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¿A quién beneficiaría la destrucción política de Casado?
Ayer, el director de El Mundo, Francisco Rosell, en su texto dominical, participaba en mediático linchamiento contra Pablo Casado, actual Presidente del PP, a propósito de un subtema que gira en torno a una titulación académica menor, que una jueza ha elevado al Tribunal Supremo en base a unas consideraciones que a más de uno han dejado perplejo y que, sea cual sea el resultado que tal acción finalmente suponga, ha hecho, preventivamente, un gran daño tanto al político como a su partido y, por ende, a un país que necesita más que nunca unos partidos constitucionalistas fuertes y en manos de unos líderes sin otra preocupación que la de regenerar la política española.
Para que cupiera duda alguna, Rosell ha titulado su texto con un vejatorio ‘Casado, ¿un pato cojo?‘ y lo ha hecho acompañar por una de los formidables ilustraciones que, por encargo, acostumbra a realizar el gran Ulises Culebro. Abajo lo tienen, con el texto al completo. Y, de paso, uno de los suyos, escribía un panegírico en la separata Crónica, loando la figura de ‘La hija del Guardia Civil que lleva al Supremo a Pablo Casado‘.
Para indignación de muchos, los lectores habituales del El Mundo ya llevamos al menos todo el mes de agosto contemplando como el periódico hace la competencia a El País a la hora de darle caña a Casado y al PP cuando el verdadero drama actual español es la degeneración que supone tener a un incompetente Presidente del Gobierno, ZPedro, que fue aupado al poder en una moción de censura contra el anterior, Mariano155, impulsada por el PSOE con el imprescindible apoyo de populistas, nacionalistas, golpistas y herederos políticos del terrorismo etarra.
Yo también le preguntaría a Rosell por las cojeras del Errejón expedientado o del ZPedro doctor. O de la cojera de Feijoó por la embarcación de recreo. O por quien/es guardaron su foto o el vídeo de Cifuentes para chantajear al elegido. Y así, podríamos ir destapando las cifuentinas cremas de 40 euros que tanto español acostumbra a guardar entre las pícaras actuaciones sin iva, por favor.
Lo que me repugna, sobre todas las cosas en materia de linchamientos, son las distintas varas de medir por quienes tienen el poder de linchar con eficacia destructora de vida o haciendas. Y en tal sentido admiro a quienes se mantienen en la política despreciando los juicios mediáticos de manos de un periodismo plagado de ejemplos tipo el de Máxim.
Pero para pasar de tales apaleamientos a plantar cara al imperio de la posverdad mediática hay que tener un carácter y una faja que no sé si tiene Casado -ni falta que le debería hacer- desgraciadamente para él y su futuro y desgraciadamente para esa inmensa ciudadanía que no sitúa el famoso umbral por debajo del suyo propio.
Y en esas estamos. Ojalá que Casado pueda -con la ayuda de los suyos y de quienes estamos en contra de cualquier tipo de linchamiento y, particularmente, contra aquellos que suponen un deterioro grave para la convivencia democrática- despojarse de tales ataduras, nunca inocentes, y abordar, libremente, el trabajo regenerador que le han encomendado y que a [casi] todos interesa que resulte satisfactorio.
EQM
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Ilustración de Ulises Culebro ‘ULISES‘ [México, 1963]
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Casado, ¿un pato cojo?
Francisco Rosell en El Mundo 120818
Aquel marido traicionado se presentó hecho un basilisco a las puertas de la sala de cine. Empuñando un revólver, el burlado quiso irrumpir por las bravas para pillar in fraganti a su infiel consorte y vengar la afrenta por su propia mano. En su primera acometida, la aturdida taquillera logró frenarlo en seco: ¡No podía colarse sin pagar!
Ganó unos minutos valiosos para que el acomodador interrumpiera la proyección y alertara del peligro que corrían los furtivos amantes, indicándoles una puerta falsa para su salida de emergencia. Para amparar su anonimato, la sala se mantendría a oscuras. Al momento, entre sombras y murmullos, una pareja puso pies en polvorosa. Lo llamativo fue que a esas dos siluetas fugitivas siguieron otras dos y luego otras dos, y así hasta una docena. Fue tal la desbandada que el cine estaba casi desierto antes de que emergiera el colérico cónyuge.
