De burkas y mascarillas

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La dulzura de la perversión

Del Blog de Santiago González. 200120

La a ministra Celaá estudió en el Sagrado Corazón y llevó a sus hijas a las irlandesas, un buen colegio, lo digo con conocimiento de causa, mi nieta va allí. Toca en este punto destacar la coherencia de Isabel, que se repite en muchos de sus correligionarios. Ellos son responsables del caos de la enseñanza pública. ¿Cómo no entender que sean clientes de la privada, o, al menos de la concertada? Isabel Celaá brilló entre sus homólogas el viernes al decir que “no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a sus padres”.

Era esta una obviedad que subrayaban el vicepresidente obvio y el inefable Ábalos: “cuando se tiene un hijo no se le inscribe en el registro de la propiedad”. Claro, melones. No lo podéis vender, ni alquilar. El problema es que las palabras en boca de esta tropa adquieren significados añadidos. Cuando la ministra de Educación dice que los niños no pertenecen a los padres, no se limita a decir un obviedad, está queriendo significar la primacía del Estado en la patria potestad, lo que no es cierto en absoluto, salvo con carácter subsidiario.

El 28 de junio de 2008, día del Orgullo, El Mundo del P.V. publicó unas declaraciones del dirigente del Movimiento de Liberación Gay de Euskal Herria, (EHGAM), Jaime Mendia:

“La sexualidad del menor no puede ser secuestrada. (…)Todas las personas tienen que tener derecho a disfrutar de la sexualidad, también un niño de ocho añitos, al que la sociedad le niega ese derecho” (…) “Las relaciones intergeneracionales cada día están más perseguidas penal y socialmente (…) Lo que sí tenemos muy claro es que cuando una persona tiene algún tipo de sexo, algún tipo de relación con cualquier persona, aunque sean menores, no tiene porqué hacer daño a nadie.”

Un conmilitón terció para explicar al tal Mendia: los niños de ocho años tienen su sexualidad, juegan a los médicos… Cierto, es una actividad de búsqueda, de exploración e investigación sobre el propio cuerpo y el ajeno. Todos hemos jugado a eso con nuestros pares. Pero cuando a ese juego se incorpora el ‘factor intergeneracional’, un adulto, tenemos lo que toda la vida se ha llamado perversión de menores.

Esto es lo que pasa cuando tarea tan delicada se encomienda, no a profesionales cualificados, sexólogos, psicólogos, psiquiatras, sino a activistas como las que la ex cajera de Saturn ha incorporado a las direcciones de la Mujer y de Diversidad Sexual y LGTBI. Quizá para que adviertan a las niñas contra el sexo heteropatriarcal y a favor del lesbianismo y predispongan a los niños para la sodomización que les aguarda. Decía el psiquiatra Viar que esta tropa es la actualización del señor de la gabardina. Ahora no se apostan frente al colegio, están tomando

En realidad, con ‘amar a’ quieren decir ‘follar con’. ¿Por qué lo llamarán amor cuando quieren decir sexo?

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Derecho a la insurrección

Ignacio Camacho en ABC, 200120

Al declarar su intención de «volver a intentarlo», Junqueras renuncia a reinsertarse en el marco legal que ha violado

De todas las anomalías que ha normalizado el Gobierno de Sánchez, la principal consiste en que la llave de la estabilidad de su mandato la guarde en una cárcel un político condenado por delitos graves. Y aunque para atenuar esa evidente disfunción ética y política el presidente esté urdiendo una mayor como es la intervención del Ejecutivo en la Justicia, Junqueras no va a superar, ni quiere hacerlo, la experiencia de la penitenciaría. Al contrario, parece dispuesto a usarla como combustible de su rebeldía y así lo proclama en la reciente entrevista de «El País» con áspero tono -«y una mierda, y una puta mierda»- de soberbia levantisca. Hasta parece que le molesta que el Supremo considerase mera ensoñación la declaración de independencia, como si se sintiera humillado por la consiguiente rebaja de la pena. Es el «síndrome Mandela», una aspiración de martirio que desdeña el detalle de que su modelo poseía una fortaleza ética que le llevó a protagonizar el más renombrado proceso contemporáneo de reconciliación y convivencia. Y, por supuesto, el de que fue encerrado por un régimen abyecto y no por una impecable democracia europea.

El preso de Lledoners envía dos mensajes diáfanos. Uno a Sánchez: que se olvide de la legislatura, como ya le dijo Rufián, si no cumple su pacto; es decir, que recuerde por dónde lo tiene agarrado. El otro es para sus propios correligionarios, a los que trata de aliviar la sensación de fracaso asegurando que se han «ganado el derecho de volver a intentarlo». Entiéndase el derecho a la insurrección, si bien se cuida de ponerle plazos. Pero cualquier recluso que prometiera delinquir a la primera oportunidad podría irse olvidando de permisos u otras variantes de alivio carcelario, simplemente por renunciar a reinsertarse en el marco legal que ha violado. Claro que si los etarras y el partido heredero de su proyecto reclaman su plena integración legal y social sin un ápice de arrepentimiento, por qué iba Junqueras, que no ha matado ni secuestrado a nadie, a conformarse con menos. Ser socio imprescindible del poder debe de generar algún privilegio.

Lo que no se puede reprochar, ni a él ni al separatismo en general, es falta de transparencia. Llevan años anunciando con la mayor franqueza sus propósitos y cumpliéndolos en la medida de sus fuerzas. Si dicen que lo van a volver a intentar, podemos tener la seguridad plena de que en cuanto le encuentren al Estado una grieta echarán otra vez el carro por las piedras sin el menor remordimiento de conciencia. Sánchez lo sabe, como todo el mundo, y no podrá sentirse engañado porque es quien les está facilitando la ocasión y los medios para llevar su plan a cabo. Les ha alquilado el usufructo de La Moncloa y no le va a salir barato. De un político como él cabía esperarlo; lo asombroso es que haya medio país mirando, por conveniencia o por sectarismo, para otro lado.

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Elogio de un reaccionario

Mario Vargas LLosa en El País, 190120

Sir Roger Scruton, que acaba de morir liquidado por un cáncer sobrellevado con entereza, había nacido en 1944, y se convirtió en un conservador, según confesión propia, durante los disturbios callejeros de mayo de 1968, en París, cuando vio a los niñitos bien —grandes protagonistas de aquella caricatura de revolución— apedreando a los policías, abriendo barricadas en el barrio latino y proclamando a los cuatro vientos: “¡Queremos lo imposible!”.

Fue una de las personas más cultas que he conocido. Podía hablar de música, literatura, arqueología, vino, filosofía, Grecia y Roma o la Biblia y mil temas más, como un especialista, sin serlo en nada, pues, en verdad, era un humanista al estilo de los clásicos, y defendía en panfletos, artículos y libros —era una delicia leerlos—, un mundo absolutamente irreal que probablemente nunca existió, salvo en su imaginación y en los ensayos de algunos pocos soñadores como él.

“¿No te das cuenta de que esa Inglaterra que defiendes con tanto talento no existió nunca, salvo en tu fantasía?”, le dije alguna vez. “¿Que los dueños de los castillos y los caballos pura sangre son ahora unos parvenus millonarios y casi analfabetos que sólo hablan de whisky y de negocios? ¿Y que la caza del zorro, que promueves con ardor épico, está ya muerta y enterrada?”. Él no me tomaba nunca en serio, yo le parecía un subdesarrollado más, pero me escuchaba con resignación. Y disimulaba su impaciencia, porque era un hombre muy bien educado, sobre todo cuando delante de él me atrevía a defender las políticas de la señora Thatcher, con las que él discrepaba pues le parecían demasiado progresistas.

Elogio de un reaccionarioEra odiado universalmente por los intelectuales de su generación, lo que no dejaba de halagarle, pues, pese a ser un dinamitero cultural que daba siempre en el blanco, no carecía de coquetería burguesa. Con su gran melena pelirroja, que el tiempo fue blanqueando, y su aristocrático descuido en el vestir, estaba siempre leyendo y escribiendo sobre temas de actualidad. Entre libro y libro, se daba tiempo para montar briosos caballos y matar unos cuantos zorros. No tenía la paciencia de escribir aquellos profundos tratados que demoran años, a la manera de su lejano maestro, Edmund Burke, el gran debelador de la revolución francesa, porque vivía y actuaba en el presente: era lo que le apasionaba. Sobre las ocurrencias cotidianas opinaba sin tregua, con inmensa sabiduría, citas prodigiosas y argumentos a menudo tan reaccionarios que aterrorizaban a los pocos conservadores que existen todavía (incluso en Inglaterra). Fue ennoblecido por la corona británica en 2016, lo que, por supuesto, le halagó.

Yo estuve abonado a la revista que dirigía, The Salisbury Review, durante unos meses, hasta que me di de baja cuando descubrí que sólo leía en ella sus editoriales, siempre espléndidos, aunque totalmente incompatibles con la realidad política y social de nuestros días y, probablemente, también con la de siempre. Nadie como sir Roger Scruton para ilustrar aquella gran distancia que, según Friedrich von Hayek, separa a un liberal de un conservador. Pero había en él una decencia básica, una indignación perfectamente justificada contra las grandes imposturas patentadas por la izquierda demagógica de nuestro tiempo, una inteligencia que desmenuzaba con acidez las modas ideológicas y las estupideces políticas, y era, en este sentido, un intelectual imprescindible, sobre todo teniendo en cuenta que nadie lo reemplazará.

No estaba contra el progreso en absoluto, a condición de que no se considerara progreso lo que proponían los marxistas o lo que defendemos los liberales. Pero nadie ha explicado mejor que él la importancia de las óperas, por ejemplo, incluso las más enrevesadas —digamos las de un Wagner— o de las obras maestras literarias, o de los grandes sistemas filosóficos, para entender el presente, actuar de manera responsable y dar un sentido a nuestra vida. Y seguramente ningún periodista ha encontrado una manera más sutil y pertinente de sacar enseñanzas morales y políticas de largo alcance analizando un hecho cotidiano ni defendido la cultura como una guía, en este desordenado mundo en que vivimos, para entenderlo y orientarnos en él.

La Inglaterra que él defendía era un mundo de formas y principios inmutables, en el que la religión y las leyes habían traído un progreso que no desaparecía a las clases, ni las igualaba, pero a todas les aseguraba la justicia y el orden. Una sociedad donde el privilegio implicaba una obligación moral de servicio público y donde la cultura —las artes, los libros, las ideas, los ritos, las acciones militares— eran el espejo de la vida, la única andadura que justificaba el ascenso social. Este mundo jamás existió, salvo en la fantasía de Scruton. Su modelo de político fue Enoch Powell, un conservador que conocía a los clásicos de memoria, pero que, aterrorizado con lo que creía una invasión de tercermundistas a las islas inglesas, profetizó un baño de sangre a Gran Bretaña si no ponía drástico fin a la inmigración. Nunca percibió que, detrás de los elegantes discursos de Powell, resoplaba el racismo. Y que todas las reformas que con enorme coraje llevaba a cabo la señora Thatcher tendían a hacer accesible a todo el mundo la verdadera libertad.

Era muy difícil no sentir una gran simpatía por él, aunque, como era mi caso, discrepara en lo esencial de sus ideas conservadoras. Porque había en sus tomas de posición una honestidad empecinada, algo muy distinto de los políticos de actualidad que suelen defender lo que no creen por razones de mera conveniencia y oportunidad, y han universalizado ese horrendo lenguaje político contemporáneo, hecho de lugares comunes y estereotipos, en el que las palabras disolutas han reemplazado a las ideas y valen para todo y todos, de manera que ya no sirven para nada, salvo justificar los apetitos, o disimular los pecadillos y pecadazos de funcionarios, dirigentes y teorizadores.

Que sir Roger Scruton usaba el lenguaje de otro modo, para decir lo que verdaderamente pensaba, aunque fuera insólito o, por lo menos, irreverente, nadie lo puede dudar, empezando por sus adversarios. El vocabulario político de nuestro tiempo está hecho de lugares comunes y tal vez ese abismo que percibimos entre lo que dicen los discursos de los profesionales de la política y la realidad de la vida política sea tan grande que la confusión haya hecho presa del mundo, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. ¿A quién creer si lo que oímos por doquier son generalmente mentiras, cosas obvias o flagrantes disparates en los que no creen ni sus propios voceros? En este mundo degradado por la falsedad y la tontería, Scruton era un contraste formidable. Sostenía a veces lo insostenible pero no había pizca en él, sobre todo en su manera de expresarse, de insinceridad o de mera pose, sino convicciones graníticas y una risueña elegancia en la manera de decirlo. En ese sentido sí que lo vamos a echar de menos: su partida genera alrededor nuestro un pavoroso vacío.

