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Del Principio de legalidad y sus fisuras
Hoy le adjunto dos formidables entrevistas que visualizan de formidablemente el delgado hilo, esa línea roja, que separa el Principio de Legalidad, ese principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, de modo que el Estado se atenga al mismo y las actuaciones de sus poderes esten sometidas a su Constitución y, por tanto, al imperio de la ley.
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es entrevistado por Cayetana Á. de Toledo, para El Mundo, y el debate se centra en el Proceso de Paz colombiano y, más concretamente, en el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto [2016].
Mercedes Alaya, la Jueza, entre otros, del Caso ERE de Andalucía, toda una elefantiásica red de corrupción política enraizada en el sector público autonómico a través de determinadas ayudas al empresariado, por presuntas irregularidades con los llamados expedientes de regulación de empleo (ERE), es entrevistada para ABC por Maria Jesus Pereira, con el objeto de indagar sobre las causas y el clima que motivaron a la magistrada solicitar una plaza de mayor rango y abandonar la instrucción.
En ambos casos se aborda esos distintos modos y formas mediante los cuales la aplicación de la Justicia Penal ordinaria sufre de la extraordinaria influencia que, en determinados casos, trata de limitar su independencia o, directamente, impide su regular funcionamiento.
En el caso del Estado colombiano con la organización guerrillera insurgente y terrorista de extrema izquierda, denominada ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo FARC-EP‘, se ha aplicado la ‘Justicia transicional‘, es decir, un proceso de ‘transición’ de un conflicto armado a la paz, en el que se interpreta que es necesario equilibrar las exigencias jurídicas (garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición) y las exigencias políticas (la necesidad de paz) que requieren dichas transiciones.
Dicho de otro modo: se condiciona la aplicación del Principio de Legalidad a las condiciones acordadas con los terroristas para que abandonen la ‘lucha armada‘. Es por esto que yo me atrevo a calificarla más bien como ‘Justicia transaccional‘.
Así que a nadie sorprenderá que sea la propia Unión Europa quien más empeño ponga en apoyar la idea ‘pactista‘ de que el desarrollo y consolidación de la democracia y el Estado de Derecho precisa, en tales ocasiones, de semejante componenda, dejando plasmado dicho criterio en el Reglamento 1989/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006, donde se establece la justicia transicional como una de las líneas a financiar.
Cuestión radicalmente distinta, obviamente, es el marco y la naturaleza de la influencia externa del Poder en el caso andaluz. Ya no se trata de acomodar la Ley sino de interpretarla.
Pero ello no me impide recomendarles encarecidamente que lean las declaraciones de la actual magistrada. La gravedad de sus afirmaciones es tan meridiana que no es menester escrutar entre líneas. Y, por ello, no puedo esperar más que el correspondiente silencio procedente de los Poderes Ejecutivo y Judicial. Si no fuera así, prefiero no imaginarme ante qué nuevo caso nos encontraríamos.
Háganme caso y no se pierdan ninguna de las dos entrevistas.
EQM
pd. Quiero dejar bien claro que a mí nunca me ha gustado que un juez haga declaraciones mediáticas ni tampoco que una instrucción se cuasi_paralice seis meses por enfermedad del instructor. Estoy radicalmente en contra de ambas cuestiones. Por tanto, no voy a hacer una excepción con la juez Alaya. Pero bien distinto es que, hechas las declaraciones, su contenido deba ser tenido en cuenta por lo que de él se desprende. Y este es el caso.
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“El Presidente”, de Fernando Botero, 1997. Museo de Arte del Banco de la República. Bogotá.
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Juan Manuel Santos: “Exterminar hasta el último guerrillero era imposible, militarmente absurdo”
Cayetana Á. de Toledo, en El Mundo, 200518
El presidente de Colombia pasó por Madrid en su gira de despedida. Reivindicó el acuerdo de paz con las FARC, explicó el auge del narcotráfico y encaró las criticas.
¿La paz tiene precio?
La paz siempre tiene un precio.
En el caso de Colombia, ¿cuál es?
La sustitución de la Justicia penal ordinaria por una Justicia transicional. Pero es un precio muy pequeño para los beneficios de la paz. Salvar tantas vidas…
¿Y quién paga ese precio?
La sociedad.
¿La democracia, las víctimas?
