¿Nunca es tarde?

Noticias y análisis próximos o de especial interés

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• El Supremo baraja renunciar al recurso ante la UE y excluir la malversación de la amnistía

Teresa Gómez en The Objetive, 180524

Estudian descartar la cuestión prejudicial ante el TJUE al «no tener dudas» de que existió ánimo de lucro.

Giro importante en el Tribunal Supremo. Si hasta ahora se preveía que su estrategia para evitar la ley de amnistía pasaba por plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para que fuese este quien paralizase su aplicación, ahora empieza a abrirse paso otra opinión, según ha podido saber THE OBJECTIVE por fuentes judiciales: es mejor aplicar la ley, no cuestionar su inconstitucionalidad y, simplemente, no librar de castigo a los acusados por malversación, pues este delito la UE no permite amnistiarlo, y sobre todo porque existió ánimo de lucro y la ley de la amnistía excluye este supuesto.

La opción de acudir ante la UE empieza a perder peso porque los magistrados no tienen «dudas sobre la inaplicabilidad de esta ley en el delito de malversación», lo que convertiría en absurda una consulta prejudicial. De esta manera, según las mismas fuentes, si el tribunal no tiene dudas, no planteará una cuestión prejudicial y, por tanto, tampoco se levantará la orden de detención que pesa sobre los prófugos de la Justicia procesados por el procés.

Hay que recordar que tanto el tribunal sentenciador (formado por Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer) como el instructor Pablo Llarena ya se pronunciaron sobre si existió ánimo de lucro durante el proceso independentistas, tras la reforma del Código Penal por el que se derogó el delito de sedición y se modificó la malversación.

Existió ánimo de lucro

En enero del pasado año, el Supremo revisó la sentencia dictada en la causa del 1-O para determinar si la pena de inhabilitación impuesta a los condenados —no extinguida, puesto que el indulto parcial solo afectaba a las penas de prisión— debía ser sustituida por otras, asociadas a los nuevos tipos delictivos. La Sala Segunda mantuvo la pena de inhabilitación absoluta para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y la exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, hasta 2031; y para los exconsejeros Jordi Turull y Raül Romeva hasta el 2030.

brayaron que «nunca podrá entenderse que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro» y, por ello, concluyeron que «los hechos declarados probados en nuestra sentencia nunca podrán recibir el tratamiento privilegiado que representa la aplicación del artículo 433 del renovado Código Penal». Este es el tipo delictivo introducido en la legislación por el Gobierno de Pedro Sánchez para favorecer a los líderes del 1-O.

«Aplicar los fondos públicos de la Generalitat para la financiación de una consulta popular que desbordaba el marco competencial de quienes la promovían, desarrollada después de reiterados requerimientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia para evitarla y, en fin, orientada a un proceso secesionista que no llegó a tener virtualidad, nunca podrá considerarse «… una aplicación pública diferente» de aquella a que estaban presupuestariamente adscritos esos fondos.

Y, lo que es más evidente, nunca podrá entenderse que se trató de una actuación ausente de ánimo de lucro», recogía el auto.

Del mismo modo, el magistrado Pablo Llarena dictó otro auto, tras la reforma del Código Penal, para los procesados en la causa declarados en rebeldía: Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat catalana; los exconsejeros Antonio Comín, Lluis Puig y Clara Ponsatí; y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira. El juez mantuvo el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig por un delito de malversación de caudales públicos, al considerar que la reforma de dicho delito no afectaba a los hechos investigados en el sentido de eliminar o minorar la pena prevista.

El instructor sostuvo: «Si el dinero es un instrumento de cambio que permite concretar el contenido de la obligación recíproca de pago en algunas obligaciones onerosas, el ánimo de lucro resulta igualmente apreciable cuando se despoja a la administración de unos fondos públicos para atender obligaciones de pago que corresponden al sujeto activo del delito y que están plenamente desvinculadas del funcionamiento legítimo de la administración, como cuando se atribuye a la administración una obligación de naturaleza particular y totalmente ajena a los intereses públicos que se gestionan. En ambos supuestos, se dispone de los bienes públicos como propios y se apartan de su destino para la obtención de un beneficio particular».

La malversación no es amnistiable

En este sentido, según aseguran fuentes judiciales a este periódico, tanto el tribunal sentenciador del 1-O como el instructor barajan no aplicar la Ley de la Amnistía en el delito de malversación, ya que, entienden, existió ánimo de lucro. En línea con los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, que han trasladado en su informe que solo cabe amnistiar la desobediencia y los desórdenes públicos, pero no la malversación.

Los fiscales señalan que la Ley de Amnistía excluye de su aplicación aquellos delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea, citando la directiva 2017/1271 del 5 de julio de 2017. Esta directiva establece que no se pueden amnistiar delitos como la malversación, el blanqueo de capitales y el cohecho, tanto activo como pasivo, cuando afectan a los intereses de la UE. La directiva, según los fiscales, define la malversación como la apropiación de fondos públicos, su compromiso o desembolso, y su uso contrario a los fines previstos, perjudicando los intereses financieros de la UE.

Los cuatro fiscales de la causa del procés en el Supremo ya han transmitido este criterio a su superior, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este les ha ordenado que amnistíen la malversación. Un extremo que se debatirá hoy martes en la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano consultivo del tribunal. Fuentes judiciales consultadas explican que la Junta estará «dividida» y, como esta decisión no es vinculante, el fiscal general encargará, previsiblemente, a uno de sus fiscales de confianza que informe a favor de aplicar la amnistía.

Fuentes judiciales aseguran que, aunque se presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Garantías y el Tribunal Constitucional resolviera que la Ley de Amnistía es legal, esto no afectará la resolución del Supremo. Según estas fuentes, «el Alto Tribunal habría aplicado la ley sin cuestionar su constitucionalidad».