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Notas.-

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De cambios sexuales

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Tus hijos no son tus hijos

Rosa Díez en ok diario, 180120

“Los hijos no pertenecen a los padres de ninguna manera”, Isabel Celaá, ministra de Educación de Pedro&Pablo, Gobierno de España.

Vaya por delante que yo soy partidaria de la educación integral, de que el sistema educativo aborde la educación en valores, la educación sexual… Vaya por delante que soy partidaria de la escuela pública de calidad, sin por ello minusvalorar la educación concertada, que es el sistema que existe en España y que, hoy por hoy, es insustituible. Vaya por delante que creo que en la escuela se educa, no sólo se forma; y que los padres tienen en la educación de sus hijos un papel muy importante pero en modo alguno exclusivo.

Dicho todo eso, la afirmación de la ministra de Educación me parece una absoluta aberración. ¿Cómo es eso de que los hijos no “pertenecen” de ninguna manera a los padres? ¿A quién pertenecen según el Gobierno de extrema izquierda que tenemos ahora mismo en España? ¿Pertenecen al Estado? ¿Pertenecen al Gobierno de turno? ¿Le pertenecen a ella? ¿Le pertenecen a la ministra de Igualdad, que tiene entre los altos cargos de su Ministerio a personas que consideran que la heterosexualidad es una aberración y que el lesbianismo evita que los hombres “manipulen” a las mujeres?

Hay un hermoso poema de Khalil Gibran, «Sobre los Hijos», que resume lo que a mi juicio es la relación de no pertenencia entre padres e hijos.

«Tus hijos no son tus hijos
Son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma.
No vienen de ti, sino a través de ti y aunque estén contigo no te pertenecen.
Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos,
Pues ellos tienen sus propios pensamientos.
Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas,
Porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños.
Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti
porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer.
Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados (…).
Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea hacia la felicidad”.

Los padres saben que han educado bien a sus hijos cuando ya no necesitan pedirles permiso para actuar, cuando les piden opinión. Eso significa que los hijos son autónomos, que han madurado… ; significa que los padres han tenido éxito en su educación, que han sido un buen arco y has sabido dejarles volar.

No, claro que nuestros hijos no nos pertenecen en el sentido absoluto del término; porque no son una propiedad, no son una mercancía. Pero menos aún son mercancía o propiedad del Gobierno de turno.

Por el mismo motivo que yo no permitiría que trataran de inculcar a mis hijos que la tierra es plana, no consentiría que trataran de convencerles de que la heterosexualidad es una aberración y no es “una manera natural de vivir la sexualidad sino una herramienta política y social que subordina a las mujeres a los hombres”. Habida cuanta que ese es el pensamiento político y la ideología que impregna al Gobierno de la Nación (quien eso afirma es directora del Instituto de la Mujer), me parece natural que los padres quieran conocer, para autorizar o no, el contenido de las extraescolares sobre educación sexual que reciben sus hijos.

Al anunciar que recurrirá la decisión política del Gobierno de Murcia (el Gobierno de Pedro&Pablo desjudicializa los delitos contra la Constitución que protagonizan o promueven sus socios sediciosos e independentistas de Cataluña mientras judicializa las decisiones políticas de los gobiernos que no chantajean al Estado) la ministra ha dicho que “los hijos de los homófobos tienen derecho a ser educados en el respeto”. Ya está bien de pervertir el lenguaje para manipular la realidad. ¿Acaso les parecería bien que les dijéramos que son ustedes tres unas heterofóbicas en lo concerniente a orientación sexual? La homosexualidad no es una enfermedad y la heterosexualidad tampoco lo es. No son homófobos los hombres y mujeres que no creen que la heterosexualidad sea una herramienta para someter a las mujeres. Hay que proteger a los niños del fundamentalismo doctrinario que impregna el Gobierno; los hijos de hombres y mujeres que creen que la heterosexualidad es una perversión tienen derecho a ser educados sin que el Gobierno les imponga su ideario alineador; los niños (incluso los suyos) tienen derecho a ser educados en el respeto y en la no discriminación de toda orientación sexual.

Diré más: los hijos de quienes desprecian la ciudadanía, consideran que los jueces son un peligro y se asocian con sediciosos, proetarras y defensores de la dictadura de Maduro, tienen derecho a ser educados en el respeto a los valores democráticos que nos dimos en la Constitución del 78. O sea, los hijos de quienes nos gobiernan tienen derecho a ser educados en los valores democráticos de la libertad y la igualdad que sus padres desprecian.

Claro que nada de lo que han dicho las tres integrantes del Gobierno es una novedad. A lo largo de la historia de la humanidad toda pulsión totalitaria ha pretendido sustituir la educación en valores por la ideología. Sabemos de qué hablamos: “buenos vascos”, “buenos catalanes”, “buenos alemanes”… Ahora parece que se trata de formar “buenos españoles”, a imagen y semejanza de quienes hoy ostentan el poder político. Pues no; la etapa de la Formación del Espíritu Nacional que fue de uso común durante el franquismo ha sido felizmente superada. Sepa el Gobierno de España que toda la Constitución del 78 está vigente y que todos sus artículos les son aplicables también a ellos. Y que no consentiremos que la educación en el odio y la mentira, que se han hecho enfermedad crónica en Cataluña y en el País Vasco, se extienda a toda España.

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El Estado educador

Alejo Vidal-Cuadras-Vozpópuli, 190120

La intemperante reacción del Gobierno contra la iniciativa en defensa de la libertad de los padres en Murcia evidencia el peligro que se cierne sobre España esta legislatura

Voy a describir un caso real: en un colegio privado de la Comunidad de Madrid, se programa un viaje de fin de curso para alumnos de 4º de Secundaria consistente en recorrer durante una semana el Camino de Santiago. El grupo de estudiantes, que debe alcanzar un número mínimo para que la idea resulte económicamente viable, transitará varias etapas del histórico itinerario visitando lugares y monumentos de especial significación y recibirá información del guía y del profesor que les acompaña sobre la historia y simbolismo de la celebérrima ruta, así como sobre su dimensión espiritual e iniciática. Los padres son debidamente puestos al corriente de esta iniciativa y de su coste e invitados a apuntar a sus vástagos a la misma. Si se consigue el quórum necesario, esta actividad se llevará a cabo y, en caso contrario, quedará inédita. El asunto está, pues, claro. Se trata de una opción voluntaria a la que las familias pueden incorporar a sus retoños si lo desean y si no lo consideran conveniente, bien sea porque no les venga bien realizar ese gasto o porque no les agrade el contenido y fines del periplo, declinan la posibilidad y todos tan amigos.

Veamos otra situación asimismo sucedida: en este mismo centro escolar, una asociación del movimiento arcoíris organiza una sesión informativa a cargo de un conferenciante externo sobre las personas LGTBI, sus circunstancias vitales y sus diferentes formas de entender la sexualidad, el concepto de género como distinto al de sexo, la legislación vigente en este campo y demás cuestiones relativas a esta temática. Los mismos padres que han tenido la libertad de inscribir o no a sus hijos en el viaje al Camino de Santiago, no pueden ahora decidir si les parece bien que asistan o no a esta charla destinada a presentar la ideología de género bajo una luz favorable para que sus premisas y conclusiones formen parte de la educación moral y social de su prole. La normativa vigente, materializada en la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual aprobada en Julio de 2016 por la Asamblea madrileña e impulsada paradójicamente por el Gobierno del PP presidido por Cristina Cifuentes, la hace obligatoria. Los artículos 29.2 y 31.4 de esta norma son inequívocos al respecto.

Cabe poco debate. El artículo 27.3 de la Constitución consagra sin matices el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas

En estos días vivimos una fuerte polémica generada en torno a la medida tomada por el Gobierno de coalición PP-C´s de la Región de Murcia por exigencia de Vox que permite a los padres elegir en qué actividades extra-curriculares pueden participar sus hijos. El Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez ha puesto el grito en el cielo, ha requerido al de Murcia a retirarla y ha amenazado con llevar el asunto a los Tribunales si su petición no es atendida. Los argumentos del Gobierno socialista son airados, pero frágiles. El artículo 27.3 de la Constitución consagra sin matices el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. Además, la invocación al derecho a la educación o a la obligatoriedad de asistencia a las actividades escolares no abarca obviamente a todo lo que se programe fuera del currículo oficial que ha de ser en no pocas eventualidades, por su propia naturaleza, optativo.

Ingeniería social
Una de las características definitorias de los regímenes totalitarios es la voluntad de moldear las mentes de los ciudadanos desde su infancia para transformarlos en autómatas leales al mando y a la doctrina rígida y omnicomprensiva que lo sustenta. En la extinta URSS o en el Irán, la Corea del Norte o la Cuba actuales, por citar cuatro ejemplos notorios, los niños y los adolescentes eran o son sometidos a un adoctrinamiento intensivo al que sus familias no pueden objetar sin ser víctimas de las más duras represalias. Esta intemperante reacción del Gobierno socialista-comunista-separatista ante la razonable pretensión de la mayoría gobernante en Murcia de respetar la libertad de los padres de transmitir a su descendencia sus creencias y su visión ética del ser humano y de su vida en sociedad, revela el peligro que se cierne sobre España en esta legislatura.

El nombramiento de una Fiscal General cuya independencia brilla por su ausencia, las proyectadas subidas confiscatorias de impuestos, el afán intervencionista y regulatorio, las trabas a la función de control de la oposición, el inocultable propósito de hurtar a la acción de la Justicia al separatismo golpista, entre otras señales, indican la gravedad de la mutación constitucional encubierta a la que nos enfrentamos. La indisimulada intención de secuestrar a la población escolar para someter sus tiernos cerebros a una operación implacable de ingeniería social encaja perfectamente en el cuadro sombrío que progresivamente se dispone a demoler la obra de la Transición y a condenarnos a una etapa de empobrecimiento material y de deterioro institucional. Ante semejante panorama, si una actitud no nos podemos permitir los españoles amantes de la libertad y de la sociedad abierta es la de la resignación.

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Notas.-

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De la Patria Potestad, autoridad, responsabilidad y ‘pin’

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Las tres gracias y el pin

Del Blog de Santiago González, 180120

Fue muy pertinente la pregunta de la periodista Ketty Garat: “¿Cómo se compadece la desjudicialización de la política con recurrir el pin parental?” Ahí las intervenciones de las tres fueron unívocas y coincidieron con el dictamen de la ministra Celaá: “Los hijos no pertenecen a los padres de ninguna manera”. Quiere decir con ello que los padres no tienen derecho a intervenir sobre el adoctrinamiento de sus hijos en la escuela, en materia de sexo, un suponer, con especialistas que les expliquen los rudimentos conceptuales de las actitudes LGTBI.

Así se comprende que este Gobierno esté contra la escuela concertada: para que los hijos pertenezcan al Estado. Ojalá hubiese un pin parental para que los padres catalanes puedan impedir el adoctrinamiento de sus hijos. La ministra de Igual da intervino para decir que los hijos de los padres homófobos tienen el mismo derecho que otros niños a que les expliquen la buena nueva del sexo ad libitum, que “el pin parental es una ruptura del pacto de violencia de género” y tuvo el arrojo de invocar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 26.3* dice. “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Textualmente.

Fue lo único en lo que se ciñó Irene Ceaucescu. En sus otras intervenciones se limitó a indicar que “cuando tenga respuesta y en otro ámbito que no es este ya se lo comunicaré”. La nueva portavoz estuvo más suelta incluso que su predecesora, aparte de exhibir su maestría de dejar caer todas las ‘d’ que había en su discurso en posición intervocálica.