Las víctimas han sido las más entusiastas con el proceso. Yo pensé que serían las más críticas; que iban a oponerse a la Justicia transicional. Y cuál fue mi sorpresa cuando fue al revés. Una lección de vida. [Las principales objeciones a la Justicia transicional colombiana son: que suaviza las penas y reduce las exigencias para evitar la cárcel; que resta protagonismo a las instituciones ordinarias del Estado de Derecho, concretamente a la Corte Suprema; y que los miembros del Tribunal especial son nombrados a medias por el Estado y las FARC.]
Muchas víctimas se han opuesto frontalmente al pacto con las FARC. Rechazan la impunidad penal y política de los terroristas.
Como siempre, hay de todo. Pero la mayoría de las víctimas han apoyado el proceso. Es el primer proceso de paz de la historia en que las víctimas han estado en el centro de la solución del conflicto.
Insisto, muchas víctimas lo ven al revés: consideran que los verdaderos beneficiarios del proceso han sido los terroristas.
La dificultad de estos procesos es saber dónde trazar la línea entre justicia y paz. Unos quieren más justicia. Otros quieren más paz. Sucedió en Sudáfrica, Irlanda del Norte, El Salvador, Guatemala…
Me sorprende que distinga entre justicia y paz. ¿Puede haber paz sin justicia? ¿O es la palabra paz un eufemismo de la abdicación democrática?
¿Por qué cree que se negoció el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional? Para que se pudiera aplicar una Justicia transicional. No fue el invento espontáneo de un puñado de personas. Las naciones del mundo se sentaron a buscar fórmulas eficaces para abordar procesos como el colombiano. El nuestro es el primer proceso que se negocia bajo el paraguas del Estatuto. Por eso ha generado tanto interés. Porque va mucho más allá del desarme, la desmovilización y la reintegración de los guerrilleros. Aquí, por primera vez, no habrá impunidad, sino una Justicia transicional.
Pero la Justicia transicional no excluye la impunidad.
La Justicia transicional podrá ser discutible. Lo que no es discutible es que sin una Justicia transicional no hay paz. Así de sencillo.
Intento imaginar algo similar en España. Una neo-Audiencia nombrada a medias por Josu Ternera y Mariano Rajoy…
Las FARC no creían en nuestra justicia. No querían someterse a ella. Estuvieron 54 años luchando contra nuestra Constitución, contra nuestras leyes, contra nuestro Estado de Derecho. Necesitaban una Justicia en la que ellos creyeran.
¿Entonces la Justicia transicional es una justicia a la medida de las FARC?
Es la primera vez que dos partes de un conflicto negocian la Justicia y se someten a ella. Eso es lo que el mundo ahora admira y aplaude.
¿No había alternativa?
Escuche bien lo que voy a decirle. Yo fui la persona que más duro golpeó las FARC. El colombiano que más las combatió y con más éxito. Y a mí me eligieron con el mayor número de votos en la historia de Colombia por mis éxitos en esa guerra. Y yo le digo que no era posible derrotar a las FARC. Aniquilarlas de la faz de la tierra, como algunos querían, era física y militarmente imposible. Una guerra asimétrica como la colombiana tiene que acabar inexorablemente en una mesa de negociación. La única alternativa era someter al país a otros 30 años de guerra con millones de víctimas.
¿No bastaban la convicción democrática del pueblo colombiano y la fuerza de su Estado de Derecho?
¿No le parece una derrota que las FARC se haya desarmado? ¿Que haya acogido nuestras leyes y nuestra Constitución? ¿Que los máximos responsables tengan que decir la verdad y tengan que reparar a las víctimas? Si eso no es derrota entonces, ¿qué es derrota?
Derrota es…
Muerte.
…que no se modifique la Constitución por exigencia de sus agresores. Que las penas sean proporcionales a los crímenes. ¡Los acuerdos de paz regalan escaños a las FARC sin mediar la más mínima condena!
¿Y en qué proceso de paz no ha sucedido eso?
Que tenga precedentes no significa que sea ético o eficaz.
El objetivo de un proceso de paz es que los insurgentes cambien las balas por los votos, la violencia por los argumentos. Que dejen al resto de la sociedad vivir en paz.
El hecho de que criminales de lesa humanidad obtengan escaños de forma automática, sin pisar la cárcel, resulta chocante.
A usted le choca, pero a los colombianos no.
A algunos sí. Usted convocó un plebiscito sobre la paz y lo perdió.
La mayoría votó en contra y después renegociamos los acuerdos.
Pero los acuerdos y su aplicación siguen siendo polémicos. La cesión de escaños, entre otras ventajas, se ha mantenido.