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• El Constitucional permite que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres

El Pleno de la Corte de Garantías ha dado luz verde a la modificación incorporada por el Ministerio de Igualdad, de Irene Montero, durante la pasada legislatura

María Jamardo en el Debate, 180424

or siete votos contra cuatro. El Tribunal Constitucional ha blindado la ‘Ley Montero’ del aborto, tras avalar la modificación con la que se incluyó la posibilidad de que las menores de edad, de 16 y 17 años puedan interrumpir un embarazo sin necesidad de contar con la autorización de sus padres. Un «exceso» que ya fue denunciado, en su momento, por los cuatro magistrados que en la anterior ocasión en la que el cónclave se asomó a analizar esta materia, suscribieron un durísimo voto particular contrario al resultado mayoritario. No en vano, César Tolosa, Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez han vuelto a desmarcarse y anuncian un nuevo pronunciamiento discrepante.

De hecho, y según ha podido adelantar este diario, la ponente del fallo, la magistrada Laura Borrás, ha justificado con argumentos ya empleados en la sentencia que dio luz verde al aborto de acuerdo con el sistema de plazos –contenido en la denominada ‘ley Aído’–, trece años después de su entrada en vigor, haciendo referencias literales a párrafos contenidos en dicha resolución. Un pronunciamiento en el que se hacía referencia a estas cuestiones con la intención de sentar un precedente doctrinal que ha quedado reforzado este mismo martes.

La mayoría izquierdista del tribunal se ha impuesto de nuevo para rechazar, así, el recurso que presentaron más de 50 diputados de Vox contra la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en sede parlamentaria en febrero de ese mismo año, y que modificaba la aprobada en 2010.

La norma recurrida incorporaba dos importantes novedades que han quedado salvadas por el TC: la primera, que las menores de edad, mayores de 16 años, pudiesen acudir para poner fin a un embarazo sin cumplir con un requisito previo de informar a sus padres o tutores, como se exigía desde 2015 por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy; la segunda, suprimir el paso previo a la práctica de cualquier aborto que pasaba por informar médicamente a la mujer sobre las consecuencias físicas y psicológicas de someterse a una intervención de este tipo y darle tres días de reflexión antes de elegir la opción definitiva.

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Revista de de opinión en prensa

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Lo primero es no mentir: por la jura hipocrática de los políticos

Arcadi Espada en El Mundo, 180624

La verdad no se defiende sola, porque el pueblo adora las mentiras —comprensiblemente: son mucho más excitantes— y esa es la razón principal de que tantas veces la chusma obtenga buenos resultados electorales.

Orientando siempre los principales debates de nuestro tiempo, y llamando constantemente la atención emuladora de todas las formas del mainstream, sostuve hace una década que el derecho a la verdad debe estar entre los derechos fundamentales, subrayé en consecuencia que la obligación de los poderes públicos era protegerla y propuse en metáfora, pero no mucho, la creación de un Ministerio de la Verdad, a fin de que la distopía orwelliana no avanzara.

Pero no espero nada relevante del proyecto del Gobierno sobre este asunto como no cabe esperarlo de cualquier trasposición estatal del reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación. Agua de borrajas burocráticas.

La política contemporánea debe tomar tres medidas de protección de la verdad pública y contra la desinformación. Primero, el establecimiento de una modalidad del juramento hipocrático por el que los políticos se comprometan: «Lo primero es no mentir».

La política democrática debe generar ese código y la Unión Europea promulgarlo. En segundo lugar, la política debe promover una pedagogía de la verdad que forme parte, concreta y destacada, de los programas educativos. La verdad es ardua, lo ha sido siempre; pero nunca como ahora habían proliferado tantas formas alternativas de mentira. A

ntes que la inútil y paternalista protección de los menores y la proclamación del apocalipsis según San Jonathan Haidt, la escuela debe dar instrumentos eficaces y sofisticados para reconocer las ficciones, tanto si se trata de la pornografía como del diario El País.

Por último, es discutible la existencia de medios de comunicación de titularidad pública, y aún más discutible que pueda haber televisiones y agencias de noticias públicas y no periódicos públicos. Pero los parlamentos deben incluir en sus estructuras oficinas de verificación de las informaciones que practiquen el rastreo sistemático de medios y redes y pongan en evidencia las falsedades, empezando por las gubernamentales.

El fact-checking debe convertirse en una de las principales políticas públicas y el defensor del (e)lector en un respetado protagonista de las instituciones.

Este programa de largo aliento, concebido como estrategia realmente eficaz y no meramente declamatoria para la protección del derecho de los ciudadanos a la verdad, no excluye la adopción de medidas urgentes cuando las circunstancias locales lo requieran. En España, por ejemplo, la inmediata dimisión del presidente Pedro Sánchez.

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Bruselas contra los gigantes tecnológicos de EE.UU. y China

Javier Borràs Arumí  en CIDOB, 180624

La Unión Europea ha sido calificada repetidamente de «enano político». En el plano tecnológico, la Unión tampoco goza de mucha más estatura, especialmente si la comparamos con los ecosistemas de Estados Unidos y China. De las veinticinco empresas tecnológicas con más valor del mundo, sólo dos son europeas, destacando la neerlandesa fabricante de semiconductores ASML (puesto doce).

En el campo de las plataformas digitales, sólo hay una empresa europea (la sueca Spotify, con la posición diecisiete) entre las cuarenta de mayor capitalización de mercado a nivel global. En términos comparativos, las siete empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos son veinte veces más grandes que sus contrapartes de la UE.