En esto yo estoy con la ONU. Prefiero explicar yo a mis hijos las verdades verdaderas de la vida a que lo haga cualquiera de las tres gracias que ayer comparecieron en Moncloa. Irene ha nombrado directora general de Diversidad Sexual y LGTBI a Boti García Rodrigo. El vicepresidente Ceaucescu la entrevistó en La Tuerka en el mes de junio último y le invitó a contar que se lió con una alumna suya de 17 años. Ella lo confirmó gozosa, diciendo que la madre la perseguía con una plancha caliente. Es de suponer que a aquella madre le gustaría que en el instituto de su hija hubiera un pin parental en la creencia, sin duda errónea, de que su hija les pertenece más a Boti o a Isabel Celaá, que a ella misma. No hablo en esto por mí mismo; mis dos hijos son varones y nunca han sido personas de riesgo para depredadoras como Boti García.

En la Comunidad balear se ha destapado este mes de enero un caso escalofriante: en un centro tutelado por el Consell Mallorquín de Asuntos Sociales se prostituye a niñas tuteladas de 13 y 14 años que se fugaban del centro. Salidas no autorizadas en el lenguaje paliativo de la institución. Cinco educadores sociales ha sido despedidos por  acosar sexualmente a menores internos, aunque la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, llamaba a la calma porque “en ningún caso se dieron relaciones sexuales completas”. Hace tiempo que esto pasa, la presidenta Armengol admite conocerlo desde antiguo. El PSOE, Podemos y Mès per Mallorca son los socios del Gobierno autonómico a quienes compete la responsabilidad in vigilando. Pero Irene tiene banquillo. Dirigentes de Unidas-Podemos de Castilla y León (2), Badajoz y Canarias han sido denunciados por abusos a menores. Estamos en manos de enfermos.

* La Constitución, en su artículo 27.3 se muestra coincidente: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. La señora Ceaucescu, (al igual que su macho alfalfa) no es partidaria y solo citaba la Declaración Universal de Derechos Humanos

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Pin
Juan Carlos Girauta en ABC, 180120

«La ministra del ramo lo tiene claro cuando afirma que los niños no son de los padres. Lo que en boca de los amigos de la ingeniería social significa que los niños son del Estado. Significa que al mando de nuestra nave va una muchedumbre que pretende aprovechar a fondo su mandato para inculcar una doctrina»
Al permiso de los padres se le ha llamado siempre permiso de los padres. Hasta la llegada del PIN parental. El cursi adjetivo y el catastrófico acrónimo (en adelante pin, menos humos), llevan sustancia. El pin es la cabeza de una gamba, y su exceso resulta tóxico. Pero aquí lo que importa es si hablamos o no de contenidos curriculares, otro término irritante. Hay un triunfo de la estupidez en la aceptación general de la voz pin. Favorables y detractores han caído en un símil ominoso con toda normalidad. Y eso pide lupa.

El pin bloquea contenidos en las plataformas digitales. La palabra no es inocente. Gobiernos, partidos, docentes, periodistas y taxistas creen estar discutiendo la licitud de alguna forma de control sobre lo que les cuentan a los infantes en el cole. La cualidad de curricular o extra curricular de lo contado, y del contexto en que se cuenta, deberían zanjar el debate: en el primer caso no cabe hablar de permisos paternos; en el segundo, sí.

El gobierno multitudinario le llama a eso objeción de conciencia para presentarlo como un intento excepcional de eludir una obligación. Esta trampa no ha alcanzado el éxito de la otra, la gorda, la del pin, que compara la educación con la emisión de contenidos empaquetados a una audiencia que, libremente, puede vedar programas a los niños. Y programas, para acabar de arreglarlo, es como se ha llamado siempre al currículo. La RAE ha ido tragando con todo, la pobre.

Tenemos así un Estado que sería como Netflix. Y eso le viene muy bien a los que querrían meter la mano de los padres en cualesquiera contenidos. Pero la analogía se acepta sin pestañear en el otro lado del debate, que es el de los contrarios a un límite o control paterno sobre alguna actividad extra curricular. Y la aceptan porque coincide exactamente con su concepción de dos asuntos muy serios: la educación como derecho, obligación y misión; la cuestión crucial de quién manda aquí.

La ministra del ramo lo tiene claro cuando afirma que los niños no son de los padres. Lo que en boca de los amigos de la ingeniería social significa que los niños son del Estado. Significa que al mando de nuestra nave va una muchedumbre de vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado, directores generales y similares que pretenden aprovechar a fondo su mandato para inculcar una doctrina, introducir una cierta ideología -la ideología de género, en este caso- como parte de la educación obligatoria.

Que no le engañen. Si no se tratara de eso, todo lo que hay que contarles a los niños contra la violencia machista, toda la tarea educativa dirigida a prevenir la discriminación de homosexuales o transexuales cabría en una asignatura obligatoria troncal (otra que tal). Si los contenidos hay que mantenerlos apartados del rigor, de la previsibilidad y del control académico propios de una asignatura como la geografía o las ciencias naturales, es porque ese Viva la Gente que gobierna no quiere rigor, previsibilidad ni control alguno. Quiere practicar una forma de adoctrinamiento ideológico tan reprobable como la que se lleva a cabo sobre los educandos en la España periférica, como mínimo, y que se resume en olvidar u odiar a España.

También con dicha manipulación está encantado el mega gobierno, por cierto. Lo que resulta más difícil de entender es que grupos y personas relevantes que han denunciado hasta la saciedad -y sin ningún éxito- la siembra de la ideología nacionalista en la escuela no adviertan nada raro en el caso de la ideología de género.

Enseñar a los niños, por ejemplo, que la homosexualidad no es ninguna enfermedad y que deben estar alerta cuando alguien hable de terapias contra ella no es adoctrinar. Es civilizar. Forma parte de la necesaria educación en valores. Transmitirles las ideas de la señora Gimeno, directora del Instituto de la Mujer, es algo completamente distinto. Es, exactamente, ideología de género. Es inculcar en los menores la idea, del todo ajena a la ciencia, de que no se nace hombre ni mujer porque dichas condiciones son constructos culturales.

No voy a reproducir la larga lista de alarmantes sandeces que defiende la señora Gimeno, por mucho que con ello les prive de unas risas. Algunas son irreproducibles fuera de un sex shop. Prefiero emplear este espacio para dejar constancia de que los estudios de género, ampliamente extendidos en Occidente, y que alcanzan hoy los más diversos ámbitos académicos, tienen los pies de barro, pues se fundamentan en la citada construcción cultural (en exclusiva) de la condición de hombre o mujer.

No vierto una opinión. Es ciencia. Ciencia incómoda para tantos departamentos, institutos u observatorios como han convertido en profesión una montaña de equívocos. Nadie ha desmontado con mayor eficacia que Steven Pinker en La tabla rasa (2002) esa mentira fundacional del constructo cultural. El niño no es una hoja en blanco en la que la cultura y el ambiente escriben todo lo que llegará a ser. Digo todo. El subtítulo de la obra es elocuente: La negación moderna de la naturaleza humana. Y para que quede claro que no hay ahí crítica al feminismo, cito: «No existe incompatibilidad entre los principios del feminismo y la posibilidad de que hombres y mujeres no sean psicológicamente idénticos». Pero «muchas feministas atacan con vehemencia los estudios sobre la sexualidad y las diferencias de sexo». Dieciocho años después, y oída la señora Gimeno, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que esas feministas no son (o no son solo) feministas: son propagandistas de la acientífica ideología de género. Porque «los sexos son tan antiguos y complejos como la vida, y son un tema esencial de la biología evolutiva, la genética y la ecología conductual. No contemplarlos en el caso de nuestra especie significaría hacer una auténtica chapuza en nuestra interpretación del lugar que ocupamos en el cosmos».

Y puesto que «las defensoras del feminismo de género encadenan el feminismo a unas vías en las que inevitablemente va a ser arrollado por el tren», no parece descabellado que los padres posean alguna forma de control sobre la asistencia de sus hijos a actividades extra curriculares donde se abunde en ese error.

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Si los niños no pertenecen a alguien, es al Estado

Irune Ariño en El Español, 180120

El pin parental fue una de las propuestas de Vox en la campaña electoral del pasado abril. Durante la campaña no generó demasiado revuelo hasta que el pasado martes el partido de Abascal lo exigió como una de las condiciones para apoyar los presupuestos que PP y Ciudadanos tienen que sacar adelante en la Región de Murcia, y en las otras autonomías en las que gobiernan en coalición.

Por el momento parece que únicamente el PP ha salido en defensa de esa medida, y mientras que la coalición gobernante se ha erigido beligerantemente en contra (ha amenazado con recurrir cualquier medida en esa línea), Ciudadanos se ha mostrado (lamentablemente) titubeante.

La polémica sobre la educación en valores y la capacidad de veto de los padres no es la primera vez que sale a la luz en nuestro país. En 2006 el Gobierno de Zapatero introdujo una nueva asignatura obligatoria de educación en valores, llamada Educación para la ciudadanía, que se impartió en algunos cursos de educación primaria, secundaria y bachillerato.

Aunque no fueron pocas las voces de padres que se alzaron contra su obligatoriedad recurriendo incluso a los tribunales, la polémica fue zanjada por el Tribunal Supremo que estableció que los padres no tenían derecho a apelar a la objeción de conciencia para negarse a que sus hijos cursaran dicha materia.

Catorce años después, en aras de proteger a los menores del “evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren en los centros educativos en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres” Vox reaviva la polémica.

Más allá de que pueda estar más o menos de acuerdo acerca de los motivos que llevan a la formación de derechas a hacer esta propuesta, se trata de una forma de asegurar la capacidad de decisión de los padres sobre la educación en valores de sus hijos.

La libertad es el derecho más básico de toda persona y presupone que los individuos tienen garantizada una esfera privada dentro de la cual pueden desarrollar sus facultades, su personalidad y perseguir sus proyectos de vida y en la que el resto no pueden intervenir.

Los niños son seres humanos incapaces de ejercer de forma libre y responsable todas sus facultades, motivo por el cual y mientras dura su etapa de maduración, esa limitación la suplen los padres en el ejercicio de la patria potestad.

Este régimen de guarda les confiere la obligación de alimentar, vestir, educar y cuidar de sus hijos y, por lo tanto, les otorga un derecho superior al del Estado a hacerlo, teniendo en cuenta el mayor interés del menor, como crean más conveniente. Además, existe una probabilidad más alta de que ellos, que conocen a sus hijos, puedan hacerlo mejor.

Siempre que no se pueda probar que la forma en la que educan unos padres afecta seriamente algunas facultades relevantes del desarrollo del menor, no existe motivo alguno para obligar a estos a participar de actividades curriculares o extracurriculares con contenido moral. Los que se alarman con propuestas como esta parecen más bien alarmados por su falta de capacidad para moldear a la sociedad a su antojo que por el bienestar de los menores.

La libertad educativa ejercida por los padres es precisamente una de las herramientas que garantiza el derecho fundamental a la libertad de conciencia, imprescindible en cualquier sociedad plural y democrática. Parte de la base de que los individuos somos diferentes y tenemos visiones del mundo distintas que pueden y deben convivir en paz. El control estatal de la educación, sobre todo cuando se aleja de la instrucción y se complementa con contenido moral, cercena esa libertad.

Los que acusan a los padres de querer adoctrinar a sus hijos parecen asumir que eso nunca sucede en las escuelas, lo cual es eminentemente falso. De hecho, es la escuela la que es instrumentalizada por parte de minorías organizadas con capacidad para imponer sus preferencias, para moldear a la sociedad y llevar a cabo los cambios sociales que no son capaces de conseguir con la persuasión. En detrimento, por supuesto, de aquellos que no pueden permitirse el lujo de huir del sistema público.

Y cuantas más decisiones gubernamentales reemplacen la toma de decisiones privada más numerosos serán los grupos enfrentados para que las decisiones se tomen en base a sus deseos.

Como ya defendí aquí en otro artículo, el Estado debe mantenerse cada vez más al margen del diseño de los currículos educativos y otorgar mayor libertad a los padres y mayor autonomía a los centros educativos.

Irune Ariño es subdirectora del Instituto Juan de Mariana.

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Notas.-

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‘Produciera’ o ‘produciese’ [la chikiportavoz]

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Las 100 primeras horas de un presidente desatado

gnacio Varelaen -El Confidencial, 170120

Pedro Sánchez se lamenta preventivamente de que la oposición no le concederá los famosos días de gracia que se otorga a los nuevos gobernantes. El problema es que omite tres cosas

Pedro Sánchez se lamenta preventivamente de que la oposición no le concederá los famosos 100 días de gracia de los nuevos gobernantes. Omite tres cosas: a) que él no es nuevo en el Gobierno, lleva más de un año y medio en el poder; b) que tras ser elegido no ha concedido la cortesía, casi ritual en nuestra historia democrática, de una primera conversación con el líder de la oposición; c) que si sus anunciados 1.400 días son como sus primeras 100 horas, las cuadernas del sistema difícilmente resistirán semejante prueba de estrés.

