Tras haber luchado en la Primera Guerra Carlista, Martín vuelve a su caserío familiar en Guipúzcoa y allí descubre con sorpresa que su hermano menor, Joaquín, es mucho más alto de lo normal. Convencido de que todo el mundo querrá pagar por ver al hombre más grande sobre la Tierra, ambos hermanos se embarcan en un largo viaje por Europa en el que la ambición, el dinero y la fama cambiarán para siempre el destino de la familia. Una historia inspirada en hechos reales. (Filmaffinity).
«De exquisito gusto visual, con un formidable aparato formal, la película es bella sin caer en el esteticismo, y recóndita como su figura protagonista». Javier Ocaña: Diario El País
«Película a la vez fantástica, alegórica y profundamente poética (…) Un filme itinerante que pasea a tientas por un espacio misterioso, casi sagrado y que, por momentos, cae enamorado de su propio ritmo sin tiempo (…) Puntuación: ★★★★ (sobre 5)». Luis Martínez: Diario El Mundo
«El equipo que sorprendió con la cálida y emocional «Loreak» consigue aquí (…) otro tipo de sorpresa (…) por el altísimo nivel técnico y el equilibrio entre la máxima belleza visual del relato y su fondo «monstruoso» (…) Puntuación: ★★★ (sobre 5)». Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC
«Comienza muy bien, parece como un cuento en el que asistimos a una de las guerras carlistas (…) Esta especie de cuento se estropea cuando acuden a Stonehenge, en Inglaterra: a partir de ese momento, todo es muy grotesco». Carlos Pumares: Diario La Razón
01. Handia (Prólogo) (2:41)
02. Soldados (1:56)
03. En marcha (1:37)
04. Retorno a casa (1:57)
05. Reencuentro (3:24)
06. Primer viaje (2:40)
07. Coloso (1:19)
08. Madrid (2:29)
09. Academia de los ilustres (3:26)
10. Vuelta al Caserio (1:55)
11. Escrituras (1:35)
12. Inglaterra (2:53)
13. A Tingling (3:24)
14. Boda amarga (1:54)
15. Bordeaux – London – Paris (2:22)
16. Le Monde Ouvre les Yeux (4:21)
17. Lapurrak (1:39)
18. Montes perdidos (3:26)
19. Gigantes (2:06)
20. Últimas nieves (3:51)
21. Handia (5:11)
22. Créditos (3:24)
23. Martin & Jokin (2:25)
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Trailer en vasco, subtitulado en español
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MI OPINIÓN:
Históricas leyendas de caserío
El cine costumbrista y rural acostumbra a ser un buen embajador del cine español en el mundo y este film vasco confirma tal tendencia.
Aunque con un guión más bien pobre e inexplicablemente complicado por momentos, su ritmo pausado, correcto montaje, buena ambientación, destacable fotografía, empastada banda sonora y el encanto añadido de basarse en la leyenda de una dramática historia real de acromegalia -el Gigante de Altzo (Alzo, España, 1818-1861)- hacen de este largometaje una obra que se ve con agrado.
A destacar la intimista delicadeza melancólica de la dirección de actores y la sobresaliente actuación de los dos actores principales: Joseba Usabiaga y Eneko Sagardoy; especialmente éste último, en el papel del gigante.
Estamos, pues, ante un cine difícil de clasificar por cuanto que se trata de una obra coral realizada por el colectivo Moriarti que, además, engloba considerables dosis de diversos géneros que llegan a alcanzar, incluso, ciertas referencias a la épica western, con connotaciones cercanas a lo ‘Jeremiah Johnson‘ [Sydney Pollack, 1972] o ‘Malditos batardos‘ [Quentin Tarantino, 2009]. Con eso, lo digo todo.
Lástima que la debilidad del guión haga que la película pase por momentos sumamente distorsionantes y lástima que su versión original haya sido rodada en vasco -imagino que del XIX- cuando es inimaginable que fuera del mundo rural, del caserío, nadie se entendiera en otro idioma que no fuera el castellano y, lo que es más importante, los propios vascos actuales -con alguna honrosa y legítima excepción- haya tenido que recurrir a los subtítulos o doblaje en español.
Tratar de internacionalizar un buen cine exportándolo en versión original vasca no me parece, pues, una gran idea, por muy cofinanciado que esté por el Gobierno Vasco, el español Instituto de Crédito oficial [ICO] o la mismísima Televisión Española [TVE]. O precisamente por eso.
Hermoso y sencillo cuento sobre un gigante real [6,5 sobre 10]
Cuenta la historia real de Kumail y Emily, una pareja que se conoce en un espectáculo de comedia. Cuando parecía que todo iba a quedarse en un encuentro de una noche, su relación empieza a avanzar a pesar de las diferencias culturales, complicando las vidas de todos por las expectativas que tenían los padres de Kumail, musulmanes estrictos. (Filmaffinity).
CRITICAS:
«Una película agradable (…) me entretiene ligeramente (…) posee cierta espontaneidad, cierta frescura, cierta pureza, cierta gracia (…) no me ocurre nada malo por estar un par de horas en esta grata compañía». Carlos Boyero: Diario El País
«Una muy peculiar y sugerente, incluso bastante original, comedia romántica que transita por territorios relativamente familiares y construye el suyo propio con encanto y desenvoltura (…) Puntuación: ★★★ (sobre 5)». Alberto Bermejo: Diario El Mundo
«Una gran cita con el cine cercano, de calle, de barra y local, en la que lo gracioso atempera lo dramático y conmovedor, y lo conmovedor subraya lo gracioso. (…) Puntuación: ★★★ (sobre 5)». Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC
«En el filme conviven la crítica cítrica, los gags originales, algo de azúcar y un punto de moralina. Eso sí que es de Apatow. (…) Puntuación: ★★★ (sobre 5)». Quim Casas: Diario El Periódico
«La comedia romántica se hace realista. Nanjiani sigue la estela de Woody Allen pero con Vampire Weekend en vez de estándares de jazz. (…) Puntuación: ★★★★ (sobre 5)». Andrea G. Bermejo: Cinemanía
«Capacidad de unir drama y humor, una renovación (que no revolución) que respira vida y verdad, una inyección de adrenalina a un género que lleva tiempo en coma. (…) Puntuación: ★★★★ (sobre 5)». Roger Salvans: Fotogramas
01. Two Day Rule (2:27)
02. One Man Show (1:04)
03. Can’t Lose My Family (1:30)
04. Looking For Emily (5:05)
05. Voicemail From Emily (4:38)
06. Kumail, Terry, and Beth (1:47)
07. Biopsy Results (1:26)
08. Emily Wakes (1:30)
09. New Beginnings (1:32)
10. Mutton Biryani (1:14)
11. New Lease On Life (1:43)
12. The Big Sick (1:31)
*13. My Love – The Bird and The Bee (3:45) [Youtube]
Groove In G». Compuesta por Wilbur Bascomb. Interpretada por Wilbur Bascomb & The Zodiact [Youtube]
Feelin’ Good. Compuesta por Joseph J. Evans. Interpretada por The Carnival Kings
Senor. Compuesta por Joseph J. Evans y Edwin S. Swanston. Interpretada por Edwin Swanston [Youtube]
She Let Me Go. Compuesta por Brian Clayton Costello & Gary Costello. Interpretada por Brian Clayton [Youtube]
We Gon Turn It Out. Compuesta por Shaun Hopkins, Terry Booker, y Jason Williamson. Interpretada por Soulchef [Youtube]
Seen Him. Compuesta por Clement Dodd. Interpretada por Jim Brown [Youtube]
Finger Of Suspicion. (sin acreditar). Compuesta por Max Saunders
Descendants of the Dragon. Compuesta por Barnaby Taylor
March of the War Priests. (sin acreditar). Compuesta por Felix Mendelssohn-Bartholdy (Felix Mendelssohn). Interpretada por Ben Holiday
Orchestrated Devices D. (sin acreditar). Compuesta por Raymond Jones
Hot y Spicy. (sin acreditar). Compuesta por Richard Myhill
Badda Dan Dem. (sin acreditar). Compuesta por Clement Dodd y Anthony Waldron. Interpretada por Lone Ranger
Pakistan (Pakistani National Anthem). Compuesta por Traditional
Higher Spirit. Compuesta por Marco Tardiola y Massimo Del Gaudio. Interpretada por Mas
Survivor Theme. Compuesta por Regional Garly y Marco Jacobo. Interpretada por Maker [Youtube]
Soulful Drifter. Compuesta por Tommy Bee y Michael Martinez. Interpretada por Lincoln Street Exit
Chithira. (sin acreditar). Compuesta por M Viswanathan y Veilumuth Chitralekha
Eye of Danger. Compuesta por Anthony Edward Fairclough, Clement Dodd y Errol Lorenzo Bennett. Interpretada por Michigan y Smiley [Youtube]
I Can’t Wait. Compuesta por John Robert Smith. Interpretada por Nu Shooz [Youtube]
343 Blues. Compuesta por Benny Reid. Interpretada por Benny Reid
Flat Nickel. Compuesta por Yrew Carter y Brittany Carter. Interpretada por If Birds Could Fly
Zombies. Compuesta por Elisabeth Ellison, Patti King, Matt Rafferty, Cameron Spies, Ryy Bemrose & Riley Geare. Interpretada por Radiation City [Youtube]
For You. Compuesta por David Dodt. Interpretada por Lonnegan’s By
Park Avenue. Compuesta por Daniel Infantino y Richard Ivans. Interpretada por Danny Infantino
Biggest Part of Me (Make a Wish). Compuesta por David Pack. Interpretada por David Pack
Leave Tomorrow. Compuesta por Hugh Kirkpatrick. Interpretada por Chuck Kirkpatrick
My World. Compuesta por Donald Owens y Waylon Jennings. Interpretada por Jimmie Gray [Youtube]
Good Woman. Compuesta por Lenis Guess y Marco Jacobo. Interpretada por Maker
Back Alley of Love. Compuesta por Roy Ruiz Clayton. Interpretada por Roy Ruiz Clayton [Youtube]
Pyra Hamen Kis Mod PE. Compuesta por Gulshan Bawra y RD Burman
My Love. (sin acreditar). Compuesta por Inara George. Interpretada por The Bird y the Bee
Siempre he considerado, como tantos, que la columna vertebral de una buena película es un gran guión, es decir: lo importante no es lo que se cuenta sino cómo se cuenta.
No siendo nada seguidor del cine sobre incomprendidos emigrantes, valga la redundancia, este largometraje me despertó la curiosidad porque un buen entendedor me dijo que se trataba de cine independiente y con un guión al modo de los que escribe Woody Allen. Ah, y porque, junto a esas dos indicaciones -y prácticamente nula publicidad- confirmé una crítica unánime en favor de la realización.
Así que, efectivamente, acerté de pleno. Se trata de una historia sencilla, vivida por la pareja de guionistas del film, sobre noviazgos entre antagónicas culturas, de esas que se repiten todos los días, pero maravillosamente contada y con una gran interpretación coral en la que destacan Zoe Kazan y, por supuesto, sus papás en la peli, Holly Hunter y Ray Romano. Buena realización y montaje, de corte teatral. A subrayar también, no les quepa duda, una estupenda banda sonora incorporada, plena de deliciosas composiciones.
A la hora de poner algún pero yo subrayaría que le sobra algo de metraje en su inicio, bastante anodino; que contar con el propio guionista, Kumail Nanjiani, para que interprete su personaje real de monologuista enamorado, quizás resulte un poco forzado por demasiado fresco; y que, al igual que ocurre con nuestro cine de ‘apellidos’, sobran las escasas dosis de humor sobre el yihadismo.
Así que, lo dicho: si quieren pasar un rato agradable de buen cine, no se la pierdan: pureza, gracia, jovialidad, inteligencia, ritmo, sugerencia, encanto, desenvoltura, cercanía…
Y reforzamiento de un género cinematográfico tan complejo como esencial.
Sensible comedia de ese cine independiente que es imprescindible mantener [7,5 sobre 10]
En 2002, un equipo de reporteros de investigación del Boston Globe destapó los escándalos de pederastia cometidos durante décadas por curas de Massachussets. La publicación de estos hechos, que la archidiócesis de Boston intentó ocultar, sacudió a la Iglesia Católica como institución. (Filmaffinity).
CRITICAS:
«Un guión tan brillante como preciso. Y el resultado, en efecto, se antoja irrefutable en su sencillez y efectividad (…) convence y, por momentos, entusiasma.». Luis Martínez: Diario El Mundo.
«‘Spotlight’ es un triunfo del cine, de la escritura, de los derechos civiles, del periodismo, del trabajo. (…) la película es una guía profesional y moral sobre el ejercicio de nuestro trabajo. El de cualquiera.». Javier Ocaña: Diario El País.
«La película se esfuerza en ser una historia de periodistas y No una sobre pederastas (…) Thomas McCarthy filma de modo perfecto el respirar de una redacción (…) Puntuación: ★★★ (sobre 5)». E. Rodríguez Marchante: Diario ABC.22 críticas mas.
West Side Waltz
Written by Dick Walter
Courtesy of APM Music
Walk My Street
Written by Mackenzie
Performed by Sundaes
Sea Shanty
Written by Rob Shapiro
Performed by Populuxe
Courtesy of Volume & Tone Records
Myself in You
Written by Jon Robert
Courtesy of Rumblefish and The Talent House
Concerto Grosso No. 1 in G Major, Op. 6
Written by George Frideric Handel (as George Handel)
Courtesy of APM Music
Al Fresco
Written and Performed by Tom Keane
Courtesy of Masonmack Music Inc.
Cornucopia
Written and Performed by Tom Keane
Courtesy of Masonmack Music Inc.
Brandenburg Concerto No. 3, 3rd mvmt: Allegro
Written by Johann Sebastian Bach (as Johann Bach)
Courtesy of APM Music
These Exiled Years
Written and Performed by Flogging Molly
Courtesy of SideOneDummy Records
By arrangement with Hidden Track Music
Concerto Grosso No. 2 in F Major, Op. 6
Written by George Frideric Handel (as George Handel)
Courtesy of APM Music
Cocinando Suave
Written by Ray Barretto (as Raymond Barretto)
Performed by Ray Barretto
Courtesy of Fantasy
By arrangement with Concord Music Group, Inc.
Bean’s Blues
Written by Coleman Hawkins (as Randolph Coleman Hawkins)
Performed by Coleman Hawkins
Courtesy of Original Jazz Classics
By arrangement with Concord Music Group, Inc.
Una película cuyo tema es el real hallazgo periodístico de una serie inconexa de sacerdotes católicos que antaño tuvieron comportamientos relacionados con la pederastia merece ser analizada no sólo como film sino también por su contenido y enfoque ético y/o moral.
Como cine, no hay duda de que se trata de una película plana, lineal, como de encargo, sin que, en el fondo, nadie del equipo se la crea. La interpretación es anodina y fría, quizás con la excepción de Mark Ruffalo. La banda sonora parece un plagio de ‘Expediente X’, tratando inutilmente de dar una emoción a un exceso de metraje notablemente apagado. La fotografía y ambientación asemeja más a un telefilm de tarde que a una obra con pretensiones.
Es, repito, el contenido, la historia, quien, en mi opinión, ha impulsado su éxito, por estar realizada en una época -ésta, la nuestra- donde el linchamiento mediático es politicamente correcto aun cuando se trate de enjuiciar acontecimientos de un pasado con reglas éticas y morales considerablemente distintas. Los rótulos informativos del final indican claramente de qué estamos hablando.
Porque la historia trata de un grave problema social, la pederastia -muy a menudo intencionadamente confundido con la pedofilia- que tiene interrelaciones muy profundas con la psicopatología y sus distintos tratamientos; con los códigos etico-morales de cada cultura; con la injusta generalización; con la defensa grupal; etc. Pero ya es doctrina común que los psiquiátricos deben de desaparecer en aras de una culpabilidad criminal indubitada para todo aquél que se conduzca inaceptablemente para el común.
La postura del director es, en tal aspecto, claramente anticlerical, generalizadora del mal, criminalizadora del comportamiento y complacientemente partidaria de extender la demonización a la Iglesia católica, es decir, a toda su comunidad.
Lo cual choca frontalmente con el carácter esencialmente personal de toda criminalidad y con la lógica defensa familiar o comunitaria de la rehabilitación psicopatológica y reinserción social del miembro enfermo. Algo que sí parecía entender el propio periódico investigador en su momento pero que después, pasados los años, convierte en una caza indiscriminada encaminada a lograr, rentabilizar, la falsa primicia.
Quizás este nuevo y linchador enfoque social esté también favorecido por la petición de perdón por parte del Papa, todo un grave error que contribuye, especialmente, a que la Iglesia -ahora, qué casualidad,la católica, mañana cualquier otra- se vea obligada a rendir unas cuentas particulares de las que no es responsable y de una reacción colectiva que se podrá compartir o no pero que ha tenido su sentido.
