 2018 en la Revista Catalana de Dret Públic un interesante trabajo sobre las expropiaciones temporales de vivienda, destacando los tremendos inconvenientes que limitan su eficacia práctica. Sostenía que la utilización del mecanismo expropiatorio, en combinación con un arrendamiento posterior por la entidad expropiante, no respeta los principios constitucionales en que se fundamenta la expropiación forzosa, y supone un sacrificio patrimonial no justificado para el sujeto expropiado.

Y añadía que el procedimiento de expropiación forzosa por su propia naturaleza coactiva y confiscatoria acarrea unas mayores garantías legales que demorarían en exceso este tipo de actuaciones, que no resultarán útiles para atender necesidades urgentes de vivienda de los beneficiarios, de manera que la medida sería más efectista que efectiva.

Proponía como alternativa la profesora Argelich una posible negociación de arrendamientos forzosos por parte de la Administración con titulares de viviendas desocupadas por incumplimiento de su uso habitacional. Pero siempre dentro de un ámbito de negociación con los afectados, que sólo llegaría a la imposición forzosa del arrendamiento mediante un acto administrativo en caso de desatención a los requerimientos reiterados de la Administración.

El plan del Gobierno balear parece haberse formulado con evidente entusiasmo propagandístico y notable precipitación jurídica. Y generará, a buen seguro, una ristra de pleitos con los afectados, dado que el procedimiento expropiatorio no tiene la agilidad que precisan determinadas urgentes soluciones habitacionales.

Aun así, el titular ya está logrado, con repercusión garantizada incluso a nivel nacional. Objetivo conseguido, en unos gobernantes que hacen siempre prevalecer el populismo sobre la gestión. Nuestra Robin Hood a la mallorquina podrá sentirse satisfecha. Su Gobierno no ha construido en seis años una sola vivienda social, pero va a tener que afrontar 56 pleitos, uno por cada vivienda expropiada. Lo que corresponde a un Gobierno de progreso.

Álvaro Delgado es notario de Palma.

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Los delfines no ríen

Los delfines no ríen

Javier Martínez Torrón en ABC, 050321

Los humanos tenemos el instinto de ver a los delfines riendo, a los búhos prestando gran atención y a los muertos durmiendo en los cementerios. Pero no: ni los delfines son risueños, ni los búhos son intelectuales, ni los muertos duermen plácidamente en sus tumbas. Se trata de una proyección mental inconsciente de nuestros códigos de percepción a una realidad que suele ser muy distinta.

Algo parecido ocurre con muchos europeos en relación con el islam: tienen el reflejo -más adquirido que innato- de verlo como amenaza. Lo cual condiciona todo proceso mental posterior que tenga que ver con los ciudadanos musulmanes de Europa (hay quienes olvidan que son ciudadanos y europeos, como ellos). La nueva ley impulsada por Macron, y aprobada por amplia mayoría por la Asamblea Nacional de Francia el pasado 16 de febrero, es una muestra de esa actitud.

La ley se introduce significativamente como dirigida a ‘reafirmar los principios de la República’, y deja claro que su intención es luchar contra el extremismo que denomina ‘islamismo radical’. Parece difícil oponerse a una finalidad tan razonable. Las dudas comienzan cuando se analiza el contenido de la ley, prolijo y lleno de tecnicismos, que es imposible resumir aquí.

Hay una extraña mezcla de disposiciones que persiguen objetivos sensatos (por ejemplo en materia de discurso de odio, transparencia de finanzas de asociaciones, control de legalidad de establecimientos educativos, igualdad de herederos o poligamia) con otras que tienen menos justificación por su invasión de la privacidad, o por dar atribuciones excesivas a las autoridades administrativas para supervisar, y en su caso limitar, la vida de los ciudadanos franceses.

Chocante es el art. 6º, según el cual toda entidad que solicita financiación pública debe firmar un ‘contrato de compromiso republicano’, aceptando respetar los principios de la República francesa. Como si la Constitución fuera contratable y no bastara su mera fuerza de obligar siendo la norma suprema del Estado.

Lo más preocupante de la nueva ley no es su contenido normativo sino el mensaje que transmite. Parte de la importancia de las leyes estriba en cómo se presentan a la sociedad, y cómo explican los problemas que pretenden solucionar. En este caso el mensaje es claro. El islam no se menciona ni una sola vez en los artículos de la ley, pero aparece constantemente en la explicación del proyecto, como si el único riesgo de extremismo fuera el ‘islamismo radical’.

Subliminalmente se desliza la sospecha de que todo musulmán, y toda comunidad islámica, son elementos desestabilizadores de la República salvo que sean expresamente ‘bendecidos’ por el laico Estado francés. Se afirma querer erradicar el radicalismo y la intolerancia, pero paradójicamente se alimenta el recelo ante los musulmanes como potenciales enemigos de la sacrosanta República laica.