Es sabido que Sánchez juega sin reglas y conduce sin frenos. Las pautas de su comportamiento no figuran en los textos de ciencia política, sino en los de otras disciplinas. Pero la investidura ha operado como un desinhibidor definitivo. En estas 100 horas, hemos visto a un presidente desatado, ensoberbecido, lanzado a una exhibición impúdica de poder personal. Todos y cada uno de sus movimientos han respondido a la necesidad compulsiva de demostrar a todos (a su partido, a sus socios, a la oposición, al público en general y, sobre todo, al resto de las instituciones del Estado) quién va a mandar aquí a partir de ahora.

En tres días, ha hecho al menos cuatro cosas de extraordinaria gravedad. Ha convertido a su valido personal, un secretario de Estado, inicialmente un consultor, en el vicepresidente efectivo del Gobierno. Ha metido un tajo al control parlamentario del Ejecutivo (contando con la sumisa complicidad de la presidenta de la Cámara, a la que cada día se le ve más cara de Forcadell). Ha incorporado al PSC a la mayoría soberanista del Parlamento de Cataluña, preludiando colaboraciones futuras. Y sobre todo, ha desatado una ofensiva por tierra, mar y aire contra el poder judicial, provocando un choque que tendrá consecuencias funestas.
Por fin destapó su versión del palabro ‘desjudicializar’: “El conflicto de Cataluña —dijo— tiene que salir de donde nunca debió estar”. Que es lo mismo que decir a los jueces y tribunales, “aparten sus sucias manos de Cataluña”. El presidente se ha quedado a un milímetro de afirmar que todo lo de Cataluña se jodió el día en que “los togados” (expresión de su socio-vicepresidente, enumerando a los enemigos a los que este Gobierno debe derrotar) se entrometieron en lo que allí sucedía.

Según esas palabras, ni el Tribunal Constitucional debió suspender los sucesivos actos ilegales del Parlament y del Govern de Cataluña, ni la Fiscalía debió denunciar los actos delictivos que allí se cometieron ni el Tribunal Supremo enjuiciar y sentenciar a los políticos sediciosos que promovieron la insurrección. Solo le falta renegar del 155 para reproducir exactamente la tesis central de los partidos independentistas: el Estado español no ha hecho justicia, sino represión (una tesis que, por cierto, sostiene y desarrolla prolijamente su flamante ministro de Universidades).

Los sublevados de octubre del 17 identificaron perfectamente lo que los frenó: las resoluciones del Tribunal Constitucional a requerimiento del Gobierno y la actuación de los tribunales a instancias de los fiscales. Cuando reconocieron al Gobierno Sánchez-Iglesias como una oportunidad que no debían desaprovechar, se referían precisamente a asegurarse de que tal cosa no vuelva a ocurrir. Si se obtiene la pasividad del Gobierno atándolo a una mesa y se neutraliza la Fiscalía desde su propia cúpula, el camino de la impunidad quedará expedito y Cataluña será, por fin, un territorio de excepcionalidad jurídica en el que cualquier cosa es admisible invocando —más bien, profanando— el sagrado nombre de la política.

Está muy claro el núcleo del entendimiento entre la Moncloa y Lledoners. Primero, me sacas de aquí cuanto antes (lo que sucederá cuando la Generalitat aplique a estos condenados todos los beneficios penitenciarios posibles y la Fiscalía lo consienta). Segundo, mientras tú estés en la Moncloa yo no declaro la independencia ni convoco unilateralmente un referéndum de autodeterminación. Tercero, a cambio de eso, te tapas los ojos y los oídos ante todo lo que hagamos en Cataluña, sea legal o ilegal, hasta alcanzar el famoso 60% de independentistas que Iceta nos marcó como objetivo. Por supuesto, nos quitas de encima a los malditos togados. Mientras tanto, nos vamos socorriendo mutuamente, aquí y allá, con el pretexto de frenar a la extrema derecha y repitiendo mucho lo del diálogo, y cada cierto tiempo escenificamos una trifulca para tranquilizar a nuestras huestes más hiperventiladas.

Para cumplimentar ese encargo, nadie como Lola Delgado. Acrisolada fidelidad al mando, cortada a pico, deudora del Jefe que la protegió cuando la pillaron en pleno contubernio con Villarejo (lo más oscuro de la policía) y Garzón (lo más turbio de la judicatura), y una virtuosa en el uso alternativo del derecho. ¿De quién depende la Fiscalía? De Lola. Pues eso.

El simple hecho de que la Fiscalía se convierta en objeto de batalla partidaria es corrosivo para el crédito de la institución. Después del gélido recibimiento del Consejo General del Poder Judicial, la nominada tendrá que pasar, antes de su nombramiento, por el escrutinio de la comisión de Justicia del Congreso. Se puede anticipar que esa sesión será una carnicería de la que saldrá una tonelada de azufre y barro que acompañará a Delgado durante todos los días de su mandato.

En el caso de Delgado, la presunción de parcialidad es abrumadora. Da igual lo que haga, está condenada de antemano a que se interprete en términos sectarios. Acaba de hacer dos campañas electorales en las que ha dado decenas de mítines. Invito a los amantes del género gore a que los repasen. Solo encontrarán loas indecorosas a las infinitas virtudes del Gran Timonel y su glorioso partido, junto a toda clase de insultos a los adversarios: fascistas, corruptos, practicantes del terrorismo machista… Un manual completo de sectarismo beligerante, la furia del converso en plena acción.

Por si no fuera suficiente con sus vidriosos manejos ministeriales, cualquiera de esos discursos es más que suficiente para inundarla de recusaciones o exigencias de abstención en cualquier causa judicial que roce la esfera política. Su situación será imposible desde el primer día: si beneficia al Gobierno, la tacharán de cipayo del poder. Si lo perjudica, se escucharán ruidos de sable en Ferraz y Moncloa: ¿para eso la pusimos ahí? Ella quedará contaminada para siempre, pero la institución también.

Uno ha visto en acción a demasiados gobiernos populistas para saber lo que sucede cuando uno de ellos decide proceder a la ocupación del poder judicial —o, en su defecto, a su descrédito público—. El daño suele ser irreparable.

Eso sí, lo que nunca falla en España es la sacrosanta y apestosa ley del embudo. Si Rajoy hubiera intentado algo similar a lo de Sánchez en estas 100 horas desatadas, los alaridos de los socialistas y de sus palafreneros mediáticos se habrían escuchado en Sebastopol. El de la ley del embudo es el espacio de consenso que les queda, el que todos practican y comparten.

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La pareja impecable

Santiago González en su Del Blog, 160120

l doctor Sánchez compareció tal como había prometido en rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros. Que cumpliera su promesa es destacada novedad, aunque no dijera verdad, ese es otro cantar. Anunció que se va a reunir con Torra y se quejó de que “si nos sentamos dos presidentes de Gobierno parece una noticia extraordinaria”, dando por sentada una relación bilateral que en otro momento reivindicó en sus propios términos, añadiendo que “Torra sigue siendo el presidente de la Generalitat”. No es cierto. La Junta Electoral Central, a la que Sánchez no reconoce de facto, es el organismo competente para aplicar la LOREG y Torra después de su inhabilitación ratificada por el Supremo es un don Nadie. Sánchez también, pero institucionalmente es el presidente del Gobierno.

Dijo este impecable artista de la farsa que Lola Delgado tiene un currículum y una trayectoria impecable, solvente, es una acreditada profesional que vuelve a la Fiscalía. ¿Cuántos minutos? Antes de que entregara la cartera de Justicia a Juan Carlos Campo ya le había notificado que ella sería la fiscal general. Campo y Delgado van a formar un equipo, un tándem, como le gusta decir a Carmen Calvo, que se va a encargar de ‘desjudicializar la política’, que es el nombre que el doctor fraude y sus amigos golpistas dan a lo que no es más que politización de la justicia

La fiscal Delgado tiene una larga carrera tras de sí. Yo la sigo con mucho interés desde el 6 de febrero de 2009 en que ella acompañó a su amigo íntimo Baltasar Garzón a una cacería en Andújar, el mismo día que el entonces magistrado puso en marcha la cacería Gürtel contra el principal partido de la oposición. En la cena, el juez se sentó con el ministro de Justicia, el comisario jefe de la Policía Judicial y una fiscal que uno, en su ingenuidad apuntó que no habría ido allí a cazar. O sí, habría que decir desde el tiempo transcurrido.

Aquel mismo año Lola Delgado acompañó a Balta a la famosa comida con Villarejo, en la que contó que durante un viaje a Colombia, jueces del Supremo y miembros de la Fiscalía, dieron esquinazo a las dos mujeres de la expedición para ligar con menores. Una fiscal que comenta los delitos como anécdotas. Hay que joderse con la impecable, solvente y acreditada profesional.

Que vuelve a la Fiscalía, dice. A preguntas de los periodistas sobre el parecer de su vicepresidente, explicó que las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas. Y tiene razón, o sea que Pablo traga. Él no estuvo de acuerdo con el nombramiento de Lola Delgado, no ya para fiscal general sino para ministra de Justicia. Como ministra fue reprobada tres veces por el Congreso en unos pocos meses. Sus charlas salaces con Villarejo fueron causa de una de las tres. Y dijo Iglesias: “Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de Interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo”. Y tenía razón, alguna vez había que dársela.

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Querrás tragártela enterita

Viernes, 17/Ene/2020 Nuria Labari El País, [vía El Alendrón]

El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha amanecido cubierto con esta ocurrente frase de la campaña para la serie de Netflix Sex Education. El juego de palabras es muy divertido porque no sabemos si se refiere a una serie o a una polla. Y eso hace gracia.

Yo paseo por la calle y recibo esta sentencia desde mi cuerpo de mujer como una orden. No solo desde la acera por la que camino sino también desde mi smartphone, porque la frase corre como la pólvora en las redes sociales. Me llega en media hora por cuatro grupos de WhatsApp distintos. Debo confesar que no me queda claro si la palabra “querrás” funciona en esta oración como imperativo o como presagio sobre mi voluntad. En todo caso, en ambos escenarios termino tragando. Eso es muy de mujer. Lo de tragar, digo. Primero en la cama y luego donde toque. Tragar series, digo.

La ocurrencia no es casual y tiene que ver con una concepción muy arraigada respecto de qué actitud sexual se presupone de un hombre y de una mujer. A nosotras se nos supone pasivas y a ellos, nuestros opuestos complementarios, sujetos activos siempre dispuestos para la acción. Y por acción, en este obsoleto modelo, entendemos penetración. Por eso el anuncio funciona, porque conecta con el imaginario sexual colectivo. Que, si bien empieza en la cama, se ha extendido, durante siglos, a muchas otras esferas. Así, las mujeres hemos sido excluidas de muchas actividades culturalmente inapropiadas para nuestra condición. Igual que los hombres han sido obligatoriamente incluidos en otras en nombre de su hombría, como ir obligatoriamente a la guerra durante siglos, por ejemplo. Porque un hombre lo ha de ser de la batalla a la cama.

Por eso marchito cuando asisto al éxito de la última campaña de Netflix, bañando de viejas convenciones sexuales las modernas redes sociales. Hay muchas más frases ocurrentes, a parte de la ya citada, en esta campaña de marketing. Todas, eso sí, basadas en el mismo y obsoleto modelo. Aquí va otra buena. “La realidad supera a la fricción”. ¿Qué realidad? ¿Qué clase de sexo es el que supera la fricción? Poca realidad conocen los que han redactado esta sentencia.

El problema es que según esta gramática sexual, los hombres avanzan siempre hacia la penetración y nuestra es la responsabilidad de pararlos cuando sea menester. Por eso es tan importante gritar no muy alto y muy claro cuando no queramos ser penetradas, no vaya a ser que nos violen sin querer.

