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  • La vacunación de la selección española genera un debate nacional

Alejandro García en El Periodico, 080621

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Convocan una concentración el 13 de junio en Madrid contra los indultos a los golpistas

A manifestarse el 13-J

El artículo 21 de nuestra Constitución consagra el derecho de manifestación. Que, en la práctica, ha estado suspendido durante seis meses por el estado de alarma. Y ello a pesar de que la Carta Magna limita a quince días el carácter excepcional del estado de alarma, requiriendo la aprobación, cada dos semanas, de la mayoría del Congreso de los Diputados.

Aunque el motivo u objeto de la protesta, convocada por la plataforma Unión 78, es el anunciado indulto de los separatistas y el eventual regreso impune a España de Carles Puigdemont, resulta evidente que asistiremos a una manifestación abiertamente antigubernamental.

Que nadie sueñe que una manifestación, por muy masiva que sea, pueda derribar un Gobierno con mayoría parlamentaria. Los gobiernos se cambian en las urnas y en el Congreso. Cualquier otra vía es golpista y, por tanto, indeseable.

Pero es la ocasión de dar salida a una sentida indignación muy amplia de la ciudadanía por la deficiente gestión de la pandemia, la limitación abusiva de nuestros derechos y libertades, y las continuas cesiones a los nacionalistas periféricos y a la extrema izquierda que pretende hacernos prisioneros de su delirante bucle igualitarista, feminista y climático.

Hay que reconocer que no todo lo ha hecho mal el Gobierno de la Nación. Ahí están los ERTE, las compensaciones por baja o nula facturación a los autónomos y las ayudas directas a empresas de sectores muy afectados por la suspensión prolongada de la actividad, como es el caso de miles de hoteles.

Los medios progubernamentales, como El País y las costosas televisiones y radios oficiales pagadas por los contribuyentes, están desviando el sentido y alcance de la manifestación (que se temen masiva) hacia la descalificación de extrema derecha y hacia la de un PP seguidista de Vox.

La realidad es otra. La manifestación es una válvula de escape de ciudadanos de cualquier ideología hartos de la impunidad política de un Gobierno prisionero de aliados a los que se indulta.

El otro gran argumento de Moncloa y de sus terminales mediáticas para demonizar el ejercicio del derecho constitucional de manifestación antigubernamental (por cierto pacífica, a diferencia de Podemos y de los separatistas) es la repetición de la foto de Colón.

Casi resulta cómico que la izquierda tenga tan sólo ese argumento frente a sus adversarios parlamentarios. La suma de las derechas es absolutamente legítima y, desde luego, constructiva comparada con este PSOE unido a EH Bildu y a partidos separatistas cuyo objetivo es la destrucción de la Nación española.

El último movimiento de Oriol Junqueras de renunciar a la declaración unilateral de independencia tiene un doble objetivo: la libertad y el tiempo. Sánchez sólo desea tiempo. Son dos trileros dispuestos a engañar a su electorado. Junqueras, a la jauría separatista violenta; Sánchez a sus numerosos seguidores, que ansían disfrutar de las mieles del poder dos años más.

El extraordinario periodista que fue Fernando García Tola hizo un programa muy popular en los años 80 titulado Si yo fuera presidente. Esa frase la utilizó en numerosas ocasiones José María Aznar para mostrarse como alternativa a Felipe González.

Recuerdo que Felipe González reunió diversos bancos de la época de Franco (Banco Industrial, Agrícola, de Crédito Local, Exterior) en una única entidad, Argentaria. Al día siguiente, Aznar dio el siguiente titular a la prensa de toda España: “Cuando sea presidente, privatizaré Argentaria”.

Dicho y hecho. Al día siguiente de su fundación, las grandes corporaciones sabían que Argentaria era privatizable y los bancos se fiaron más de Aznar que de González. Desde aquel titular de Aznar, tuvieron a Argentaria en su punto de mira como objeto de deseo. En 1998 la adquirió el Banco Bilbao Vizcaya.

Algo parecido podría hacer Pablo Casado con el trato de Sánchez con Junqueras para convocar un referéndum acordado con los separatistas catalanes. Decir que, cuando él sea presidente, ese acuerdo de referéndum acordado para romper la unidad de España, por inconstitucional, será nulo.

Vamos, un motivo más para ir el 13-J.

Guillermo Gortázar es historiador. Su último libro es ‘Romanones. La transición fallida a la democracia’.