Son diez escaños del Congreso y cinco del Senado. Y la Constitución ahora lo avala. En la reforma de 1991 se hizo lo mismo. El propio presidente Uribe fue el ponente de la ley que dio total amnistía a los guerrilleros del M-19. Esta decisión la hemos tomado los colombianos. Para acabar una guerra que hemos sufrido nosotros, no el resto del mundo.
El resto del mundo ha sido muy favorable al proceso. De hecho, usted tiene el premio Nobel de la Paz. Son los colombianos los que votaron ‘No’ y los que, según las sondeos, siguen rechazándolo.
Porque a los colombianos les engañaron. Les dijeron que este proceso iba a entregar el poder a las FARC. Les dijeron que el proceso iba a instaurar un régimen castrochavista. Les dijeron que íbamos a acabar con el Ejército y la Policía. Les dijeron que íbamos a liquidar la propiedad privada. Ha sido el proceso de paz más calumniado de la historia. Pero la verdad está surgiendo. No es cierto que hayamos entregado el país al castrochavismo. No es cierto que hayamos destruido el Ejército o la Policía. Todo lo contrario. Tenemos las fuerzas militares más capacitadas y más fuertes de nuestra historia. No es cierto que haya impunidad para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Durante demasiado tiempo, alrededor del proceso de paz se han generado todo tipo de mitos y mentiras. Pero, aunque se demore, la verdad afortunadamente acaba saliendo.
¿Seis millones y medio de colombianos se dejaron engañar? ¿No tenían capacidad crítica propia?
Yo no he dicho eso.
Ha dicho que votaron engañados. Por tanto, se dejaron engañar o no tenían capacidad crítica propia.
Sí, fueron engañados. Le voy a dar un ejemplo: los voceros del ‘No’ dijeron que el capítulo de los acuerdos dedicado al papel de la mujer tenía como intención encubierta introducir en la Constitución la ideología de género. Se pasearon por todo el país, de púlpito en púlpito, advirtiendo contra un peligro fantasmal. ¿Qué han hecho ahora? Han pedido disculpas. Han tenido que admitir su error. La tergiversación de la realidad ha sido masiva. Puro ‘fake news’. Neblina, que el viento de la historia ahora disipa.
Pero la ideología de género no fue el eje de la campaña del ‘No’. Fue la impunidad.
¿Sabe qué porcentaje de la gente votó ‘No’ por la ideología de género? El 35%.
¿O sea que el ‘No’ ganó por la ideología de género?
El 35%.
Usted decidió convocar un plebiscito sobre la paz. Ganó el No. Y sin embargo siguió adelante con el proceso. ¿Cómo lo justifica desde el punto de vista del respeto democrático al mandato popular?
Yo hice lo que debe hacer un gobernante serio y responsable con un asunto tan importante como es la paz de mi país, después de cinco años de esfuerzos y negociaciones.
Si sólo iba a acatar el plebiscito en caso de ganarlo, ¿para qué lo convocó?
Dejar el proceso a la deriva habría sido una inmensa irresponsabilidad. Por eso invité a todos los voceros del ‘No’ a que nos sentáramos para analizar sus objeciones. Introdujimos el 95% y logramos un mejor acuerdo, que luego fue avalado por la Corte constitucional, como exige la democracia colombiana. Y ahora estamos gozando de la paz.
¿Qué opina ahora de los plebiscitos?
Que a menudo la gente no vota en función de lo que se le pregunta. Y que además pueden influir muchísimos factores externos. Acuérdese de lo que sucedió el día de nuestro plebiscito: el huracán Matthew destrozó el norte de Colombia, que era la región más favorable al proceso. El plebiscito no nos fue bien. Y yo aprendí una lección.
Esta mañana ha dicho: “Me habría gustado que las FARC hubiesen sacado un mejor resultado en las legislativas de marzo”. ¿Por qué?
Las FARC sólo sacaron 50.000 votos, menos del 0,5% del total. Les fue muy mal. Creo que habrían tenido más juego si hubieran sacado más votos. Pero la democracia…
¿Más juego? ¿En qué beneficia a la democracia colombiana que las FARC tenga mucha o más representación?
No es que tenga mucha o más representación, sino que 50.000 votos es una cifra insignificante. Y yo creo que la democracia colombiana se habría fortalecido más de lo que ya se ha fortalecido con un mayor apoyo electoral a las FARC.
No entiendo. Yo hubiera pensado lo contrario: cuanto menos apoyo popular a una organización criminal de extrema izquierda, mejor.
Mucha gente no se da cuenta… Los que decían que las FARC iban a comprar las elecciones, que tenían ingentes sumas de dinero, que les habíamos entregado el país… Con este resultado, se han quedado sin argumentos.