Sin embargo, hay un ámbito del ecosistema tecnológico en el que la Unión Europea ha sido una clara pionera a nivel mundial: la regulación. Si hasta hace unos años Bruselas era acusada de «sobrerregular» y se llevaba fuertes críticas tanto de empresarios y políticos de Estados Unidos como también de China, ahora parece que las tornas han cambiado.

Beijing, que antes dejaba una fuerte manga ancha a su sector tecnológico, ha impuesto en los últimos años fuertes regulaciones y restricciones, en especial en el ámbito de las plataformas digitales.

Por su parte, en Estados Unidos ya no es tabú hablar de regular a las grandes corporaciones tecnológicas e incluso la administración Biden nombró a la académica Lina Khan, famosa por un artículo sobre las posibles prácticas monopolísticas de Amazon, como presidenta de la Comisión Federal de Comercio. El tecnoescepticismo ya no es sólo cosa de Europa.

En el caso de las plataformas digitales, sin embargo, algunas de las regulaciones y restricciones impuestas por gobiernos como los de China, Estados Unidos o India han sido percibidas como herramientas camufladas de proteccionismo para favorecer a los gigantes tecnológicos domésticos.

Hace más de diez años, el gobierno chino bloqueó el uso de Google, Facebook o Twitter, un movimiento que se interpretó desde la óptica de la censura de contenidos, pero que albergaba en buena parte de sus motivaciones el objetivo de proteger a las nacientes empresas tecnológicas chinas y ofrecerles un mercado interno sin fuertes competidores internacionales.

Aplicaciones líderes en China como WeChat, Douyin (versión china de TikTok) o Baidu florecieron en ese contexto.

Este proteccionismo, que hace unos años parecía un excepcionalismo chino, se ha vuelto muy habitual en un momento de potenciación de la política industrial y de las restricciones basadas en argumentos de seguridad nacional. Aunque la frontera entre lo que es proteccionismo económico y preocupaciones de seguridad legítimas es borrosa.

Los ejemplos abundan, con casos como la reciente escalada hacia una prohibición de la popular aplicación china TikTok en Estados Unidos, o la expulsión definitiva de la propia TikTok y de WeChat (la plataforma más usada de China) decretada en India hace pocos años.

Estos movimientos, obviamente, no solo han afectado al ámbito de las grandes plataformas digitales, sino también a otros sectores tecnológicos claves como los vehículos eléctricos, los semiconductores o la infraestructura 5G.

La Unión Europea, en este sentido, representa un caso especial. Por un lado, tiene el suficiente mercado interno y poder regulatorio para poder incidir en el contenido y estructura de las grandes plataformas digitales, mediante legislación como la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) o la Ley de Mercados Digital (en inglés, DMA).

Por otro lado, al no existir gigantes tecnológicos europeos, esta dureza regulatoria de la UE no puede ser criticada como una coartada proteccionista, ya que no hay grandes actores domésticos a los que beneficiar. Tampoco se la puede acusar de parcialidad geopolítica: en los últimos meses, la UE ha abierto procedimientos tanto contra grandes tecnológicas estadounidenses como Meta (Facebook e Instagram) y X (antes Twitter) como contra gigantes chinos como TikTok o Aliexpress.

Paradójicamente, el fracaso en la creación de grandes tecnológicas europeas también ha permitido que, de alguna manera, la Unión Europea haya podido ser más ambiciosa en la regulación de este sector. Al contrario que en otros ámbitos, ningún Estado miembro tiene intereses económicos con alto impacto electoral en este campo.

La firmeza regulatoria ante externalidades como la desinformación o las prácticas monopolísticas ha sido apoyada por una amplia gama del espectro político europeo, con incluso conservadores o liberales -que podrían tener instintos más pro-mercado- tomando las riendas de estas iniciativas.

La Unión Europea, por tanto, puede ejercer de actor «neutral» y con intenciones legítimas en su presión para aumentar los estándares, derechos digitales y la protección de los ciudadanos ante el poder de las grandes empresas tecnológicas globales.

Utilizando la terminología de Anu Bradford, la UE puede usar su poder como «superpotencia regulatoria» para empujar hacia un modelo digital más basado en los derechos ciudadanos y no tanto en el libre mercado (modelo EE. UU.) o el poder del Estado (modelo China).

De alguna manera, las nuevas regulaciones digitales como la DSA o la nueva Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) buscarían repetir el llamado «efecto Bruselas» que se ha conseguido en parte con leyes europeas protectoras de la privacidad como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés).

Un interrogante legítimo, sin embargo, es si esta ambición europea hará que el mundo digital global se adapte más al modelo de la Unión, o simplemente acabe más fragmentado.

El contexto geopolítico mundial, donde la competición tecnológica sino-americana cada vez es más cruda, también ofrece dudas de si, en un momento de acentuación del poder duro, ser solo una «superpotencia regulatoria» es suficiente. También, de si la creación de un mercado tecnológico robusto a nivel europeo es compatible con el celo regulador comunitario.

La evidencia de que más regulación es equivalente a menos innovación es mixta: otros factores como la fragmentación del mercado digital europeo (sin una escala comparable al estadounidense o el chino), la ausencia relativa de fondos de capital riesgo, y la falta de atracción o retención de talento tecnológico, pueden ser más determinantes.

Finalmente, si observamos el mundo digital a nivel global, la tendencia presente de creación de esferas tecnológicas cada vez más autónomas y cerradas puede poner contra las cuerdas a la Unión Europea y sus opciones de neutralidad estratégica.

Especialmente, en un contexto donde Washington ejerce una mayor presión en sus aliados para que contribuyan a su embate tecnológico contra China.