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"Menos el miedo que tengo ahora"

«El miedo que tengo ahora»

Emilialandaluce en El Nundo, 090621

CUENTAN QUE, en cierta ocasión, Matías Cortés respondió así a cierta dama que había cantado las bondades de la dictadura de Franco: «Sí, tenía cosas buenas, pero también era un pelín fusilón».

Con la nueva Ley de Memoria Democrática de Carmen Calvo ya no se podrá decir ni eso. Alabar, por ejemplo, el bachillerato de Pedro Sainz Rodríguez, que en 1942 salió pitando a Lisboa, será considerado apología del franquismo y una humillación a sus víctimas, consideración que se extiende ya a cualquiera sin tener en cuenta otros episodios de su vida que ni siquiera se podrán glosar. A saber: Paracuellos quizá quede reducido a una almohada cervical.

Es difícil creer que el informe del CGPJ crítico con la Ley de Memoria Democrática que se hizo público el lunes vaya a servir para que se modifiquen aspectos de la ley más allá de las formalidades. Sin embargo, una de las cosas más llamativas (y menos criticadas) es la creación de una Fiscalía para investigar los crímenes de lesa humanidad hasta la aprobación de la Constitución del 78. Como si la Transición nunca hubiera existido. Será que la Constitución del 78 también «les aprieta el chocho», como rezan las pintadas feministas.

Es de suponer que el PP desprecie este debate, embriagado por el dulce cantar de las encuestas, aunque no haya elecciones a la vista. Pero la impugnación de la Transición deslegitima el régimen actual porque parece que Carrillo y la Pasionaria hubieran estado en la cárcel hasta el 6 de diciembre del 78 en lugar de, caso de Dolores Ibárruri, haber vuelto del exilio en mayo de 1977.

Además, están las sanciones a los que se atrevan a escribir más allá de que «Franco fuese un pelín fusilón», por parafrasear a Cortés. Una denuncia a la Fiscalía puede suponer hasta 150.000 euros a los discrepantes, entre los que se englobarán historiadores, periodistas, opinadores… de tendencias poco sospechosas de poder calificarse como «franquistas».

Dicen que Muñoz Seca antes de morir dijo a sus asesinos: «Podéis quitarme mi hacienda, mi patria, mi fortuna e incluso como estáis a punto de hacer mi vida. Pero hay una cosa que no podéis quitarme: ¡el miedo que tengo ahora mismo!».

Algunos nos callaremos antes de que puedan llegar a la hacienda. Y a esto se suman los indultos y la exigencia de Junqueras de un referéndum de autodeterminación aprobado por el Estado, como si no hubiera que reformar la Constitución con todas sus limitaciones legales (entre ellas una convocatoria electoral que es lo último que quiere Sánchez). O sea, que imposible. Me gustaría ser optimista pero…

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Otra Cataluña era posible
Ilustración de Javier Olivares [España, 1964] para el texto

 

Otra Cataluña era posible

Jordi Canal en El Nundo, 090621

EL PROCESO independentista en Cataluña cosechó una severa derrota en 2017, pero continúa emponzoñando, bajo similares u otros modos, el escenario catalán y español. Pudo pararse el golpe en aquel entonces, aplicando la legalidad vigente, pero el Estado y el constitucionalismo perdieron de nuevo el relato y no aprovecharon para cuestionar seriamente algunos elementos que sustentan el movimiento secesionista (control de los medios de comunicación, uso de la inmersión lingüística y la escuela como vía de nacionalización, ley electoral…).

Tanto en las elecciones autonómicas de diciembre de 2017 como en las de febrero de 2021 se impusieron, en número total de diputados, los partidos independentistas. El resultado no es otro que una Generalitat desprestigiada y unos Gobiernos autonómicos que, desde hace tiempo, no están al servicio de los ciudadanos, sino de sus intereses propios –puestos y sueldos y para avanzar en el nefasto procés.

Hoy no se vive en las calles de Cataluña la tensión de 2017 y el amarillo ha dejado parcialmente de teñirlas. La convivencia ha mejorado y la fractura que provocó el procés en su momento álgido es menos perceptible. Todo ello no significa, sin embargo, que el embate independentista haya terminado. Hoy tiene otras formas. Han aprendido de la derrota nacional e internacional de octubre de 2017 y quieren continuar avanzando.

Controlan el poder en Cataluña, condicionan al Gobierno del Estado con sus votos y disponen de los recursos e instrumentos para profundizar en la nacionalización de los catalanes. Ceder ante sus demandas y confiar en una mínima lealtad constituye, además de ingenuidad, un craso error. La solución al problema planteado –si la tiene, aunque frecuentemente lo dudo no empieza por unos indultos, sino por asegurar la imposibilidad de la repetición de un golpe de Estado, aunque sea en una forma todavía más posmoderna. Se me antoja que lo más adecuado sería hacer justo lo contrario de aquello que se ha llevado a cabo en los tres últimos lustros.