Dos aspectos de la ley resultan inquietantes. El primero es si realmente hacía falta, pues en gran medida se limita a reformar o matizar otras normas existentes, lo cual podía haberse hecho sin tanto ruido de percusión, y sin estigmatizar a una determinada religión. Tiene el aire de maniobra de distracción política, un modo de ocultar el inmenso fracaso de integración social de parte notable de la población islámica de Francia.

Una aplicación de la táctica de la ‘guerra de distracción’: buscar un enemigo externo, real o ficticio, que evite la autocrítica. Francia insiste así en políticas ‘duras’ contra el islam -supuestamente el ‘radicalismo islamista’- que datan de hace casi tres décadas. Legislativamente, desde 2004, cuando se prohibió llevar en la escuela signos personales visibles que revelen la propia religión: se puede ir al colegio siendo musulmán… siempre que no se note mucho. Le siguió la ley de 2010 que -contra el criterio del propio Consejo de Estado- impone multas por llevar el velo integral en la calle. Y ahora esta nueva vuelta de tuerca.

¿Qué más hace falta para darse cuenta de que se trata de una política equivocada, que da alas al extremismo en lugar de neutralizarlo? ¿Realmente la solución es resucitar el mito del francés blanco, secularizado y poscristiano, con una fuerte dosis de relativismo moral e inquebrantable fidelidad al Estado?

El segundo aspecto se refiere precisamente a la lealtad a la República. La nueva ley, utilizando confusamente términos como ‘separatismo’ y ‘comunitarismo’, se rasga las vestiduras porque haya comunidades y personas para quienes sus normas religiosas o morales son superiores a las leyes de la República.

¿De verdad es tan difícil de entender que las personas pongan su conciencia moral por encima de las normas del Estado (no necesariamente contra ellas)? ¿Es quizá el ciudadano ideal aquel que responde a la boutade de Groucho Marx: «Si no le gustan mis principios… tengo otros»? El obligado respeto a la Constitución y al orden jurídico no equivale a adhesión interna. Se extralimita el Estado si se erige en fuente última de la moral personal.

Confundir radicalismo y firmeza en las propias creencias es un error que sólo se explica en el contexto de la ‘modernidad líquida’ de que habla Zygmunt Bauman. O más bien una cultura ‘gaseosa’, donde las convicciones carecen de consistencia y varían de dirección dependiendo de hacia dónde sople el viento de la moda, o de la conveniencia. Un ciudadano que adapte su juicio de conciencia al dictado -cambiante- de la ley civil es en realidad un súbdito.

La ley menciona explícitamente entre los principios republicanos la igualdad de los ciudadanos y su libertad de conciencia y de culto (para eso se impuso la laicidad). Pero establece todo un sistema de controles para que las autoridades se cercioren de que la libertad se ejerce ‘razonablemente’, de manera que las manifestaciones de religiosidad sean lo suficientemente ‘atenuadas’ como para resultar aceptables en la secularizada sociedad francesa. El punto de partida es la desconfianza, en particular hacia los musulmanes: algo poco compatible con la igualdad.

El principal error de la nueva ley francesa es el prejuicio que le sirve de fundamento. El extremismo y la violencia crecen hoy en todas partes, con o sin connotación religiosa, como muestran los disturbios organizados con ocasión de una sentencia judicial contra cierto mediocre rapero español. Incluso se dan en causas de suyo nobles, como el movimiento Black Lives Matter.

La intolerancia se da en las personas más que en las ideas. Y no hay modo más eficaz de fomentar la intolerancia que tratar de impedir a las personas que sean ellas mismas, dificultarles que busquen el sentido de su vida dentro de un marco de normas comunes pero sin necesidad de un Estado paternalista que les guíe. Empeño, por lo demás, abocado al fracaso.

Javier Martínez-Torrón es catedrático de la Universidad Complutense.

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Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre.

Agua y ajo

El autor defiende la tesis de que querer agradar a todos los lectores no es agradarlos, sino halagarlos, y que querer igualar termina haciéndolo, pero “por abajo”.

Enrique García-Máiquez e El Español, 050321

He leído Incógnitas que enfadan a quien nos lee, una reflexión del solícito defensor del lector del diario El País, y…

Pero déjenme que antes les informe de que el Defensor del Lector se llama Carlos Yárnoz. A Yárnoz satisfará muchísimo (y no por vanidad, sino por lo que ustedes leerán después) que yo les cuente que vio la luz en Artajona en 1953 y se licenció, años después, en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra.