Para colmo y en línea con la solicitud del papal perdón, la estructura clerical de la Iglesia ha reaccionado ante la película inundándola de aplausos y no quejándose, en absoluto, de que en ella no apareza siquiera un buen católico con su intacto uso de razón.
Con todo, buen guión de Thomas Tom McCarthy y Josh Singer, con un minucioso prontuario profesional y moral relativo a cualquier trabajo, en este caso una redacción periodística. Su éxito de público fue rnorme como su taquilla y opinión generalizada.
Film profesional, aunque de factura plana, televisiva, anticlerical y, obviamente, con alma laicista [7 sobre 10]
spaña será el primer país de la Unión Europea en vigilar los mataderos mediante cámaras de videovigilancia para controlar el «bienestar de los animales». El real decreto, que nació del Ministerio de Consumo liderado por Alberto Garzón, se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros.
Desde que la medida se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los grandes mataderos tendrán un año de plazo para instalarlas y los más pequeños dos. Las cámaras de vigilancia deberán estar como mínimo en todas las instalaciones en las que se encuentran los animales vivos, así como en las zonas de descarga, pasillos, salas donde se realizan todas las actividades previas a la muerte del animal y el traslado de los mismos.
En el caso de aves y porcinos, la instalación de las cámaras deberá permitir la grabación del escaldado para poder comprobar que no se realiza esta acción en animales que presentan signos de vida.
La ya aprobada propuesta de Garzón pretende que se minimice lo máximo posible el sufrimiento animal, ya que, según comunicó mediante una nota de prensa «se trata de una norma que sitúa a España a la cabeza de Europa en esta materia y que, además de garantizar el bienestar de los animales durante su permanencia en los mataderos, mejora también las garantías de seguridad alimentaria para los consumidores».
Además de estas medidas, los responsables de los mataderos deberán guardar un mínimo de 30 días las imágenes realizadas durante la descarga de los animales, alojamiento en los corrales, conducción a la zona de aturdimiento, la sujeción, el aturdimiento y el sangrado hasta la muerte para posibles comprobaciones a posteriori por parte de los correspondientes servicios de control oficial de las comunidades autónomas.
•••
Revista de de opinión en prensa
••• La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin.AFP
Ayer pompa y hoy jabón
La política no es asunto para la gente joven. Pero su representación la dominan como nadie
Arcadi Espada en El Mundo, 250822
LA POLÍTICA no debería ser un asunto de gente joven. Y una de las razones es que el joven desconoce todo lo que pasa después de serlo. Por ejemplo, la posibilidad de alcanzar una visión más real y afinada de la conducta humana. El joven no sabe lo que es ser adulto y entre los gobernados los adultos son mayoría. La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, tiene 34 años.
Tomando datos españoles, eso supone que solo ha pasado por las edades de una cuarta parte de la población. La política es la organización de los asuntos humanos y conviene conocerlos sin mediaciones. Aunque tampoco quepa dramatizar, porque la gestión política la dirige de manera firme un piloto automático probado en mil circunstancias anteriores y en mil países diferentes. Lo que permite, por ejemplo, que en España siga amaneciendo a pesar de la nutrida e inepta juventud que se sienta en el Consejo de Ministras.
La joven Marin ha sido noticia estos días por las fiestas en las que participa y lo bien que se lo pasa en general. «Hago cosas propias de mi edad», ha venido a decir dulcemente. Pero su ingenuidad solo es aparente. Incluso alguien de su edad sabe que una actividad muy propia del poder son las fiestas. John F. Kennedy, por cenital ejemplo, le habrá dado noticias.
La joven Marin no ha inventado las fiestas del poder, sino algo bien distinto, que es su exhibición desacomplejada. En el pasado, el relato del poder exigía la ocultación de estas actividades. O como máximo la penumbra. Cuando Marilyn Monroe, en una fiesta pública del Partido Demócrata, le cantó a John Kennedy aquel Happy Birthday, icono máximo del encanto de un mundo donde aún existía el pecado, solo el insider sabía que su fraseo sensual era el eco de numerosas fiestas secretas.
El relato del poder ha cambiado. Rige la transparencia. La antigua y opaca severidad ha mutado en relajación y un afán infinito por compartir. La pompa se ha convertido en pompa de jabón. Dentro de ella, irisada y leve, Sanna Marin ríe, baila y bebe, pero lo propio e intransferible de su edad es que posa para la cámara.
La gente antigua objetará que la filmación es un ersatz, y que al fondo el poder sigue en lo suyo, inaccesible al resto. Grave error. Ninguno de los miles que comparten su vídeo por las redes tendría mayor interés en haber estado en la fiesta, metido en harina. Todos saben, incluida ella, que la fiesta, como la vida misma, es solo el trámite imprescindible de lo filmado, es decir, de la experiencia principal.
La política no es asunto para la gente joven. Pero su representación la dominan como nadie.
LA POLÍTICA no debería ser un asunto de gente joven. Y una de las razones es que el joven desconoce todo lo que pasa después de serlo. Por ejemplo, la posibilidad de alcanzar una visión más real y afinada de la conducta humana. El joven no sabe lo que es ser adulto y entre los gobernados los adultos son mayoría. La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, tiene 34 años. Tomando datos españoles, eso supone que solo ha pasado por las edades de una cuarta parte de la población.
La política es la organización de los asuntos humanos y conviene conocerlos sin mediaciones. Aunque tampoco quepa dramatizar, porque la gestión política la dirige de manera firme un piloto automático probado en mil circunstancias anteriores y en mil países diferentes. Lo que permite, por ejemplo, que en España siga amaneciendo a pesar de la nutrida e inepta juventud que se sienta en el Consejo de Ministras.
La joven Marin ha sido noticia estos días por las fiestas en las que participa y lo bien que se lo pasa en general. «Hago cosas propias de mi edad», ha venido a decir dulcemente. Pero su ingenuidad solo es aparente. Incluso alguien de su edad sabe que una actividad muy propia del poder son las fiestas. John F. Kennedy, por cenital ejemplo, le habrá dado noticias. La joven Marin no ha inventado las fiestas del poder, sino algo bien distinto, que es su exhibición desacomplejada.
En el pasado, el relato del poder exigía la ocultación de estas actividades. O como máximo la penumbra. Cuando Marilyn Monroe, en una fiesta pública del Partido Demócrata, le cantó a John Kennedy aquel Happy Birthday, icono máximo del encanto de un mundo donde aún existía el pecado, solo el insider sabía que su fraseo sensual era el eco de numerosas fiestas secretas.
El relato del poder ha cambiado. Rige la transparencia. La antigua y opaca severidad ha mutado en relajación y un afán infinito por compartir. La pompa se ha convertido en pompa de jabón. Dentro de ella, irisada y leve, Sanna Marin ríe, baila y bebe, pero lo propio e intransferible de su edad es que posa para la cámara. La gente antigua objetará que la filmación es un ersatz, y que al fondo el poder sigue en lo suyo, inaccesible al resto.
Grave error. Ninguno de los miles que comparten su vídeo por las redes tendría mayor interés en haber estado en la fiesta, metido en harina. Todos saben, incluida ella, que la fiesta, como la vida misma, es solo el trámite imprescindible de lo filmado, es decir, de la experiencia principal.
La política no es asunto para la gente joven. Pero su representación la dominan como nadie.
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Ángeles Triano, la madre de Isaac López.BERNARDO DÍAZ
Una Ley del Menor que urge adaptar al Código Penal
ISAAC LÓPEZ tenía 18 años cuando fue asesinado a puñaladas por la espalda mientras caminaba por un túnel de Madrid. Sucedió el 15 de julio de 2021. Tres de sus presuntos asesinos –menores vinculados a bandas latinas– quedarán en libertad provisional tras vencerse hoy el plazo de la prórroga de internamiento cautelar en un centro de menores.
El cuarto investigado, en cambio, permanecerá en prisión provisional por el simple hecho de que ya había cumplido los 18 cuando se produjo el homicidio. Hasta cuatro años podría seguir en una cárcel como medida preventiva, muy lejos de los nueve meses que habrán pasado los otros tres implicados. Una incongruencia jurídica en toda regla que aconseja una revisión urgente de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor para adaptarla al Código Penal, según analizamos hoy en páginas locales.
Los delitos graves –homicidios y agresiones sexuales– cometidos por menores han aumentado de manera alarmante tras la pandemia. Solo en 2020 se registraron 18 asesinatos y 80 agresiones sexuales en Madrid, pese a ser un año en que hubo restricciones de movilidad.
Muchos fueron cometidos por menores de 14 años, miembros de bandas juveniles. Las últimas cifras facilitadas por el INE arrojan un total de 11.238 menores condenados en solo un año en España. Tres de cada cinco cometieron una única infracción penal, y dos de cada cinco cometieron más de una.
El respeto a los derechos del menor es una exigencia inexcusable, pero eso no es incompatible con modificar la ley. Su reforma es tan urgente como necesaria. Los actuales plazos máximos de internamiento preventivo de seis a nueve meses son insuficientes para casos de extrema gravedad, como el asesinato de Isaac.
Es poco congruente que un joven que acaba de cumplir 18 años sea castigado con hasta cuatro de prisión provisional, mientras otros a los que les faltan días para cumplir esa edad puedan quedar en libertad provisional a los nueve meses. Tampoco es coherente que la pena máxima por asesinato para un adolescente de 17 años sea de seis a 10 años, mientras que por tener 18 más un día la condena pueda ser de hasta 25. No se es menos culpable por tener 17 años y seis meses.
Hay razones de equidad suficientes que urgen endurecer los castigos para delitos graves como para que la edad del asesino pase a ser una cuestión secundaria frente a la brutalidad del daño causado a la víctima.
•••
Ilustración de Raúl Arias [España, 1969] para el texto
Ucrania, 6 meses de resistencia, resiliencia y determinación
Cuando se han cumplido seis meses de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la autora afirma que estamos ante uno de los conflictos más importantes desde la Segunda Guerra Mundial y explica las medidas de apoyo que Occidente ha brindado al pueblo ucraniano
UCRANIA, un país bajo ataque por Rusia desde 2014, lleva ahora soportando medio año de bombardeos masivos, asedios a ciudades y atrocidades contra su pueblo. Ucrania está luchando para defender no solo su democracia, sino también su propia supervivencia como país independiente.
El 24 de agosto, ayer, marca el 31 aniversario de la independencia de Ucrania. Tristemente, este día también marca seis meses desde el comienzo de la invasión a gran escala y no provocada de Ucrania por parte del gobierno ruso, un ataque tan impactante para la comunidad internacional que fue condenado enérgicamente por la Asamblea General de la ONU e incitó a dos nuevos países (Finlandia y Suecia) a solicitar su entrada en la alianza de la OTAN.
Llegué a España para servir como embajadora de Estados Unidos menos de un mes antes de esta invasión sin provocación y descarada. La guerra de Rusia contra Ucrania ha afectado al pueblo español y su economía, pero me ha impresionado la excelente respuesta de las autoridades y del pueblo español, que han prestado asistencia tanto militar como humanitaria. España siempre responde con rapidez como aliado y amigo.
Tenemos que seguir unidos en nuestro apoyo a la soberanía, democracia, y aspiraciones europeas de Ucrania. La agresión de Rusia contra Ucrania es uno de los acontecimientos más importantes para Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Todos hemos visto las imágenes de las secuelas de los bombardeos rusos que golpean a civiles refugiados en colegios, teatros y hospitales.
Los medios de comunicación independientes y las organizaciones humanitarias han documentado ejecuciones en ciudades como Bucha e Irpin, torturas de personal uniformado y civil por igual, y ciudades enteras como Mariupol privadas de las necesidades básicas mientras soportan una devastación y ocupación brutales.
Estados Unidos está apoyando varios procesos de investigación internacional sobre las atrocidades en Ucrania, incluidas las realizadas por la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Estados Unidos está preparado para apoyar a los tribunales nacionales de todo el mundo que tienen jurisdicción sobre personas acusadas de cometer crímenes internacionales. También continuaremos trabajando con la comunidad internacional para ayudar a que Ucrania pueda ser reconstruida.
En medio de toda esta muerte y destrucción, los ucranianos se han refugiado en búnkeres subterráneos, han arriesgado sus vidas para reunir pruebas de las atrocidades y luchan, a veces calle a calle, para mantener vivos a su pueblo, idioma, libertades e identidad. La resiliencia y la tenacidad del pueblo de Ucrania han inspirado al mundo a apoyar su lucha por la libertad. Las fuerzas armadas de Ucrania han luchado valientemente para defender los valores que todos apreciamos.
Las consecuencias de la guerra de Rusia no se limitan solamente a Ucrania. Esta agresión rusa ha trastornado el comercio mundial de cereales, poniendo en peligro la seguridad alimentaria de muchas poblaciones. La crisis actual también ha acelerado la inflación y los precios minoristas en todo el mundo.
Estados Unidos continúa apoyando todos los esfuerzos para garantizar que los alimentos ucranianos lleguen a los mercados mundiales. Continuaremos presionando a Rusia para que se adhiera al reciente acuerdo que permite el tránsito de envíos de alimentos desde los puertos ucranianos en el Mar Negro.
A pesar del enorme coste que Vladimir Putin ha infligido a Ucrania y al mundo, las sanciones de Estados Unidos, España y nuestros socios y aliados están diseñadas para obligar al Kremlin a cesar su violencia y están afectando a la economía de Rusia, que ha requerido una intervención sin precedentes (e insostenible) por parte del Kremlin para evitar daños significativos.
Las evidencias ya no pueden ser ocultadas y son una realidad. El Kremlin no ha informado sobre métricas macroeconómicas clave durante varios meses. Rusia ya ha incumplido dos pagos de deuda y ha dejado de pagar su deuda en moneda extranjera por primera vez en más de un siglo.
Las sanciones coordinadas también han congelado más de la mitad de las reservas del Banco Central Ruso, dinero que el Kremlin habría usado para financiar su maquinaria de guerra. La falta de acceso a suministros y productos manufacturados de importación, en particular productos integrados con tecnologías sofisticadas, perjudicará aún más la producción, el transporte y la producción y mantenimiento de equipos de carácter militar.
Desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia en febrero, más de 50 países, incluidos España y Estados Unidos, se han unido para brindar asistencia de seguridad a Ucrania para que su pueblo pueda defenderse.
Estados Unidos ha comprometido casi 13.000 millones de dólares en asistencia de seguridad, incluidos sistemas de artillería y municiones, vehículos blindados y sistemas avanzados de defensa aérea para Ucrania. Durante esta crisis, España ha participado activamente en los esfuerzos de defensa de la OTAN y ha apoyado la defensa de Ucrania a través de donaciones que van desde ambulancias hasta munición.
Además, el pueblo y el Gobierno de España han abierto sus hogares y corazones a los ucranianos que buscan un refugio seguro. He visto esa generosidad de espíritu de primera mano.
DESDE UNA colecta de ropa en el colegio de mi hijo, una acción de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica llenando vacíos y brindando tratamiento vital a niños enfermos, hasta el liderazgo del Gobierno español en otorgar protección temporal a más de 100.000 ucranianos, España ha demostrado su solidaridad con Ucrania con hechos, y no solo con palabras, juntándose al esfuerzo de otros países, como EEUU, que ha proveído más de 1.200 millones de dólares en asistencia humanitaria solo este año.
Este amplio apoyo a Ucrania ha demostrado que los ataques no provocados contra Estados soberanos e independientes no quedarán sin respuesta y tendrán un precio muy alto. Trabajando junto con aliados importantes y valiosos como España, continuaremos apoyando a Ucrania y a su pueblo y apoyando su lucha por la supervivencia mientras reforzamos la seguridad europea y nuestros valores democráticos. Apoyamos a Ucrania porque las fronteras y el suministro de alimentos no son moneda de cambio. Apoyamos a Ucrania porque los derechos humanos son indiscutibles. Apoyamos a Ucrania porque es lo correcto.
Julissa Reynoso es embajadora de EEUU en España.
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El expresidente catalán Jordi Pujol. (EFE/Alejandro García)
Pujol nunca cumplirá condena
Hace 10 años llegó a los tribunales el caso Pujol, la presunta trama de corrupción con la que operaba la familia del expresidente catalán, y hace ocho confesó que guardaba dinero en Suiza
Javier Caraballo en El Confidencial, 250822
Este verano se han cumplido dos aniversarios del enigmático caso Pujol, entrelazados por una previsión desoladora. Hace 10 años que llegó a los tribunales la presunta trama de corrupción con la que operaba en Cataluña la familia de Jordi Pujol y ocho años de que el ‘molt honorable’ confesó que guardaba dinero en Suiza que había heredado de su padre.