Javier Borràs Arumí, investigador, CIDOB

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Así funciona la máquina del fango de Pedro Sánchez

Sánchez niega, luego admite y justifica, deja que nos cansemos y, finalmente, en el agotamiento, mientras las personas más lúcidas se arrastran sin fuerzas, entonces pasa a los hechos consumados y da por concluido el debate

Juan Soto Ivars en El Confidencial, 180624

Pedro Sánchez habla sin parar de la máquina del fango. Hay pocas metáforas que describan tan bien el sanchismo, que no es la presidencia de Sánchez sin más, sino una época española con sus propias reglas e idiosincrasia. No hubiéramos llegado al fango sin Sánchez, pero tampoco sin el relativismo posmoderno y la posverdad, que no es una mentira a secas, ni propaganda clásica, sino la típica indolencia por los hechos que caracteriza a los votantes de Donald Trump.

Cuando el americano dijo que él podía ponerse a pegar tiros a la gente en la Quinta Avenida con una pistola y le seguirían votando, se refería exactamente a esto. Hay un tipo de votante en las democracias occidentales del siglo XXI al que los hechos no le importan lo más mínimo. Las evidencias de corrupción, de mentira o manipulación del líder son consideradas rasgos de carisma, de osadía. Cuando Trump hablaba, Pedro Sánchez tomaba apuntes al fondo de la clase.

En medio del fango no es que no se pueda decir la verdad: es que cansa explicarla, como cansa caminar por el légamo, con el barro hasta las ingles. Pongamos por ejemplo cualquiera de las construcciones de lodo sanchista, por ejemplo los indultos: fueron negados, se prometió que eran imposibles y luego se plantearon como posibilidad. La gente discutía, se agotaba.

Lo que intelectualmente parecía inconcebible, en el fango iba tomando cuerpo y relevancia. Se dieron finalmente y se nos explicó que el motivo era la pacificación y no la aprobación de unos presupuestos. Y en las elecciones generales del verano, esto sencillamente no contó.

Pasó igual con la ley de amnistía: lo inconcebible se vuelve posible, se discute hasta la extenuación, y cuando todos los argumentos se han repetido y todas las falsedades están sobre la mesa, la amnistía se hace real. Se nos dice entonces que hay que esperar a conocer el contenido, se guarda en secreto la ley mientras los expertos pierden su energía en una discusión sin sentido. Y finalmente, cuando se aprueba, nada de lo que se haya argumentado pesa, sencillamente está ahí.

La misma táctica de enfangar, de cansar, de desgastar los cerebros y las palabras la aplicará Pedro Sánchez con una mordaza para los periodistas críticos y una correa para los jueces. El presidente es conocido por su abuso del factor sorpresa, por las decisiones inesperadas, súbitas, pero se maneja mejor es en el largo aliento sin que nos demos cuenta.

Sánchez niega, luego admite y justifica, con desparpajo total. Entonces deja que discutamos, que lo pongamos verde, que nos cansemos y finalmente, en el agotamiento, mientras las personas más lúcidas se arrastran ya sin fuerzas, pasa a los hechos consumados y da por concluido el debate.

Todo esto no sería posible sin un coro mediático en el que, unos por seguidismo y otros por repudio, participamos todos. Sánchez lanza sus bolas de barro y a manguerazos terminamos cubriendo de fango la ciudad. En la estéril discusión, unos presentan argumentos, tiran de hemeroteca, se toman muy en serio los hechos, mientras la otra parte repite argumentarios masticados por la Moncloa con total cinismo.

Así se cansan los lúcidos contra el sparring de los propagandistas. Así pasa una vez y otra. Así funciona el sanchismo: primero enfanga la discusión pública y luego, poco a poco, hecho a hecho, erosiona las instituciones.

No me cabe duda de que esa ley de medios que en verano nos pintarán como un paquete democratizador recibirá las críticas más virulentas, provocará las discusiones más polarizadas, fracturará colegios de periodistas; no me cabe duda de que las protestas serán demoledoras y la defensa de la ley adocenada y poco convincente.

Pero nada de lo que la razón oponga al fango quedará en pie al final de la riada, cuando las pasiones se hayan desinflamado por abotargamiento y no haya otra cosa que la voluntad tenaz de Pedro Sánchez por perpetuarse en el poder.

Es innegable que Sánchez ha descubierto cómo funciona la España de hoy: una España en la que la ideología barata está por encima de cualquier otra consideración. En medio de este fango, todo lo inconcebible, antidemocrático o inconstitucional termina realizándose de forma machacona y cansina.

Este gobernante sabe encender una virulencia de apariencia inquebrantable que se agota pasadas las semanas y termina devorada por la actualidad política que vomita sin descanso la Moncloa. Uno puede coleccionar monólogos de Alsina, artículos de Zarzalejos, apariciones de Vallés cargadas de juicio y verdad. Nada de esto tiene el más mínimo efecto sobre el porvenir.

Cuando Sánchez nota que el debate ha calentado suficiente, cuando la gente está ronca, entonces la máquina del fango toma un desvío y despista con asuntos secundarios, se pelea con Milei, habla de genocidio en Gaza, se hace una foto con líderes europeos o pone a Óscar Puente (en inglés Puenting) a soltar barbaridades en Twitter.

Se habla de otra cosa, se infla una polémica cultural al azar y una vez que el cerebro ha ido de un lado para otro y atravesado pantanos enteros tras su batuta invisible, él recupera su objeto principal y una ley queda aprobada.

Sánchez ha descubierto cómo funciona la España de hoy: una España en la que la ideología barata está por encima de cualquier otra consideración

Fue así con los indultos, con la amnistía, y será así con esta soga que prepara para unos medios y unos jueces a los que acusa de fabricar esa materia pastosa de la que él está hecho; ese fango agotador en el que ha sumergido cualquier posibilidad de la razón para imponerse sobre el poder. Este es su truco, así funciona. Seamos conscientes, dejémoslo escrito, para cuando las explicaciones vuelvan a ser requeridas.