Muchas veces se ha formulado la pregunta, de estirpe vargasllosiana, de cuándo se jodió Cataluña. Hay respuestas para todos los gustos: unos apuntan a la sentencia del Estatut, otros al primer tripartito y a la elaboración del Estatut de marras… y no faltan los que piensan, como yo mismo, que el problema es anterior.

En mi opinión, la sentencia de 2010 es la llama que incendia un inmenso polvorín acumulado desde 2003, que estaba instalado en un terreno abonado desde 1980 por las políticas pujolistas de nacionalización de la sociedad. El resultado de todo ello, así como de la flagrante ausencia pública, con algunas excepciones, de discursos y políticas alternativas, ya sea desde Barcelona, Madrid o Bruselas, abocó a la difícil, compleja e insatisfactoria situación actual.

Jordi Pujol y los nacionalistas construyeron, en el último cuarto del siglo XX, una Cataluña, su Cataluña, profundamente nacionalizada y ensimismada. No era, sin embargo, la única Cataluña posible, sino la que se acabó imponiendo. Existía otra, más plural, más abierta, más bilingüe, más mestiza, más colaborativa, más creativa, más moderna, que vivió su particular canto del cisne en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992.

Tanto en las ceremonias de inauguración y clausura, como en las dos semanas que transcurrieron entre el 25 de julio y el 9 de agosto, se pudo asistir a los que el presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, calificó como «los mejores Juegos de la historia». Les siguieron, en septiembre, los Juegos Paralímpicos. Ambos eventos estuvieron coronados por el éxito, tanto en los aspectos organizativos y de imagen, como en las cuestiones deportivas y artísticas y en el campo de la arquitectura y el diseño. La colaboración política e institucional prevaleció.

Los Juegos mostraron a cientos de millones de personas, en todos los rincones del planeta –la televisión fue una de las claves del suceso, unas admirables Barcelona, Cataluña y España. Barcelona, en primer lugar, liderada por el alcalde Pasqual Maragall, se exhibió como moderna, innovadora y transformada urbanísticamente, como lo fuera el mismo año Sevilla gracias a la Expo.

La Ciudad Condal se convirtió, entre 1988 y 1992, en una gran obra: rondas de circunvalación, aeropuerto, telecomunicaciones, puerto, villa olímpica, instalaciones deportivas. También las subsedes se beneficiaron abundantemente de los trabajos olímpicos. El llamado modelo Barcelona fue admirado y copiado, aunque la ciudad, ya entrado el siglo XXI, estuvo a punto de morir de éxito.

Barcelona era el núcleo de una Cataluña, gobernada por el nacionalista Pujol desde 1980, que, a pesar de todos los intentos en contra, seguía pudiendo mostrarse como mestiza, bilingüe, abierta y no uniformizada. La Olimpiada representó el último gran momento de esa otra Cataluña posible, más abierta a España y al mundo, más plural y menos ensimismada, más cosmopolita y menos aldeana.

A esa Cataluña intentaron arrinconarla los pujolistas en los años 80 –ayudados por el control institucional, el clientelismo y el uso perverso del caso Banca Catalana, la hirieron de muerte los nacionalistas en los noventa y principios de siglo y la remataron sin piedad, aprovechando los efectos de la gran crisis de 2008, los nacional-populistas del proceso.

La Generalitat fue la institución menos colaborativa con Barcelona 92. Aportó poco dinero los Juegos los financió mayoritariamente el Gobierno de España, presidido por Felipe González y puso palos en las ruedas siempre que tuvo ocasión. Los nacionalistas mantuvieron entonces una doble actitud: de cara al público aseguraban su fiel compromiso, mientras que por debajo introducían trabas o bien lanzaban a sus cachorros a boicotear actos.

Intuía Pujol tres inconvenientes en los Juegos: recelaba de un éxito y protagonismo del alcalde de Barcelona, que lo fortaleciera como rival político; no podía liderar ni controlar el proyecto, y, finalmente, temía una supuesta españolización en un momento en el que se estaba llevando a cabo desde la escuela y los medios de comunicación un proceso intensivo y exitoso de nacionalización catalana. Observaba la Olimpiada y detectaba en ella el reflejo de una Cataluña que no era la suya. Su mayor triunfo fue precisamente imponer otro modelo.