El incidente aconteció en Berlín y le dio el artículo escrito a Julio Camba, corresponsal entonces. Para suscitar la desternillante risa de sus lectores, la grácil pluma del maestro gallego no hubo de emperejilar aquel lance calderoniano del teutón con cornamenta. Bastaba imaginar el semblante de los escasos espectadores que no quisieron perderse el desenlace de aquel inesperado programa doble, bien por ser gustosos de emociones fuertes, bien porque un alemán no malgasta su dinero así como así.
Resucitando la pintoresca escena, con la salida en fila de a dos de la veintena de adúlteros escabulléndose en tropel al ignorar la identidad del marido resuelto a desquitarse pistola en ristre, no se precisa excesiva imaginación para figurarse el pánico que se desataría si la juez que ha elevado al Tribunal Supremo el máster de Pablo Casado al colegir que hay indicios de delito en el aforado, extendiera sus pesquisas a otros políticos con vicisitudes académicas análogas a las del presidente del PP.
La juez Carmen Rodríguez-Medel no sólo hallaría los adúlteros universitarios que perseguía -señaladamente Casado, pues Cristina Cifuentes es un cadáver político a todos los efectos-, sino que se toparía con un enjambre de todas las cuerdas políticas pugnando por esfumarse sigilosos entre las sombras. En España, no importa tanto la formación como el título, algo muy arraigado en este pueblo de hidalgos. Por mor de ello, el adulterio académico es moneda común que se deja correr mientras nadie se aperciba del fraude.
Es la circunstancia judicializada de Pablo Casado, pero también la de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Ésta concluyó sus estudios de Derecho en coche oficial, tras 10 años de demora y hastiada de que el ex presidente andaluz, José Rodríguez de la Borbolla, le sermoneara: “¡Chiquilla, termina la carrera de una vez…!” En definitiva, políticos de carreras atascadas que se embalan subidos en el coche oficial o en el pescante de los mismos. A la par, Casado y Díaz se adornaron con másteres de imposible asistencia.
Siendo promesas ciertas del PP y PSOE, hegemónicos en sus mayorías absolutas en Madrid y Andalucía, el diputado autonómico y la concejal sevillana, respectivamente, se beneficiaron de un implícito del hoy por ti, mañana por mí. Sin pedir nada a cambio, si se quiere, pero con la certeza de que mañana, si lo necesitaban sus benefactores, ello les devolverían el favor prestado. A ese estado de cosas coadyuva una universidad endogámica que acopia muchos de los males de la política, cuando no los multiplica con chiringuitos como los que facilita este tipo de martingalas.
Hay ocasiones en las que las cosas hablan por sí mismas. Por eso, aunque haya electores transigentes con estas conductas punibles en función de si el afectado es de los suyos o de los contrarios; y no sólo el electorado, sino también algunos medios de comunicación, la preimputación de Casado, a la espera de lo que elucide el Tribunal Supremo, lo coloca en una situación jurídicamente complicada y letal desde el punto de vista político. Todo ello en un momento crítico en el que el PP busca recobrar sus constantes vitales tras el infarto que supuso la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy y en la antesala de un horizonte electoral preñado de citas embarazosas.
Al aguardo de que, atendiendo a la máxima cervantina, la verdad ande sobre la mentira como el aceite sobre el agua, Casado exterioriza las limitaciones de un pato cojo, como se denomina en EEUU al presidente que encara el último periodo de su mandato, Con toda probabilidad, a cada paso que dé -y los está dando muy certeros en el reencuentro con el desasistido votante del PP-, le van a recordar el dichoso máster. Ello le va a dificultar la vida como lo haría si albergara una piedra en su riñón.
De momento, Ciudadanos, con el nuevo curso, retomará su ofensiva contra la derogación de los privilegios de que gozan los aforados. Es una forma de hablar de Casado, sin aparentar que Rivera emprende una ofensiva ad hominem contra un rival directo que no quiere que resucite de sus cenizas con la fortaleza del Ave Fénix.