Sin embargo, el hecho cierto es que las relaciones sexuales entre hombres y mujeres no son como nos venimos imaginando. En realidad, nuestros sexos son física y científicamente bastante parecidos y se comportan de manera semejante. Por desgracia, la investigación que lo demuestra no comenzó hasta 1998 y sus resultados no se publicarían hasta 2005. Fue entonces cuando el estudio de la doctora Helen E. O’Connell descubrió al mundo que el clítoris de una mujer mide entre 7 y 10 centímetros siendo la parte visible, el glande del clítoris, el vértice de donde parten dos pilares que se extienden hacia atrás y abrazan los costados vaginales. O’Connell demostró cómo todo el órgano se hincha y aumenta de tamaño con la estimulación, dado que el clítoris tiene erecciones cuando una chica se excita y se mantiene duro hasta el orgasmo. Es decir, que funciona exactamente igual que un glande. Deberíamos imaginar el acto sexual como el cuello de dos cisnes que se abrazan y se tensan y estallan cuando no pueden más, de placer. Imaginemos nuestras propias actitudes sexuales si pensáramos el sexo desde esta nueva imagen. La vida cambiaría mucho porque, tal y como señala Michu M. Sayal en su libro “Violación”: “La forma en que imaginamos algo influye en la forma en que existe en el mundo”. Así imaginamos el sexo, así será.

Y la campaña de Netflix ha venido a echar leña al fuego patriarcal. Una verdadera pena siendo que la serie va dirigida a un público adolescente, del que caben esperar nuevas actitudes y lenguajes. Mención especial merecen los mupis instalados en el metro de la capital en los que podemos leer “Cuidado para no introducir el _____ entre ______ y _______”. Otra vez el pene como centrito del mundo. O la frase de inicio de campaña que implica también a un macho empotrador: “Cuenca, te vamos a poner mirando a Netflix”.

Que moderno todo ¿no? Después de mucho buscar, encuentro una sola valla protagonizada por dos chicas. Suya es la frase más soft de toda la campaña, la más cursi. Ellas dicen: “Vamos a pasarlo genital”. Chupi, pirata, que es a lo máximo donde podemos llegar las chicas sin ayuda de un buen _____. Lo peor de todo es que la serie es mucho más moderna que esta burda publicidad que no merece. Una pena. Ahora ya solo pueden arreglarlo con lonas del mismo tamaño impresas con un mensaje claro: «El sexo patriarcal me come el _____».

Nuria Labari es escritora y periodista, autora de La mejor madre del mundo (Literatura Random House).

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Notas.-

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Requisitos idóneos

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Aclaremos
Joaquin Leguina en ABC, 150120

«¿Qué nos toca hacer a quienes dentro y fuera del PSOE queremos resucitar la socialdemocracia española, la que ha destruido Pedro Sánchez? Prepararnos para actuar, sin prisas y sin pausas, a fin de conseguir que el sanchismo no sobreviva a las próximas elecciones y en primer lugar hacer todo lo posible para que Iceta no consiga lo que se propone»
Lo dijo un viejo profesor de Filosofía en la Facultad bilbaína de Ciencias Económicas en la cual estudié: «Aclaremos, Colón no fue a América nadando», para a continuación matizar tan obvia afirmación con la parrafada que sigue: «sino que utilizó las artes y los saberes que habían sido escogitados antes del famoso día en que salió de Palos para hacer del Atlántico una vía».

Aclaremos nosotros también: el Gobierno de Sánchez es legítimo porque es legal, es decir, que 167 son más que 165, pero eso no quiere decir que los votos que están detrás de los 167 diputados del «sí» sean más que los que apoyaron a los 165 diputados del «no». La verdad es la contraria: el «sí» tiene detrás 10,9 millones de votos y el «no» 11,3 millones (los que se abstuvieron en el Congreso sumaron 1,1 millones de votos).

Así que menos lobos y, sobre todo, no se puede engañar al personal alegando -como viene repitiendo Sánchez- que su Gobierno es fruto de un «mandato» del pueblo español. En realidad, la mayoría de los ciudadanos españoles con derecho a voto sigue teniendo una clara inclinación por el centro izquierda y así se vio en las elecciones de abril que entre Sánchez y Rivera se empeñaron en dejar fallidas. En efecto, el PSOE+ C’s obtuvieron entonces 11,7 millones de votos y más de 180 diputados.

En otras palabras: Podemos+PSOE han podido formar Gobierno gracias a la Ley Electoral y a la división en tres del centro derecha pero no por el voto de los españoles.

La segunda, que más que aclaración es una obviedad, consiste en recordar que Sánchez ha hecho tras las elecciones todo lo contrario de lo que prometió durante la campaña electoral (pacto con Podemos que dijo quitarle el sueño y apoyo en el independentismo que dijo combatir). Es evidente que tales engaños no encierran ninguna responsabilidad penal y los asesores publicitarios que suelen rodear (en mala hora) a los líderes políticos actuales también aseguran que esas falsedades no influyen en los resultados de las elecciones venideras, aunque yo no creo para nada en la buena vista de tales asesores (y si no, ¿por qué ha perdido Sánchez casi 800.000 votos entre abril y noviembre?). A quien le incitó al bloqueo tras las elecciones de abril para así sacar más votos en las siguientes elecciones haría bien Sánchez en ponerlo de patitas en la calle y sin indemnización, por mendrugo.

Otra aclaración es también necesaria. Se trata del PSC de Iceta y de su indudable influencia en las decisiones de Sánchez. En las últimas elecciones autonómicas, posteriores al golpe del 1 de octubre de 2017, el PSC, que venía perdiendo votos sin parar desde la aventura de Maragall, fue materialmente barrido por Ciudadanos, liderado en aquella ocasión por Inés Arrimadas. Pues bien, después de la espantá de esta mujer y con la política suicida de Rivera, Ciudadanos sacó tan solo 5 diputados en Cataluña en las elecciones generales del 28 de abril y cayó a 2 diputados en las del 10 de noviembre, mientras que le PSC se recuperaba y obtenía 12 diputados tanto en abril como en noviembre, colocándose inmediatamente detrás de ERC (15 diputados en abril y 13 en noviembre). Ante la nueva situación, el proyecto de Iceta, a día de hoy, no es otro que repetir la jugada nefasta del tripartito, que hoy podría ser un bipartito PSC+ERC (25 diputados en noviembre sobre un total de 48). Para ello bastaría con repetir los resultados de noviembre y así ese bipartito tendría una cómoda mayoría en el Parlamento de Cataluña.

Ante este panorama, ¿qué nos toca hacer a quienes dentro y fuera del PSOE queremos resucitar la socialdemocracia española, la que ha destruido Pedro Sánchez? Prepararnos para actuar, sin prisas y sin pausas, a fin de conseguir que el sanchismo no sobreviva a las próximas elecciones y en primer lugar hacer todo lo posible para que Iceta no consiga lo que se propone. Para lo cual es preciso montar en Cataluña una plataforma política capaz de obtener en las urnas los resultados que ya obtuvo Ciudadanos en las Autonómicas de diciembre de 2017, pero esta vez contando con los restos de este partido y los muchos socialdemócratas desplazados de la UGT catalana (hoy colonizada por el independentismo) y del PSC de Iceta (especialmente aquellas personas provenientes de la vieja federación del PSOE) y confluyendo todas estas fuerzas con las que ha creado Manuel Valls. Una plataforma decididamente constitucionalista y dispuesta a combatir por igual al separatismo y a la equidistancia medrosa y mentirosa de Iceta.

La destrucción del PSOE y de cualquier organismo participativo dentro de él están perfectamente descritas en sus actuales estatutos, en los cuales queda claro, por ejemplo, que el Comité Federal o los secretarios regionales nada tienen que decir ante las decisiones soberanas del líder, convertido en dueño y señor de la organización. Y si alguien desea que se llegue solo a discutir cualquier propuesta o iniciativa necesita el aval de al menos el 20% de los afiliados. En pocas palabras: ahí dentro no hay nada que rascar. Por lo tanto, lo que ha de hacerse es preciso hacerlo fuera de la organización y sin que quienes seguimos dentro del PSOE debamos abandonar sus filas. Es preciso, pues, ir creando plataformas políticas con intención electoral para hacer que Sánchez ni siquiera pueda presentarse a las próximas elecciones generales.

¿Por dónde empezar? Pues por aquellas provincias (que son más de veinte) en las cuales el último diputado del PSOE lo ha obtenido gracias a que VOX o C’s no han conseguido escaño, tirando así sus votos.

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Las 100 primeras horas de un presidente desatado

Ignacio Varela en El Confidencial, 170120

Pedro Sánchez se lamenta preventivamente de que la oposición no le concederá los famosos días de gracia que se otorga a los nuevos gobernantes. El problema es que omite tres cosas

Pedro Sánchez se lamenta preventivamente de que la oposición no le concederá los famosos 100 días de gracia de los nuevos gobernantes. Omite tres cosas: a) que él no es nuevo en el Gobierno, lleva más de un año y medio en el poder; b) que tras ser elegido no ha concedido la cortesía, casi ritual en nuestra historia democrática, de una primera conversación con el líder de la oposición; c) que si sus anunciados 1.400 días son como sus primeras 100 horas, las cuadernas del sistema difícilmente resistirán semejante prueba de estrés.

Es sabido que Sánchez juega sin reglas y conduce sin frenos. Las pautas de su comportamiento no figuran en los textos de ciencia política, sino en los de otras disciplinas. Pero la investidura ha operado como un desinhibidor definitivo. En estas 100 horas, hemos visto a un presidente desatado, ensoberbecido, lanzado a una exhibición impúdica de poder personal. Todos y cada uno de sus movimientos han respondido a la necesidad compulsiva de demostrar a todos (a su partido, a sus socios, a la oposición, al público en general y, sobre todo, al resto de las instituciones del Estado) quién va a mandar aquí a partir de ahora.

En tres días, ha hecho al menos cuatro cosas de extraordinaria gravedad. Ha convertido a su valido personal, un secretario de Estado, inicialmente un consultor, en el vicepresidente efectivo del Gobierno. Ha metido un tajo al control parlamentario del Ejecutivo (contando con la sumisa complicidad de la presidenta de la Cámara, a la que cada día se le ve más cara de Forcadell). Ha incorporado al PSC a la mayoría soberanista del Parlamento de Cataluña, preludiando colaboraciones futuras. Y sobre todo, ha desatado una ofensiva por tierra, mar y aire contra el poder judicial, provocando un choque que tendrá consecuencias funestas.
Por fin destapó su versión del palabro ‘desjudicializar’: “El conflicto de Cataluña —dijo— tiene que salir de donde nunca debió estar”. Que es lo mismo que decir a los jueces y tribunales, “aparten sus sucias manos de Cataluña”. El presidente se ha quedado a un milímetro de afirmar que todo lo de Cataluña se jodió el día en que “los togados” (expresión de su socio-vicepresidente, enumerando a los enemigos a los que este Gobierno debe derrotar) se entrometieron en lo que allí sucedía.

Según esas palabras, ni el Tribunal Constitucional debió suspender los sucesivos actos ilegales del Parlament y del Govern de Cataluña, ni la Fiscalía debió denunciar los actos delictivos que allí se cometieron ni el Tribunal Supremo enjuiciar y sentenciar a los políticos sediciosos que promovieron la insurrección. Solo le falta renegar del 155 para reproducir exactamente la tesis central de los partidos independentistas: el Estado español no ha hecho justicia, sino represión (una tesis que, por cierto, sostiene y desarrolla prolijamente su flamante ministro de Universidades).

Los sublevados de octubre del 17 identificaron perfectamente lo que los frenó: las resoluciones del Tribunal Constitucional a requerimiento del Gobierno y la actuación de los tribunales a instancias de los fiscales. Cuando reconocieron al Gobierno Sánchez-Iglesias como una oportunidad que no debían desaprovechar, se referían precisamente a asegurarse de que tal cosa no vuelva a ocurrir. Si se obtiene la pasividad del Gobierno atándolo a una mesa y se neutraliza la Fiscalía desde su propia cúpula, el camino de la impunidad quedará expedito y Cataluña será, por fin, un territorio de excepcionalidad jurídica en el que cualquier cosa es admisible invocando —más bien, profanando— el sagrado nombre de la política.