La previsión que se entrelaza entre esos dos aniversarios es la que nos advierte ya de que Jordi Pujol nunca va a sentarse en el banquillo de los acusados y, si acaso lo hace, nunca cumplirá condena. Con lo cual, a sus 92 años, quizá pueda empezar a presumir ante los suyos de que las dos veces que ha estado en un serio apuro judicial, ha conseguido sortearlo de una forma o de otra.
Con el escándalo de Banca Catalana, gracias a la intervención del Gobierno socialista de Felipe González, que lo ‘indultó’ antes de que lo juzgaran, y con este caso de ahora, porque la lentitud de la Justicia en algunos de estos macroprocedimientos ya hace impensable que una persona de su edad acabe siendo juzgada y, en su caso, cumpliendo con la condena que se le pueda imponer.
Antes de continuar, una aclaración conveniente: la lentitud de la Justicia rara vez es imputable a la desidia profesional de un juez o de un tribunal, porque en esos casos la propia inspección es la que los sanciona.
La lentitud de la Justicia se debe al abandono por parte de los distintos gobiernos que ha habido en España, más preocupados por el reparto de cuotas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como estamos viendo, que por solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, que van desde el mismo procedimiento penal, la figura obsoleta del instructor, hasta la caótica distribución de medios y recursos en muchos juzgados, pasando por una mayor independencia de la Fiscalía.
¿Por qué no les ha interesado nunca a los poderes ejecutivo y legislativo que en España el poder judicial pudiese funcionar correctamente? La respuesta a esa pregunta solo admite especulaciones mientras se constatan frustraciones como esta del caso Pujol.
El recuerdo de lo sucedido con el escándalo de Banca Catalana tiene sentido porque, a juicio de muchos de los que participaron en aquellas investigaciones, fue entonces cuando se creó en Cataluña un ambiente de impunidad que permitió que sucediera todo lo demás.
En mayo de 1984, el fiscal general del Estado presentó una querella contra los antiguos directivos de Banca Catalana por el desfalco de la entidad, que se acabó destapando porque el Banco de España se había visto obligado a intervenirla un par de años antes.
La acusación inicial contra una veintena de directivos, entre ellos Jordi Pujol, incluía los delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas, porque mientras que los ahorros de miles de ciudadanos se evaporaron, los de sus directivos consiguieron salvarse antes de la quiebra.
El escándalo mayúsculo se quedó en nada porque Pujol acababa entonces de ganar unas elecciones por una abrumadora mayoría absoluta y amenazó directamente al Estado; fue el origen del ‘España nos roba’. En las hemerotecas están todavía sus declaraciones de entonces, ya amarillentas, pero que son calcadas a las que seguimos oyendo:
“Este es un juicio político contra Cataluña (…) Somos una nación, somos un pueblo, y con un pueblo no se juega (…) A partir de ahora, cuando se hable de ética, de moral y de juego limpio, podremos hablar nosotros, pero no ellos”.
Por la persona que, en aquellos años, era fiscal en Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, hemos sabido, muchos años después, que la querella acabó archivándose porque el Gobierno de Felipe González se encargó de desactivarla completamente. Prohibieron que se siguiera investigando a Pujol hasta que un juez le dio carpetazo.
El ‘oasis catalán’, como lo llamaban, volvió a la tranquilidad de los manejos hasta que un verano de hace 10 años una mujer, Victoria Álvarez, examante del mayor del clan Pujol Ferrusola, se fue a un juez a contarle algunas de las corruptelas que había presenciado, las bolsas cargadas de billetes de 500 euros camino de Andorra. Dos años después, en el verano de 2014, Jordi Pujol admitió, al verse acorralado, que tenía dinero oculto en el extranjero, pero lo achacó a la herencia de su padre.
La investigación policial, sin embargo, lo que fue destapando fue la red de negocios de la familia que, como explicó aquí mi compañero Antonio Fernández, a quien tenía como cerebro era a su mujer, Marta Ferrusola, la ideóloga de ese código tan pío para ocultar las transferencias de dinero: “Soy la madre superiora de la congregación, necesitaría que traspases dos misales”, decía cuando quería dos millones en otra cuenta.
El año pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó el archivo de la causa contra ella por el deterioro físico y mental que padece. Estaba acusada de delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal junto a su marido y sus siete hijos. El informe médico que se presentó certificaba que la mujer padece alzhéimer desde hace cinco años y, por lo tanto, es inimputable por motivos de salud.
La última previsión que se ha adelantado sobre el caso es que el juez instructor podría elevar el asunto a la sala a finales de este año, para que se fije la fecha de la celebración de la vista oral en la Audiencia Nacional.
Con el atasco que padecen los tribunales de Justicia, lo normal será que el juicio no se celebre hasta un año después, a finales de 2023 o incluso en 2024, cuando Jordi Pujol esté ya próximo a los 94 años. En esas circunstancias, a la defensa del expresidente de la Generalitat, que ha utilizado todas las estratagemas a su alcance para demorar la causa, no le será difícil alegar pérdida de memoria o limitación de sus facultades cognitivas para evitar que tenga que sentarse en el banquillo.
Y, desde luego, en el caso de que resulte condenado,es imposible que, cercano al siglo, acabe entrando en la cárcel, una vez que se resuelvan todos los recursos que interponga. Eso si finalmente no se acaba desinflando el caso, al no poder contar con los testimonios fehacientes de los dos progenitores, que todo puede pasar en un procedimiento así.
Hace ya años, en 2014, que este caso huele mal, huele a bluf, por eso se decía al principio que era un caso enigmático, por una pregunta repetida que se ha hecho todo el mundo: ¿cómo es posible que ningún Pujol haya ido a la cárcel por este caso, con la gravedad de los delitos que se les imputan?
De hecho, en lo que afecta al patriarca del clan, Jordi Pujol, ya supimos el año pasado que la Abogacía del Estado, en contra de lo que piensa la Fiscalía Anticorrupción, no pide cárcel para él, aunque sí para alguno de sus hijos. El único que ha pisado la trena fue el mayor de los hijos, Oriol, pero por poco tiempo: en otro caso, el de las ITV, lo condenaron a dos años y medio de prisión y a los dos meses ya estaba en tercer grado. De modo que, sin esperar al juicio, solo con los aniversarios de este verano, ya podemos lamentar la previsión: otra vez va a salvarse del banquillo y la condena.
Paradoja de las paradojas: Joe Biden, el presidente de la única superpotencia del mundo, que tiene en la página web de su campaña el apartado La Agenda de Biden para las Mujeres, acaba de dejar que al menos 18 millones de mujeres afganas queden bajo un régimen, el talibán, que considera, entre otras cosas, que no pueden hacer ruido al caminar y que los sastres –que tienen que ser hombres– no pueden tomarles medidas del cuerpo.
Biden también es el presidente que es, de todos los que ha tenido EEUU, el que más ha apoyado los derechos del colectivo LGBTQ+, pero que no ha dudado en entregar a los homosexuales afganos a una milicia que, como narra el periodista Ahmed Rashid en su clásico Talibán, mantuvo un intenso debate ideológico en la década de los 90 acerca de cómo lapidar hasta la muerte a los desviados sexuales.
Biden es, también, el primer presidente de EEUU que tiene como número dos a una mujer, Kamala Harris, cuya familia materna es de India, uno de los países que apoyó en la década de los 90 a la oposición antitalibán. Harris es una destacada feminista.
«El estatus de la mujer es el estatus de la democracia», dijo el 16 de marzo en una reunión de la Comisión Jurídica y Social de la ONU Mujeres. Nunca antes Estados Unidos había estado representado por una figura de un nivel institucional tan alto en un encuentro de ONU Mujeres. En el evento participaron tanto la entonces ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, como la de Igualdad, Irene Montero.
Un mes más tarde, Joe Biden decidía que Estados Unidos culminaría su retirada de Afganistán el 11 de septiembre. En el sistema institucional estadounidense, ésa es una decisión que sólo compete al presidente, pero Biden se ocupó de explicar que la última persona con la que había hablado antes de tomar la medida, había sido con Harris. Así fue como Estados Unidos decidió retirarse de Afganistán, pasara lo que pasara en ese país.
Biden ya ha dejado claro que no va a cambiar su política hacia Afganistán por el tratamiento de las mujeres. Y Harris ha desaparecido en combate. La actitud de la vicepresidenta es la habitual en ella.
Desde que llegó al cargo, su gestión ha sido una carrera imparable hacia la irrelevancia. La vicepresidenta ha demostrado una nula capacidad de organización –algo que ya había quedado claro durante su catastrófica campaña a la Casa Blanca, que tuvo que abandonar antes de que se hubiera celebrado ni una sola primaria–, una habilidad extraordinaria para irritar a sus ex colegas del Senado y un estilo formidable para desmoralizar a sus colaboradores.
Su silencio en materia de derechos de las mujeres afganas amenaza con acabar con su carrera política, porque implica abjurar de una de las piedras angulares de su filosofía política.
Entretanto, las mujeres afganas se han quedado solas. Lo mismo que las personas que no son heterosexuales, aunque, paradójicamente, entre los pastunes, el grupo al que pertenecen los talibán, se da mucha homosexualidad, ya que hombres y mujeres viven estrictamente separados, pero eso no significa que esté permitida, ni mucho menos.
Y el silencio de EEUU implica que las organizaciones que tratan de luchar contra los abusos contra mujeres y minorías, como la ONG canadiense Rainbow Railway, que se dedica a sacar a homosexuales de países en los que están en peligro, quedan en una situación precaria.
El problema es aún mayor porque en Afganistán, la comunidad en la que las mujeres tienen más poder es en la de los hazaras chiíes, a los que los talibán desprecian. Entre esa comunidad hay incluso jefes guerrilleros, como Salima Nazari, que fue capturada por los talibán el martes.
Pero el futuro de Nazari parece ser el que las líderes políticas y culturales estadounidenses han decidido que es el mejor para las afganas. Porque Harris no está sola en su abandono de las afganas.
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, felicitó a Biden «por la claridad de sus ideas» cuando Kabul cayó en manos de los talibán, y se limitó a advertir a los fundamentalistas de que «el mundo les está observando».
Más atronador ha sido el silencio del ala izquierda de Partido Demócrata. Rashia Tlaib, refugiada palestina y musulmana, no sólo no ha dicho nada, sino que ha acusado al Gobierno de EEUU de ayudar a los talibán en la guerra desatada por la ocupación soviética de Afganistán, lo que revela que la congresista ni siquiera ha mirado Wikipedia, porque los soviéticos se fueron de Afganistán en 1989, los comunistas cayeron en 1992, y los talibán surgieron en 1994.
Sólo la también musulmana Ilhan Omar, de origen somalí, ha dedicado un tuit a las mujeres afganas. Visto cómo está el foro, es un acto casi heroico.
El silencio más atronador ha sido el de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (o, como se la conoce por sus siglas, AOC), una autoproclamada «socialista», que no ha abierto la boca al respecto de las mujeres afganas ni ha dirigido un solo mensaje a sus 12,7 millones de seguidores en Twitter. Sólo se ha limitado a repetir que defiende la retirada de EEUU, algo que también apoya el líder del ala izquierda demócrata, el también socialista Bernie Sanders, que disputó las primarias a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020.
La actitud de Sanders se encuadra dentro de sus postulados, que son más de la izquierda clásica, es decir, centrados en cuestiones económicas, que de la política identitaria del siglo XXI. La de Ocasio-Cortez es, sin embargo, llamativa en una político que, en la onda de Ada Colau, no ha tenido problemas en relatar que fue objeto de una agresión sexual (nunca denunciada) hace años y que ha dicho que temió ser violada cuando los seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio el 6 de enero.
Si estando en el búnker del Congreso de EEUU y protegida por la policía, AOC pensó que iba a sufrir una agresión sexual, lo que debe de estar pasando por la cabeza de los 18 millones de mujeres y niñas afganas en estos momentos debe de ser demasiado tremendo como para que la pobre congresista se lo pueda imaginar.
El abandono de las mujeres afganas es, así pues, total y absoluto. Para ellas no hay #MeToo. Las estrellas de Hollywood no han dado señales de vida. Los grupos que pidieron con éxito la dimisión del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por las acusaciones de agresión sexual, han desaparecido del mapa.
No es algo nuevo. Cuando en 1996 los talibán tomaron Kabul, el Departamento de Estado estaba dirigido por una mujer, Madeleine Albright –superviviente, además, del Holocausto–, que intentó, sin éxito, que Washington reconociera al nuevo régimen afgano. Los esfuerzos de Albright no tuvieron éxito en gran medida debido al tratamiento de las mujeres por los fundamentalistas, pero ello no impidió que otra mujer, Robin Raphael, fuera la mayor lobbista de los talibán en Washington.
Desde su puesto de asistente de Albright para Asia Central y del Sur, Raphael pidió en repetidas ocasiones a la comunidad internacional que «se involucrara» en un diálogo con los talibán, entre otras cosas para que la petrolera estadounidense Unocal construyera un gasoducto a través de ese país. La postura de EEUU hacia Afganistán sólo se endureció cuando Raphael dejó el cargo y fue sustituida, precisamente, por un hombre, Karl Inderfurth.
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Conquista
¿De qué tiene que pedir perdón un catalán por lo sucedido en una Conquista en la que Cataluña apenas participó y por hechos de hace cinco siglos?
Andrés Trapiello en El Mundo, 200821
CONQUISTA tarda en cruzarse uno o dos minutos por una carretera comarcal. En agosto, a pleno sol, menos. A un lado, encinas raquíticas; y al otro igual.
Contrasta la humildad del lugar con este nombre tan «alto, sonoro y significativo». Podría llegar a pensarse, viendo su apocamiento, que en la toponimia llevase la penitencia por quién sabe qué crímenes antiguos.
La descripción del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico (1847) anda poco más o menos como se haría hoy: «El terreno es en lo general de ínfima calidad. Tiene 47 casas que no guardan uniformidad, la del ayuntamiento y la cárcel en el mismo edificio; escuela de primera educación dotada con 1.100 reales de los fondos públicos a la que asisten 21 niños de ambos sexos; iglesia bastante capaz, pero de aspecto miserable; una ermita arruinada que sirve de cementerio y un palacio, también arruinado, que perteneció al marqués de la Conquista».
El nombre del pueblo no figura en Google Maps, pero sí su cementerio. Sigue la iglesia en pie, ya no hay cárcel y no sé desde hace cuánto dejó de tener veintiún niños ni desde cuándo llevará cerrada la escuela. Con esto y con todo, tiene un encanto especial, sabiéndolo todavía habitado por gentes que tendrán sus sueños, como todo hijo de vecino. Fue el primer marqués de la Conquista Francisco de Pizarro.
Su palacio sigue tal y como lo vio quien enviara sus informes en 1847 a don Pascual Madoz, tal y como lo dejaron los franceses después de pegarle fuego en 1809…
Hace dos semanas el mandatario mejicano López Obrador se refirió a Hernán Cortés y a la Conquista con ocasión del quinto centenario de la victoria de este sobre los mexicas. Acaso se recuerde todavía cómo este hombre partidario del copyleft exigía el copyright mundial de los huipiles y sarapes tradicionales. Sus palabras recientes, dictadas por un encono de opereta, causaron estupor y asombro.
Algunos, no obstante, las dieron por buenas. El delegado de la Generalidad de Cataluña en Méjico (hay uno) se apresuró a decir: «Nosotros ya hemos pedido perdón», añadiendo de inmediato que el contencioso histórico de Méjico con España «no nos afecta». ¿Nosotros?¿Nos? ¿En nombre de quién habla? ¿Y de qué tiene que pedir perdón un catalán por lo sucedido en una Conquista en la que Cataluña apenas participó y por hechos sucedidos hace cinco siglos? Lo mismo valdría que lo pidiera la comarca del Bierzo por el Saco de Roma o las degollinas del duque de Alba en los Países Bajos.
Las vidas de Cortés y Pizarro son en cierto modo paralelas: ambos fueron extremeños y coetáneos; dieron fin, uno, al belicoso azteca y el otro a los crédulos incas en campañas tan vertiginosas como esforzadas, crueles y expuestas; los dos desposaron a mujeres indígenas, los dos se enriquecieron con botines y rapiñas; durante tres siglos, hasta su Independencia, recibieron trato de héroes y sepultura egregia.
Les diferencia la muerte. Pizarro acabó asesinado en las guerras civiles que empeñó «la pizarrada» (él y sus hermanos), y Cortés, astuto, iluminado y ambicioso, «murió de su muerte». Esto sí, de Pizarro tal vez no pueda decirse lo que de Cortés dijo Octavio Paz: «No es fácil amarlo, pero es imposible no admirarlo».