El máster, como la roca que arrastraba Sísifo, ya lastra incluso la tarea opositora de Casado en asuntos de regeneración que tocan al ámbito personal y familiar de Pedro Sánchez, tras la merced otorgada a su mujer, Begoña Gómez, fichada por el Instituto de Empresa (IE), para dirigir un nuevo centro justo al poco de llegar a La Moncloa. No ha sido por lo que vale, como justifica el PSOE, aunque no sea cuestión de regatearle méritos; de ser así, el IE ya la tendría en su nómina hace años sin aguardar a que se alojara en La Moncloa, contraviniendo una incompatibilidad común en los países democráticos.
Tocado del ala y queriendo evitar que el PSOE haga sangre con su máster, Casado no se ha atrevido a verbalizar siquiera aquello de que la mujer de César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo. Rehuyendo la polémica, se ha limitado a susurrar: “No voy a meterme en temas personales. Voy a demostrar el respeto que ellos no han demostrado conmigo”. Hasta que el Tribunal Supremo no lo libere de esa gravosa hipoteca, su ingente tarea de oposición puede tener la misma eficacia que si escribiera en la arena de la playa.
Mucho más, si repitiendo el error que Cifuentes cuando, arrebatada por su ímpetu, aseveró en la Asamblea de Madrid que había realizado sus pruebas del máster ante el tribunal examinador que no llevó a cabo, mintiendo a la Cámara; de igual manera, Casado se complicaría la vida si no aparece finalmente el ordenador que dijo conservar con los trabajos que exhibió en rueda de prensa. Vuelve a reaparecer la sombra chinesca del viejo ordenador del tesorero Bárcenas destruido a martillazos para que aquella supuesta caja negra de la financiación irregular del PP diera nuevos quebraderos de cabeza. Si se sustanciara ese fantasma, entrañaría un retorno al futuro.
Cualquiera percibe la encrucijada del PP, incluso sus más allegados, aunque nadie lo explicite más allá del comentario deslizado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a quien Casado dio garantías al respecto antes de su elección y ha vuelto a dárselas tras la remisión del sumario al Tribunal Supremo, expresando éste su deseo de que, en efecto, «lo que es nada se quede en nada».
Sería traumático para un partido que trata de cicatrizar las heridas del último congreso que otra resolución judicial lo descabezara. Nadie puede llevarse a engaño sobre el riesgo que contraía con la elección de un Casado con la judicialización abierta en canal de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.
La espada de la Justicia pende, pues, sobre su cabeza cual espadón de Damocles y, por ende, sobre el PP. Visto con retrospectiva, el PP se retrotrae a julio de 1990, cuando el caso Naseiro hizo saltar de su puesto al jefe del denominado clan de Valladolid, Arturo Moreno, y puso en solfa a un recién aterrizado José María Aznar, el gran referente político de Casado, pese a haber servido a las órdenes de un Rajoy que hubiera preferido otro desenlace del último congreso del PP.
Fue a raíz de aquel contratiempo inicial cuando el sagaz Pío Cabanillas Gallas le facilitó a Aznar el nombre de Rajoy y. Como número tres, del partido, pudo rehacer una carrera a la que Fraga le había puesto la proa en Galicia, pese a haber despuntado de manera brillante quien ha sido el último presidente del Gobierno del PP.
Rajoy y Casado han comprobado y comprueban en sus carnes aquello que proclamara Napoleón de que el hombre más poderoso de Francia era el Juez de Instrucción, por encima incluso del mismísimo emperador. Algunos ven la misma malquerencia en los togados de la malhadada pieza de Gürtel que dejó a Rajoy a merced de los acontecimientos y en la juez que ha pasado de asesorar al ministro Catalá a sacarle las vísceras al currículo del candidato de éste a la Presidencia del Partido Popular, tentada tal vez de ganar fama y notoriedad en consonancia con la presa que acorrala.
Ahí reside la naturaleza de la cojera de quién, desde una confusa masa de datos judiciales, destapa su desnudez, pero no su derrota con un coraje digno de encomio. Las horcas caudinas del Tribunal Supremo dictarán su suerte.
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Ilustración de Tomás Serrano [España, 1960]
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Casado y el Máster: un enchufado no es un delincuente
Pedro J. Ramírez en El Español, 120818
Las resoluciones judiciales extravagantes me producen ictericia y hacía tiempo que ninguna disparaba mi bilirrubina como la “exposición razonada”, en la que la jueza Rodríguez-Medel describe los indicios de delito de Pablo Casado. Tanto es así, que me veo impelido o bien a revisar mi oposición al aforamiento de los políticos, o bien a proponer que las dimisiones de los imputados o investigados sólo se exijan cuando un tribunal superior refrende el criterio del instructor.