Está muy claro el núcleo del entendimiento entre la Moncloa y Lledoners. Primero, me sacas de aquí cuanto antes (lo que sucederá cuando la Generalitat aplique a estos condenados todos los beneficios penitenciarios posibles y la Fiscalía lo consienta). Segundo, mientras tú estés en la Moncloa yo no declaro la independencia ni convoco unilateralmente un referéndum de autodeterminación. Tercero, a cambio de eso, te tapas los ojos y los oídos ante todo lo que hagamos en Cataluña, sea legal o ilegal, hasta alcanzar el famoso 60% de independentistas que Iceta nos marcó como objetivo. Por supuesto, nos quitas de encima a los malditos togados. Mientras tanto, nos vamos socorriendo mutuamente, aquí y allá, con el pretexto de frenar a la extrema derecha y repitiendo mucho lo del diálogo, y cada cierto tiempo escenificamos una trifulca para tranquilizar a nuestras huestes más hiperventiladas.

Para cumplimentar ese encargo, nadie como Lola Delgado. Acrisolada fidelidad al mando, cortada a pico, deudora del Jefe que la protegió cuando la pillaron en pleno contubernio con Villarejo (lo más oscuro de la policía) y Garzón (lo más turbio de la judicatura), y una virtuosa en el uso alternativo del derecho. ¿De quién depende la Fiscalía? De Lola. Pues eso.

El simple hecho de que la Fiscalía se convierta en objeto de batalla partidaria es corrosivo para el crédito de la institución. Después del gélido recibimiento del Consejo General del Poder Judicial, la nominada tendrá que pasar, antes de su nombramiento, por el escrutinio de la comisión de Justicia del Congreso. Se puede anticipar que esa sesión será una carnicería de la que saldrá una tonelada de azufre y barro que acompañará a Delgado durante todos los días de su mandato.

En el caso de Delgado, la presunción de parcialidad es abrumadora. Da igual lo que haga, está condenada de antemano a que se interprete en términos sectarios. Acaba de hacer dos campañas electorales en las que ha dado decenas de mítines. Invito a los amantes del género gore a que los repasen. Solo encontrarán loas indecorosas a las infinitas virtudes del Gran Timonel y su glorioso partido, junto a toda clase de insultos a los adversarios: fascistas, corruptos, practicantes del terrorismo machista… Un manual completo de sectarismo beligerante, la furia del converso en plena acción.

Por si no fuera suficiente con sus vidriosos manejos ministeriales, cualquiera de esos discursos es más que suficiente para inundarla de recusaciones o exigencias de abstención en cualquier causa judicial que roce la esfera política. Su situación será imposible desde el primer día: si beneficia al Gobierno, la tacharán de cipayo del poder. Si lo perjudica, se escucharán ruidos de sable en Ferraz y Moncloa: ¿para eso la pusimos ahí? Ella quedará contaminada para siempre, pero la institución también.

Uno ha visto en acción a demasiados gobiernos populistas para saber lo que sucede cuando uno de ellos decide proceder a la ocupación del poder judicial —o, en su defecto, a su descrédito público—. El daño suele ser irreparable.

Eso sí, lo que nunca falla en España es la sacrosanta y apestosa ley del embudo. Si Rajoy hubiera intentado algo similar a lo de Sánchez en estas 100 horas desatadas, los alaridos de los socialistas y de sus palafreneros mediáticos se habrían escuchado en Sebastopol. El de la ley del embudo es el espacio de consenso que les queda, el que todos practican y comparten.

 

Notas.-

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Tradición, ignorancia y mentira

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‘El crepúsculo de las ideologías’

Gonzalo Duñaiturria en ok diario, 040217

El título de este artículo corresponde a un brillante texto de Gonzalo Fernández de la Mora, filósofo y político fallecido en 2002. En él, se pone de manifiesto el resultado final de un “pensamiento único” surgido tras la II Guerra Mundial y el triunfo de un doble “pensamiento dominante”, el socialdemócrata y el liberal-conservador. Defendió en su obra una idea que el transcurrir de la historia demostró acertada: la izquierda socialdemócrata se aburguesó a la vez que el pensamiento liberal-conservador se “socializó”. Confluencia de ambas situaciones y el derrumbe del pensamiento marxista y de sus gobiernos a finales de los años 80 supuso la aparición de ese “pensamiento único” cuyas élites protagonistas entendieron, falsamente, que triunfaría in nihilo tempore hasta la llegada del “fin de la historia”.

Durante décadas, dicha concepción del “mundo de las ideas” se mantuvo, apartando del debate e incluso de la participación política a aquellos que el sistema imperante entendía como “disidentes”, llegando al extremo de repartir “credenciales de demócrata” a aquellos que perteneciesen a dicho redil y retirándosela a los “contestatarios”. No es menos cierto que aquel status quo ideológico cosechó importantes cotas de paz social y de progreso, de cierta, real o aparente, cotas de libertad y de desarrollo y donde, a modo de ejemplo y durante la década de los 70, el Estado del bienestar, en su forma social-demócrata o liberal-conservadora, fue el modelo incuestionado para los individuos del llamado “mundo libre”. Pero tal situación se mantuvo en detrimento de las ideologías, al copar aquellas dominantes un mensaje vacuo y sin contenido donde todo tenía cabida y donde los límites de las “ofertas políticas” fueron extremadamente estrechos sino en algunos casos, prácticamente gemelos.

Mientras desde el pensamiento liberal-conservador la inacción ideológica fue una constante, basada, entre otras cosas, en la apología del capitalismo en la fase de la globalización de los mercados con la desaparición de nuevas realidades políticas e incluso de las naciones, desde la izquierda se profundizó en ofertar un mensaje con “algo” de ideología, apareciendo la llamada “tercera vía”. Pero no todo era un “campo de amapolas”. La supremacía de ese “pensamiento monocorde” trajo consigo una indubitada “crisis de representación” así como una anhelante necesidad por parte del ciudadano-elector de i) mayor compromiso de las élites en sus mensajes ii) claras alternativas al modelo imperante desde el final de la Segunda Guerra Mundial y iii) aparición de nuevos protagonistas políticos frente el papel de los partidos y sus dirigentes que provocó, como si de un nuevo “despotismo ilustrado” se tratara, la desconexión entre ese poder político y la ciudadanía.

Pero Gonzalo Fernández de la Mora no pudo prever, erróneamente, que las ideologías clásicas perdían su poder de persuasión. Los “pensamientos dominantes” confundieron de manera intencionada las diferencias entre la izquierda y la derecha, entre el socialismo y el conservadurismo para apuntalar de manera visionaria y para la eternidad su teórica hegemonía. Habría que añadir la crisis económica. Si a una sociedad carente de valores y con déficit de representación se le suma una grave crisis económica, se reforzará, como así es, la desconexión entre los ciudadanos y sus gobernantes. Como efecto directo, el individuo valorará todavía menos su derecho de participación política pues lo considerará inútil. Por muchas apelaciones que se hagan a la “democracia”, término plagado de ambigüedades y polisemias, los ciudadanos entienden que es necesario reestructurarlo de una forma lógica, pues en términos de pura representación política, la democracia se ha llegado a convertir en una “partitocracia” donde es falso que el elector nombre a los políticos y estos, irremisiblemente han sido seleccionados por el aparato de los partidos.

Claus Offe, politólogo socialista reconoció que la partitocracia desradicaliza las ideologías y erosiona la identidad de los partidos. Producto de todo lo anterior ha provocado la aparición de nuevas formaciones políticas. Pero mientras unas plantean un presente distinto, otras nos llevan a la quiebra y crisis, moral y humana, que supuso la imposición del caduco “pensamiento dominante”.

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ánchez y la teoría del centésimo mono

José Antonio Zarzalejos en El Confidencial, 160120

l “Gobierno progresista de coalición” es en realidad un Ejecutivo de compresión de los demás poderes, incluidos los del partido coaligado y los demás ejecutivos salvo los presidenciales

Es improductivo, en términos de explicación, utilizar categorías coloquiales para describir los comportamientos del presidente del Gobierno. O en otras palabras: sus cambios de criterio y opinión no son mentiras, y sus apreciaciones contradictorias con la realidad no implican expresiones de cinismo. Todo lo que hace, y cómo lo hace, remite a una concepción del poder que se caracteriza por su sesgo de contemporaneidad. Hemos entrado en la era de la posdemocracia liberal, en la que se están recuperando, incluso en los sistemas de garantías más consolidados, formas y maneras de hacer política que evocan los ademanes de la autocracia, es decir, del ejercicio en una mano de un conjunto exorbitante de facultades públicas. Tiempos en los que la veracidad es anecdótica, fugaz e intrascendente y las palabras carecen de densidad.

El populismo y las formas iliberales no son solo propias de algunos países toscamente autoritarios sino que, sin alterar ni una sola coma de sus vigentes leyes constitucionales, se producen en modelos políticos sofisticados como los Estados Unidos de Donald Trump o el Reino Unido de Boris Johnson. Por no hablar de lo que ocurre en Polonia o Hungría, y lo que bien puede ocurrir en Italia si regresa Salvini al poder. Hay autores —ahí está la última obra de Christian Salmon— que califican la presidencia de Emmanuel Macron como “jupiterina”, es decir, evocadora de una deidad.

Pedro Sánchez ha llevado a la práctica la teoría del centésimo mono, que consiste en el efecto imitación que llega a crear una masa crítica. La tal teoría arranca de una investigación en la década de los años cincuenta del pasado siglo. Un grupo de científicos comprobó en una isla japonesa que cuando se ofreció a macacos patatas dulces pero terrosas, las rechazaron, hasta que uno de ellos las lavó y se las comió. En poco tiempo, los demás aprendieron a lavar el tubérculo y a ingerirlo. Y así hasta 100. Y a partir del centenar, el consumo de patatas dulces se generalizó generando una “masa crítica” a la que se resistieron los animales mayores, mientras los más jóvenes se incorporaban rápidamente al nuevo uso alimenticio.

En las formas de hacer política, ocurre algo similar: se crean nuevos modelos favorecidos por también renovadas circunstancias históricas y emergen —en las urnas, con una legitimidad inatacable— personalidades de rasgos autocráticos que aprenden los unos de los otros y resultan antagonistas de sus predecesores: el presidente republicano de los Estados Unidos sucede a un demócrata paradigmático como Obama; el primer ministro conservador del Reino Unido barre en las elecciones a un socialdemócrata ideológicamente arteriosclerótico y a una colega ‘tory’ de manual; en Brasil, un ultraderechista toma el relevo a un izquierdista de referencia; en Hungría, un conservador al uso se convierte en un iliberal, y en Polonia ocurre tres cuartos de lo mismo; en Francia, la partida política se libra entre el macronismo (¿qué es el macronismo?) y la extrema derecha, sin que aparezcan signos de vida inteligente ni en el socialismo ni en el conservadurismo liberal de los republicanos.

En España, Sánchez representa —con los matices que se quiera— esa nueva forma de ejercicio del poder. Los síntomas de ello son inequívocos y enlazan con una relativización absoluta de los compromisos electorales y con una extraordinaria volatilidad de las estrategias. Todo a lo que Sánchez se comprometió, mediante afirmaciones y negaciones, entre el 28 de abril y el 10 de noviembre de 2019, es ahora un mero recuerdo que no conmueve a la ‘masa crítica’ que celebra un “Gobierno progresista de coalición” que en realidad es un Ejecutivo de compresión de todos los demás poderes, incluidos los del partido coaligado y los propios del poder ejecutivo que no sean los presidenciales.

Y así ocurre que la exministra de Justicia y futura fiscal del Estado presenta, según Sánchez, una trayectoria “impecable” (sus conversaciones con Villarejo formarían parte de un ‘fake’); el presidente está “encantado” de entrevistarse con Quim Torra (ya no es el “Le Pen español”, y las razones por las que no le descolgó el teléfono durante semanas han dejado de concurrir); el jefe del Ejecutivo fragmenta las competencias de sus ministros (uno de ellos, el de Universidades, se manifestó en desacuerdo por la amputación de la ciencia y la innovación de su cartera) para reinar él en el puzle de taifas en que ha convertido el Consejo de Ministros, en el que soporta y disfruta dolor y gloria su otrora denostado vicepresidente segundo, Pablo Iglesias; por si fuera poco, el Gobierno se reunirá los martes sin que la presidenta del Congreso haya, hasta el momento, acompasado un nuevo calendario para la Cámara para salvar el relieve de las sesiones de control al Ejecutivo; ítem más: la Moncloa se convierte en un arsenal de poder dotando al jefe del Gabinete presidencial de poderes extraordinarios, tantos, que no admiten competencia con los de las vicepresidencias, pero librándose Iván Redondo del control parlamentario al que sí se someten los/as ministros/as.