Pedro Sánchez habla sin parar de la máquina del fango. Hay pocas metáforas que describan tan bien el sanchismo, que no es la presidencia de Sánchez sin más, sino una época española con sus propias reglas e idiosincrasia.

No hubiéramos llegado al fango sin Sánchez, pero tampoco sin el relativismo posmoderno y la posverdad, que no es una mentira a secas, ni propaganda clásica, sino la típica indolencia por los hechos que caracteriza a los votantes de Donald Trump.

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La ultraderecha es el fracaso de Sánchez

El muro que anunció para contenerla se ha demostrado el mayor estímulo del radicalismo y de la división de la sociedad, aunque la estrategia ya no convence a sus votantes y abre expectativas al PP de Feijóo

Rubén Amón en El Confidencial, 180624

La promesa de levantar un muro para frenar el auge de la ultraderecha puede considerarse entre los mayores fracasos de la precaria legislatura sanchista. De hecho, la naturalidad con la que el presidente del Gobierno considera a Feijóo, Abascal y Alvise tres expresiones del mismo fenómeno político implica aceptar que la hidra de las ultraderechas congrega el 48,4% del espectro electoral, tomando como referencia el registro de las europeas.

Debería preocuparle a Sánchez el resultado de su estrategia defensiva y el grado de aversión que engendra el sanchismo, pero el cinismo que identifica la naturaleza del presidente le permite vanagloriarse de la pujanza de los fenómenos extremistas. Ya se ha ocupado de colocar a Alvise en el centro del debate. Y de instrumentalizarlo para alertar del peligro que supone cualquier alternativa política que no provenga del Gobierno socialista.

El muro defensivo se resquebraja porque Sánchez se ha convertido en el gran agente polarizador de la política y de la sociedad. La aberración de la amnistía y la sumisión a los acreedores soberanistas han precipitado un antagonismo en las urnas que estimula la reanimación de Vox y que predispone la irrupción de Alvise en cabeza (sin cabeza) del antisistema.

El líder de SALF (Se acabó la fiesta) representa en sí mismo un caso de matonismo, extorsión, populismo cutre y hedor arribista, pero también concentra —800.000 votos— la indignación contra la Moncloa y describe el radicalismo de la opinión pública en tiempos justicieros de Pedro Sánchez. Prevalece de nuevo su interés particular sobre la conveniencia de la nación. El folclore de Vox y la parodia ultra de Alvise beneficia el discurso del ogro ultraderechista, aunque sea Pedro Sánchez quien mejor alimenta a la bestia y quien más ha trabajado en la división sistemática de los compatriotas.

Es absurdo colocar a Feijóo al nivel de Alvise y Abascal, pero el patrón monclovense necesita estimular la dimensión terrorífica de la oposición

De acuerdo con el criterio del líder socialista, la ultraderecha identifica a la mitad de la población. Resulta absurdo colocar a Feijóo en el mismo juego de matrioshkas de Alvise y Abascal, pero el patrón monclovense necesita estimular la dimensión terrorífica de la oposición. Más grande y feroz es el dragón, más se postula él mismo como epígono de San Jorge.

El problema del ardid se localiza en la escasa credibilidad del héroe y en todas las grietas de su planteamiento castigador. De tanto fijarse en la ultraderecha, el presidente del Gobierno parece haber subestimado el fenómeno evolutivo de los votantes del PP. No ya porque Núñez Feijóo ha congregado a los huérfanos de Ciudadanos, sino porque se ha revelado una fuga de simpatizantes socialdemócratas partidarios de votar excepcionalmente a los populares.

Los de Sumar viajan al PSOE, los centristas apuntan al PP, los peperos hastiados regresan a Vox y los hooligans se encomiendan a Alvise

Las elecciones europeas han roto el tabú. Y definen un viraje hacia el «conservadurismo» que se define en todo el espectro político. Los militantes de Sumar viajan al PSOE, los centristas apuntan al PP, los peperos más hastiados regresan a Vox y los hooligans del antisistema reniegan de Abascal para encomendarse al delirio de Alvise.

Podría objetarse que las elecciones europeas no pueden interpretarse en clave doméstica… si no fuera por la dimensión nacional de la campaña y porque Sánchez y Feijóo convinieron resolverlas en un duelo.

El presidente del Gobierno se niega a aceptar el resultado. Y encuentra en el fantasma excéntrico de Alvise la prueba que mejor justifica la importancia y la urgencia del muro. Habrá que reprocharle a Sánchez haberlo levantado no para frenar la ultraderecha, sino para estimularla y para socavar la conveniencia de la sociedad. Sánchez es el presidente de algunos españoles, pero, sobre todo, gobierna para sí mismo.

La promesa de levantar un muro para frenar el auge de la ultraderecha puede considerarse entre los mayores fracasos de la precaria legislatura sanchista. De hecho, la naturalidad con la que el presidente del Gobierno considera a Feijóo, Abascal y Alvise tres expresiones del mismo fenómeno político implica aceptar que la hidra de las ultraderechas congrega el 48,4% del espectro electoral, tomando como referencia el registro de las europeas.

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Paso fronterizo italo-esloveno de Plešivo-Plessiva. Foto: Gugganij / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Esta vez la inmigración no es la (principal) causa del auge de la derecha europea

José Pablo Martínez en Real Instituto Elcano, 070624

Según se acerca la celebración de las elecciones europeas, los sondeos apuntan cada vez con mayor insistencia hacia un considerable ascenso tanto de los partidos adscritos a los Conservadores y Reformistas como de los agrupados en Identidad y Democracia (o lo que es lo mismo, los dos grupos más a la derecha del espectro político comunitario), dando continuidad a una tendencia paulatina pero ininterrumpida iniciada hace décadas.