Es cierto que, como acaba de alegar Ciudadanos, puede considerarse una “injusticia” que las tres compañeras de Casado, dentro de lo que Rodríguez-Medel define como “el grupo de alumnos escogidos”, que recibieron el denominado “regalo” del Máster, se encuentren en una situación procesal distinta a la suya. Pero si Casado estuviera ya imputado, Ciudadanos sería el primero en reclamar que, tres semanas después de acabar con la Hidra de Lerna del sorayismo, el nuevo líder del PP dejara, preventivamente, la política; y eso podría suponer -como, de hecho, ocurrió con el antiguo número dos del partido naranja, Jordi Cañas– una “injusticia” mayor.
Puedo estar equivocado y quedarme colgado de la brocha amarilla de mi estupefacción, si la Sala Segunda del Supremo corrobora el criterio de la jueza y ve motivos para investigar a Casado, practicando las pruebas que ella propone. De hecho, ya me desconcierta que la Fiscalía no haya recurrido el auto de Rodríguez-Medel; y no sé si atribuirlo al calor, que tanto paraliza y desmotiva, o a un efecto similar del cambio de Gobierno. Pero, para mí, la cuestión jurídica –al final hablaremos de la política- no es si Pablo Casado entregó o no los trabajos. El objeto de debate es, sencillamente, si en la conducta hipotética que le atribuye la jueza hay el menor atisbo de delito.
Diré, a modo de cuestión previa, que el relato de cómo la instructora toma declaración al director de El Diario sobre el caso Cifuentes y decide abrir una pieza separada, sobre “una serie de posibles irregularidades que trascendían” a ese escándalo, asumiendo desde el primer momento su punto de vista periodístico contra Casado, me ha producido una sana envidia. No es que cuando presté declaración, en sumarios de otra dimensión, como los relacionados con los GAL o episodios concretos de la financiación ilegal del PP, no hubiera tenido yo esa misma disposición a explayarme -“Ah, por cierto, Su Señoría, en la redacción también estamos investigando si…”-, sino, simplemente, que nunca tuve la suerte de encontrar, sobre la tarima, la misma avidez por comprar la mercancía.
Pero, en el fondo, tampoco esto es relevante, pues cada maestrillo tiene su librillo y más vale pecar por exceso que por defecto, cuando se trata de cazar al vuelo una “notitia criminis”. Lo que nos ocupa es si, en el caso de que Pablo Casado, además de beneficiarse legalmente de la convalidación de dos tercios de los créditos, hubiera obtenido los restantes, con honores de sobresaliente, sin ir nunca a clase y ni siquiera presentar ningún trabajo, habría incurrido en los delitos de prevaricación administrativa, como cooperador necesario, y cohecho pasivo.
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Respecto al primer delito, la jueza recuerda que el Código Penal, vigente cuando sucedieron los hechos, castigaba con inhabilitación de siete a diez años “a la autoridad o funcionario publico que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. Que eso sea de aplicación en el caso de un profesor que, para bien o para mal, califica arbitrariamente a un alumno, podrá estar “razonado” –con una sentencia cogida por los pelos, en la que el ponente fue Luciano Varela– pero resulta discutible que sea razonable.
Es verdad que existen –como dice esa sentencia- “el derecho del estudiante a la objetividad en la evaluación de su competencia y los intereses públicos sobre los que la proclamación de capacidad del estudiante despliega sus efectos”. Pero, en la práctica, eso choca con la discrecionalidad del profesor, la llamada “libertad de cátedra”, hasta el extremo de que habría que considerar un prevaricador crónico a aquel eminente catedrático que ha hecho del aprobado general una pauta de su larga carrera como docente; pero también al profesor ‘hueso’ que parece disfrutar suspendiendo a gran parte de sus alumnos.
La mejor prueba de que la “objetividad en la evaluación de la competencia del alumno” o bien no existe –excepto en los exámenes tipo test- o bien se trata del más subjetivo de los conceptos, es la muy diferente percepción social del valor de un título obtenido en una universidad o facultad con tradición de exigencia académica y el del expedido por instituciones que, como vulgarmente se dice, “aprueban a cualquiera”. Siempre que pague la matrícula, claro. Y la ironía no es irrelevante.