LA CATALUÑA de 1992 formaba parte de una España pujante y relativamente optimista, hija de una exitosa transición a la democracia y de una monarquía parlamentaria consolidada, normal en la anormalidad, plural en la unidad y con nítida presencia en un mundo que estaba a punto de ingresar en un nuevo milenio. España se convirtió, por aquel entonces, en los inicios de la postrera década del siglo XX, en centro de atención mundial.

En otoño de 1991 se había celebrado en Madrid la Conferencia de Paz sobre el Próximo Oriente. En 1992 coincidieron los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla, la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y la Capitalidad cultural europea de Madrid. España se presentó como una nación y una sociedad democráticas, modernas, económicamente sólidas, avanzadas, creativas y capaces de emprender y de intervenir en los problemas universales. El resultado tuvo una excelente acogida.

No todo fue, evidentemente, de color de rosa en 1992. Los problemas existían y no pueden obviarse: una recesión en ciernes, conflictividad laboral –Cartagena, por ejemplo o el terrorismo etarra. Constituyó, sin embargo, un momento decisivo. Los eventos de aquel año suponían una buena síntesis de una sociedad y un país nuevos.

En el caso específico del principado, con la Olimpiada de Barcelona en primer plano, 1992 será siempre un recordatorio de que otra Cataluña era posible. Han pasado desde entonces casi 30 años. Mirar atrás, hacia aquello que pudo ser y no fue, nos ayudaría sin duda a entender mejor nuestro presente y cómo hemos llegado hasta aquí. Y quizá nos pudiera sugerir algunas ideas para diseñar otra Cataluña: la Cataluña del futuro.

Jordi Canal es historiador. Acaba de publicar 25 de julio de 1992: La vuelta al mundo de España (Ed. Taurus).

Otra Cataluña era posible

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Europa Press

De indultos y justicia

Nada más demoledor que presenciar, como tantas otras veces, que la justicia no es igual para todos. Lo de sugerir siquiera que la aplicación de la ley equivalga a venganza implica solo una boutade por sobreactuación.

Luisa María Gómez Garrido en El Nundo, 090621

POCAS INSTITUCIONES como la del derecho de gracia, con su densa carga simbólica, son capaces de provocar un debate tan intenso y genuinamente moral sobre la utilidad, los límites y las excepciones del ius puniendi del Estado y, aun más, para permitir que el íntegro sistema, las implicaciones de la división de poderes, el papel de la Justicia y la incidencia de los intereses políticos queden abiertos en canal ante los ojos ciudadanos.

No cabe duda de que el indulto a los presos del procés podría defenderse de manera convincente. El problema es que cualquier argumento útil y eficaz debe pasar necesariamente por explicar cuáles son las razones de «justicia, equidad o utilidad pública» que fundamentan su otorgamiento de acuerdo con las previsiones de la Ley que lo regula, razones sobre las que aún no se ha tenido noticia alguna.

Parece que los partidarios de la medida se centran en la existencia de una pretendida utilidad pública, trufada de razones pietistas, ya que el argumento principal hasta el momento es que la medida implicaría un gesto necesario para la reconciliación, que mostraría la generosidad del Estado en lugar de apostar por la venganza.

Como puede observarse, parte de tales argumentos se basan en la delicuescente falacia ad misericordiam o ad pietatem: como perdonar las acciones delictivas implica una demostración de compasión, entonces todo acto de perdón es admisible. Se deja así sin formular siquiera el meollo de la cuestión: ¿los delitos deben ser perdonados? ¿todos en igual medida?

Y, si la misericordia es posible, ¿por qué no hacerla exigible para todo supuesto? Esto es, ¿por qué defendemos el perdón en unos casos y no en otros? O, ¿por qué no debería indultarse a toda la población reclusa de España? Tales falacias se trufan en ocasiones, como aditamento músico y peregrino y significativo, que es la forma en que Alonso Quijano ponía nombre a todas sus cosas, con una alusión al famoso adagio jurídico recogido por Concepción Arenal, ya saben, aquello de odia el delito y compadece al delincuente.

Poco importa a los falaces (dicho esto como cariñoso reproche a los usuarios de tales falacias, sin tenerlos por mentirosos) que tal aserto se utilizara por Arenal en el ámbito del correccionalismo penitenciario, esto es, a efectos de preconizar una humanización del trato a los reclusos, y la aplicación a los mismos de técnicas rehabilitadoras. Como no parece importarles que la cita así dicha, venga mutilada. Porque lo que Arenal dijo en El Pauperismo, publicado en la edición de sus obras completas de 1897, es lo siguiente:

«Hay que recordar y poner en práctica aquella máxima de odia el delito y compadece al delincuente a la cual puede añadirse: si está arrepentido ámale y protégele».