Aunque Enrique Krauze, el historiador mejicano heredero intelectual de Paz, aconseje a López Obrador que «no insista en pedir a España que se disculpe», este persistirá en sus palinodias indigenistas (le va en ello el voto).
Podría decirse incluso que hubiera leído el libro de Ferlosio Esas Yndias equivocadas y malditas, el panfleto más feroz jamás escrito contra la Conquista y, de paso, contra la Historia Universal. Ataque, afirma Ferlosio, que no admite «ambivalencias, como quienes dicen [que en la Conquista] ‘hubo de todo’; ni siquiera el rechazo puede ser relativo, tiene que ser radical».
Desfilan por su escrito con la mayor crudeza los aperreamientos de indios («aperrear es haçer que perros le comiesen o matasen, despedaçando el indio, porque los conquistadores en Indias siempre han usado en la guerra traer lebreles e perros bravos e denodados», cuenta Fernández de Oviedo), las epidemias traídas por los españoles, su codicia, el uso de la espada para imponer la cruz y de la cruz para sojuzgar las libertades, el «falso mestizaje» o «violación étnica»…
Deja Ferlosio la Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas en prensa rosa.
Claro que López Obrador, de haberlo leído, no debió de llegar a esa parte en la que Ferlosio asegura que es salir de Málaga para entrar en Malagón dejar de dar crédito a la historia escrita por los vencedores para dárselo únicamente a la escrita por los vencidos, a las culturas prehispánicas en este caso, a quienes Obrador presenta poco menos que como la Atenas de Pericles.
El esfuerzo de Paz y de Krauze (autor de un estupendo ensayo sobre Cortés, publicado en Letras Libres) va en este sentido, buscando poner fin a la guerra civil que llevan los mejicanos con su memoria. «El odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos», dijo Paz (y se ve también que más que la Conquista detestó Ferlosio las celebraciones del Quinto Centenario de 1992, que originaron en él esa tirria tan comprensible como poco ecuánime y un pelín sobreactuada).
Del palacio de Pizarro en Conquista quedan solo los cuatro muros. Del escudo nobiliario, unos bultos informes, osos rampantes, lobos, comadrejas, qué mas da, borrados por el tiempo.
Tejados y forjados se han hundido y yacen esparcidas alrededor unas cuantas pacas de paja, poniendo algo cubista en ese paisaje metafísico. Mordisquean en ellas cinco o seis vacas. Otras dos han buscado la sombra de esa ruina, por defenderse del sol abrasador. La cerca huele a estiércol. Es cuanto queda allí de la gloria de los conquistadores.
¿Y de la Conquista? Queda el idioma. Ese puñado admirable de cronistas, Bernal Díaz del Castillo, Cieza, Fernández de Oviedo… y, por encima de todos, las maravillosas Cartas privadas de emigrantes de Indias que Ferlosio tenía también como lo mejor de aquellos oscuros tiempos. Tan oscuros como pasados.
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Ilustración de Sean Mackaoui [Suiza, 1969] para el texto
Flores marchitas en Kabul
Los talibán ya saben de nuestro nivel de tolerancia; Qatar, el país que les cobijaba, albergará el campeonato del mundo FIFA.
QUÉ LEJOS queda aquella hermosa campaña de 1998 (una flor para las mujeres de Kabul) emprendida por la polvorilla Emma Bonino en marzo de 1998 como comisaria europea al frente de la Oficina europea de ayuda humanitaria (ECHO). Después vino el sorprendente ataque del 11-S en 2001. Ahí empezó todo lo que ahora termina. EEUU se lo tomó con calma –venganza en plato frío–, y su respuesta de legítima defensa, contra lo establecido en la Carta, no fue inmediata sino aplazada. En compañía del Reino Unido, tres meses después invadió Afganistán y derribó al régimen talibán que cobijaba a Al Qaeda. La ONU legalizó ex post la intervención armada de Estados Unidos y el Reino Unido en la Res. 1386 de 20.12.2001 y autorizó una «Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad».
El objetivo de la ISAF no era una misión humanitaria sino crear «seguridad» para lo que se permitía combatir legítimamente con el fin de erradicar a los grupos terroristas que utilizaban el territorio afgano. Se autorizó una guerra limitada, si bien nunca apoderarse de Afganistán, como de facto hizo EEUU, y esa autorización no era de validez intemporal. El boleto era de ida y vuelta sin mucha pausa. Debieron marcharse hace años, muchos años, pues nunca tuvieron «expectativas razonables de lograr un resultado diferente», como ha dicho Joe Biden.
En 2009, el presidente Barack Obama ya tenía tomada la decisión ante la impotencia para reconstruir un Estado sostenible y notificó a los aliados ISAF que la retirada empezaría en 2011 y la operación militar concluiría en 2014. La ofensiva del Estado islámico (ISIS) en Siria e Irak y el terrorismo yihadista en Europa retrasó los planes, pero los talibán sabían que podían ir ocupando poco a poco el territorio más rural y ofrecer un proyecto propio a la tribal sociedad afgana. Resaltemos que tres presidentes consecutivos, Obama, Trump y Biden, han apoyado la inevitable retirada –la única opción legal–. Los insurgentes sabían el calendario de salida completa para 2021 pues el hoy emir Ghani Baradar lo había pactado con Trump en 2020.
Cuando EEUU quiso vengarse de su protegida Al-Qaeda –a la que entrenó, armó y financió en 1980 para hostigar a la antigua Unión Soviética–, lo hizo mediante una guerra convencional. Gran error. No cabe guerra contra el terrorismo (despliegue militar, invasión aérea y terrestre), sólo mucha inteligencia militar, diplomacia para aislarlo y medios policiales y judiciales.
Demostró EEUU que carece de inteligencia diplomática y estrategia político-militar para luchar contra un enemigo no convencional: se vengó sin saber de qué en Afganistán y atacó sin saber a quién, dejando ahora tras su derrota en Afganistán y en Irak dos Estados fracasados. Y guerras que han desestabilizado parte de Asia y todo el Mediterráneo por medio siglo más.
Los errores cometidos por EEUU durante más de medio siglo en Vietnam, Chile, Líbano, Libia, Irak (apoyó primero a Sadam Hussein) invalidan a una gran potencia que solo cosecha errores diplomáticos y derrotas militares. Sus discípulos muyahidines de 1980 sobreviven en 2021 y saben por qué luchan: junto a la población rural, lo hacen por liberar a su tierra ocupada por el occidental extranjero, por su modo de vida tribal, por una religión en su expresión más radical.
Una parte menor de las fuerzas armadas de ISAF, como las españolas, tuvieron un excelente desempeño procurando seguridad y también bienestar a la gente, cooperando en infraestructuras y hospitales. Pero EEUU autorizó la presencia de la nueva industria corsaria del siglo XXI: empresas militares privadas externalizando funciones militares y de seguridad. El santo y seña del Estado moderno, el monopolio de la fuerza, fue abandonado al arbitrio del uso sicario de la fuerza, amenazando las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario y el funcionamiento mismo de las instituciones ocupadas.
Los muyahidines no han tomado el control de su Estado y de su población sin previos pactos informales con los vecinos fronterizos; también con Rusia y Turquía. Y China, que comparte frontera, sabe que ahora nadie le podrá discutir el control de Asia Oriental y Central. Se reinicia en 2021 el Gran Juego abortado por los británicos en el siglo XIX. La entrevista, hace semanas, de Ghani Baradar con el ministro chino de Asuntos Exteriores es reveladora de sus desempeños diplomáticos. La ascendente China se congratula de la retirada americana y occidental, presencia que nunca fue de su agrado aunque aceptaba el desgaste militar y económico que debilitaba a EEUU, la potencia declinante.
También Rusia tendió puentes con los talibán hace tiempo y la Turquía de Erdogan tenía más relación con ellos que con el títere Gobierno afgano sostenido por la OTAN de la que forma parte. Los talibán tienen la bendición de Pakistán, que nunca ha disimulado su doble juego: engañar a los estadounidenses para recibir cientos de millones de dólares y ofrecer su territorio para la retaguardia talibán, incluida la protección a Bin Laden hasta su muerte.
China ha aprendido a hablar suave y mostrar el gran garrote en Asia y lo ha hecho con los dirigentes talibán. Tendrán que moderar su discurso y prácticas yihadistas; ya lo han hecho. Tienen la lección aprendida desde 2001 y ya no mostrarán igual su garra. China no va a tolerar que Afganistán sea una base terrorista expansiva ni interferencias en su política con los musulmanes chinos (los uigures) y con los grupos islamistas de la región de Xinjiang; y Rusia tiene malos recuerdos del terrorismo checheno y razones para persuadir a los talibán. Los nuevos dirigentes se lo pensarán mucho antes de desafiar a estas dos potencias plenas de determinación, sobre todo a la ascendente superpotencia global china. Pekín y Moscú consiguen contrarrestar a EEUU, prácticamente sacarlo de Asia Central y arbitrar en los nuevos equilibrios resultantes de esta gran jugada. EEUU abatida en la mitad del tablero mundial.
CON ELúnico argumento de su fuerza militar, Washington ha demostrado que ya no tiene capacidad de liderazgo global. Y, por su parte, Rusia y Turquía están dejando claro en conflictos varios (Libia, Nagorno-Karabaj, Siria y Afganistán) que tienen más capacidad para influir y ser determinantes. Se ha confirmado el fin de ciclo de dominio de EEUU. Su declive material y político se hace algo más evidente.
¿Reconocer o no al régimen talibán? Es de manual de Derecho y de sentido común que el reconocimiento de un nuevo Gobierno por perverso que sea no lo legitima. No se reconoce a los gobiernos por su bonanza democrática y respeto a los derechos humanos; en ese caso habría que romper relaciones con Cuba, Venezuela, Turquía, Hungría, Nicaragua, Corea del Norte, Marruecos, Arabia Saudí y un centenar largo de Estados.
La comunidad internacional –incluida España– sigue la práctica de reconocer gobiernos efectivos al margen de su legitimidad; solo importa el principio de efectividad, evitando decirles qué valores o instituciones deben tener. Los Estados, al reconocer, se limitan a confirmar la realidad existente en el ejercicio efectivo del poder: si hay una Administración estable bajo el control, dominio territorial (control de fronteras, etcétera) y capacidad para mantener el orden público; y, externamente, que está en situación de proteger los derechos de los Estados extranjeros y de sus nacionales en el territorio y que tiene capacidad para hacer cumplir sus obligaciones internacionales.
Se insiste mucho en las grandes víctimas de esta victoria: las mujeres afganas. Pero ni la izquierda ni la derecha ni la prensa se enojan por el trato vejatorio, la lapidación o decapitación de las mujeres en Pakistán o en Arabia Saudí (también de los hombres). No será mucho peor. Los talibán ya saben de nuestro nivel de tolerancia. La Superliga española se juega en Arabia Saudí. Y Qatar –país de cobijo de los talibán–, albergará el campeonato del mundo FIFA.
Araceli Mangas Martín es académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCM.
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Combatientes afganos antitalibanes ven explosiones de los bombardeos de Estados Unidos en las montañas Tora Bora en Afganistán en la búsqueda de combatientes de al Qaeda, el 16 de diciembre de 2001. El 16 de agosto de 2021 los talibanes tomaron el poder. (Erik De Castro/Reuters)
La resistencia muyahidín contra los talibanes ha comenzado. Pero necesitamos ayuda
En 1998, cuando yo tenía nueve años, mi padre, el comandante muyahidín Ahmad Shah Massoud, reunió a sus soldados en una cueva en el valle de Panjshir, al norte de Afganistán. Una vez allí, se sentaron y escucharon al amigo de mi padre, el filósofo francés Bernard-Henri Lévy, quien les dirigió unas palabras. “Cuando luchan por su libertad, también luchan por la nuestra”, dijo Lévy.
Mi padre nunca olvidó esto cuando combatió al régimen talibán. Hasta el momento en que fue asesinado el 9 de septiembre de 2001 por órdenes de los talibanes y Al Qaeda, estuvo luchando por el destino de Afganistán pero también por el de Occidente.
Ahora, esta lucha en común es más crucial que nunca en estas horas oscuras y tensas para mi tierra natal.
Hoy escribo desde el valle de Panjshir, listo para seguir los pasos de mi padre, junto a combatientes muyahidines dispuestos a enfrentarse una vez más a los talibanes. Tenemos provisiones de municiones y armas que hemos recolectado pacientemente desde la época de mi padre, porque sabíamos que este día podía llegar.
También tenemos las armas portadas por los afganos que en las últimas 72 horas han respondido a mi llamado para unirse a la resistencia en Panjshir. Tenemos soldados del ejército regular afgano que están asqueados por la rendición de sus comandantes y ahora se dirigen a las colinas de Panjshir con sus equipos. Varios exmiembros de las Fuerzas Especiales Afganas también se han unido a nuestra lucha.
Pero no es suficiente. Si los líderes talibanes lanzan una ofensiva, se enfrentarán sin duda a una firme resistencia de nuestra parte. La bandera del Frente de Resistencia Nacional ondeará sobre todas las posiciones que intenten tomar, así como ondeó la bandera del Frente Nacional Unido hace 20 años.
Sin embargo, sabemos que nuestras fuerzas militares y logísticas no serán suficientes. Se agotarán rápidamente a menos que nuestros amigos de Occidente puedan encontrar la manera de abastecernos sin demora.
Estados Unidos y sus aliados han abandonado el campo de batalla, pero todavía pueden ser un “gran arsenal de democracia”, como dijo Franklin D. Roosevelt cuando fue a ayudar a los británicos asediados antes de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.
Con ese fin, le imploro a los amigos de Afganistán en Occidente que por favor intercedan por nosotros en Washington y en Nueva York, ante el Congreso y el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden. Intercedan por nosotros en Londres, donde terminé mis estudios, y en París, donde la memoria de mi padre fue homenajeada esta primavera cuando le colocaron su nombre a un camino en los jardines de los Campos Elíseos.
Sepan que millones de afganos comparten sus valores. Hemos luchado durante mucho tiempo para tener una sociedad abierta, en la que las niñas puedan convertirse en doctoras, nuestra prensa pueda informar libremente, nuestros jóvenes puedan bailar y escuchar música o ir a partidos de fútbol en los estadios que alguna vez fueron utilizados por los talibanes para ejecuciones públicas, algo que podría ocurrir pronto de nuevo.
Los talibanes no son solo un problema para el pueblo afgano. Bajo control talibán, Afganistán se convertirá sin duda en el epicentro del terrorismo islámico radical. Los complots contra las democracias del mundo volverán a tramarse desde aquí.
Pase lo que pase, mis combatientes muyahidines y yo defenderemos Panjshir como el último bastión de la libertad afgana. Nuestra moral está intacta. Sabemos por experiencia lo que nos espera.
Pero necesitamos más armas, municiones y suministros.
Estados Unidos y sus aliados democráticos no solo comparten con los afganos la lucha contra el terrorismo. Ya tenemos una larga historia compuesta de ideales y luchas compartidas. Aún hay muchas cosas que pueden hacer para ayudar a la causa de la libertad. Son la única esperanza que nos queda.
Ahmad Massoud es el líder del Frente de Resistencia Nacional de Afganistán.
Es una desgracia para los afganos, sobre todo para los niños, que ya no podrán jugar con sus cometas ni escuchar música, y las niñas, que tendrán que quedarse encerradas en sus burkas sin poder recibir educación alguna, que los talibanes se hayan hecho de nuevo con el poder.
Pero, en cualquier caso, lo que la caída de Kabul ha expuesto es, pura y llanamente, la caída de America. Afganistán estaba condenado de antemano. Su Ejército sólo podía operar con la cobertura aérea de Estados Unidos, su inteligencia y su apoyo logístico; y aun así fue incapaz de frenar a los talibanes. Sin esa ayuda directa, era cuestión de tiempo. EEUU, cuya retirada estaba decidida, podía haber optado por una salida más o menos honrosa, como lo planteó Trump en su día; pero se ha inclinado por aceptar una derrota sin paliativos, a lo Vietnam.
La caída de Kabul es un asunto grave cuyas consecuencias para nuestra seguridad habrá que ver; la caída de América es un cataclismo estratégico. Si yo fuera japonés, taiwanés, saudí o israelí, entre otros, estaría más que preocupado: Estados Unidos se comporta como “un enemigo inofensivo y como un amigo traicionero” (la frase no es mía, sino del maestro Bernard Lewis). Esto es, todos aquellos que para su seguridad dependen de América se ven abocados a un proceso de nacionalización estratégica que les salvaguarde sus capacidades defensivas, pero de consecuencias regionales y globales que complicarán aún más el desorden actual. En ese sentido, la derrota americana agudiza las tendencias que hemos visto ya sostenidamente durante el covid: cada cual para sí.