Puede y debe alegarse que, en este caso, lo indignante es la desigualdad de trato entre los doce alumnos que fueron a clase e hicieron los trabajos y los cuatro “escogidos” a los que, supuestamente, se les eximió de ello. Si, en vez de “escogidos”, la jueza hubiera escrito “enchufados”, todos lo habríamos entendido mejor. ¿Quién no ha vivido el trato de favor, de unos u otros profesores, a unos u otros alumnos, en el colegio o la universidad, en función de las más dispares motivaciones?
No cabe duda de que el director del Máster, el tal Enrique Álvarez Conde, personaje repulsivo donde los haya, merecía una sanción administrativa o, como ha ocurrido, que la Universidad Rey Juan Carlos rescindiera su contrato. Incluso, en atención de que la regulación legal del Máster y su propia normativa establecían requisitos tasados, como la asistencia a clase o la propia evaluación del alumno con alguna base tangible, podría entenderse que, en una interpretación amplia del tipo penal de la prevaricación administrativa, una jueza justiciera lo sentara en el banquillo.
Pero cuando la “exposición razonada” deviene, a mi entender, en algo abierta y disparatadamente irrazonable es en el momento en que Rodríguez-Medel convierte al “enchufado” en delincuente, atribuyendo a Pablo Casado la condición de “cooperador necesario” en la prevaricación de Álvarez Conde porque se inscribió y pagó el Máster, pidió la convalidación de los créditos y aceptó el título.
Es cierto que la “consolidada jurisprudencia” del Supremo “ampara” la imputación de la prevaricación administrativa a “un particular”, bien como inductor, bien como cooperador necesario. Pero los dos ejemplos que cita la jueza son la mejor prueba de lo lejos que está de contemplar un supuesto como el del Máster. El primero es de una ponencia de Antonio del Moral, con la que se condenó a quienes se beneficiaron “de una inversión de cuantiosos fondos públicos, al margen de toda concurrencia y de forma opaca, sin transparencia, con sometimiento a la voluntad de los contratantes particulares”.
El segundo ejemplo procede de una ponencia de Martínez-Arrieta, por la que se condenó a quienes adquirieron un inmueble municipal “sin publicidad, sin garantizar la libre concurrencia, sin fijación del valor según el mercado, y sin establecimiento de garantías de cumplimiento del contrato y de evitación de especulación que eran habituales (sic)”. Son resoluciones que no pasarán a la historia de la prosa jurídica, pero que todo el mundo entiende, en la medida en que, en ambos casos, hay lucro contante y sonante, sin riesgo para el particular, en perjuicio de las arcas públicas.
Esta disparatada analogía de la jueza entre los beneficiarios de dos pelotazos como dos soles y Pablo Casado y sus tres compañeras ausentes del aula, convertiría en delincuentes, no sólo a los alumnos “enchufados” por un funcionario docente -catedrático o simple profesor- que les aprueba por la cara, sino a los pacientes “enchufados” por un funcionario sanitario -médico o gestor de hospital- que les ayuda a saltarse una lista de espera para consulta o quirófano, a los ciudadanos “enchufados” por un funcionario municipal -amigo o pariente- que les ayuda a obtener con mayor celeridad o menor nivel de exigencia de lo habitual una licencia de obra e incluso a los asistentes a espectáculos de masas en recintos públicos, “enchufados” por un funcionario interino -responsable de seguridad o taquillera- que les ayuda a entrar por la puerta de atrás o el acceso para vips, a veces sin pagar la entrada.
Todos esos comportamientos quedarían subsumidos en el “yo hice lo que me pidieron” de Pablo Casado, suspicazmente invocado por la jueza para contribuir a crear su perfil delincuencial. Y menos mal que ya no existe la mili, porque todos los reemplazos generarían miles y miles de “enchufados” delincuentes, a base de obtener destinos de oficinas, exenciones de hacer guardia o pases de pernocta, en mejores condiciones que las de los demás reclutas.