No obstante, en esta ocasión la variación en la correlación de fuerzas podría llegar al punto de que, por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, no fuera descartable una alternativa de tintes euroescépticos a la “Gran Coalición” de populares, socialistas y liberales sobre la que tradicionalmente se han sustentado los acuerdos en Bruselas.

Y aunque el relato predominante señala al rechazo a la inmigración como el principal motivo de este auge, algunos apuntes sobre la reciente evolución de la opinión pública europea arrojan bastantes dudas acerca de su influencia en este último ciclo electoral.

La grave crisis migratoria acaecida a mediados de la pasada década, que provocó en 2015 la llegada de más de un millón de inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo a territorio comunitario, se tradujo en que ese mismo año más de la mitad de los europeos considerara esta cuestión como uno de los dos principales asuntos a los que se enfrentaba la Unión Europea (UE), muy por encima del terrorismo y la situación económica.

De hecho, todavía hoy el 71% de los europeos se consideran en mayor o menor medida insatisfechos con la gestión de dicha crisis, no resultando sorprendente que dicha insatisfacción se dispare por encima del 80% en aquellos países que la experimentaron de manera dramática en primera línea como Chipre, Malta y Grecia.

Sin embargo, una vez pasado lo peor de la crisis, el porcentaje de europeos que seguía mencionando la inmigración como uno de los principales problemas a nivel comunitario fue cayendo lentamente, dando paso a partir de 2020 a otras preocupaciones más acuciantes como la salud pública, la inflación y la invasión rusa de Ucrania.

Asimismo, focalizando el análisis en los últimos cinco años se confirma la idea de que el rechazo al fenómeno migratorio apenas ha experimentado cambios en este periodo. En esta línea, la percepción negativa de los inmigrantes extracomunitarios permanece alta pero inmóvil, con menos gente en desacuerdo con que contribuyen positivamente a su país.

Y si bien el rechazo a un sistema común europeo de asilo (recientemente acordado tras años de negociaciones) refleja un ligero crecimiento, tal circunstancia no impide una mayor predisposición a que los respectivos países ayuden a los refugiados.

En este contexto de contención de la preocupación por el fenómeno migratorio se enmarcaría el hecho de que, mientras en 2019 los europeos abogaban por que esta cuestión fuera el tercer tema de debate en la campaña de las elecciones europeas, sólo por detrás de la economía y el desempleo juvenil, en 2024 la relevancia de la inmigración y asilo ha caído a la séptima posición, claramente por detrás de asuntos como la pobreza, la salud pública y la defensa. De tal manera que, mientras hace cinco años era la temática prioritaria en Italia, República Checa, Hungría y Malta, en la actualidad sólo sigue siéndolo en la pequeña isla mediterránea, a la que se le ha unido Chipre.

Un último dato que apuntalaría la hipótesis de una menor relevancia de la política migratoria en el auge de estos grupos parlamentarios es que, mientras tres de los países que más eurodiputados aportarían a este crecimiento serían los Países Bajos, Portugal y España, en los que no se aprecia un avance significativo del rechazo a la inmigración y éste se mantiene por debajo (o muy por debajo como en el caso de nuestro país) de la media comunitaria; en otros países mucho más reacios como República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Estonia y Letonia no conseguirían arañar ningún escaño adicional.

De hecho, ni siquiera la derecha alternativa húngara, de las más reticentes a la entrada de inmigrantes y actualmente no inscrita en ningún grupo parlamentario, vería aumentada su representación.

Así pues, a la espera de conocer los resultados electorales el próximo 9 de junio, el actual clima de opinión de los europeos invita a pensar que si bien el rechazo a la inmigración ha sido históricamente uno de los principales sustratos (si no el principal) del creciente apoyo a estas opciones políticas, en el previsible avance de estos últimos cinco años es probable que tengan más peso otras posturas.

Ya sea la oposición a las regulaciones comunitarias en materia agraria o medioambiental, enmarcadas en un resquemor creciente del mundo rural hacia las ciudades, que se visualizó con crudeza en el bloqueo por parte de centenares de tractores del barrio europeo de Bruselas el pasado mes de febrero; la percepción de una mayor desigualdad postpandémica, en la que la brecha digital sigue penalizando a los trabajadores manuales; o el rechazo a la respuesta comunitaria a los conflictos en Ucrania y Gaza (en un sentido u otro, pues la visión de Rusia e Israel por parte de estos partidos es heterogénea).

O quizás, puede que simplemente se acaben imponiendo las coyunturas políticas nacionales, en las que últimamente el clima de guerra cultural parece impregnarlo todo.

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Últimas noticias de la patocracia española

La supervivencia política del sanchismo exige la propagación de la esquizofrenia: la insania general como premisa de poder

Jorge Bustos en El Mundo, 180624

L MURO que ha levantado Pedro no es una estructura física sino psíquica, y no divide a los españoles entre progresistas y reaccionarios sino que separa la ficción propagandística de la cruda realidad. A medio camino entre la democracia y la dictadura se alza la patocracia, que requiere la normalización de la enfer-medad social a imagen de la enfermedad moral del presidente.

Una personalidad como la de Pedro no puede presidir mucho tiempo una nación cognitivamente sana, que reconozca la soberanía de los he-chos y la vigencia del principio de no contradicción, que conserve instituciones vigorosas y neutrales, que se informe a través de medios apegados a su función de contrapoder. Por eso la supervivencia política del sanchismo exige la propagación de la esquizofrenia: la insania general es la premisa de su poder.

Pedro predica una polarización asimétrica donde los insultos parten únicamente de la oposición; la realidad es que Óscar Puente vierte «sacos de mierda» con el aval fachosférico de la retórica oficial. Pedro presume de concordia en Cataluña; la realidad es que el separatismo reedita la desobediencia y se dispone al reagrupamiento mientras acapara nuevos privilegios legislativos, judiciales y económicos.