Ha desarrollado prácticamente toda su actividad profesional en El País, tras pasar por la agencia Europa Press y la desaparecida revista Tiempo entre 1977 y 1982. Se incorporó al diario en 1983 como informador en la sección de España, especializado en temas de seguridad y de defensa. Etcétera. [Como consta en la página de su actual periódico, de donde procede este aproximado corta y pega].

Sostiene Yárnoz que “las informaciones de El País deben incluir todos los datos necesarios para que el lector comprenda el entorno de los hechos que se narran incluso si desconoce el asunto del que se trata. Los textos deben explicarse en sí mismos y han de redactarse de manera que el lector no necesite recordar los antecedentes para comprender lo que tiene ante sus ojos”.

Lo he leído otra vez y me ha despertado aún más incógnitas, que, sin acritud, se pueden sistematizar en tres grandes grupos: las socioeducativas, las periodísticas y las literarias. Puede parecer algo anecdótico o procedimental, pero estamos ante un síntoma.

¿De qué lector y de qué nivel de conocimientos hablamos?, para empezar. Los ejemplos que pone Yárnoz desazonan. A su lector hay que explicarle en cada información lo que es un ERTE o lo que es la PAC. E insiste: “Hemos cometido la misma falta en informaciones en las que aparecían personajes como María Dolores de Cospedal, Luis Bárcenas o Esperanza Aguirre, sin precisar qué cargos destacados ocuparon en el PP”. Yárnoz, por cierto, tampoco los precisa en su texto.

Esto supone situar la ignorancia en el centro de la información. Y no cualquier ignorancia, sino una satisfecha de sí misma, que se autoerige en rasero entre lo aceptable y lo irritante. Y no sólo la ignorancia, sino la pereza. No olvidemos que, para encontrar cualquier dato o refrescar la memoria, hoy bastan dos clics, como he hecho yo para conocer la trayectoria profesional del señor Yárnoz.

Tampoco cuesta demasiado trabajo ver que la propuesta de Yárnoz es el corolario de lo que lleva años incubándose en la enseñanza. Aquí el lector, como el alumno allí, han terminado transformados en consumidores que, como el clásico cliente, siempre tienen razón.

Que la información gire en torno al vacío es un giro copernicano con serias repercusiones periodísticas. Por dos motivos. Los textos, o las locuciones radiofónicas, o los vídeos, tienen un límite material de espacio o de tiempo. Si los colmamos de nociones básicas, preliminares y parainformativas, nos dejamos afuera la verdad concreta, ceñida, pertinente, sustanciosa y significante.

En segundo lugar, entramos en una vertiginosa dinámica de aclaraciones encadenadas que, o tienden al infinito, o llegan hasta el Motor Inmóvil, o se quedan (como se quedarán) en el limbo de las obviedades.

En los textos más opinativos, ensayísticos, culturales o literarios, los riesgos de la ley Yárnoz se multiplican. Él se refiere exclusivamente a las piezas informativas, aunque con el mérito indudable de haber captado el espíritu de esta época.

Cada vez se ven más explicaciones más elementales en más artículos y ensayos. Poner entre paréntesis, tras citar a Cervantes, que se llamaba Miguel y que fue un escritor español, autor de la novela El Quijote, destroza, además de la fluidez del texto, la necesaria camaradería en la inteligencia y la cultura mutuamente reconocidas entre el autor y el lector.

¿Exagero? Yo ya lo he visto con Petrarca y con Erasmo. Y quién sabe si el extendido recurso retórico de sembrar la prosa de palabrotas no deja de ser un truco para que el irritable lector grado cero vaya encontrándose conceptos que sí entiende. Lo seguro es que las consecuencias no son buenas, como ha percibido Diego S. Garrocho: “Diagnósticos cada vez más simples para una sociedad cada vez más compleja”.

La literatura y el pensamiento son lo contrario. Construyen sobre referencias, sugerencias y evocaciones para que la lectura se ahonde en una conversación plural. “Sin eco, no hay arte” constató sin más explicaciones Simone Weil. [Si usted necesita saber quién es Weil, ¡enhorabuena!, porque tiene por delante, esperándole, el deslumbrante descubrimiento de una pensadora extraordinaria].

No defiendo (entiéndaseme sin incógnitas) un enfadoso estilo espeso o el gongorismo por el gorgorito. Como lector y, en la medida de mis posibilidades, como escritor, prefiero la prosa transparente y la línea clara, pero sostenida en la perspicacia y la memoria del lector, incluso hasta el extremo de permitirle que las ejercite. No es sólo una elección personal. Es requisito de la auténtica literatura y del periodismo verdadero.