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La aplicación de este tipo penal resulta tan científicamente temeraria y racionalmente absurda que, sobre las páginas 34 y 35 del auto de Rodríguez-Medel, flota la sospecha de que ahí debe haber algún gato encerrado. Y esa sospecha queda reforzada en la página 38, cuando después de haber atribuido indiciariamente a Casado un segundo delito de “cohecho impropio” –que es el único en el que su conformidad con el “regalo” podría caber con calzador-, la jueza reconoce que, dado lo menguado de su pena, habría que darlo por prescrito; pero que su relación, “en concurso medial”, con el más grave de prevaricación, permite seguir persiguiéndolo.
O sea, que sin cooperación para la prevaricación, el asunto estaría judicialmente muerto. Acabáramos. ¡Ay, Su Señoría, qué tentador resulta construir todo el castillo retórico de los indicios de criminalidad con los naipes del proceso de intenciones!
Lo inaudito es que ella señale, por dos veces, a Pablo Casado como un presunto delincuente, en función de las motivaciones que le atribuye, no a él, sino a Álvarez Conde. Ya hemos visto cómo lo ha hecho con su supuesta actividad prevaricadora; entremos ahora en la derivada de su supuesta actividad obsequiadora. O sea, en el cohecho impropio, que castigaba con “multa de tres a seis meses” a “la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente”.
La propia jueza pone aquí la venda antes que la herida: “Ciertamente el regalo de una titulación de master es un cohecho impropio poco habitual, pues los ejemplos que la jurisprudencia proporciona suelen referirse a cuestiones materiales”. Es decir, los trajes de Camps o los patrocinios de los cursos de Garzón en Nueva York, al margen de que el uno fuera absuelto y el otro se beneficiara por la prescripción.
Y es que, claro, una cosa es que estemos ante uno de esos delitos definidos como “de peligro abstracto”, destinado a proteger la confianza social en la probidad de los cargos públicos, y otra que su nivel de abstracción lo convierta, en manos de una jueza, digamos creativa, en un peligroso bumerán contra la propia viabilidad de la Justicia.
Porque si el funcionario o cargo público que “admite la dádiva o regalo” de un máster que le otorga un profesor incurre en cohecho impropio, no sólo ocurriría también cuando se beneficiara de las otras modalidades de “enchufe” antes mencionadas, sino que habría que hacerlo extensivo a quien, sin ejercer una representación institucional específica, acepta, domingo tras domingo, la invitación al palco del Bernabéu, a un ciclo de conciertos o un abono de una gran feria taurina y, desde luego, a quien no evita que se contrate a su esposa para una actividad académica, vinculada con su propia agenda política. En todos esos supuestos, la percepción social del beneficio obtenido sería mayor que en el del máster en Derecho Autonómico de Casado.
De hecho, desde un punto de vista dialéctico, resulta más sencillo argumentar que el Instituto de Empresa ha contratado a Begoña Sánchez para encabezar su nuevo centro sobre África “en consideración a la función” de su marido o “para la consecución de un acto no prohibido legalmente”, por parte del Gobierno que encabeza su marido –la mera asistencia de este a alguna de sus actividades bastaría-, que pretender, como hace la jueza, que Álvarez Conde “regaló” el máster a Casado porque era diputado de la Asamblea regional o porque esperaba algo de las Nuevas Generaciones del PP madrileño que entonces presidía.
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Siendo clave, para este supuesto cohecho pasivo de Casado, la intencionalidad obsequiadora de Álvarez Conde, sorprende que en 54 páginas de “exposición razonada” la jueza Rodríguez-Medel apenas balbucee genéricas conjeturas al respecto. Todo el mundo entendía que si ‘El Bigotes’ le regalaba trajes a Camps, era porque buscaba contratos de la Generalitat; o que sí su “querido Emilio” financiaba cursos a Garzón, era porque esperaba resoluciones favorables al banco en su juzgado.
Aquí no estamos ante nada parecido: ni se habla de proyectos legislativos en la Asamblea de Madrid, ni de convenios de colaboración con Nuevas Generaciones. Lo único que la jueza dice sobre el motivo del “regalo” a Pablo Casado es que “permitía que personas con relevancia política contaran en su CV con una mención al máster”. También puede deducirse que asimila su caso a la de la número dos de una consejería del gobierno valenciano, a la que Álvarez Conde habría hecho el mismo “regalo” que a Casado, porque “le creaba un clima favorable, en cuanto a sus relaciones políticas”.