Por lo demás, se usará y abusará del decreto-ley a la mínima resistencia que un proyecto de ley pueda registrar en el Congreso; no hay propiamente, ni habrá, hostilidad, pero sí indiferencia y distancia respecto de otras instituciones del Estado y máxima complicidad colaborativa con las fuerzas políticas más agresivas con el sistema constitucional, y todo se referenciará a ‘valores’ enfáticamente proclamados y selectivamente vigentes: el “diálogo”, el “consenso”, “la interlocución intergeneracional”… Insertado todo ello en una estrategia de comunicación que es “la razón de ser de la política”, en palabras del ya citado Salmon y que Sánchez encomienda a su íntimo colaborador, que ni siquiera pertenece a su partido.

Ortega sostenía que “no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa”. Cierto. Y quizá lo que pase es que Pedro Sánchez, un buen observador de cómo se desarrolla la política y poseído por una desmesurada ambición personal, ha elaborado una urdimbre de poder aparentemente precaria pero en realidad resistente, aprendiendo las lecciones de estos tiempos plomizos para la democracia e imitando, como en la teoría del centésimo mono, las conductas de sus peores pares. El socialismo del PSOE, masa crítica del presidente, está en la higuera del arrobo progresista. La misma en la que lleva encaramada la derecha desde que Sánchez trabó contra Rajoy todas las hostilidades y el gallego solo acertó a refugiarse en un restaurante a 600 metros del Congreso mientras un “adolescente caprichoso” imaginó que era capaz de hacer historia y protagonizó un tremendo fiasco. Este entramado tiene, sin embargo, un cabo suelto. Habrá, también, que comentarlo.

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Notas.-

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Consumos ultramarinos

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Dolores Delgado, “pues ya está”

José Anatonio Zarzalejos en El Confidencial, 140120

Sánchez ha alterado los paradigmas de la política española y el sistema camina hacia un modelo iliberal del que el manoseo a la autonomía de la Fiscalía es solo un síntoma

¿Sorpresa?, ¿indignación?, ¿error? En absoluto: Pedro Sánchez ya le adelantó al buen amigo y gran profesional Íñigo Alfonso (‘Las mañanas de RNE’ del 6 de noviembre pasado) que la Fiscalía dependía del Gobierno. La afirmación no fue directa si no oblicua y terminó con un rotundo “pues ya está”. Es cierto que al día siguiente (a solo tres de las últimas elecciones), el todavía presidente en funciones rectificó: “La Fiscalía es autónoma. No fui preciso, son muchas entrevistas”.

Casi todos dieron por buena la excusa porque ¿cómo el candidato socialista a la presidencia del Gobierno iba a atribuir al Ejecutivo una relación de jerarquía con el Ministerio Fiscal en abierta contradicción con su Estatuto Orgánico, una ley de 1981 que lo consagra como un “órgano de relevancia constitucional, con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial” y que, además, “ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”?

Pedro Sánchez ha vuelto a hacerlo. No dormía con Podemos en el Consejo de Ministros y ya lo hace con cinco ministros bajo la disciplina morada. Vetó a Iglesias y ahora le abraza como socio y como vicepresidente. No se iba a apoyar en los independentistas y sin ellos no hay Gobierno. No descolgaba el teléfono a Torra y ya ha quedado con él —incluso inhabilitado por el TSJC y retirada su acta de diputado autonómico por la Junta Electoral Provincial de Barcelona— para echar a andar la mesa intergubernamental acordada con ERC. Nombrar a Dolores Delgado, hasta este lunes ministra de Justicia, fiscal general del Estado, está en la línea de los zigzagueos del presidente del Gobierno que lo configuran como un político increíble (consultar las acepciones de este término).

La impavidez con que Pedro Sánchez distancia sus palabras de sus hechos es su forma peculiarísima de entender el ejercicio del poder a la que deberíamos estar ya acostumbrados. Este presidente, al frente de este Gobierno y liderando el PSOE, ha alterado los paradigmas de la política en España y hasta que sus adversarios —incluso los militantes socialistas— no salgan de la perplejidad que les provoca su ufanía, no podrán articular una oposición eficaz que neutralice la arbitrariedad con la que se maneja. Se puede adjetivar la decisión de nombrar fiscal general a la exministra de Justicia tanto como se quiera, pero no será un florilegio de desahogos el que sirva para los dos objetivos que ahora son necesarios: 1) hacer entender a la opinión pública que estamos ante una clara desviación de poder del presidente y de su Gobierno y 2) que en un Estado de derecho los actos gubernamentales son, en la mayoría de los casos, reglados y, por lo tanto, impugnables ante los tribunales competentes.

Por lo demás, es muy importante tener en cuenta que el nombramiento —que corresponde al Rey— lo propone el Gobierno (el Consejo de Ministros) solidariamente (también Iglesias y sus ministros de cuota), con dos requisitos previos: que sea “oído” el Consejo General del Poder Judicial y que la interesada comparezca ante la Comisión de Justicia del Congreso. Quizás en esos trámites, la exministra de Justicia tenga alguna dificultad y, tal vez, refriegas verbales. Pero —y aunque se impugne su nombramiento ante la Sala Tercera del Supremo— la reflexión política e institucional debe ser más profunda y consiste en advertir del vaciamiento por vía de hechos consumados del modelo constitucional que entrega (artículo 124 de la CE) al Ministerio Fiscal unas funciones esenciales en el sistema democrático que van a ser administradas por una exdiputada (dejará el acta) del PSOE, exministra, con identidad de criterios ideológicos y tácticos con el presidente del Gobierno. Y con un historial ministerial manifiestamente mejorable.

El sistema democrático español camina hacia la perversión del iliberalismo, aunque sea de signo solo aparentemente diferente a otros que tanto indignan a muchos de los que, como sabuesos, descubren ‘fachas’ hasta debajo de las piedras. En realidad, convertido el PSOE en una plataforma al servicio del líder más que en una organización partidaria, convergen todos los ingredientes iliberales: el populismo izquierdista de Unidas Podemos y el reaccionarismo de los ultranacionalismos de ERC y EHBildu, todo ello vigilado por el ojo mercantil del PNV y apuntalado por algunos localismos que pretenden así salir del abandono y el olvido. En estas circunstancias, manosear con grosería la autonomía del Ministerio Fiscal no deja de ser un síntoma de lo que ocurre y un augurio de lo que está por venir. Y cuando suceda, todo quedará rubricado: “Pues ya está”.

 

 

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Notas.-

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Dolores fiscales

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De un poder «casi nulo»

Gabriel Albiac en ABC, 130120

Para un populismo no hay más proceder aceptable en justicia que el de los «tribunales populares»

Puede que sea el pasaje más citado de toda la tradición garantista. Montesquieu, Espíritu de las leyes, libro XI, capítulo 4: «Para que no sea posible abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder contrarreste al poder». Sobre ese axioma se asienta la contraposición de tres blindados poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La función de cada uno es oponerse a los excesos de los otros dos. Y, de ese perpetuo conflicto, nacen las únicas grietas de libertad por las cuales puede transitar el ciudadano.

El pasaje tiene la elegancia escueta de los enunciados matemáticos. De ahí, en buena parte, su éxito. Y, sin embargo, Montesquieu es menos optimista de lo que ese sólo enunciado llevaría pensar. Conviene seguir leyendo. Poco más adelante. Capítulo 6 del mismo libro XI: «De los tres poderes de los cuales hemos hablado, el de juzgar es, de algún modo, nulo».

¿Qué significa ese escéptico repliegue? Algo desoladamente sencillo: los jueces no disponen, ellos mismos, de fuerzas materiales para ejecutar sus sentencias. La ejecución la garantiza nada más que la fuerza constrictiva que sólo el ejecutivo detenta. ¿Qué sucederá entonces si una sentencia judicial entra en incompatibilidad frontal con el ejecutivo? Que la sentencia no se ejecutará. Sencillamente. Y que el ejecutivo procederá a asestar los golpes necesarios para desmontar un poder judicial que pretende poner en solfa su primacía.

¿Qué sucede cuando un poder que a sí mismo se proclama ejecutivo -aunque legalmente no lo sea-, el de Torra, decide no acatar una sentencia del Tribunal Supremo? El despliegue de una alternativa sin tercera vía: o bien el Tribunal Supremo dispone de un poder ejecutivo superior al de Torra -el del gobierno de España, por ejemplo-, que garantice la fuerza necesaria para aplicar la sentencia y reduzca al rebelde si es preciso, o bien que el ejecutivo de Torra inste al gobierno español a desmontar el Tribunal Supremo. Cuál de las dos hipótesis venza está en el aire.

Pero ésa es la gran pugna de los tiempos que vienen. El ejecutivo de Sánchez incluye, entre sus miembros, a ministros que no pueden admitir la división de poderes y, en particular, la autonomía del judicial. Por razones innegociables: para un populismo no hay más que un poder, el del «pueblo», no sujeto a leyes superiores ni, menos aún, a jueces que decidan sobre sus aplicaciones. En el límite, para un populismo no hay más proceder aceptable en justicia que el de los «tribunales populares». Lo demás es abuso y expropiación del pueblo por las «élites».

La primera batalla se dará cuando llegue la hora de proceder a la renovación del Consejo Superior del Poder Judicial. Que no es un órgano jurisdiccional. Pero que decide acerca de la composición de los altos tribunales. Y cuyo control poseen los partidos políticos. Ese día veremos, en la práctica, funcionar la escéptica autocorrección de Montesquieu: sí, ciertamente, «el poder de juzgar es, de algún modo, nulo».

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Balcones, banderas y Gobierno

 

Deriva

Fernando Savater-El País, 120120

Con la mesa entre Gobiernos, al convertirlos en socios activos o pasivos de la gobernabilidad se les da lo más importante: la razón.

La Junta Electoral pudo inhabilitar a Torra antes de estar condenado en firme gracias a una enmienda introducida en la LOREG a iniciativa de UPyD, presentada por Rosa Díez en el Parlamento. Para los recién llegados, UPyD es un pequeño partido sin apoyos mediáticos y tan extravagante que en lugar de defender el campanario de su pueblo (el pueblo siempre vive pendiente del campanario) se preocupa por la ejemplaridad de los cargos públicos en el Estado. Aún hoy se lo afean los palmeros de los golfos apandadores, que a todo lo que no les es rentable lo llaman “derechista” y “facha”, como Adriana Lastra, prototipo del socialista actual: cerebro de jalea y jeta de pedernal. Lo que según ellos piden los nuevos tiempos es acabar con la judicialización de la política, todo lo demás es manipulación y escándalo apocalíptico. Pues bien fácil es acabar con la intromisión judicial en la política, y en las relaciones sexuales, y en las finanzas: basta que los dedicados a tan sanas actividades no violen las leyes. ¡Ah, es que entonces no tiene gracia… ni se puede sacar ventaja! Ya les contestó Oscar Wilde: “Solo hay algo peor que la injusticia, y es la justicia sin espada en la mano. Cuando lo correcto carece de poder, es malo”. Claro, los jueces estorban a quienes creen que en política no hay delitos sino oportunidades: ahora mismo ocurre en Polonia, modelo en esto de nuestro Gobierno “progresista”…

Dicen los rábulas que la escandalosa oposición exagera porque a los separatistas “no se les ha dado nada”. ¿Cómo que no? Con la desjudicialización, con la mesa entre Gobiernos, al convertirlos en socios activos o pasivos de la gobernabilidad (que les importa un comino) se les da lo más importante: la razón.