Pedro afirma que la economía va como un cohete; la realidad es que la inflación no afloja, la vivienda se dispara, el empleo creado es precario, la presión fiscal asfixia a las clases medias y Eurostat nos señala por primera vez como el país con mayor riesgo de pobreza de la zona euro.

Pedro se presenta como asediado retén de la socialdemocracia europea; los resultados electorales certifican una escora radical que ha vaciado de contenido (y de votos) a los socios ubicados a la izquierda del PSOE. Pedro justificó la moción de censura por su voluntad de regeneración democrática; la realidad es que su mujer y su hermano están investigados por corrupción, y su fiscal general está a punto de imputación seguido del secretario de organización que lo aupó a La Moncloa.

Pedro quiere librar una cruzada contra la desinformación; la realidad es que solo Trump rivaliza con él en bulimia (difusión incontrolada de bulos). Pedro se proyecta como líder de talla mundial; la realidad es que se ha quedado solo en la instrumentalización política del conflicto palestino y que no tiene reparos en escalar duraderos conflictos diplomáticos en pos de réditos domésticos cortoplacistas.

Pedro, en suma, es un autócrata que pugna por sacudirse el corsé democrático que impone la pertenencia a la Unión.

La cordura en España ya es un acto revolucionario.

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Sean Mackaoui [Suiza, 1969]

 

La primera década de un Rey «constitucional»

La ejemplaridad personal de Felipe VI ha reforzado la legitimidad de ejercicio de nuestra Monarquía parlamentaria, cuyo mantenimiento es clave para la democracia, la concordia y la unidad de la nación

Manuel Aragón en El Mundo, 180624

MAÑANA se cumplen los diez primeros años del reinado de D. Felipe VI, que accedió al trono el 19 de junio de 2014 ante las Cortes Generales. Con aquel ese acto de sucesión en la Corona se pretendió remontar la crisis que nuestra Monarquía parlamentaria había sufrido en los años anteriores como consecuencia de determinados problemas personales de D. Juan Carlos I.

La abdicación fue, pues, un remedio que funcionó con regularidad y efectos muy positivos, como después se examinará.

Aunque aquella abdicación puso de manifiesto que nuestra Monarquía parlamentaria tenía resortes constitucionales suficientes para resolver de manera normal los problemas de ejemplaridad que pudieran derivarse de la conducta privada del Monarca, el cambio producido en la Jefatura del Estado no debiera ser entendido, injustamente, como una descalificación plena de las funciones institucionales que el Rey anterior había desempeñado.

Es cierto, y está generalmente aceptado, que en los 39 años anteriores tanto la Monarquía como su titular, D. Juan Carlos I, contribuyeron decisivamente a la instauración de la democracia y al surgimiento de la Constitución, a su defensa cuando esta se vio en peligro, al desarrollo político, social y económico que España experimentó e incluso a la revalorización de la imagen internacional de nuestro país.

Dicho esto, también es claro que el nuevo Rey pretendió, desde su acceso al trono, revitalizar a nuestra Monarquía no sólo de manera personal, sino también institucional.

En su discurso ante las Cortes pronunciado aquel 19 de junio de 2014 ya adelantó que la suya sería una «Monarquía renovada para un tiempo nuevo», consciente de que resultaban necesarias determinadas reformas para dotarla de las pautas generales internas que caracterizan el «buen gobierno» de cualquier institución: como son, respecto de la Monarquía, la ejemplaridad personal y familiar, la transparencia de sus actividades y el control de la gestión económica y financiera que a la Casa Real se encomienda.

Pero aquel discurso fue algo más que la manifestación de esa promesa, puesto que en él se contuvo una auténtica lección de lo que significa ser el Rey en una Monarquía parlamentaria, que, en palabras de D. Felipe VI en ese solemne acto, consiste en atenerse a las funciones que la Constitución le encomienda, ser, como afirmó entonces, un «Rey constitucional», que por la Constitución reina y, cumpliendo y guardando la Constitución, se mantiene.

La Corona, dijo, se encuentra unida inseparablemente a la Constitución. Por ello, repetiría, la actividad del Rey en nuestra Monarquía parlamentaria no podía tener otro objetivo que el de colaborar al buen funcionamiento de las instituciones y servir a los intereses generales, procurando la paz social, fomentando la tolerancia frente a la intransigencia, la unión frente a la desunión, la libertad e igualdad ciudadanas frente a los privilegios, el progreso social y económico, en fin, frente a su retroceso o estancamiento.

Un discurso ejemplar, en el que de manera inmejorable se reflejaron cabalmente las convicciones del nuevo Rey sobre lo que la Monarquía parlamentaria española debe ser. El discurso de un Rey no sólo «constitucional», sino también «constitucionalista», dada la sólida formación jurídica que había recibido. Su compromiso personal e institucional de actuar en consecuencia con esa convicción se ha hecho realidad a lo largo de los diez años que han transcurrido desde entonces.

Así, en primer lugar, desde el momento de su acceso al trono, y por su impulso, se acometió un proceso claro de reformas relativas a la gestión y administración internas de la Monarquía, dotándolas de transparencia y control.

Se hizo, en principio a través de disposiciones internas adoptadas en el seno de la Casa Real y por ello no publicadas en el BOE, pero sí de general conocimiento por la información que de ellas facilitó la propia Casa en su página web, y posteriormente mediante Reales Decretos, entre otros y por citar dos ejemplos el 771/2015, de 28 de agosto y, especialmente, por su amplitud, el 297/2022, de 26 de abril –elaborado, igual que el anterior, en coordinación con la Casa del Rey, como debe ser, y éste además consensuado con el principal partido de la oposición, lo que merece destacarse–, que venían a sistematizar y desarrollar aquellas medidas que el Rey había impulsado y adoptado por sí mismo, como se reconocía en el preámbulo del último decreto citado.