Teniendo en cuenta que Álvarez Conde se acogió a su derecho a no declarar ante la instructora, atribuirle, con esos cuatro palitroques, la intencionalidad que abre la puerta a acusar a Casado de cohecho pasivo parece, al menos, tan aventurado, como lo sería que yo diera por sentado un ánimo prevaricador en la construcción jurídica que, como hemos visto, permite a la jueza sortear la prescripción. De hecho, no creo que estemos para nada ante ese supuesto, sino más bien ante el de una magistrada tan loca por la música, como para dejarse arrastrar por sus propios acordes a una utopía puritana y armoniosa.
Tal vez por eso, la propia instructora no parece haber reparado en que ella misma ofrece una explicación alternativa sobre por qué Álvarez Conde hizo lo que hizo, que explica algo tan esencial como el carácter heterogéneo del “grupo escogido”. No olvidemos que incluía, junto a esos dos políticos de escaso relieve, a una colaboradora de su departamento y a la hija de una profesora de la Rey Juan Carlos. “Este proceso le permitía –reza la página 44 de la “exposición razonada”- la supervivencia del master, dado que con pocos alumnos se extinguía”.
Cualquiera que conozca la sordidez de las economías de chiringuitos universitarios, como el rimbombantemente bautizado Instituto de Derecho Público, se dará cuenta de que es con esta afirmación cuando la jueza se acerca más a lo realmente verosímil. Su problema es que es también cuando más se aleja de todo indicio de cohecho impropio. Porque para pasar de doce a dieciséis alumnos, igual le servían un diputadillo de la Asamblea de Madrid o una subsecretaria valenciana que la hija de una colega o una persona de su propio equipo. La cuestión era hinchar el perro… y quitarle un 25% más de telarañas a la caja.
Podríamos incluso zanjar la cuestión con el estrambote de la ironía, alegando que, visto lo visto, y a juzgar por el “valor de mercado” que tendría hoy ese máster, fue más bien Pablo Casado quien le “regaló” a Álvarez Conde los 1.400 euros de la matrícula, aunque luego le devolvieran 600 tras las convalidaciones. En la práctica estaba “comprando” 20 créditos de algo de remota utilidad y muy cuestionable prestigio por 800 euros y la obligación, consumada o no, de entregar unos trabajos. Un trato de “enchufado”, un negocio nada edificante, en el peor de los supuestos una tomadura de pelo de la que avergonzarse, pero ni por asomo un delito.
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Aquí terminaría esta extensa respuesta razonable a la “exposición razonada”, si no fuera porque Pablo Casado ha comprometido su credibilidad, al mostrar públicamente “esos” trabajos, asegurar que los entregó en mano en la universidad –“a puerta fría”- y explicar que conservaba copia en un ordenador. No es exactamente lo mismo que hizo Cristina Cifuentes, al proclamar que defendió en persona su trabajo de fin de máster, ante un tribunal, en una fecha determinada, pero se le acerca bastante. Temerariamente o no, la jueza duda de que eso sea verdad y pide que el Supremo practique las diligencias que permitirían corroborarlo.
Podría ocurrir que, como ha apuntado María Peral, el Supremo aplique la ‘doctrina Maza’ y le devuelva la pelota, para que la propia Rodríguez-Medel ofrezca a Casado aclarar esos extremos, en una comparecencia voluntaria. Yo no le recomendaría al líder del PP dar ese paso, pues supondría entrar en la lógica perversa de la instructora y aceptar implícitamente que, si no hubiera hecho los trabajos, habría cometido dos delitos.
Si estuviera en su lugar, me adelantaría, en cambio, a los acontecimientos, entregando a la prensa los trabajos, sometiendo el ordenador a un peritaje independiente o aclarando por qué no puede hacer lo uno o lo otro. No con el objetivo de demostrar que no cometió ningún delito en 2008 –lo que para mí está fuera de duda-, sino para demostrar que ha dicho la verdad en 2018.
Lo mismo que viene a cuento recordar respecto a la mujer de César –y por eso creo que Begoña Gómez debería renunciar al trabajo del Instituto de Empresa-, es plenamente extensible al aspirante a suceder a César: además de ser honrado, debe parecerlo. Y eso es lo que convierte el aparente problema de Pablo Casado en una subyacente oportunidad. Su mejor sobresaliente sería aprovecharla.
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