¿Y no se quedan también sin argumentos los que permitieron a las FARC modificar la Constitución y delimitar la Justicia? Resulta que su fuerza real era insignificante.
¿A usted le parecen ocho millones y medio de víctimas algo insignificante?
No, capacidad destructiva han demostrado tenerla de sobra.
¿Entonces por qué dice eso?
Me refiero a la plusvalía de la legitimidad política. Quizá la ideología izquierdista de las FARC haya contribuido a la condescendencia con la que muchos la han tratado. Tanto cuando mataba como cuando ha dejado de hacerlo.
Entonces no valía la pena la paz…
¿Hay sólo un camino para alcanzar la paz?
¿Cómo llegamos a la paz? Dígamelo usted.
¿Perseverando en el camino que usted recorrió con tanto coraje y acierto como ministro de Defensa?
Exterminar hasta el último guerrillero. ¿Es eso lo que usted me propone?
¿No hay más opción que el exterminio o la impunidad?
La opción de exterminar hasta el último guerrillero -que es lo que algunos hubieran querido- era imposible. Militarmente absurdo.
Insisto porque es importante, presidente: ¿La política ha servido como atenuante de lo que no era más que una organización criminal?
Y yo también insisto: ¿A usted le parece frágil una organización guerrillera que era la más numerosa, la más poderosa, la más vieja de América Latina? ¿Que ha producido ocho millones y medio de víctimas y 220.000 muertos? ¿Le parece eso algo insignificante?
No, presidente. ¿Cómo va a parecerme insignificante?
Entonces, no entiendo su pregunta.
Quiero saber si no había una alternativa a la impunidad y legitimación política de las FARC.
Las FARC están deslegitimadas, militar y políticamente.
En agosto Colombia tendrá un nuevo presidente. Según las encuestas, podría ser el candidato uribista, Iván Duque, principal detractor de los acuerdos. ¿Su triunfo pondría en riesgo la paz?
El próximo presidente de Colombia tendrá que seguir cumpliendo los acuerdos. Tendrá que llevar el desarrollo -carreteras, colegios, hospitales- a las zonas que antes sufrían el conflicto. Hemos fijado un plazo de 15 años para esta tarea y ningún presidente podrá rehuirla.
Me refiero a los asuntos más polémicos: los escaños gratis, la decisión de vincular los delitos de narcotráfico a los políticos para hacerlos amnistiables, la decisión de someter también al Ejército y otros estamentos de la sociedad a la Justicia transicional… ¿Derogar estos puntos es comprometer la paz?
En las campañas se dicen muchas cosas. Pero hay una realidad jurídica y es que la Corte Constitucional ha dicho que ningún gobierno puede tomar decisiones que vayan en contra de los acuerdos de paz.
O sea que están blindados.
Sí, los acuerdos son irreversibles, da igual quién llegue al poder. No podrán modificarse hasta dentro de tres mandatos.
¿Tampoco los escaños ni…
No. Es un fallo de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional es parte integral de la democracia colombiana. Y hay que respetar sus decisiones. A mucha gente no le gusta la democracia. A mí, sí.
Los plebiscitos también forman parte de la democracia.
Yo respeto lo que dice la Corte Constitucional y espero que los próximos presidentes también lo hagan porque nosotros juramos cumplir la Constitución y las leyes.
En 2017, se incautaron en España unas 33 toneladas de cocaína, el doble que en 2016. Los expertos lo relacionan con el aumento en el número de hectáreas dedicadas al cultivo de coca en Colombia. Cuando usted asumió el poder, eran 40.000. Hoy son más de 200.000. ¿Cómo valora esta parte de su legado?
Efectivamente, los cultivos de cocaína han aumentado en los últimos tres años. Por muchos factores. Entre ellos, algo que reconozco que, en cierta forma, fue culpa mía: introducir el narcotráfico en la agenda de negociación con las FARC. Lo hice porque es la única forma de encontrar una solución estructural al problema de las drogas en Colombia.
¿Qué quiere decir?
Colombia es el país que más sacrificios ha hecho en la guerra mundial contra las drogas. El que más sangre ha derramado. El que más líderes políticos, periodistas y ciudadanos ha sacrificado. Sin embargo, estábamos en una bicicleta estática: pedaleábamos y pedaleábamos y cuando mirábamos a los lados, seguíamos en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque las FARC protegían los cultivos ilícitos. Fumigábamos los cultivos y al día siguiente los campesinos volvían a sembrarlos, porque no tenían alternativa. Ahora, por primera vez, van a tener una alternativa porque el Estado va a ofrecerles la compra de sus productos y la posibilidad de cultivar productos alternativos.