Biden, como todos los presidentes que cometen un error garrafal, se lo atribuye a su antecesor y también a la comunidad de inteligencia. La CIA le había dicho que pasarían 90 días entre la retirada y el derrumbe de Kabul; pero en verdad han sido 90… horas. Claro, que habría que preguntarse qué le ha contado el CNI a Pedro Sánchez, quien ni siquiera ha sabido despachar dos aviones de repatriación a tiempo. La inteligencia ya estaba en entredicho por su politización, pero a partir de ahora será más difícil otorgarle cualquier credibilidad. Demasiados fallos.
Por no hablar de una organización como la OTAN, que, merecedora de la medalla al mérito de lo políticamente correcto, se apunta rauda a combatir el cambio climático pero es incapaz de luchar contra un enemigo real y armado. Ya que no se quiere disolver, debería plantearse la integración en el Ejército de Salvación. Al menos así haría un bien social.
El (escaso) pensamiento estratégico español también salta por los aires, dado que lo habíamos deslocalizado a la OTAN, la defensa europea y la ONU, todas ellas incapaces de frenar amenaza alguna. Nuestros generales, todos cargados de medallas por no luchar en guerra alguna, deberían reflexionar seriamente sobre qué es ser militar cuando el código moral y las ordenanzas no coinciden con la práctica habitual y el día a día. Se fue a Afganistán para contentar a los americanos y cumplir con nuestros socios europeos y nos hemos ido por la misma razón. Nada de intereses nacionales de por medio.
En fin, también es una desgracia para el buenismo y la moral accidental actual que, a pesar de su discurso grandilocuente sobre el género, el sexo y la libertad, se instituya un régimen opresivo, medieval y contrario a todos esos principios. Y es una pena porque la moral progresista se ha quedado en lo que realmente es: un juego de narcisistas que, como mucho, están dispuestos a difundir un hashtag. O, en el caso del alcalde de Madrid, a iluminar la Cibeles con los colores de la bandera afgana.
La caída de Kabul, que es, en realidad, la de América, es también la de eso que se ha llamado Occidente, nosotros incluidos. El siglo XXI ha cavado su fosa, desde fuera y, sobre todo, desde dentro, combatiendo estupideces reales solo en la mente de cretinos y ladrones. Mientras, otros sacaban sus conclusiones y se preparan para la puntilla final. Ese día, cuando llegue, abrirá el Siglo de China.
El empresario y exalto cargo de CDC David Madí «presionó» para que Jordi Sànchez y Carles Puigdemont lideraran JxCat con el fin de que el soberanismo controlara «las esferas del poder político y económico», aunque admitía que «nadie tiene ni puñetera idea» de cómo «materializar» la independencia.
El papel de Madí, dedicado desde hace años a la actividad privada, en la órbita independentista se desprende de las conversaciones que durante año y medio ha tenido intervenidas por orden del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en la causa que investiga el desvío de fondos públicos a Waterloo.
En los autos en que acuerda las entradas y registros de la operación lanzada este miércoles, el juez sostiene que Madí «presionó» para que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez fuera elegido secretario general de JxCat y para que el expresidente catalán Carles Puigdemont controlara el partido.
Para Madí, añade el magistrado, era fundamental controlar las esferas de poder político y económico para alcanzar sus objetivos incluso «fuera de las vías constitucionales», aunque en una conversación que se le intervino confesaba: «Si un día se tiene que hacer un follón de narices, nadie tiene ni puñetera idea de cómo hemos de materializar la independencia».
En sus conversaciones, el exalto cargo de CDC y miembro del llamado «estado mayor» del procés lamenta la falta de referentes en la política catalana: de Oriol Junqueras dijo que tenía «un punto de desequilibrado» y al presidente del PDeCAT, David Bonvehí, lo definió como «un pedazo de carne que es un auténtico subnormal».
Según el juez instructor, también al propio expresidente catalán Quim Torra lo calificó de «subnormal político profundo» y apuntó a que tras su inhabilitación no habría grandes protestas en las calles.
De las conversaciones intervenidas durante el último año y medio, añade el magistrado, se deduce que tampoco el exconseller de ERC Xavier Vendrell -también detenido- ni el partido republicano querían que hubiese movilizaciones tras la inhabilitación de Torra, «interesados como están en un anticipo de las elecciones autonómicas para poder alcanzar la presidencia de la Generalitat».
De hecho, sostiene el juez, «Madí y Vendrell aprovechan la inhabilitación de Torra para reforzar el discurso de la represión que se vive en Cataluña y continuar con su estrategia»: el primero «impulsando que él y sus allegados asuman el mando de JxCat y Vendrell y ERC para que su candidato se postule como principal candidato a la presidencia».
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Separatistas dixit: “Pelomocho és un fill de p…”
No son las únicas perlas recogidas por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona. Hay para todos
En el marco de la Operación Volhov, en la que han sido detenidas veintiuna personas por orden del juez Vendrell, se han podido conocer las opiniones que los separatistas implicados tienen acerca de sus correligionarios. Quien fuera conseller de Esquerra en épocas del Tripartito y militante de Terra Lliure, Xavier Vendrell, aseguraba que Puigdemont había insistido en investir a Sánchez aunque fuese a cambio de nada.
“Si lo llegan a saber los suyos, lo matan”, dijo. Vendrell está considerado, presuntamente, responsable de organizar los actos vandálicos de Tsunami Democràtic que, entre otros, colapsaron el aeropuerto de El Prat-Josep Tarradellas con incontables destrozos, daños a personas y cierre de las instalaciones. También se le presume ser, junto con otros, el nexo de unión con la conexión rusa de la que hablaba en mi artículo de ayer.
Tanto Vendrell como Madí, en conversaciones conocidas por el juez, coincidirían en considerar al de Waterloo como un “desequilibrado”, utilizando además la palabra “subnormal” como epíteto ofensivo contra otros dirigentes como Junqueras o Torra. Sería presuntamente por la mala opinión que ambos tienen del expresident que cuando este fue inhabilitado ni los CDR ni el Tsunami organizaron actos de protesta a gran escala.
De los exabruptos tampoco se libran Podemos o PSOE: “A esos hijos de puta hay que darles de hostias y apuntar los cañones sobre la cabeza de estos mamones, para que les dispare todo Dios si no conceden la amnistía”, habría dicho Vendrell. Se confirma así un extremo que venimos advirtiendo hace tiempo. El separatismo se encuentra dividido en dos partes: la de quienes seguir practicando el juego pujolista de la puta i la ramoneta con Sánchez para sacar todo lo que puedan y, por el contrario, la dequienes desean otro 1-O, pero esta vez llegando hasta sus últimas consecuencias. Es decir, una insurrección armada con enfrentamiento y derramamiento de sangre.
Si insalvable parece la brecha entre quienes quieren romper la Constitución y los constitucionalistas, no menos terrible es esta segunda división. De hecho, uno de los argumentos que más se escuchan en el mundo estelado últimamente es que Puigdemont no tuvo collons cuando Putin le ofreció ayuda, que proclamó la república para dejarla en el limbo, que Torra ha hablado mucho pero ha hecho poco y que la independencia o la trae el poble o si la dejan en manos de los políticos no llegará. Los radicales se ha radicalizado mucho más.
En el caso de personajes como Vendrell, con tantas sombras en su pasado, esto no parecería extraño ni singular. Ahora bien, David Madí es otra cosa. Ha sido el hombre de confianza que Mas utilizaba como puente con el Ibex. Para entendernos, Madi, nieto de Joan Baptista Cendrós, burgués catalanista, millonario y propietario entre otras empresas de la que producía el conocido masaje Floyd, es un niño bien catalán de manual. Con sus propias empresas, Nubul Consulting, Sloop Inversions, Batten Inversions, Comtria Inversions o Iki CATT XXI se movió siempre en el terreno de la especulación en el terreno de las inversiones.
Pero es que, además, ha sido asesor de Deloitte, presidente del consejo asesor de Endesa, vicepresidente senior del grupo APPLUS+, asesor de Telefónica, ha formado parte de instituciones como el Teatre Nacional de Catalunya, el Liceo, el Palau dela Música, el Orfeó Català, el Museo Picasso, el Foment del Treball; en fin, no es un piernas cualquiera. No es un chaval de barrio con odio social. Es un burgués hecho y derecho con las más sólidas relaciones entre las élites empresariales españolas. ¿Qué pinta, entonces, juntándose con el Tsunami? ¿Qué tienen que decir sus socios, amigos o exjefes? ¿Era un topo radical infiltrado en las altas esferas? ¿Era un topo de las altas esferas infiltrado en el radicalismo? O a lo mejor…
A lo mejor, lo más práctico sería preguntarle directamente a la gente del Ibex, a ver si nos enteramos de una puñetera vez a qué carajo está jugando esta tropa. Para ir abreviando y para no dejar solo a Pelomocho en el calificativo.
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Pablo Casado, presidente del PP, en el Congreso. DAVID MUDARRA
SI hasta un reloj parado da bien la hora dos veces al día, alguna vez tenía que acertar el defraudador a la Seguridad Social y rijoso jotero Echeminga Dominga, recientemente multado por pagar en negro a su asistente. Luego dirá la marquesa que a ellos los denuncian y nunca les condenan. Ella y su macho moñudo acaban de indemnizar a Calvente por denuncia falsa de acoso sexual.
El tecnoheraldo del comunismo, ideología condenada junto al nazismo por la Unión Europea e ilegalizada en Alemania, se burló así de Arrimadas: «Hace unas semanas, Ciudadanos decía que su objetivo era apartar a Podemos de las cuentas. Hoy les servimos un plato de presupuestos escrito por PSOE y Unidas Podemos y dicen ¡qué ricos!, que se los van a comer con patatas. Están desesperados por soltarse del mordisco de Vox».
Este pnique es algo lerdo. Los Presupuestos no se escriben, eso son las novelas, que se ve que ha catado pocas; y una coma detrás de un signo de admiración es exuberancia de analfabeto funcional; con unas comillas para la expresión admirativa y un y que al sobaquillo, se sale del paso. ¿Ocultará el talento, como su paisano Macedonio Fernández, para evitar los celos de náufragos del Bachillerato como Montero? Lo dudo. Pero en la crítica a Súbditos, antes Ciudadanos, acierta de pleno.
Y también acierta sin querer, parado y todo, contra Casado, que ayer hizo un discurso espléndido y un ridículo memorable. Le ha cogido el gusto a las sorpresas, y tras anunciar a Cuca, que en la fiestajota iba de Ada Colau, subió a la tribuna sin papeles, como debe ser, y destrozó la dictadura de seis meses que defendía el fúnebre Illa. Pero el dictador lo desprecia tanto que ni se quedó a escucharle; y tras el gran discurso, va y anuncia la «abstención crítica» del Partido Popular, añadiendo que denunciará ante Europa, en Venecia, el peligro para las libertades de los españoles que supone el despotismo sanchuno. En Venecia explicará por qué ese peligro le preocupa tanto fuera y tan poco dentro que se abstuvo ayer.
No es que Casado no pueda soltarse del mordisco de Vox, es que se dejó los dientes en el mordisco que hace una semana le pegó a Abascal. Y prefiere el cinismo, en el sentido vulgar del término (para el histórico, véase La secta del perro, de García Gual, en Alianza Editorial) al arrepentimiento. Abstención cínica, pues, la de Casado, que ha enterrado juntas la ética y la crítica.
El CGPJ, órgano de gobierno de la magistratura, no puede quedar sometido al mercadeo puro y simple de los grupos políticos, sino que su independencia, según el autor, debe garantizarse, en el fondo y en la forma.
bservado recientemente que podríamos convertirnos en un Estado fallido, que es tanto como decir a la manera de Ortega un país invertebrado, carente de instituciones sólidas y respetadas. Es verdad que la falta de vertebración supone un riesgo mayor en Estados compuestos con articulación territorial autonómica o federal, como lo es el español, en donde parcelas de soberanía son transferidas del centro a la periferia.
Sin embargo, en países serios como Alemania, claramente con esa estructura, el funcionamiento del sistema es perfectamente regular. No ocurre lo mismo en España, de hecho a la hora de abordar un tema como el de la pandemia el resultado no puede ser más frustrante. Y ello con independencia del problema de lealtad que suscitan comunidades como la vasca y la catalana.
Escasos mecanismos centrales se mantienen en España, prácticamente nuestra supervivencia depende, en lo que aquí interesa, del reconocimiento de la capacidad de coordinación de distintas competencias por parte del aparato estatal, del mantenimiento de la Monarquía, de un poder judicial independiente y de la política exterior. Las Fuerzas Armadas se han convertido en un tabú del que es mejor no hablar. Pues bien, la coordinación es objeto de embates cada vez que pretende llevarse a la práctica.
El Gobierno central adopta posturas de auténtico complejo cuando se trata de hacer presente a la Monarquía en Cataluña y los ataques contra ella son expresos. La política exterior es trabada por un sinnúmero de agencias y oficinas de las Comunidades Autónomas, que nos desprestigian. Y el poder judicial, al que en concreto nos referiremos, es objeto de una campaña continuada de acoso.
Es de necios no darse cuenta que el origen de esta campaña nace con el intento de golpe de Estado de los independentistas catalanes en 2017. Ante los distintos procedimiento de que son objeto quieren invalidar a los órganos judiciales, hacerlos parte de un combate que demuestre que no son imparciales. Lo vienen intentando desde que interpusieron una demanda contra Pablo Llarena, instructor de las diligencias del proceso principal. Los abogados de nuestros sediciosos conocen perfectamente la jurisprudencia de los tribunales internacionales, y la utilizan en nuestra contra.
Así, en el casoPiersack, sentencia de 1 de octubre de 1982, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se refiere a «la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática». Y se añade, según un adagio inglés citado particularmente en la sentencia Delcourt de 17 de enero de 1970, que «justice must not only be done: it must also be seen to be done». No sólo debe hacerse justicia, debe parecer que se hace. Y si un Gobierno pretendiera configurar jueces a su conveniencia las apariencias no podrían ser más negativas, lo que ahora está ocurriendo.
La función jurisdiccional no puede comprenderse sin la existencia de ficciones, lo suficientemente fuertes e importantes como para que el mundo del Derecho carezca de sentido sin ellas. Así, la idea de que las «causas» han de resolverse exclusivamente con arreglo a ordenamiento jurídico constituye una de las bases sobre la que se asienta nuestra civilización. El concepto mismo del «pacto social» suponía que los conflictos que derivaren de la aplicación de las normas legales, mucho más cuando se tratase de la vulneración de las de carácter penal, debían ser resueltos por jueces que no atendieren a otras consideraciones que las de su ciencia, pues habrían sido nombrados por la comunidad precisamente en base a su preparación o bondad.
En la práctica, son innumerables los factores que pueden alterar dicho principio pero lo cierto es que constituye un modelo del que, desde el punto de vista teórico, no es posible prescindir. Pueden darse casos aislados de magistrados incompetentes o corruptos, pero si esto fuere aceptado como regla el clima de confianza necesario para mantener la función de juzgar desaparecería.
Como se indica en jurisprudencia reiterada del Tribunal Europeo, se trata de una cuestión de apariencias efectivamente. El proceso judicial no puede entenderse sin condicionamientos y seguridades de tipo psicológico. Para resolver si en un determinado caso hay un motivo legítimo para temer que un juez no sea imparcial «el punto de vista del acusado es importante, pero no es decisivo. Lo que sí lo será es que sus temores estén objetivamente justificados», se dice en el Affaire Hauschildt, sentencia del TEDH de 24 de mayo de 1989.
Lo anterior adquiere singular relevancia en el caso actual español cuando por parte del Gobierno se pretendía introducir una disposición legislativa que reducía de manera significativa las garantías de consenso para el órgano de gobierno de la judicatura. Si en la sociedad llegase a cundir la sensación de que dicho órgano obedece a una determinada corriente partidista, las condiciones de mantenimiento de la imparcialidad habrían desaparecido. La función judicial no puede confundirse con la política.
La imparcialidad es una consecuencia directa del reconocimiento del carácter no mecánico de la función judicial. Los jueces y magistrados no recitan un texto previamente establecido para cada caso. La interpretación de la norma, como nos recuerda el gran Luigi Ferrajoli, es siempre el fruto de una elección práctica respecto de hipótesis interpretativas de carácter alternativo. Los Tribunales son libres para resolver conforme a ordenamiento jurídico; por tanto, sus decisiones implican el ejercicio de un poder del que hay que alejar la arbitrariedad. Sus titulares responden por sus actos y deben funcionar con transparencia. Es necesario saber quién los elige y por qué.