De donde resulta que Doña Concepción parecía asociar sus medidas tuitivas y regeneracionistas al arrepentimiento del delincuente, que lejos de producirse en el caso de los condenados del procés, se ha despreciado de manera continuada por buena parte de los condenados prometiendo pronta y eficaz reiteración.

En lo que se refiere a la hipotética reconciliación, cualquier ciudadano sensato estaría dispuesto a considerar su utilidad, siempre que se dejara claro en qué consistirían sus términos. Existe aquí una evidente confusión de conceptos, que corre pareja a la opacidad con que discurren los hechos.

La concordia no es la explicación, sino la mera mención del pretendido objetivo, que deja en la completa indefinición cuáles serían las condiciones que la harían posible. Por el momento, solo pueden atisbarse algunas de ellas, confirmadas o negadas en función del argumentario del día, y muy poco tranquilizadoras, en cuanto implica la puesta en escena de la bilateralidad, y la devaluación del íntegro sistema constitucional, que es precisamente lo que se quiere demoler por el independentismo.

Este es uno de los aspectos más perturbadores de cuanto acontece estos días: el intento de transmitir a la opinión pública, como si fuera algo normal, que aspectos esenciales del mismo contrato social que a todos atañe, vayan a discutirse en una mesa que, bajo la formal cobertura de la negociación entre gobiernos, implica solo a parte de las fuerzas políticas y por tanto de la sociedad, excluyendo de raíz la posibilidad de los consensos que deben subyacer de manera ineludible e indisponible en los grandes proyectos colectivos, las reformas constitucionales y los pactos de Estado.

Esta carencia se muestra con toda crudeza cuando uno de los condenados ofrece, como vía de desahogo al conflicto, un referéndum pactado sobre un aspecto, la autodeterminación, excluido por la Constitución de toda posible disposición política.Todo ello sin contar con que, al propio tiempo, la continuidad del Gobierno dependa de las resultas de la negociación. En fin, una puesta en escena peligrosa que podría sugerir una potencial oposición entre los intereses políticos y el bien común, y acarrear efectos corrosivos en la proyección internacional de España.

Lo de sugerir siquiera que la aplicación de la ley equivalga a venganza implica solo una boutade por sobreactuación. La supervivencia política hace recomendable no olvidar algunas enseñanzas elementales de la historia. Una de ellas es que la justicia es, antes de nada, uno de los instintos humanos más arraigados.

Los ciudadanos necesitan a la Justicia institucionalizada para impedir la realización privada de los derechos e intereses. Abdicamos de nuestra fuerza, renunciamos a la venganza y aceptamos las reglas del juego, porque el sistema garantiza que los demás harán lo mismo. La sociedad puede comprobar que los actos que atentan contra la convivencia no quedan impunes, y que todo ciudadano se somete a las mismas leyes, cualquiera que sea su influencia o su poder.

Nada más demoledor que presenciar, como tantas otras veces en la historia, que la justicia no es igual para todos, que puede más que el más tiene, el que es capaz de movilizar más recursos y ejercer de manera más útil su chantaje. Por tanto, hágase justicia para que no se haga el caos.

Preservar el Estado de Derecho y la democracia no es venganza. Por el contrario, resquebrajar sus cimientos puede atraer la atención de una de las diosas de la Justicia, la alada Némesis, que tenía por misión devolver el equilibrio roto por la Hybris, por la desmesura de los hombres ciegos de soberbia y arrogancia que se empeñaban en trasgredir los límites de la ley y socavar las bases de la convivencia.

Muchos ciudadanos esperamos de buena fe razones que nos convenzan de la utilidad de este indulto, pero solo hemos escuchado hasta ahora el murmullo de un aleteo que no sabe muy bien dónde posarse… por el momento.

Luisa María Gómez Garrido es presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y doctora en Filosofía del Derecho.

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Inteligencia artificial y democracia
Ilustración de Diego AresoQUINTAQUINTA‘ [España. 1974]

Inteligencia artificial y democracia

Daniel Innerarity en El País 090621

Los efectos de la inteligencia artificial sobre los diversos aspectos de nuestra vida han suscitado toda clase de expectativas y preocupaciones. Han impulsado un esfuerzo regulatorio que, en la Unión Europea se ha traducido en códigos éticos, una regulación para proteger la privacidad y una propuesta reciente acerca de las precauciones que hemos de tener con los sistemas automáticos de decisión.