Y la decisión de subvencionar la sustitución de la coca ha creado un incentivo a su cultivo.
Pero hemos fijado una fecha a partir de la cual no se pagarán más subsidios. Nuestra política tiene dos componentes. La sustitución voluntaria, que está funcionando: más de 120.000 familias ya se han comprometido a sustituir su producción de coca por cultivos lícitos. Y la erradicación forzosa, que ha superado ya nuestro objetivo: más de 65.000 hectáreas. Muy pronto, por primera vez, podremos mantener una reducción permanente en la producción de cocaína. Y, por primera vez, ojalá suceda, no seremos los primeros exportadores de coca al mercado mundial.
Es optimista.
Los volúmenes netos que salen de Colombia han disminuido. Es un hecho: estamos incautando más cocaína y, por tanto, el efecto neto no es ya necesariamente un aumento del suministro a los mercados mundiales.
‘El País’ publicó ayer un análisis según el cual la incautación, siendo elevada, no compensa la producción, que es enorme. El dato neto sigue siendo positivo y, por tanto, pésimo.
El artículo al que se refiere parte de un sofisma. Dice que el aumento en la producción de cocaína es el resultado de un acuerdo con las FARC y eso es totalmente falso.
¿Su decisión de dejar de fumigar los cultivos de cocaína no formó parte, tampoco tácita, de sus acuerdos con las FARC?
No.
¿Las FARC es el cártel de cocaína más grande del mundo?
Era.
¿Ya no lo es?
No. Las FARC no están dedicadas al narcotráfico en este momento.
¿Cómo valora entonces el caso de Jesús Santrich? [Cabecilla de las FARC, miembro de la Comisión encargada de verificar la implementación de los Acuerdos y diputado gracias a ellos. Intentó introducir 10 toneladas de coca en EEUU con los Acuerdos ya en vigor. Fue detenido el 8 de abril tras una orden cursada por un tribunal de Nueva York e inició una huelga de hambre. Está acogido en un centro de la Conferencia Episcopal colombiana.]
El que un ciudadano español se dedique al narcotráfico no significa que España sea narcotraficante, ¿verdad?
La sinécdoque funciona peor con un país que con una organización criminal. El que Santrich siga traficando con coca después de firmar los acuerdos sugiere que las FARC todavía controlan las rutas del narco. ¿O no?
Nosotros acordamos que cualquier miembro de las FARC que delinca después de haber firmado los acuerdos será sometido a la Justicia ordinaria como cualquier delincuente, y es lo que estamos haciendo.
¿Por qué no está Santrich en la cárcel? ¿Por qué lo acoge la Iglesia?
Pregúnteselo a la Iglesia.
El portavoz de las FARC, Iván Márquez, ha advertido de que la muerte de Santrich acabaría con la paz. ¿Es un chantaje?
¿En qué sentido?
Como Bobby Sands en Irlanda del Norte o De Juana Chaos en España. Un terrorista se pone en huelga de hambre para exigir impunidad. Y utiliza la paz como rehén: si yo muero, muere la paz.
Será una decisión suya.
Tras el acuerdo con las FARC han surgido muchos grupos criminales disidentes. El narcotráfico está en auge. ¿Le preocupa una recaída de Colombia en la inestabilidad?
Mientras aquí en Madrid sigan consumiendo coca tendremos un problema también en Colombia. Es un problema mundial. Hemos hecho y seguiremos haciendo todos los esfuerzos. Seguiremos luchando contra el narcotráfico porque para nosotros es un problema de seguridad nacional. Meter a los campesinos cocaleros en la cárcel no es una solución. Encarcelar a los consumidores españoles, tampoco. Hay que atacar los eslabones más importantes y lo estamos haciendo. Todos los objetivos de alto valor -los capos de las mafias del narcotráfico- han caído y seguirán cayendo.
‘Timochenko’ ha ascendido…
Usted quiere ver a ‘Timochenko’ como el capo de una mafia. Pero no lo es. Es el jefe de una guerrilla que se dedicó a financiarse con el narcotráfico. Son cosas distintas. Ahí usted y yo tenemos una diferencia de fondo: usted considera que todo lo que las FARC han hecho es consecuencia de que son una mafia de narcotraficantes. Y eso no es así.