En una democracia nadie se encuentra libre de toda sospecha. Como dice Laurence Tribe en su ConstitutionalChoices, «en temas de poder, el fin de la duda y la desconfianza es el comienzo de la tiranía». El juez se debe a la norma, a nada más, y sería disparatado aceptar que puedan condicionarle mayorías políticas de un signo u otro. No se trata de pedirle que permanezca en una urna de cristal o que sea tan insensible que no experimente reacciones mentales ante los sucesos del mundo exterior.
Es mucho más sencillo, se trata de que no las manifieste, que no deje traslucir sus convicciones de carácter ideológico o partidario en la escena pública, sobre todo si pueden referirse a asuntos que son objeto de procedimiento judicial. Caso contrario, los que deban acudir ante él van a sospechar, inevitablemente, que el resultado de la litis se encuentra decidido con anterioridad a la resolución final.
ASÍ, EN RELACIÓN con la composición del poder judicial y los intentos descarados de intervención por parte de los grupos políticos, habría que decir:
Primero.-Existe un aforismo bien conocido en la ciencia jurídica según el cual cuando la política entra en los tribunales, la justicia sale despavorida por la ventana.
Segundo.- Justicia Democrática que ejerció influencia nada desdeñable en los redactores del texto constitucional partía, al igual que sus compañeros de la Magistratura democrática italiana, del concepto de «autogobierno de la judicatura». Los jueces y tribunales habrían de regirse por órganos propios, no sería admisible que su gobierno estuviese incardinado en cualquier otro poder
Tercero.- El artículo 122 del texto constitucional, aunque previó la intervención del Congreso de los Diputados y el Senado en la elección de una parte del Consejo General del Poder Judicial, para hacer efectivo el principio de que la justicia emana del pueblo, exigió una mayoría de tres quintos para su efectividad. Cierto que una modificación legislativa posterior atribuyó a esos órganos la elección de la totalidad. Pero una mayoría de ese carácter produce confianza y seguridad.
Cuarto.- Reducir las exigencias de consenso en la elección supone un riesgo cierto para la imparcialidad. Sería indignante que el órgano de gobierno de la magistratura fuera conformado por la mayoría gubernamental a su mera conveniencia. Lo mismo ocurriría si, para evitar la proposición legislativa presentada, la composición del órgano quedara al mercadeo puro y simple de los grupos. Al final, nos cargaríamos la justicia.
Plácido Fernández-Viagas Bartolomé es magistrado y autor de la obra El Juez imparcial. Magistrado y Letrado de Asamblea Legislativa.
Hay una escena en La amiga estupenda, la serie de HBO basada en la tetralogía Dos Amigas de la escritora italiana Elena Ferrante, en la que el espectador cree ver la luz para sus atormentados personajes.
Es esa en la que los hijos de dos familias napolitanas enemistadas por viejas rencillas, símbolo de las que enfrentaron a comunistas y fascistas en la Italia de la II Guerra Mundial, hacen las paces y celebran la Nochebuena juntos, olvidando uno de ellos el asesinato de su padre y el otro, la ruina y el encarcelamiento del suyo.
“Somos una nueva generación, a nosotros nos corresponde hacer las cosas de forma diferente” dice, palabra arriba, palabra abajo, uno de los jóvenes. Huelga decir que, en la historia de Elena Ferrante, ninguna de las dos familias que firman la paz es enteramente inocente, lo que facilita su reconciliación.
Resulta imposible no ver en ese capítulo una metáfora de la Transición. Sobre todo cuando, tras unos breves minutos de esperanza, aparece en escena una tercera familia de matones que reinyecta el virus de la violencia en el barrio.
La conclusión es desoladora. La violencia siempre ha estado ahí, agazapada, y escapar de ella es imposible. Cualquier esfuerzo que se haga por erradicarla, incluso a costa de sacrificar valores tan preciados como la lealtad a tu propia familia, ideológica o de sangre, es de inmediato aprovechado por un tercer actor que no tarda en meterse en la trinchera abandonada por sus antiguos ocupantes.
En la España de 2020, esa tercera familia de caciques que ha reiniciado el ciclo de la violencia es la de los populismos que han caído sobre la España de la pandemia como los marcianos de Mars Attacks! Sólo hay que verlos en el Congreso de los Diputados, echándose muertos y pobres y fascistas y enfermos y mujeres y terroristas a la cabeza, para comprender que hoy no sería posible un pacto como el de 1978.
Son partidos que no se sienten comprometidos en lo más mínimo por la paz firmada por derecha e izquierda durante la Transición y que reclaman su derecho a librar su propio conflicto civil, espoleando agravios, frecuentemente imaginarios o lisa y llanamente paranoicos, con la esperanza de reescribir la memoria de este país allí donde ellos creen que se torció el renglón de la historia en su contra.
La novedad española es que una de las dos familias firmantes de la paz original, la de la izquierda democrática que hoy debería encabezar el PSOE, ha acabado uniéndose por la irresponsabilidad de un aventurero de la política con esa tercera familia de populistas que se permiten dar lecciones de democracia cuando su lealtad a ella es puramente coyuntural.
No hace falta ser un lince para entrever que la actual situación es insostenible. El PSOE, pues él es el principal responsable de la situación, ha conducido a este país a una crisis política e institucional sin precedentes.
Nunca en este país se habían dicho en el Congreso tantas barbaridades y con un tono tan suavito, tan esponjoso, tan jesuita. Con el tono de Pablo Iglesias, de Macarena Olona y de Gabriel Rufián –al menos en Adriana Lastra fondo y forma coinciden. Nunca se habían aprobado gustosamente tantos disparates jurídicos.
Acompañan a Sánchez en esa degeneración 6.800.000 votantes, pero sobre todo los 3.120.000 de Podemos y los 2.500.000 de los nacionalistas. La realidad demoscópica es inescapable. A día de hoy, es más la gente en España que quiere a Sánchez en el poder que la que lo quiere fuera. Con esos bueyes hay que arar y pretender que existe una flota de tractores John Deere a nuestra disposición es hacerse trampas al solitario.
Como es hacerse trampas al solitario pretender que existe una mayoría alternativa a lo que vimos ayer en el Parlamento cuando este aprobó por mayoría absoluta fingir que la Constitución no existe ni dice lo que dice. Cuando aceptó renunciar a su deber constitucional de control del Ejecutivo. Cuando dio legitimidad a un flagrantemente inconstitucional estado de alarma de seis meses.
¿Y por qué no un estado de alarma de dos o tres años? De acuerdo a las justificaciones jurídicas oídas ayer, gobernar en un eterno estado de alarma es perfectamente posible. En eso, precisamente, debían de estar pensando los padres de la Constitución cuando redactaron su artículo 116. En abrir una puerta a la conversión del Gobierno en un poder irresponsable y dotado de perpetuos poderes extraordinarios.
Es probable que esa puerta no se vuelva a cerrar jamás para los españoles. A partir de ahora, bastará con que el Gobierno alegue la excepcionalidad de tal o cual emergencia para escapar al control del Parlamento. “Es alucinante, pero esta gente ha conseguido que el virus pase a ser nuestro segundo problema”, dijo Montano ayer en Twitter. “Es la encerrona perfecta” añadió luego.
Puede que la frase clave del discurso de Pablo Casado de la moción de censura fuera esa cita de Antonio Cánovas que dice que, en política, lo que no es posible es falso. Es la frase de un pragmático. Con ella, Casado decidió abandonar la semana pasada la trinchera que los populismos habían reservado para él y ejecutar la más impopular de las tácticas políticas posibles a día de hoy.
Pero el Gobierno insiste día tras día en cavar nuevas trincheras políticas, sociales, jurídicas e institucionales. Para cuando acabe con el país, este estará tan agujereado que se desmoronará al menor roce, como un polvorón hueco, bajo los pies de Pablo Casado.
Cabe una segunda opción. Que las trincheras que se están cavando acaben siendo tan hondas que terminen por enterrar a sus inquilinos, imposibilitados para salir de ahí. Pero esa posibilidad parece todavía lejana. De momento, se lo están llevando crudo y friendo a bombazos al voluntarioso que ha decidido salir a campo abierto.
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. Cayetana Álvarez de Toledo en el Foro Adea, Zaragoza. 231020 [especialmente interesante el turno de preguntas, a partir del minuto 42]
La sesión de control del Gobierno se convirtió ayer en el Congreso en la enésima puesta en escena del barullo político que está deteriorando gravemente la democracia. El registro de una proposición de ley para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, auspiciada por el PSOE y Unidas Podemos, se coló en el hemiciclo para enfrentar de nuevo de manera bronca a las fuerzas políticas. El Partido Popular persiste en su negativa de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los partidos del Gobierno han tomado la iniciativa para acabar con esta anomalía.
La voluntad de recuperar la normalidad institucional está justificada. Pero el proyecto en sí y la precipitación con la que se quiere resolver esta cuestión —extremadamente delicada en la medida en que toca los fundamentos de la separación de poderes en un Estado de derecho— resultan inaceptables. Al bloqueo en el que se ha instalado el PP —el PSOE consiguió también paralizar durante años la sustitución de algunos miembros del Tribunal Constitucional— se ha respondido con una proposición que entraña grandes peligros: sacar adelante la reforma sea como sea apoyándose en la mayoría absoluta que el actual Gobierno puede conseguir en el Parlamento.
La idea de sustituir también por ese camino a 12 vocales del CGPJ choca con el espíritu de la Constitución. Elegir el gobierno de los jueces —y otros organismos del núcleo del Estado— por mayorías cualificadas, que obligan inevitablemente a acuerdos transversales, favorece la estabilidad del sistema.
La obstinación del PP tiene algo de huida hacia adelante. Pablo Casado ha sido incapaz de recuperar para su organización su perfil de partido de Estado, temeroso de ser desbordado por la extrema derecha si no mantiene un discurso polarizador, y está dedicado sobre todo a sacar petróleo de la fórmula de “cuanto peor, mejor”, que solo conduce a la parálisis y al desbarajuste.
Los partidos del Gobierno dan señales de decantarse también por esos derroteros al evitar que sea el propio Ejecutivo el que procure esa reforma a través de un proyecto de ley, que exigiría la elaboración de una serie de informes técnicos, del propio CGPJ y del Consejo de Estado. De salir adelante, la proposición de ley —redactada además con una técnica legislativa de brocha gorda— acabará en el Tribunal Constitucional, con altísimas posibilidades de no pasar el examen.
En un momento tan extremadamente grave como el que atraviesa el país, empujar esta proposición de ley que puede resultar lesiva para el Estado de derecho no parece otra cosa que intentar salir del paso con un argumento fraudulento: hicimos lo que pudimos, la culpa es de los otros. Pero esa manera de hacer política —siendo, sin duda, muy complejo romper el injustificable bloqueo con el que el PP tiene secuestradas a las instituciones— responde a un modelo que tendría que desterrarse cuanto antes del sistema: el de levantar banderas que no tienen recorrido.
No lo tiene el bloqueo del PP. No debería de tenerlo el proyecto de los partidos del Gobierno. Y si finalmente lo tuviera, no resulta el más adecuado para reforzar la independencia del Poder Judicial. Ambos tienen que sentarse de forma inmediata a negociar en lugar de seguir causando destrozos a la arquitectura institucional del país.
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Bruselas avisa al Gobierno de que la reforma del Poder Judicial puede vulnerar las normas comunitarias
El Ejecutivo comunitario reclama a Pedro Sánchez que consulte con todas las partes implicadas
uz roja de la Comisión Europea al proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Bruselas había urgido a la renovación del órgano judicial, pendiente desde 2018, pero considera que la vía emprendida para hacerlo por el Gobierno de Pedro Sánchez puede poner en peligro la independencia judicial y agravar la impresión de que el Poder Judicial es vulnerable a una politización. El Ejecutivo comunitario presidido por Ursula von der Leyen reclama a Sánchez que consulte con todas las partes implicadas y que pida la evaluación de la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa encargado de velar por el respeto al Estado de derecho en las reformas judiciales y el mismo que ha dictaminado en otras ocasiones contra los cambios emprendidos en países como Polonia.
“Las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros deben hacerse siempre en consulta con todas las partes relevantes, incluida la Comisión de Venecia”, señala Christian Wigand, portavoz del departamento de Justicia de la Comisión Europea. “Los Estados miembros deben seguir los estándares de la UE para garantizar que no se pone en peligro la independencia judicial”, añade el mismo portavoz.
El cambio ha provocado la indignación del Partido Popular y la inquietud manifiesta de una buena parte de la judicatura española. Las alarmas saltan ahora también en Bruselas, donde la reforma española recuerda peligrosamente a las acometidas por países como Hungría o Polonia, expedientados en repetidas ocasiones por vulnerar la independencia judicial.
Wigand señala, en relación con la reforma española, que “es importante que garantizar que el Consejo [CGPJ] no es percibido como vulnerable a la politización”. El grave toque de atención de la Comisión llega solo unas semanas semana después de que España superase con holgura el primer examen realizado por Bruselas sobre la situación del respeto al Estado de derecho en todos los socios comunitarios. El informe lamentaba la tardanza en la renovación de los miembros del CGPJ, bloqueada por falta de mayoría parlamentaria, y pedía mayor transparencia en la relación de la Fiscalía General con el Ministerio de Justicia.
“Nos preocupaba la falta de renovación del Consejo, pero eso no quiere decir que se pueda hacer de cualquier manera y saltándose todos los procesos”, apunta una fuente comunitaria. La inquietud de la Comisión Europea coincide también con la negociación en Bruselas sobre un mecanismo de vigilancia del Estado de derecho que permitiría suspender ciertos fondos comunitarios a los países que vulneren los valores fundamentales de la Unión. Hungría y Polonia, que se resisten a la aprobación del mecanismo, parecían los principales amenazados por posibles recortes.
El gobierno polaco ya se había aferrado a la reforma del CGPJ de Sánchez para acusar a Bruselas de doble rasero por no actuar contra España. El serio toque de atención de este jueves probablemente contrarrestará el argumento de Varsovia al tiempo que pone a España en la peligrosa lista de países sospechosos de violar la independencia judicial.
El varapalo coincide con la llegada de Sánchez a Bruselas para asistir a una cumbre europea que, durante dos días, debatirá sobre las negociaciones con Reino Unido tras el Brexit. En la capital comunitaria también se encuentra el líder de la oposición, Pablo Casado, para asistir a la reunión que el Partido Popular Europeo celebra con motivo de la cumbre europea.
Casado ha advertido que removerá todo lo que sea necesario, a nivel nacional o europeo, para frenar los cambios del CGPJ. “Queremos dejar muy claro que iremos hasta las últimas consecuencias si el Gobierno no retira la reforma del CGPJ”, ha señalado. El líder de los populares amenaza con llegar “hasta las instituciones europeas, tribunales europeos, Consejo de Europa y, por supuesto, la Justicia española. No se puede debilitar una gran nación como España y sus instituciones”. Casado ha negado que su partido haya bloqueado un acuerdo y ha recordado que se sentó dos veces a negociar con los socialistas “pero sin fuerzas radicales” para garantizar la despolitización de la justicia.
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La Constitución no lo permite
De aprobarse el proyecto sobre la elección del CGPJ se destruirá el equilibrio que rige la división de poderes
Cuando en 1985 se reformó el Consejo General del Poder Judicial atribuyendo también a las Cortes Generales la elección de los 12 miembros correspondientes a los jueces y tribunales, el Tribunal Constitucional lo avaló en una discutida sentencia en la que advertía, no obstante, acerca de los problemas que ello podría generar.
Y eso que aquella reforma exigía que la elección parlamentaria de los 12 miembros lo fuera por la misma mayoría, tres quintos, que la Constitución había previsto para los ocho restantes. Me atrevo a afirmar que si no hubiera sido así el Tribunal la habría anulado por entenderla inconstitucional.
Ahora acaba de presentarse en el Congreso una proposición de ley orgánica, impulsada por los grupos parlamentarios de socialistas y Unidas Podemos, que, manteniendo la elección parlamentaria de esos 12 miembros, pretende que esa elección pueda serlo, en segunda votación, por mayoría absoluta.
Resulta indudable que el retraso en la renovación parlamentaria del Consejo, que no es la primera vez que se produce, supone una reprochable deslealtad constitucional, como lo fue igualmente el insólito retraso de tres años ocurrido hace no mucho tiempo en la renovación de un tercio de magistrados del Tribunal Constitucional. El retraso es, pues, inaceptable, pero la proposición de ley presentada para resolverlo también lo es.
Al margen de la crítica razonable que cabría hacer por la utilización, para esta propuesta de reforma, de la vía de la proposición de ley en lugar de la del proyecto de ley, lo que impide el previo informe del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, lo más grave de la misma es, a mi juicio, su abierta contradicción con lo previsto en el artículo 122.3 de la Constitución.