Las perspectivas desde las que se ha enfocado la cuestión son fundamentalmente el derecho privado, la reforma administrativa, la ciberseguridad y las recomendaciones éticas, pero apenas la hemos pensado desde el punto de vista de la democracia, salvo algunos ensayos de corte catastrofista o, en el otro extremo, planteando unas promesas de democratización completamente ilusorias.

La digitalización tiene una gran relevancia política que no solo tiene que ver con el hecho de que de sea objeto de la política (que haya unas políticas de lo digital), sino que la digitalización misma ha de ser entendida como un proceso político. En los debates acerca de la inteligencia artificial se habla mucho de su dimensión ética, jurídica, económica, pero muy poco de su dimensión política.

Es necesario pensar qué quiere decir autogobierno democrático y qué sentido tiene la libre decisión política en esta nueva constelación. Se trataría de desarrollar una teoría de la decisión democrática en un entorno mediado por la inteligencia artificial, elaborar una teoría crítica de la razón automática. Necesitamos una filosofía política de la inteligencia artificial, una aproximación que no puede ser cubierta ni por la reflexión tecnológica ni por los códigos éticos.

Tenemos que prestar una mayor atención a las disrupciones que esta nueva constelación (sistemas cada vez más inteligentes, una tecnología más integrada y una sociedad más cuantificada) va a producir en nuestra forma de organización democrática. Ciertas decisiones ya no son adoptadas únicamente por los seres humanos sino confiadas en todo o en parte a sistemas que procesan datos y dan lugar a un resultado que no era plenamente pronosticable.

¿Qué pasa con la libre decisión —que es el núcleo normativo de la democracia— en entornos automatizados? ¿Quién decide cuando decide un algoritmo? El nuevo entorno digital nos va a obligar a pensar nuevamente algunas de las categorías básicas de la política y a gobernar este mundo con otros instrumentos.

Estamos hablando de tecnologías especialmente sofisticadas y complejas, en las que sirven de muy poco genéricos llamamientos a su “humanización” o ciertos códigos éticos que parecen desconocer su naturaleza.

Máquinas que aprenden, análisis de datos en proporciones gigantescas o la actual proliferación de sistemas de decisión automatizada no son dispositivos que puedan regularse con procedimientos simples de intervención, pero eso es una disculpa para no hacer nada sino para que las instituciones regulatorias actúen por lo menos con la misma inteligencia que aquello que tienen obligación de regular.

El que estemos asistiendo a un cambio brutal en nuestro entorno tecnológico, de consecuencias en buena parte imprevisibles, explica el hecho de que no sepamos muy bien cómo diagnosticar la situación y el escenario se haya llenado de valoraciones extremas, poco matizadas, de entusiasmo desmedido o de tintes apocalípticos, formuladas también por intelectuales de los que tenemos derecho a esperar un juicio más sereno.

Estas valoraciones han ido evolucionando en un plazo de tiempo muy corto. Hace relativamente poco estábamos celebrando el potencial democratizador de la red en lo que se conoció como las primaveras árabes y el acceso universal al espacio público mientras que ahora estamos atemorizados con los bots, las injerencias electorales y la desinformación.

El número de septiembre de 2018 de la MIT Technology Review fue dedicado a la cuestión de si la tecnología estaba amenazando a nuestra democracia y The Economist del 18 de diciembre de 2019 ya hablaba de un “aithoritarianism”, de un autoritarismo de la inteligencia artificial que podría destruir las instituciones democráticas.

Esto explica que haya descripciones tan enfrentadas de la situación en la que nos encontramos: mientras unos festejan la llegada de una política sin prejuicios ideológicos, otros nos advierten sobre el final de la democracia. Hay quien asegura que la nueva tecnología vendría a resolver los problemas ante los que ha fracasado la vieja política; otros hacen responsable al nuevo entorno tecnológico de la pérdida de capacidad de gobierno sobre los procesos sociales y la des-democratización de las decisiones políticas.

El interrogante fundamental que se nos plantea es qué lugar ocupa la decisión política en una democracia algorítmica. La democracia es libre decisión, voluntad popular, autogobierno. ¿Hasta qué punto es esto posible y tiene sentido en los entornos hiperautomatizados, algorítmicos, que anuncia la inteligencia artificial?

La democracia representativa es un modo de articular el poder político que lo atribuye a un órgano determinado y de acuerdo con una cadena de responsabilidad y legitimidad en la que se verifica el principio de que todo el poder procede del pueblo. Desde esta perspectiva la introducción de sistemas inteligentes autonomizados aparece como algo problemático.