En relación con su retirada de la política, citaba usted hace poco el caso clásico de Churchill: “Ganó la guerra y perdió las elecciones”. ¿Espera que el tiempo le traiga el reconocimiento que hoy los índices de valoración le niegan?
Yo no busco eso. Yo busco dejar un mejor país. Usted compara los indicadores sociales y económicos, las infraestructuras… Estamos dejando un país mucho mejor del que recibimos hace ocho años, en todos los sentidos. Un país sin FARC. Un país que ha avanzado muchísimo. Y yo espero que mi sucesor no caiga en el típico complejo adánico y siga construyendo sobre mi legado.
Según las encuestas, pasarían a la segunda vuelta el uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro. En ese caso, ¿a quién apoyaría?
Ah.
Hasta hace poco, su Gobierno mantenía una posición tibia frente al régimen de Maduro. ¿Influyó la relación de Venezuela y Cuba con las FARC y su apoyo al proceso de paz?
Nuestras relaciones con Venezuela fueron cordiales porque era un país vecino, porque era una democracia y porque nos ayudaba en el proceso de paz. Cuando la democracia venezolana comenzó a destruirse, a convertirse en una dictadura, fue cuando tomé la decisión de empezar a censurar lo que allí sucedía.
La democracia venezolana empezó a destruirse antes de que usted alzara la voz.
¿Cuándo?
Leopoldo López lleva cuatro años preso. ¿El silencio internacional no ha contribuido al drama?
No.
Su Gobierno extraditó a Venezuela al líder estudiantil Lorent Saleh, sometido desde entonces a terribles torturas. ¿Fue un error?
No sé si lo habrán sometido a torturas. Pero si Venezuela pidió su extradición formalmente… Mi Gobierno es el que más personas ha extraditado a Estados Unidos y a otros países.
No es lo mismo extraditar a una democracia que extraditar a una dictadura.
Pero es que hay leyes en Colombia. Si un país pide la extradición y hay un tratado de extradición, pues uno tiene que cumplir.
Usted ha dicho ahora que las elecciones convocadas por Maduro son un fraude. ¿Cómo se traduce esa denuncia en hechos?
¿No le parece suficientemente claro lo que he dicho a lo largo de los últimos tres meses? Fui el primero que dijo…
Sí, sí. Sólo pregunto: ¿a partir de ahora qué habría que hacer?
¿Qué más puedo decir, aparte de que esas elecciones no son legítimas y que no las reconocemos? Ya lo he dicho, no una, 100 veces. Pues lo diré 120.
Me refiero a los hechos. ¿Cómo puede la comunidad internacional hacer efectiva la deslegitimación de las elecciones?
Pues por ejemplo votando en la OEA. Pero si no hay votos suficientes, ¿qué hacemos?
Ha hablado usted de un cambio de régimen en Venezuela. ¿Cómo debería producirse?
Si usted cree que voy a decir que hay que intervenir Venezuela militarmente, se equivoca. No se lo voy a decir.
No creo nada. Le pregunto cómo puede caer el régimen.
Es un problema también de los propios venezolanos.
¿Qué les recomienda? ¿Que vuelvan a salir a la calle?
Yo no recomiendo nada. Digo que se mantenga la presión interna y externa para que un régimen que está haciendo aguas pueda cambiar. Ojalá pacíficamente.
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Mercedes Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación»
La juez asegura que la quitaron de en medio «porque lo que estábamos viendo era sumamente grave» y podía estar pasando en otras autonomías
Maria Jesus Pereira en ABC, 220518
Mercedes Alaya, la juez que «tirando del hilo» destapó numerosos casos de corrupción en España, rompe su silencio y concede a ABC su primera entrevista, que se desarrolló en el Cortijo Torre de la Reina (Guillena, Sevilla), donde durante más de dos horas expuso sus opiniones sobre la independencia del poder judicial, las macrocausas y la necesidad de reformar el Código Penal para casos de corrupción, entre otras cosas. La que fuera juez instructora de los casos ERE, Mercasevilla, cursos de formación, avales... asegura que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde -dice- habían encontrado hechos «sumamente graves».
En sus intervenciones públicas ha hecho bandera de la independencia del poder judicial. ¿Está amenazada esa independencia está en España?