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Naderías islámicas

Cara o cruz: evolución de los precios del petróleo tras el asesinato del general Soleimani.
Gonzalo Escribano en Real Instituto Elcano 10012020

Observación de la costa del Golfo de Omán y el estrecho de Ormuz. Foto: NASA/Tim Kopra (Wikimedia Commons / Dominio público)

Como nos tienen habituados, los mercados del petróleo reaccionaron con fuertes subidas a la enésima escalada de la tensión geopolítica en Oriente Medio. El 3 de enero, tras el ataque estadounidense contra Soleimani, el precio del barril de Brent alcanzó máximos desde el pasado septiembre, cuando se disparó por el ataque a la planta petrolera de Abqaiq y al yacimiento de Khurais, en Arabia Saudí. Los precios volvieron a subir con fuerza el 8 de enero, tras el ataque iraní con misiles a dos bases iraquíes que albergan militares estadounidenses. Sin embargo, los mercados se tranquilizaron al comprobar que, por el momento, las represalias iraníes se dirigían contra objetivos militares y no contra instalaciones o corredores energéticos que impliquen interrupciones en el suministro de crudo. En el momento de escribir este post (9 de enero), los precios habían vuelto a los niveles previos al ataque estadounidense, incluso algo por debajo. Esta “normalización” de los precios no resulta sorprendente: mientras que el ataque de septiembre inutilizó una capacidad de tratamiento de 7 millones de barriles diarios y un campo petrolero que producía un millón y medio adicional, por el momento ni un solo barril se ha visto afectado por la escalada.

A la pregunta de cuál será el impacto sobre los precios del petróleo, la respuesta es tan habitual como insatisfactoria: depende. Depende del alcance y naturaleza de eventuales futuras represalias por ambas partes, en su caso; de si éstas derivan en una escalada en espiral o si como parece se impone una cierta contención; de las consecuencias internas en Irak e Irán y el conjunto de Oriente Medio; y del comportamiento de otros actores y la evolución del propio mercado del petróleo. Las variables son tantas, y sus interacciones tan complejas y variadas, que cualquier pronóstico tiene más de juego de azar que de previsión determinista. Pero un buen diseño del juego puede ayudar a la identificación de escenarios y una asignación probabilística del riesgo. Así, los efectos sobre los precios del petróleo del asesinato del general Soleimani podrían caracterizarse como una tirada a cara o cruz: si sale cara subirían con fuerza acercándose e incluso superando los 100 dólares por barril, pero nuestra apuesta es que saldrá cruz y los precios se mantendrán en el intervalo de 60 y 80 dólares por barril.

La tirada podría salir cara, incluso carísima, en función del tipo de represalias de segunda ronda adoptadas por Irán y Estados Unidos, así como de otros países afectados. El peor escenario sería un cierre del estrecho de Ormuz, por el que transitan más de 20 millones de barriles diarios de petróleo, más del 30% del petróleo transportado por vía marítima, además de alrededor del 25% de la oferta mundial de Gas Natural Licuado. Ello llevaría a una confrontación abierta con Estados Unidos y otros productores del Golfo Pérsico de consecuencias muy graves sobre los precios del petróleo y la economía mundial, aunque llegados a ese punto las consideraciones económicas serían de segundo orden. También ocasionaría fuertes aumentos de precio un nuevo ataque que destruyera infraestructuras energéticas clave en Arabia Saudí o alguno de sus aliados del Golfo, especialmente grandes yacimientos, terminales de exportación o complejos petroquímicos como el de Abqaiq. Al igual que en septiembre, y a diferencia de un cierre de Ormuz, sería complicado asignar una responsabilidad clara y directa a tales acciones. Las represalias podrían consistir en ciberataques, cada vez más empleados en la región, y a los que el sector energético es especialmente vulnerable, en cuyo caso serían incluso más difíciles de atribuir.

Un escalón por debajo en términos de impacto en los mercados estaría el escenario de ataques esporádicos a petroleros, como los ocurridos en los últimos meses, o a otras instalaciones menores. Los temores a nuevos ataques pueden elevar los precios de los seguros y de los fletes, y obligar a aumentar el gasto en seguridad de los operadores, como ya sucedió el año pasado. El deterioro de la situación en Irak también conllevará costes para el sector petrolero, como la salida de los trabajadores extranjeros de las compañías internacionales (Chevron ya los ha repatriado), el aumento de los costes de seguridad en las instalaciones y, a medio y largo plazo, el retraimiento de las inversiones internacionales.

Como ya se ha avanzado, y pese a todo lo anterior, este post apuesta por que saldrá cruz y los precios se mantendrán en el nivel de los últimos dos años. De hecho, en los últimos días, algunos analistas han subido sólo moderadamente sus previsiones de precios para 2020, caso de Morgan Stanley (de 60 a 65 dólares por barril) o Citibank (de 56 a 61), mientras que JP Morgan la ha mantenido en 64,5 dólares. Aunque los mercados repliquen a corto plazo la volatilidad de los acontecimientos geopolíticos, unas posibles represalias adicionales iraníes no tienen por qué afectar necesariamente al sector energético. El cierre de Ormuz no está en el interés de Irán, tanto por consideraciones estratégicas como económicas. Estratégicamente alienaría a sus ya escasos socios y clientes, caso de China, y además la respuesta militar de Estados Unidos sería fulminante. Desde la perspectiva económica, un país como Irán cuyo PIB ha caído un 9,5% en 2019, según el FMI, no puede permitirse renunciar a la única fuente de ingresos que le queda. Parecen más probables los ataques a instalaciones, especialmente ciberataques, y a petroleros. Sin embargo, este 7 de enero el Joint War Committee de Lloyd’s y la International Underwriting Association de Londres decidió que por ahora no se habían producido “cambios dramáticos” en el nivel de riesgo de la seguridad marítima, ya muy elevado.

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Ilutración  de Manuel Marín

Una nueva era
Tan legítimo es este Gobierno como el derecho a criticarlo. Ni cabe en el debate la más mínima sugerencia de abortar el Ejecutivo por vías que no sean estrictamente las establecidas en la ley
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Antonio Caño [ex director] en eL País, 090120.

Desde que se dio por cierta la investidura de Pedro Sánchez no han dejado de escucharse en los círculos que, de una u otra forma, apoyan al presidente llamamientos a la calma, a la mesura, a la concordia y al optimismo. Es el momento ahora, se dice, de darle una oportunidad al nuevo Ejecutivo, tanto si gusta más como si gusta menos, y de tratar de dejar atrás todos estos meses de acalorado debate que tanto han dividido a la sociedad.

Se describe al Gobierno de coalición como un conjunto, quizá un poco heterogéneo, pero bien intencionado y, en todo caso, preferible a otras opciones, que sufre un acoso feroz por parte de la extrema derecha y de todos los poderes e instituciones “reaccionarias” —judiciales, militares, económicas— que se niegan a darle una oportunidad a políticas progresistas.
Se nos invita, por tanto, a todos a evitar el catastrofismo y a abrir nuestra mente a esta nueva era en la que, por lo visto, será todo más justo y acabaremos siendo todos más felices. Admito que es una invitación tentadora. Después de tantos años de crispación y parálisis, cualquiera estaría dispuesto a subirse al primer tren que condujera no ya a la felicidad, sino, al menos, a la normalidad. Pero es una invitación tan tentadora como tramposa y, desde mi punto de vista, hipócrita.

Por si es necesario, dejemos constancia de la plena legitimidad del Gobierno. Este Gobierno surge de la Constitución española y de su sistema de leyes, concebidas, en efecto, para proteger incluso a quienes las desprecian y usan en su beneficio particular, siempre que las acaten. Tan legítimo es este Gobierno como el derecho a criticarlo. Ni cabe en el debate la más mínima sugerencia de abortar este Gobierno por vías que no sean estrictamente las establecidas en la ley, ni es aceptable que se descalifique toda crítica —incluso las más despiadadas— como un intento fascista o golpista de revertir la voluntad popular.

Tan legítimo es este Gobierno como grande el error que representa y graves las consecuencias que puede tener para todos. No lo digo yo ni lo dice la extrema derecha, lo han dicho antes y mejor que nadie los propios socialistas. Si se quieren escuchar las más rotundas descalificaciones de un Gobierno de coalición PSOE-Podemos nacido tras un acuerdo con los independentistas catalanes condenados por sedición y con Bildu no hay más que acudir a las hemerotecas y videotecas para repasar recientes declaraciones de rivales y aliados de Sánchez en el PSOE. Son ellos quienes mejor han explicado las razones por las que un Gobierno como este nunca debería haber nacido, resumidas en una pregunta convertida en exclamación por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos: “¡Qué sería de España! ¡Qué sería de la izquierda!”.

Son muy poco convincentes los llamamientos a la cordura y la prudencia de un Gobierno integrado por un partido que es fruto de la radicalización de la sociedad española y cuyo principal objetivo manifiesto es acabar con el sistema de consenso que dominó la política española desde la Transición.

Solo en ese sentido puede este Gobierno vanagloriarse de iniciar una nueva era. No, desde luego, por su condición progresista, más que dudosa. Desde la aprobación de la Constitución de 1978 han sido más los Gobiernos de izquierdas, en algunos de los cuales se hicieron las reformas sociales y políticas que todavía hacen de España una de las democracias más avanzadas y equitativas del mundo. Justo es reconocer que otros Gobiernos de derecha contribuyeron con años de crecimiento económico.

Progresista se ha convertido en una etiqueta que se coloca sobre su solapa cualquiera que muestre suficiente odio a la derecha. Pero el verdadero progresista es el que consigue reformas profundas para hacer avanzar la sociedad. Y eso exige amplios consensos y políticas integradoras, que es todo lo contrario de lo que observamos.

Lo más tranquilizador que he escuchado sobre el futuro Gobierno es que, en realidad, no va a pasar nada. Que los acuerdos con los independentistas solo pretenden ganar tiempo y mantenerlos distraídos, pero no llegarán a nada concreto. Y que la presencia de Podemos en el Gobierno es solo un mal menor, que se les da cargos, pero no se les permitirá tomar decisiones de trascendencia.

Triste consuelo, porque este país sí que necesita cambios y reformas, aunque no sean precisamente las que se nos anuncian. La parálisis de los últimos años solo ha conseguido debilitar el sistema y fortalecer a sus enemigos. Hace años que hubiera sido necesario poner en marcha una reforma constitucional que, entre otras cosas, hubiera cerrado la estructura territorial. Es absurdo que, 43 años después de aprobada la Constitución, estén aún sin definir las competencias de las distintas Administraciones del Estado. Es descorazonador que algunos aún quieran debatir sobre cuántas naciones hay en España, entre otras cosas, porque no hemos sido capaces de definir la nación española, el Estado de derecho que somos.

No es un consuelo, por tanto, que se nos haga pensar que los acuerdos contraídos por Sánchez son un mero decorado y que, en realidad, no va a pasar nada. Ese nada ya es mucho, porque nuestra economía se debilita y se queda rezagada, porque los radicales ganan espacio, la división aumenta y España desaparece del panorama internacional, donde también se juega nuestro futuro. Pero es aún peor lo que puede esperarse de unos acuerdos construidos sobre el resentimiento y contra la mitad del país. No hay nada que una al PSOE —ni siquiera a lo que queda de él—, a Podemos, a Esquerra Republicana y a Bildu, al margen de las urgencias del candidato, más que el odio a la derecha, que es la otra mitad de España. No hay un proyecto sólido concebible que una coalición así pueda poner en marcha que cuente con el respaldo de al menos una parte de los que no son sus votantes.

Nos esperan más bien medidas decorativas —educativas, sociales…—, con buena prensa en la izquierda, que serán revertidas en cuanto la derecha recupere el poder, en un círculo vicioso desastroso para nuestro país. Si no ocurre nada peor, proseguirá la larga campaña electoral iniciada con la moción de censura con la esperanza de que algún día, dentro de tres, cuatro años, quién sabe cuándo, Sánchez pueda por fin gobernar, no ser primero en unas elecciones, sino gobernar.

Mientras tanto, se puede seguir también echándole la culpa a la derecha. Alguna tiene, no cabe duda. El clima de radicalización y polarización del que surge este Gobierno no pudo nacer de la noche a la mañana. La corrupción y la arrogancia de otros Gobiernos del PP han tenido su buena parte de responsabilidad. Demos por válido también que ni el PP ni Ciudadanos jugaron adecuadamente sus cartas tras las dos últimas elecciones. Pero eso no puede ocultar que Sánchez nunca quiso gobernar con ellos, que nunca se lo ofreció y que, probablemente, nunca lo hubiera admitido.

Unos y otros acabarán entendiendo quizá algún día que no hay otra salida para sacar a España adelante, que ninguna mitad va a destruir a la otra o a engañarla o a convencerla. Que solo un pacto nacional entre las grandes fuerzas políticas constitucionales puede sacarnos de este profundo pozo. Eso sí sería una nueva era.

 

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