La tendencia general a un pilotaje automatizado de los asuntos humanos no es solo un aumento cuantitativo de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición sino una transformación cualitativa de nuestro ser en el mundo, un mundo en cuyo centro ya no nos encontramos. Con la automatización podríamos estar programando nuestra propia obsolescencia.

Marvin Minsky afirmaba que deberíamos considerarnos unos afortunados si en el futuro las máquinas inteligentes nos tienen como animales de compañía. ¿Cómo conseguir que no se cumpla esta siniestra profecía y los seres humanos tengamos una cierta soberanía en estos nuevos entornos tecnológicos?

Cuando hablamos de una inteligencia artificial centrada en el ser humano y democrática hay básicamente dos estrategias que permiten pensar en una reapropiación de los procesos automatizados de decisión: el diseño del ecosistema humanos-máquinas y la transparencia.

En primer lugar se trataría de diseñar la mejor presencia de los humanos en procesos caracterizados por una enorme complejidad, teniendo en cuenta que se trata de un equilibrio que incluye inevitablemente una cierta tensión: hemos de pensar ese ecosistema de modo que los humanos no quedemos subordinados (algo incompatible con nuestro ideal de autodeterminación) y al mismo tiempo debemos intervenir en las máquinas sin arruinar su performatividad.

Con esto no estoy planteando una solución sino llamando la atención sobre un problema que a veces pasan por alto algunas soluciones éticas y humanísticas que no son más que meras exhortaciones.

La otra estrategia de humanización de la tecnología es a través de la transparencia como posibilidad de explicar, entender y exigir responsabilidad a la inteligencia artificial por parte de los humanos. Aquí también hay soluciones y exigencias que parecen no tener en cuenta la complejidad de los sistemas o las limitaciones subjetivas de comprensión.

La gran tarea a este respecto gira en torno a nociones que son más realistas que la transparencia, como la explicabilidad, la generación de confianza o la idea de que entender no es tanto un asunto subjetivo sino colectivo, que tiene que ser facilitado y regulado institucionalmente.

Los seres humanos hemos sido capaces de inventar, con mayor o menor fortuna, procedimientos e instituciones democráticas para realidades muy distintas: para las ciudades griegas y para las ciudades-Estado del renacimiento, para los Estados nacionales y para alguna de nuestras instituciones globales como la Unión Europea.

¿Estamos tan seguros de que esto no se puede conseguir en la nueva constelación digital? Creo que no tenemos derecho a dejar de intentarlo mientras no se demuestre que es un objetivo imposible

Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política e investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. @daniInnerarity

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Un mes de mayo inolvidable

Álvaro Delgado-Gal en ABC , 090621

Me enteré del lance un poco a la buena de Dios. Primero, por la radio, luego viendo unos vídeos en el ordenador, por fin a través de varios correos electrónicos. Empiezo por la radio. Hacia las siete de la mañana del 28 de mayo me llegó, mientras me cepillaba los dientes, la voz levemente nasal de Iván Redondo, quien había comparecido ante una comisión del Congreso el día anterior. ¿Qué decía Redondo?

Que él estaba dispuesto a tirarse por el barranco. Por Sánchez, haría lo que fuere, hasta romperse la crisma. He estudiado un poco la retórica del asesor de Sánchez, desplegada en una larga serie de blogs accesibles por internet. Redondo compagina referencias culteranas y bastante traídas por los pelos, con evocaciones procedentes de la cultura popular.

Lo del barranco heroico y la carga a ojos cerrados contra el enemigo me sonó a ‘Hazañas bélicas’, el cómic que los niños españoles leíamos a finales de los cincuenta y principios de los sesenta. ¿Se ha inspirado en ‘Hazañas bélicas’ Redondo? Tal vez. Y si no en ‘Hazañas bélicas’, en otro cómic por el estilo.

Redondo captura una imagen, un perfil, y los adopta con el fin de provocar una sensación, sin que importen demasiado los antecedentes o los consecuentes. Esa es la causa probable de que los argumentos de Sánchez, su asesorado, nunca sean, en rigor, argumentos, sino superposiciones de estampas, que van empalmándose unas con otras como las instantáneas que en los anuncios de televisión sirven para publicitar una película. Con una diferencia, claro. Además del anuncio, suele existir la película entera; en el caso de Redondo/Sánchez, el anuncio es la propia película.