En segundo lugar, también la actuación institucional del nuevo Rey, desde su acceso al trono, ha sido coherente con lo que en aquel discurso expresó acerca de la necesaria ejemplaridad personal (con el coste, incluso, de dolorosos sacrificios familiares) y la impecable función «constitucional» que han de caracterizar a un Monarca parlamentario.

Es cierto que se ha encontrado en el ejercicio «ordinario» de sus atribuciones con ciertas dificultades originadas por el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, tengamos desde 2015 un Parlamento especialmente fragmentado, lo que ha provocado unas investiduras no fáciles a presidente del Gobierno.

La prudente solución que en esos casos el Rey adoptó creo que fue plenamente acertada. Los políticos españoles parece que no han aprendido aún que a las «consultas regias» debe acudirse con los «deberes hechos», ya que no pueden echar sobre las espaldas del Rey una obligación de pactos que ellos son los responsables de llevar a cabo.

En la Monarquía parlamentaria no sólo ha de exigirse a las instituciones públicas y a los partidos la debida lealtad al Rey, sin intentar debilitarlo o difuminarlo, sino que también ha de exigírseles que no perturben, por acción u omisión, la «neutralidad» política del Rey.

Pero al mismo tiempo han de comprender que un Rey «neutral» no es, sin embargo, un Rey «neutralizado» y que, en consecuencia, sus derechos de «advertir», «animar» y «ser informado», propios de un Monarca parlamentario, no sólo se despliegan con eficacia y naturalidad en los casos «ordinarios», sino que en las situaciones «extraordinarias» en que la Constitución corra un grave y notorio peligro le confieren un auténtico deber de actuación.

Eso último es lo que sucedió en relación con los acontecimientos producidos en Cataluña en otoño de 2017.

Ante aquellos hechos gravísimos de subversión del orden constitucional, el Rey actuó, cumpliendo, sin duda, con sus obligaciones y utilizando, como antes dije, los derechos de «animar y advertir» consustanciales a la función del Monarca parlamentario. Su modélico mensaje del 3 de octubre de 2017 fue decisivo para que aquella situación se resolviese.

Mediante aquella alocución, medida y exacta, el Rey no ejerció directamente el poder (a diferencia de lo que hizo D. Juan Carlos I respecto del intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, dado que el Congreso y el Gobierno no podían actuar al encontrarse secuestrados por los golpistas), pero sí «animó y tranquilizó» a todos los españoles, «advirtió» de la suma gravedad de lo sucedido y «recordó» a los órganos competentes del Estado, que en esos momentos sí disfrutaban del pleno ejercicio de sus funciones, su deber de actuar para poner fin a ese abierto desacato a la Constitución.

UN Rey «constitucional» no podía comportarse de otra manera. Pero eso es así, ciertamente, en situaciones extraordinarias de auténtica subversión del orden constitucional, puesto que en situaciones ordinarias el Rey no puede, de ninguna manera, negar su firma a resoluciones adoptadas por las Cortes o el Gobierno en uso de sus legítimas competencias y siguiendo los procedimientos establecidos.

Su control sólo corresponde, si se trata de disposiciones gubernamentales, a la jurisdicción ordinaria, y si son leyes, al Tribunal Constitucional o, en su caso, al Tribunal de Justicia de la UE.

Creo que el balance de los diez primeros años de reinado de D. Felipe VI ha sido enteramente positivo para nuestro sistema constitucional, social y democrático de Derecho. Su ejemplaridad personal e institucional ha reforzado, sin duda, la legitimidad de ejercicio de nuestra Monarquía parlamentaria, cuyo mantenimiento, a mi juicio, es clave para que en España también se mantengan la democracia constitucional, la concordia ciudadana y la unidad del Estado y de la nación.

La esperanza en la fértil continuidad de nuestra Monarquía parlamentaria está reforzada, además, a largo plazo, por el hecho de que contamos con una Princesa heredera, que ya ha mostrado, de modo fehaciente, su voluntad de seguir fielmente la senda marcada por su padre el Rey.

De manera que, en ese futuro que deseamos remoto (pues la vida del Rey la guarde Dios por muchos años), tendremos una Reina sólidamente formada, ejemplar en su conducta privada e institucional, celosa del cumplimiento de sus obligaciones, una auténtica Reina «constitucional» que, como su padre (y uso las mismas palabras que él tanto ha repetido), «contribuirá al mantenimiento de la democracia constitucional, de la unidad del Estado y de la nación, y de la convivencia de los españoles en paz, igualdad, progreso y libertad».

Manuel Aragón es catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional.

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• El Debate
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• revista científica ‘Nature‘ en versión española [vía El Español]
• Project Syndicate [en wiki]

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Vídeos

Claves del día: Europa ante el precipicio, los pactos de la vergüenza y los “deepfakes” sobre Biden. 180624

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Música de Diana.

«The Pink Panther Theme» [1963] es una composición instrumental de Henry Mancini escrita como el tema de la película  La pantera rosae  [1963], de Blake Edwards, y posteriormente propuesta como candidata al Óscar a la Mejor Banda Sonora Original en 1964. El personaje de dibujos animados del mismo nombre creado para los créditos de apertura de la película por David DePatie y Friz Freleng fue animado a tiempo para la canción. El solo de tenor de saxofón fue interpretado por Plas Johnson. Vía Diana Lobos, 160624.

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Humor

Felipe Hernández Cava ‘Caín’, España, 1953’y Federico del
V Barrio (ilustrador, España, 1957), en la Razón

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