Es cierto que ese precepto exige la mayoría de tres quintos para los ocho miembros del Consejo de elección parlamentaria, dejando a la ley orgánica establecer el modo de elección de los 12 restantes. Pero ello no significa que esa llamada a la ley orgánica pueda entenderse como una habilitación en blanco, algo que sería incompatible con la naturaleza del Consejo como órgano constitucional.
El sentido de aquella habilitación estaba claro en el proceso constituyente: asegurado por el artículo 122.3 de la Constitución que los ocho juristas de elección parlamentaria habrían de elegirse por mayoría de tres quintos, se dejaba a la ley orgánica el modo en que habrían de elegirse los 12 restantes “de entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales”, términos que inducían, razonablemente, a entender que dicha elección no correspondería efectuarla a las Cámaras, sino a los propios jueces.
Ese era, creo, el espíritu del artículo 122.3: asegurar que en la elección del órgano de gobierno del Poder Judicial participaran, además del Parlamento, el propio Poder Judicial, en coherencia con la garantía de la independencia judicial que la Constitución proclama y con el principio de división de poderes consustancial a la democracia que ella establece.
De ahí lo discutible de la reforma de 1985 y de la sentencia del Tribunal Constitucional que la avaló. No obstante, aun si se admitiera la constitucionalidad de que la participación de jueces y magistrados en la elección de los 12 miembros solo se integraría en un proceso de elección en el que al final la última palabra la tuviesen las Cortes Generales, de modo que estas serían, como ocurrió, las que elegirían a los 20 miembros del Consejo, lo que sí sería inadmisible es que, de ellos, ocho lo fueran por una mayoría de tres quintos y 12 por una mayoría inferior, como es la mayoría absoluta.
La correcta interpretación de la Constitución exige que se atienda, ineludiblemente, al espíritu y finalidad de sus normas, en este caso del artículo 122.3 de la Constitución, que, al imponer la mayoría de tres quintos para los miembros de elección parlamentaria, obliga a que esa misma mayoría también lo sea si esa elección parlamentaria se extiende a los 12 restantes.
La Constitución no puede querer que el Parlamento, respecto del mismo órgano constitucional, elija a sus miembros con distintas mayorías, unos por tres quintos y a otros por mayoría absoluta, porque no puede querer que ese órgano, absolutamente crucial en nuestro sistema de división de poderes, dependa, como ocurriría si la reforma prosperase, de la democracia de mayoría y no de la democracia de consenso.
Téngase en cuenta que si la proposición de ley se aprobase tal como se ha presentado, la mayoría absoluta que sostiene al Gobierno determinaría el 60% de la composición del Consejo, proporción a la que se añadiría la “cuota” que le correspondería en la elección de los ocho miembros de consenso, es decir, tendría un dominio casi pleno de la composición de uno de los órganos constitucionales más relevantes. El sistema de equilibrios que es la base de la división de poderes quedaría, simplemente, destruido.
A la Constitución hay que respetarla, en su letra y en su espíritu. Lo que no hace la reforma legal que se ha presentado. Deseo, por el bien de nuestra democracia constitucional, que esa reforma no prospere.
Manuel Aragón es catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional.
LA IMPOSIBILIDAD de su materialización aritmética es lo que hace conveniente la moción de censura de Vox al presidente del Gobierno. Y no cabrá interpretarla, por esa razón, como un fracaso. Fracaso sería que pudiendo acabar con el gobierno, no lo hiciera; pero esa posibilidad es inexistente. La moción solo es la censura obligada a un estado de excepción. El acta notarial levantada a un Gobierno indigno. Lo que Vox piense sobre los negros, las autonomías, Europa o la temporada de caza es absolutamente irrelevante en este momento. Esa es la gran diferencia con la podemia: sus despropósitos no son ejecutivos. Vox no importa en sí mismo.
Importa la censura. Por eso el Partido Popular debió adelantarse y presentarla, una vez descartó cualquier posibilidad de que el Gobierno sanchez recuperara un atisbo de dignidad y de eficacia. Y es la indecisión del PP lo que dificultará extraordinariamente su respuesta parlamentaria. Es sencillo hacer un discurso contra Vox desde la altura de las convicciones, aunque es verdad que hay que tenerlas. El populismo deja abiertos innumerables flancos a la razón.
Con el populismo lo difícil es vencer, no convencer; las elecciones y no la arena parlamentaria. Pero el debate de la moción de censura va a tener lugar en el más desolado subsuelo de la reciente vida española. España va camino de ser un país al que propios y extraños dejen ya por imposible. El Gobierno es parcialmente responsable del incontestado liderazgo de ruina y muerte. Pero su indignidad es otra.
Es la de haber fomentado la división institucional y política y haber partido en dos mitades la comunidad española a fin de distraer su responsabilidad en el fúnebre liderazgo. Las fosas reabiertas, el descrédito del Rey o los cambios legislativos respecto a los jueces son tres ejemplos irrevocables de su estrategia.
En la conversación española es tradición que se resalte el carácter constructivo de la moción de censura. Los del unto medio lo subrayan, sobre todo, para poder acusar inmediatamente al censor de destructivo. En realidad moción constructiva solo quiere decir que el Estado no queda sin Gobierno a causa del éxito de la moción, como sucede en otros países donde la aprobación de la moción genera la convocatoria automática de elecciones.
De modo que yo imagino, 10, 20, 48 horas empleadas, incluso filibusteramente empleadas, en la descripción del estado de España –el proponente Ignacio Garriga tiene la edad de Cristo– y unos segundos para que el candidato formal a la presidencia presente su programa político: la convocatoria urgente de elecciones. Censura y cesura.
Un periodista cualquiera se asoma a la sesión de control de este miércoles y sacude sutilmente la cabeza. «Qué bronco espectáculo. La oposición llama a Sánchez dictador, el presidente llama a Casado antisistema. Qué feo todo». Y en este plan. Pero este análisis bobalicón –cuando no mercenario– delata el calado propio del periodismo de cabotaje. Ahora alejémonos un poco del cuadro goyesco de octubre de 2020 hasta situarnos en octubre de 2016.
Se ve a Pedro Sánchez sacando una urna de detrás de una cortina. Lo hace porque le ha dimitido toda la ejecutiva socialista para forzar su expulsión, porque saben que se propone fundir el PSOE con Podemos y el nacionalismo para construir una hegemonía destituyente, sí, pero electoralmente invencible. Susana Díaz rompe a llorar, hay gritos de pucherazo en la sala. En la siguiente escena Sánchez sale de Ferraz a medianoche en un coche oscuro con los ojos rojos y la mirada fija. Va jurando venganza. Y la obtendrá.
El problema del deseo de venganza de Sánchez es que no se sacia jamás. No lo satisfizo la toma y desmontaje del PSOE. Ni la conquista del poder por censura gracias a una sentencia arreglada. Se vengó de los barones, se vengó del Rajoy que le vapuleaba en tribuna, se vengó de la dirección de El País que desnudó su falta de escrúpulos, se vengó de Rivera por airear su tesis plagiada, se vengó de Franco –con algo de retraso–, se vengó de Pérez de los Cobos y la cúpula de la Guardia Civil, se vengó de Ayuso con la alarma por tumbarle su primera intervención de Madrid en los tribunales.
Y se va a vengar de Casado en la carrera de los jueces que le parezcan fachas. Se vengará de todo lo que le ha causado un agravio real o imaginario. En la lógica psicopática de Sánchez, no importa tanto que alguien le haya humillado de verdad como que él lo sienta así. Él ve enemigos. Europa será el siguiente.
Que a la presidencia del país de Caín haya llegado un hombre gobernado por la pulsión de venganza es como si a un violador lo encierras en la Mansión Playboy. Siempre encontrará cómplices para la orgía. Porque Sánchez, el jinete polaco, no cabalga solo: le siguen con entusiasmo españoles avergonzados de serlo que prefieren una dictadura de izquierdas a una democracia en la que pueda volver a ganar la derecha. Esos españoles dirigen medios, bancos, empresas estratégicas.
Son buenos burgueses aterrados ante la mera idea de que la nueva inquisición les coloque el capirote del fascista. Y seguirán manteniendo que Sánchez es siempre mejor que su alternativa cuando Europa nos imponga sanciones por haber putinizado el Estado de derecho. Una Polonia de izquierdas, si es que esa palabra significa aún algo distinto de despreciar a la derecha. Que a su vez reacciona con una cólera impotente, y en su autodefensa aspaventosa queda fácilmente retratada como el agresor.
Debe señalarse la culpa de Rajoy, aun a años luz de la de Sánchez. No solo por su rendición ideológica o su renuncia a asumir responsabilidades a medida que se desbordaba la corrupción y se fraguaba el relato que allanaría la censura. Nadie como Rajoy conocía a Sánchez. Y le dejó ganar. Pero además algunas sendas iliberales por las que Sánchez galopa hoy fueron desbrozadas por el PP. El sanchismo solo añade brutalidad, descaro y hondura al deterioro.
Sánchez tendrá éxito porque el odio no necesita gestión. Votamos con las vísceras, ya lo dice Redondo. El 78, una arquitectura de reconciliación, será destruido. Las empresas se irán yendo como se fueron de Cataluña, y el hachazo fiscal para seguir vendiendo bienestarismo a las innumerables víctimas de una recesión bananera solo logrará disparar el paro y la fuga de capitales y talentos. España se hundirá en una larga decadencia mientras se acelera su desmembración. Se convocarán referendos, esta vez con el Rey reducido al silencio.
Y si para entonces se ha completado la purga judicial, la Yugoslavia del sur será un programa factible. Sobre esa Commonwealth de Puerto Hurraco, compuesta por terruños partidos y postrados pero orgullosísimos de su identidad histórica, reinará la venganza de Pedro Sánchez. Vuestro progresista, banda de cobardes.
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Ilustración de Raúl Arias [España, 1969] para el texto
En defensa del 78: monarquía o república
El autor cree que si el PSOE sigue apostando por el camino reformista, debe desligarse de las pretensiones ‘podemitas’ y de las maniobras de Iglesias para destruir la concordia que articuló la Constitución.
IVIMOS tiempos que nunca pudimos imaginar. La pandemia se extiende por todo el mundo pero está golpeando especialmente a nuestro país, debilitado por las consecuencias económicas y sociales provocadas por la covid-19 y por una crisis política, hoy más que evidente para todos. La abrumadora suma de todas esas crisis ha resquebrajado todas las bases de concordia mínima sobre la que se ha basado la confianza de la ciudadanía española en la democracia del 78.
Nunca desde la Guerra Civil los españoles habíamos tenido tantas razones para tener miedo o sentir cómo el futuro se desmorona ante nuestros propios ojos. Ningún mensaje optimista, ninguna retórica confianzuda, ningún programa utópico; tampoco el acopio de medios de comunicación y de propaganda pueden por sí mismos prestarnos la tranquilidad que nos daban, tan sólo hace unos pocos años, el normal desenvolvimiento de la economía, de la política, de la justicia o de la solidaridad pública, por muy deficientes que nos parecieran entonces.
Desgraciadamente, cuando el esfuerzo común del conjunto de los españoles se muestra más necesario que nunca, la suma de los independentistas, los corifeos de las acciones terroristas de ETA y, por supuesto, Podemos, en este caso desde las más altas instancias del Gobierno, se han concertado para iniciar una estrategia de acoso y derribo, no sólo en contra del jefe del Estado, Felipe VI, sino también contra las bases más esenciales de la Constitución del 78. El debilitamiento del Estado es la estrategia política que les une hoy, aunque sus objetivos partidarios son muy diferentes.
Unos pretenden el debilitamiento del Estado para hacer más fácil la independencia de sus territorios, otros desean llevar a cabo en España los experimentos ideológicos que sus apoyos políticos y financieros llevaron a cabo en Sudamérica, con los resultados desastrosos que tan bien conocemos. Con claridad meridiana vemos que la acción política que impugna la Transición, la Constitución del 78 y la jefatura del Estado, convoca en un espacio político compartido y de conveniencia a independentistas vascos y catalanes con los neocomunistas de Podemos.
Por mucho que los impugnadores de la Constitución del 78 se proclamen partidarios de la República, vociferando sobre sus virtudes, no pueden ocultar que no son ellos precisamente la mejor representación de las ideas republicanas, que trascienden a los regímenes políticos, impregnando por igual a monarquías europeas y sistemas republicanos democráticos. Porque estaremos de acuerdo en que algunas repúblicas, que conocemos muy bien, han destruido en sus países respectivos los más nobles principios del republicanismo.
En algunas de estas repúblicas, que les han servido de soporte económico e ideológico a estos profetas de la nada, esos principios republicanos han sido sustituidos por las toscas botas y los uniformes pintorescos de militarotes inflamados por proclamas demagógicas de imposible cumplimiento, que han terminado convirtiendo a sus respectivos conciudadanos en súbditos empobrecidos o transterrados por diversos países del mundo.
En este contexto, reivindicar la Constitución del 78 y los últimos 40 años de libertad y progreso se convierte, para todos los que no nos sentimos representados por esas minorías tan radicales como poco representativas, en una obligación. No rechazo la confrontación de ideas, esencia de la democracia social-liberal que defiendo, pero sí impugno que se haga tabla rasa de todo lo conseguido durante las cuatro últimas décadas y se oculten en cortinones de demagogia y engaño para adquirir superioridad en este legítimo debate de ideas.
Porque, no nos debemos dejar engañar, ninguno de estos aventureros políticos defiende una república como la francesa, la estadounidense o la alemana. Su pretensiones finales son otras: unos defienden la República con el último fin de conseguir su deseada independencia, otros reclaman la República para aproximarse a sus postulados neocomunistas. Para todos ellos la República es un trampantojo que encubre pretensiones bien distintas…serían en realidad y, en todos los casos, repúblicas sin republicanos.
En este momento, es necesario recordar con la mayoría de los ciudadanos españoles, pero muy especialmente con los más jóvenes, de dónde venimos: una Guerra Civil y una larga noche de 40 años en la que nos faltaron el oxígeno de la libertad y la igualdad, haciendo imposible a los españoles el simple y fundamental estatus de ciudadanía, condición que poseían todos los ciudadanos de los países vecinos.
Los demócratas debemos mantener la discusión afirmando que la Constitución del 78 abrió un periodo histórico de progreso y libertad, que no nos gustaría que fuera excepcional. Aquella sociedad y aquellos líderes políticos, entre los que figuró a la cabeza de todos ellos el Rey Juan Carlos, consolidaron una concordia social y política mínima e imprescindible. Esta apuesta histórica supuso dar la espalda a las trincheras y al frentismo que han caracterizado nuestro pasado y que parece resurgir a impulsos de la demagogia y la irresponsabilidad.
Lo peor, lo impensable, suele ocurrir cuando las nuevas generaciones no reciben de sus padres el legado sincero que produjeron. En nuestro caso, esa herencia nos la han podido ofrecer y la podemos recibir con el máximo orgullo. No se hizo todo bien, desde luego. Pasado el tiempo sabemos que algunas decisiones no se debieron tomar, o se debieron dirigir en otra dirección y con otro contenido. Pero ningún error de los que se cometieron, ninguna de las imprudencias que se produjeron, pueden servir de argumento justificativo para impugnar radicalmente lo conseguido.
De la misma forma que llamo a los demócratas a defender con orgullo nuestro pasado reciente, les pido que no caigan en un pesimismo de sobra conocido por todos nosotros porque desgraciadamente se ha adueñado de los españoles con una frecuencia muy dañina durante amplios y diferentes periodos de nuestra historia. No solo a nosotros nos ha tocado vivir esta crisis política.
Vemos cómo en países de nuestro entorno, incluyendo naciones con sólida y continuada tradición democrática, expresiones políticas populistas y nacionalistas asedian a sus respectivos Ejecutivos cuando no han logrado gobernar sus naciones o desarrollan políticas arbitrarias, autárquicas y extravagantes cuando la frustración, el desencanto y el miedo de sus poblaciones les lleva a la responsabilidad de gobernar.
LA DEFENSA de la República o la Monarquía no se puede realizar en abstracto, fuera de un tiempo y un lugar concreto. Hoy, en España, como hace 40 años, la Constitución del 78 y la Jefatura del Estado, actualmente encarnada por Felipe VI, están ligadas a la libertad, a la igualdad de los españoles; también al progreso, a la modernidad de España y a esa apuesta de inimaginable envergadura política que representa la UE. Como algunos de los países más prósperos de nuestro entorno, nuestra Monarquía representa los mejores valores republicanos de libertad, igualdad y solidaridad.