De muerte no, pero sí de grave enfermedad. La independencia judicial es el baluarte y el principal pilar del Estado Social y democrático de Derecho, es la garantía de la libertad de los ciudadanos y de los derechos fundamentales. Nuestra joven democracia tiene un sistema judicial que resulta envidiable en principio para el resto de los países que nos rodean y me refiero a Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos…
En esos países, quien lleva la investigación judicial de los delitos es el fiscal, que depende directamente del poder ejecutivo, más concretamente del ministro de Justicia y a veces éste forma parte del poder judicial. Allí quien termina finalmente investigando es la Policía sin apenas control alguno y rige el principio de oportunidad, que es lo mismo que discrecionalidad, que se convierte lógicamente en arbitrariedad porque se persiguen los delitos según, cómo y quién.
En España, en cambio, rige el principio de legalidad, donde se persigue cualquier delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne. Por tanto, tenemos en España un sistema judicial que en teoría puede darle veinte mil vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica ese principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al Fiscal General del Estado.
En los primeros años de la democracia se acordó la elección de parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte del Congreso y el Senado. ¿De aquellos polvos vienen estos lodos?
Claro. La Constitución dice que el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, constituido para garantizar la independencia judicial, estaría constituido por un presidente y 20 vocales. Por la desconfianza inicial hacia los jueces y otros cuerpos, como la Policía o los militares, se estableció que 8 de los 20 vocales serían nombrados entre juristas de reconocido prestigio y el resto, entre jueces. Esto hoy no tendría ningún sentido porque los jueces somos juristas de reconocido prestigio y entre nosotros hay muchas figuras de relevancia.
Las Leyes Orgánicas del Poder Judicial establecieron con posterioridad cómo se elegían los otros 12 miembros del CGPJ. Cuando llegó el PSOE al Gobierno, con la Ley Orgánica 6/1985, y al grito del señor Guerra de «Montesquieu ha muerto», fusiló la independencia del poder judicial ya que esos 12 vocales judiciales del CGPJ también iban a ser elegidos por el Congreso y el Senado.
Eso no significaría nada si no fuera porque el CGPJ elige los principales órganos jurisdiccionales: el presidente del Tribunal Supremo y a su vez presidente del CGPJ, el vicepresidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala, a los magistrados del Tribunal Supremo y al director del gabinete técnico de dicho Alto Tribunal; al secretario y vicesecretario del CGPJ; a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas; al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de sala de dicho órgano, así como a presidentes de las Audiencias Provinciales…
Incluso, un tercio de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas son elegidos a través del CGPJ por los parlamentos autonómicos. ¿Qué han conseguido con eso? Introducir al poder político y a los partidos políticos dentro de los procedimientos judiciales porque esos altos órganos jurisdiccionales sí que intervienen en los procedimientos, creando cuanto menos una apariencia de falta de independencia judicial.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de corrupción acaban en esos altos tribunales, parece difícil que los partidos políticos vayan a renunciar a nombrar a parte de los vocales del CGPJ.
Efectivamente. Y encima nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia. Se aplica la ley a rajatabla en un delito ordinario, pero la situación no va a ser la misma en un delito de corrupción o en el que haya personajes que tengan cierta concentración de poder. Por ello soy una firme defensora de la acción popular, de que los ciudadanos puedan intervenir en esos procesos.
¿Qué opina de la reforma judicial que permitirá a los fiscales instruir las causas, en lugar de hacerlo un juez?
Con eso tendríamos la tormenta perfecta porque esa instrucción por parte de los fiscales se plantea sin que gocen de independencia, sino que seguirían dependiendo del Fiscal General del Estado y, por tanto, del Gobierno. Se plantea esa reforma de una manera muy grosera porque el fiscal irá instruyendo pero al órgano de enjuiciamiento no le llegará lo que ha instruido, es decir, el atestado, la declaraciones de los investigados y de los testigos… algo importantísimo para conocer el contenido de la investigación y hacer valer las contradicciones por las partes acusadoras.
Estamos volviendo al sistema de los gobiernos neoliberales de Alemania, Francia y Reino Unido, en los que impera el principio de oportunidad, no de legalidad. Vamos en dirección contraria a Italia, donde se encuentran algunos de los mejores procesalistas del Derecho Comparado, donde el Ministerio Fiscal dependía en un principio del Poder Ejecutivo, pero conscientes de que ello suponía una falta absoluta de independencia, establecieron que el fiscal, integrado en el Consejo General de la Magistratura, como el resto de los magistrados, realizara su función instructora con total independencia. Allí la diferencia es de mera denominación pues todos son magistrados, unos dedicados a la investigación y otros al enjuiciamiento.
Se queja de que la apartaran de las macrocausas, pero fue usted quien pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial.