Más tarde, vi el vídeo. Las inflexiones de la voz de Redondo, sus pausas, son un calco de las de Sánchez. Sin proponérselo, uno se pone a especular. ¿Ensaya Sánchez delante de Redondo? ¿O existe entre ambos una entrañable amistad y se comunican garatusas y manierismos, como a veces ocurre entre compañeros de colegio? ¿Y las ideas? ¿Quién las inspira a quién? La de crear una NASA española, ¿es de Sánchez o de Redondo?

¿O quizá del consejero Puigneró, que ha anunciado lo mismo, a escala catalana, en enero de este año? ¿Y lo de abrir la intervención en euskera? ¿Qué quería transmitir Redondo? ¿Que defender a España es también defender al País Vasco? Como el contexto no ayudaba, nos quedamos solo con el ‘collage’ absurdo: Redondo se descoyuntaba y hacía visajes espantables mientras emitía palabras que los miembros de la comisión, salvando tal o cual excepción, si es que la hubo, no podían comprender.

Produce pasmo que estemos en manos de quienes estamos. También preocupación, claro, pero sobre todo pasmo. Hablar de un sainete nacional sería inexacto. Si a un sainetero le hubiesen propuesto un guion con las cosas y las personas que afligen ahora a la España oficial, lo habría rechazado por pasado de rosca.

Reparen en los dos últimos meses de Pablo Iglesias, que nadie previó y que, bien mirado, nadie termina de entender todavía. Primero, el exvicepresidente segundo proclama que dejará el cargo para lanzarse al desafío de rescatar a su partido en Madrid. El 2 de mayo, dos días antes de las elecciones autonómicas, hace saber en una entrevista concedida a ‘Il Corriere della Sera’ que se va de la política.

¡Dos días antes de presentarse a las elecciones, no dos días después de haber salido descalabrado de ellas, como corresponde! Luego se corta la coleta, lo que equivale, no solo a una despedida torera, sino a una suerte de emasculación; evoca a Stalin ante el fotógrafo; y por fin se da de baja en Twitter, lo que supone también una emasculación.

Yo no estoy en Twitter, y usted, lector, seguramente tampoco, o en caso de que lo esté, no por dejar de estarlo perdería el uso de la palabra, que seguiría aplicando a las conversaciones, al trato con los amigos, a la cátedra o a la vida doméstica. En el caso de Iglesias, sin embargo, salirse del Twitter es como seccionarse las cuerdas vocales: un suicidio, un holocausto de uno mismo. Y no sabemos por qué. El sainetero, otra vez, habría declinado el guion por inverosímil.

Los ejemplos pueden multiplicarse ‘ad nauseam’. Por las mismas fechas, unos días antes del episodio del barranco y de la NASA española, Irene Montero, en plena crisis marroquí, pidió perdón a los trans y recordó que su Gobierno tiene una deuda con ‘ellas, ellos y elles’. ‘Elles’ es una prenda del lenguaje inclusivo, que nadie, fuera del círculo en que se mueve Irene Montero, ha empleado jamás.

La gramática no admite ese voquible, y especialmente no lo admite el sentido del ridículo, que es un hecho social y no meramente ideológico. La ministra de Igualdad se mostraba cariacontecida, casi traspasada de un dolor matizado por la indignación. Esto, repito, en lo más recio de la crisis marroquí. Con su ‘elles’ pretendió borrar, intuimos, discriminaciones intolerables e instituir la justicia allí donde, hasta ahora, ha reinado solo el prejuicio. Fue también impresionante, aunque no a la manera que la ministra habría preferido.

Quitando a tres o cuatro ministros, disciplinados por el carácter técnico de las carteras que desempeñan, nos encontramos con que el Gobierno vigente padece un síndrome que no consiste meramente en la falta de competencia o la ausencia de credibilidad. Lo que le pasa a este Gobierno, es que desafía a la razón. La política gubernamental es ininteligible en el sentido radical en que lo es un drama que no se atiene a ningún género homologado: ni el de la comedia, con sus ritos e implícitas pautas, ni el de la tragedia, que quizá estemos rondando pero que sería un desenlace, no algo inscrito en la lógica intrínseca de la representación.

De esta ininteligibilidad previa, fundante, de la acción dramática, deriva el resto, empezando por la incompetencia y terminando por la falta de credibilidad. No se puede ser competente si el guion no habilita a los personajes un hueco en que desarrollar su papel, ni se puede ser creíble cuando las palabras dependen de lo que se le ocurra sobre la marcha al apuntador, el cual, para más señas, resulta que es Iván Redondo. Esto, señores, no hay quien lo arregle. En algún momento, piadosamente, caerá el telón.

Alvaro Delgado-Gal es escritor.

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Viñeta de El Roto [A. Rábago, España 1947] para El País 090621

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