Querer agradar a todos no es agradarlos, sino halagarlos. Querer igualar termina haciéndolo por abajo, que coge más cerca. A ese lector que preocupa a Yárnoz y que, por lo visto, se irrita rápidamente, no queda más remedio que ofrecerle a veces un poco de agua y ajo. [Que, por si aún queda aquí alguno de los que exigen explicaciones continuas, son las apócopes de “a aguantarse y a jorobarse”, con perdón].

La inevitable exigencia, en realidad, se trata de un respeto y de un regalo. Así, cuando el lector se encuentre más dispuesto, podrá encontrar textos que merezcan la pena, si quiere.

Enrique García-Máiquez es escritor y articulista.

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Caracol zombie

El caracol zombi extremeño

Cristian Campos en El Español, 050321

En el colegio extremeño El Llano creen que “el sentimiento de pertenencia a Extremadura” está “bastante difuminado”. Para los responsables del colegio, eso no es señal de civilización, sino de “complejo de inferioridad”. Así que los estudiantes van a “profundizar” a partir de ahora en su “extremeñidad”.

En España, que ahora mismo es considerada en Europa como una nación poco fiable, cainita y frescales, casi rozando el larguero del gorroneo, y a la que se hará entrega de un rescate de 140.000 millones con un palo y los ojos cerrados, como quien le echa una sandía a un hipopótamo con una pala, hay sin embargo dos historias de éxito.

Madrid y Andalucía.

Madrid creció un 4,4% en el cuarto trimestre de 2021 y es la única comunidad de España que no ha decidido sacrificar en el altar del dios coronavirus a su clase media.

Andalucía está reduciendo a marchas forzadas la brecha que la separaba del resto de España (una brecha con nombre propio: socialismo) y posicionándose poco a poco como la comunidad con más potencial de crecimiento de todo el país.

Si hay además una ciudad española con posibilidades de ocupar el puesto que hasta ahora ocupaba la decadente Barcelona, esa es Málaga, a la que ya han empezado a tantear los organizadores del Mobile World Congress.

[Podría haber sido Valencia, pero los valencianos han preferido convertirse en la nueva Barcelona en vez de en la vieja Barcelona].

Madrid y Andalucía son las dos únicas regiones españolas que han logrado crear empleo entre octubre de 2020 y enero de 2021. Quién nos iba a decir esto hace sólo diez años: hoy, si un catalán quiere encontrar trabajo, debe emigrar a Andalucía.

Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla ni siquiera han necesitado liberar a sus ciudadanos de la cadena que ata desde hace al menos dos siglos a los españoles a esa bola de presidiario que es un Estado asistencialista. Sólo les han ahorrado un eslabón. Suficiente para que ambas se parezcan ahora más a Europa que a Argentina.

Uno se pregunta qué ocurriría si la clase política española capaz de un pensamiento a largo plazo superior al de un rodaballo (es decir el PP, Ciudadanos y el sector tecnocrático del PSOE) decidiera liberar a los españoles de esa cadena.

Quizá superáramos a Francia en una década. Porque España tiene capacidad para convertirse en la segunda economía del euro. Pero también tiene, como decía Friedrich A. Hayek, socialistas en todos los partidos.

En el furgón de cola español se sitúa Cataluña. ¿Recuerdan cuando Oriol Junqueras amenazó con paralizar la economía nacional ordenando un paro de país de una semana? “¿Qué impacto tiene sobre el PIB español? ¿Y qué opinión tendrán los acreedores de la deuda española? ¿Y qué pasa con la prima de riesgo española?” dijo Junqueras antes de entrar en la cárcel.

Haciendo un esfuerzo uno podía imaginarse a Junqueras como un Napoleón Bonaparte de marca blanca ordenando aplastar las granjas de San Amaund en 1815.

Bien. El procés ha sido un paro de país de tres años y lo que ha ocurrido es que las empresas y los mejores profesionales catalanes se han trasladado o andan trasladándose ya a Madrid, a Andalucía y a otros países europeos. La última en hacerlo ha sido la multinacional alemana Bosch, que se ha marchado a Polonia.

Es sólo una de las más de 7.000 empresas catalanas que han huido de la región durante estos tres años.

La confluencia de dos populismos, el de la extrema derecha nacionalista y el populista de extrema izquierda, ha convertido Cataluña en uno de los pozos negros de la UE.

Frente a eso, la comunidad extremeña, la eterna novia abandonada en el altar por el PSOE, la región sin AVE, la comunidad cuyos productores de cava deben pedirle permiso a los terratenientes catalanes para producir lo que les da la gana, ha decidido que el camino al futuro pasa por inocular en los cerebros de sus niños el veneno que ha hecho de Cataluña lo que es hoy.

Extremadura es el caracol zombi del Estado de las autonomías.

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