Mi decisión de ascender a la Audiencia vino motivada porque tiene cuatro secciones penales y era muy difícil ascender salvo que se diera una circunstancia excepcional, como la que se dio entonces al crearse una quinta plaza de magistrado en cada sección. Con independencia de que esa oportunidad estaba ahí, yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se podía producir. Me dieron la conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza. Esas personas estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué pasos tenía que seguir.
El presidente de la Audiencia Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que yo acabara de instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados. Ese compromiso se me mantuvo en todo momento, incluso después de haber accedido a la Audiencia. De hecho, la sección séptima de la Audiencia Provincial, a la que yo me incorpore, estaba convencida de que mi estancia allí iba a durar días porque tendría la comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción 6. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos!
En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más. La causa real de la denegación de la comisión de servicios fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas.
¿Por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación?
Porque había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE.
Mi percepción personal, y la del equipo de investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave, como era que una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo.
Asimismo, durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige. Además estaba investigando el tema de la fundación Faffe, de la que podríamos hablar durante largo tiempo con hechos sorprendentes. Insisto en que a mi modo de ver no interesaba la investigación de los Cursos de Formación.
El caso de los avales concedidos por la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, era presuntamente como el de las ayudas sociolaborales pero con otro ropaje distinto, es decir, conceder avales sabiendo que no los iban a ejecutar a las mismas empresas que habían recibido ya ayudas sociolaborales o a otras diferentes. Estamos hablando de avales que no llegaron a intentar ejecutarse nunca. Cuando abandoné el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la instrucción de esta causa, con el conocimiento adquirido del tema de los ERE, la dejé expresamente ordenada, especificando todas las diligencias de investigación que debían practicarse.
Si hubiera sabido que no le iban a dar la comisión de servicios para acabar las macrocausas, ¿hubiera perdido la oportunidad de ascender a la Audiencia?
No me hubiera movido del juzgado porque tenía un compromiso personal con estas causas y con el equipo de investigación que había formado con la UCO, con los interventores del Estado, los inspectores de Hacienda, inspectores del Consorcio de Compensación de Seguros y los funcionarios de mi juzgado, en especial con Charo, funcionaria a la que la Guardia Civil impuso una medalla por el servicio prestado, que me acompañaron en estos avatares. Yo estaba disfrutando con lo que estaba haciendo, y creía que mi lugar era ese en aquel momento.
Se le ha criticado por querer acaparar toda la instrucción del caso de los ERE y no querer compartirla con otros jueces de refuerzo.
Desde 2011 a 2013 yo había llevado los tres casos de Mercasevilla, el Betis, los ERE, junto al resto de las causas ordinarias de mi juzgado y mis guardias. En 2013 me nombraron un juez sustituto, Iván Escalera, para la llevanza ordinaria de los asuntos, cosa que hizo maravillosamente a fin de que yo pudiera dedicarme a la investigación de aquellas causas complejas. Caí enferma y a la vuelta, el presidente del TSJA me planteó que quería reforzar mi juzgado con dos jueces más para la llevanza de los macroprocesos. Yo me incorporé todavía enferma, cuando todavía tomaba 17 pastillas, y no me podía permitir el lujo de dar clases particulares a jueces que no tenían ni idea de por dónde tenían que coger esos temas.
Estamos hablando de millones de folios. Me costaba más trabajo explicarles lo que había instruido, lo que tenían que hacer y luego coordinar todas las actuaciones, que hacerlo yo misma. Por eso no quise aceptar la ayuda de esos dos jueces. No quería aceptar además ninguna ayuda fuera del juez sustituto porque esa ayuda era a cambio de presiones internas del TSJA. Dicho y hecho.
Finalmente, no tuve más remedio que acceder porque se cesó al referido juez sustituto y se me impuso la ayuda de un magistrado titular de refuerzo para que llevara los asuntos ordinarios y además me obligaron a cederle las guardias. Cobrar o no cobrar esas guardias era lo de menos, pero me quitaba la posibilidad de que una vez a la semana tratara otros temas diferentes y estar en contacto con el personal de mi juzgado. Con ese magistrado titular de refuerzo fue cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado que nunca, lo contaban los funcionarios, y eso puede verse en las estadísticas.
Era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis niñas del colegio… Imagínese la cara que se me quedaba a mí porque todavía me quedaba una larguísima jornada por delante. Sé que hubo alguna llamada de atención y ese magistrado tuvo que ponerse las pilas. Yo tuve que pasar por todo esto, y por muchísimo más que no cuento, circunstancias que poca gente conoce.
Más de la entrevista:
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Notas.-
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