Sin renunciar a las reformas que sean necesarias, más bien dispuesto a aceptar las que la cambiante realidad nos vaya imponiendo, creo que en la España de hoy no hay nada más republicano que defender la Constitución del 78 y la Monarquía como base para nuestra convivencia, además de ser pilar esencial para poder encarar con las mejores garantías de éxito la triple crisis que nos paraliza. Si no reaccionamos, estos últimos 40 años supondrán una excepción en nuestra historia.
Es una vez más en el PSOE donde, en esta crítica situación para España, se concentran dudas y esperanzas por igual. Estos días se cumple el octogésimo aniversario de la muerte de Julián Besteiro en la cárcel de Carmona. De todos los personajes que forman parte de la leyenda de aquellos años, por lo menos yo así lo creo, fue en este profesor de Lógica en el que se unió de forma más notable la solvencia intelectual y la solidez ética. Se opuso a la deriva de su partido en el 34 y a la influencia comunista durante la Guerra Civil.
Pasado casi un siglo, hoy igual que ayer, el PSOE debe decidir si ampara, justifica o impulsa la estrategia aventurera de Podemos o sigue por la vía reformista iniciada durante la Transición. Si apuesta por seguir el camino reformista y moderado iniciado hace 40 años, debe desligarse de las pretensiones podemitas y descalificar tanto las declaraciones de algunos de sus ministros como las maniobras de Iglesias, que no sólo están dirigidas a oponerse al Rey, sino a destruir la concordia mínima en la que se basó la Constitución del 78 y la convivencia democrática que ha dominado estos últimos años de nuestra historia.
Tras vérsele el miércoles hundido en su escaño del Banco Azul de las Cortes, deslizándose ojeroso por el escurridero de sus supercherías, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, parecía un insomne que hubiera soportado «todas las noches de un día». Como el título de la obra que escenifica en Madrid Alberto Conejero, uno de los grandes dramaturgos del momento y finalista este año del Premio Valle Inclán de EL MUNDO y El Cultural. Fue incapaz de aclarar la índole real de su clandestina reunión –envuelta en la neblina de la nocturnidad y alevosía del aeropuerto de Barajas– con la vicepresidenta de la narcodictadura venezolana, Delcy Rodríguez, quien tenía prohibida su entrada en territorio europeo acusada de crímenes de lesa humanidad y de corrupción.
Sin duda, el ministro «anda quién ha venido» ha ido fabricando su tornadiza verdad a base de contar mentiras. Mil y una versiones de un encuentro que negó primero y que luego devino en una cita a ciegas, pero que él mismo ha terminado acreditando con su torrentera de falacias. Cada mentira encerraba una evidencia en sí misma por parte de quien, en horas que pesaban como días, pareció recrear sus tiempos de camarada guerrillero del PCE antes de engrosar la legión de peceros que descubrió, en tiempo y hora, que el modo más directo y rápido de tocar moqueta era el PSOE.
Si en la trama de Conejero se libra un combate entre lo real y lo fantasmal, al acudir un policía –ausente en escena– para averiguar el paradero de su dueña interrogando a quien se emplea en cuidar las plantas y a conservar el recuerdo de aquella mujer a la que amó, otro tanto acaece en el escándalo Delcygate. El embrollo, además, ha puesto de manifiesto la dolosa hipoteca del Gobierno de cohabitación Sánchezstein con el régimen bolivariano de Caracas.
No en vano, éste promovió y sufragó a Podemos, cuyos artífices velaron sus armas en el palacio presidencial de Miraflores con Chávez. Pero también por mor del papel, de imposible disimulo que desempeña José Luis Rodríguez Zapatero como Gran Canciller de la satrapía que hoy encarna Maduro. Para mayor inri, bajo su mandato, se urdieron suculentos negocios de ida y vuelta con lustrosos untos como el que tiene imputado a su embajador y amigo del ex ministro Bono, Raúl Morodo, acusado de cobrar comisiones ilícitas por valor de 35 millones.
Por eso, al no tratarse de un problema estrictamente diplomático, en contra de lo que arguye la mutante versión oficial, la supuestamente inadvertida irrupción de Delcy, Ábalos hubo de ocuparse –como si fuera un agente secreto, y no un ministro en ejercicio, escoltado por un guardaespaldas de circunstancias– un especialista en este tipo de asuntos vidriosos. Al ser sorprendido in fraganti y desplomársele el castillo de mentiras que edificó para escamotear su trapacería, el ministro-secretario de Organización socialista arremetió en todas las direcciones hasta forzar a Pedro Sánchez a respaldarle con aires de urgencia.
En su sofoco, Ábalos pareció meterse en el personaje del coronel que Jack Nicholson interpreta en Algunos hombres buenos. Cuando, con su guerrera chapada de medallas hasta el cuello, se enfrenta al abogado de la Armada encargado de aclarar la muerte de un marine en la base naval de Guantánamo y al que le espeta al final de su largo monólogo: «¡Tú no puedes encajar la verdad!». En su indignación, aquel militar de alta graduación no llega a explicarse la actitud de ese letrado de aspecto aniñado «que se levanta y duerme bajo la manta de la misma libertad que yo le consigo y que luego se pregunta por la forma en la que yo lo he hecho». Tanto el personaje de Nicholson como el de Ábalos hubieran preferido que sólo les hubieran dicho gracias y seguido su camino sin meterse donde no les importa.
De hecho, así lo reclamó quien, apelando a aparentes razones de Estado, trató de valerse de ellas para justificar la sinrazón. Alérgico a la luz y a los taquígrafos que apremiaba antes de poner sus posaderas en el Banco Azul, no se sabe bien si Ábalos, portador de genes familiares tan taurinos, pidió que le dejaran solo, como ese matador retador ante el astifino que asoma su mala intención, o si se quedó solo ante la deserción del resto de la cuadrilla. Pero lo cierto es que ha hecho que su carácter sea su destino.
Evoca la charla en París, a comienzos de los 70, entre el gran intelectual Raymond Aron con Henry Kissinger, entonces en la cima de su poder como secretario de Estado de Nixon. En el curso de una pugnaz controversia cenando en casa de Pierre Salinger, ex consejero de prensa de Kennedy, Aron le soltaría: «Henry, yo hubiera sido incapaz de ordenar los bombardeos de Camboya y luego irme a dormir tan tranquilo». Kissinger, impasible, le replicó: «Querido Raymond, a nadie se le hubiera ocurrido encargarle a usted semejante misión». Cuestión de carácter y de escrúpulos, desde luego, de Ábalos como la de su antecesor en el ministerio y como número dos del PSOE, José Blanco, citándose nocturnamente en una gasolinera lucense para tratar negocios turbios.
En todo caso, y más allá de un cisco que obligaría a dimitir en cualquier democracia que se atenga a un mínimo de decoro, el Delcygate patentiza que cada vez que el Gobierno da un paso siente las cadenas que Sánchez contrajo para sostenerse en La Moncloa. Es rehén de podemitas, cuyo lenguaje ha hecho suyo como falso remedio contra el insomnio que aventuró que le causaría tener como extraño compañero de cama a Iglesias. Como también lo es de los separatistas, sometido a las horcas caudinas del reo Junqueras y del inhabilitado Torra, así como del PNV y Bildu. Todo lo que negó que haría lo ha hecho aquel al que le da igual 8 que 80 con tal de volar en Falcon.
Resulta pasmoso –como gravoso lo es para el porvenir de España– un presidente a merced de quienes les acusaron de pertenecer al partido del crimen de Estado y de la cal viva. Como le endosó Iglesias en un arrebato parlamentario en el que casi le vuelca un saco de esa materia en el escaño como el batasuno Zubimendi sobre el asiento vacío del entonces consejero vasco, el socialista Ramón Jáuregui. También deudor de aquellos que escupieron a su ministro Borrell tras protagonizar un intento de golpe de Estado y de los que ahora depende para que la legislatura no salte por los aires.
No obstante, conviene reparar en que aquella andanada de Iglesias contra el PSOE, a la que Sánchez fue incapaz de dar réplica, ha cumplido el objetivo que buscaba: cortar el nudo gordiano de Felipe González. Éste bloqueaba cualquier avenencia con Podemos al ser el tentáculo del régimen de Maduro al que ha denunciado en defensa de los derechos humanos y en contra de la persecución que sufren los opositores. Al tiempo, no ocultaba que un eventual acuerdo supondría la ruina del PSOE que refundó en Suresnes.
Al cabo de aquel rifirrafe, Iglesias marca el sino del Gobierno y González enmudece. Lo hace pese a saber, como dejó escrito Churchill, que «forma parte del libro de ejercicios establecido por el propio Lenin que los comunistas deben ayudar a conseguir el poder a los gobiernos socialistas débiles, para después debilitarlos más y arrebatarles el poder absoluto».
Con este objetivo, Lenin recomendaba aliarse con todas las fuerzas subversivas posibles como Podemos ha hecho hasta convertir a Sánchez en una especie de Kerenski. Aquel último primer ministro del gobierno provisional instaurado en febrero de 1917 tras la caída de los zares y que fue devorado por la posterior revolución bolchevique de octubre.
Una vez alcanzado el poder, jamás se abandona voluntariamente, como se constata en Venezuela. A este propósito, el viaje secreto de Delcy Rodríguez, como se felicitaba el viernes Maduro, ha sido enormemente provechoso para sus intereses. No sólo saboteó la venida a España de Guaidó dentro de su exitosa gira europea, donde fue recibido por sus principales mandatarios, mientras Sánchez se negaba a comparecer a su lado, sino que consiguió que el Gobierno español lo degradara, por boca de su primer ministro, a jefe de la oposición tras ser el primero en reconocerlo como presidente legítimo frente al impostor que ocupa el Palacio de Miraflores. Últimamente, Sánchez hace de ello una especialidad. Así, obró igualmente con el inhabilitado Torra hace una semana.
Junto a ello, Sánchez se apresta, atendiendo a las directrices de Zapatero y de Podemos, su hijo natural, a blanquear unas elecciones legislativas en Venezuela sin garantías para la oposición. Ya anticipó Maduro que no volvería a perder otros comicios como los que abortó con el golpe de Estado que suplantó el Parlamento legítimo por un sucedáneo de asamblea sumisa. Consumada la kermés, el régimen escabecharía a la disidencia. «El día que los tribunales den el mandato de detener a Guaidó por todos los delitos que ha cometido será detenido. Ese día no ha llegado, pero llegará», como ha verbalizado este último viernes Maduro tras apreciar el volantazo del Gobierno español.
No es extraño, pues, que el PSOE disimule declarando que se trata de un asunto interno de Venezuela que no interesa a nadie, como corean sus corifeos, o que Borrell se haga el sueco acostumbrando a los españoles a ser ese cuco que pía en un nido y empolla en otro. España, desde luego, tiene poco que ver con Venezuela –valga la ironía–, pero secunda clamorosamente los pasos dados en su día en aquel país. Con la inconsciencia –todo sea dicho– de una opinión pública que, alegre y confiada, opinaba que allí no podía pasarles aquello que preparaba a ojos vista un sonriente Hugo Chávez.
En una entrevista realizada justo antes de llegar al poder en la que apareció perfectamente trajeado, sin asomo de uniforme militar ni llamativo chándal, calmaba los miedos afirmando que, «lejos de ser un violento y un dictador», era un demócrata «dispuesto a devolver el poder a los cinco años». Así implantó una dictadura que acaba de recibir el refrendo de España.
Por eso, el aparente error de Ábalos resulta un crimen cierto. Para certificarlo, no hace falta rebuscar en los carros de maletas que, beneficiándose de la valija diplomática, habría dejado Delcy Rodríguez a su paso por España. No puede extrañar, por tanto, que Ábalos viviera la madrugada del 21 de enero todas las noches de un día en un aeropuerto que pareció el invernadero de la obra de Conejero.
Sentada esta premisa, el Delcygate no puede reducirse al caso Ábalos. Retrata no solo a un peso pesado socialista, sino a un Gobierno que disimula el ruido de sus cadenas dividiendo a la sociedad y enfrentándola. En paralelo, practica la eutanasia política a la oposición si ésta no se pliega a sus dicterios. Así, el líder del PP, Pablo Casado, se somete esta semana a la primera sesión yendo a La Moncloa para que, al igual que otras veces, Sánchez prestigie la mentira a su costa.
No hay que ser del todo pesimista. En la vida hay ocasiones en que la situación es tan terrorífica que no queda más camino que mejorar. El momento político en España es éste. Pero no sabemos si ya hemos tocado fondo o nos toca todavía esperar unos meses para mejorar. Probablemente, lo que quieren algunos es dinamitar de una vez la Transición y el régimen constitucional que parió de forma tan extraordinariamente pacífica
Se busca, sin anunciarlo naturalmente, por decirlo así, un régimen caótico, en el cual se destierre por mucho tiempo la previsibilidad que, como dice el Premio Nobel Finn Kidland, es lo que hace prosperar un país. Por lo visto, lo que quieren unos y otros, sean del pelaje que sean, con tal de seguir en el poder y, naturalmente, todos por encima del español medio, no es suprimir el Muro de Berlín, que prácticamente se cayó solo, sino derribar como sea el Muro de la Transición que nos separa de una España empobrecida, atrasada y violenta. Creo que lo más provechoso en este febrero, que es un año bisiesto, y por lo tanto disponemos de un día más para gozar o sufrir, ya nos lo dirá el azar, es hacer un breve recuento de las atrocidades que los españoles tuvimos que soportar en los dos últimos dos siglos y que es a donde nos quiere llevar otra vez, este Gobierno disolvente, que está ahí, si no lo remediamos, para disolver España.
El siglo XIX comienza realmente en España en 1812, fecha del nacimiento del constitucionalismo autóctono, lo que sitúa a nuestra nación como la tercera que dispone tan tempranamente de una de las grandes Constituciones del mundo, pues dejando de lado la británica, que no está escrita, se sitúa tras la de Estados Unidos de 1789 y la de Francia de 1791. A partir del rechazo de las tropas de Napoleón, España se encierra en sí misma y ya no sale de sus fronteras hasta el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, tras la miniguerra con los Estados Unidos, que se apropia con Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, mienras que Cuba adquiere su independencia. Circunstancias que tendrán consecuencias en la vida interna de España, especialmente en regiones como el País Vasco y Cataluña, con la consabidas s repercusiones políticas que afloraron en su momento. Comienzan así dos siglos oscurantistas que provocan el aislamiento de España, pasando de ser una de las naciones que más han influido en el mundo a encerrarse dentro de sus fronteras, en donde surgen conflictos de todo tipo, a diferencia de otros países europeos que siguen la marcha del progreso. Lo cual no quiere decir que no hayan conocido también conflictos internos, unos más que otros. Pero en España los enfrentamientos se cobrarán muchas vidas humanas y conoceremos graves pérdidas económicas como consecuencia del aislamiento internacional y de la mediocridad de nuestra clase política. Por otro lado, hay que subraya también, como es sabido, que la pérdida de nuestras colonias no solo fue un desastre para la economía nacional, aunque fuese justo, sino que además produjo un sentimiento de frustración nacional que afectó a nuestra cultura en general.
Los enemigos externos ahora se convierten en enemigos internos, hasta el punto de que surgen tres guerras civiles, dos de ellas carlistas, aunque con un significado mucho mayor. Del mismo modo, hubo que soportar conflictos clericales y, mucho más graves, los anticlericales… Ahora bien, la Guerra Civil de 1936 no solo se cobró cerca del millón de muertos, sino que dejó arruinado el país y, lo que es aún peor, dejó una sociedad fraccionada, con familias rotas y sin que pudiésemos contar con ayudas externas para la reconstrucción. Los países que se enfrentaron en la II Guerra Mundial dispusieron de la ayuda del Plan Marshall y pudieron reconstruir su economía mucho antes que nosotros. Pero, durante los siglos XIX y XX, no sólo tuvimos que soportar tres guerras y otros muchos incidentes que no podemos detallar ahora. Por eso, cuando este Gobierno se empeña una y otra vez en sacar al franquismo para ocultar sus intereses, hay que decir que repasar la Historia, incluso con absurdas leyes, es completamente perjudicial e inútil si no obtenemos lecciones para el presente que nos evite que tropecemos en la misma piedra. No merece la pena que siga narrando detalladamente todos los sucesos que hicieron de España un país especial. Pero sí conviene recordar hechos que hicieron imposible una convivencia pacífica entre españoles: las más graves huelgas generales; la posición predominante de los militares en la actividad política, hasta el punto de tener que soportar dos dictaduras: primero la del general Primo de Rivera (1923-1929) y la segunda y más agrave, la del general Franco(1936-1975); la Monarquía en estos 200 años no pudo resolver nada por la incapacidad de Isabel II, pero cuando se iba a adoptar una Monarquía democrática de la mano del general Prim, con la magnífica Constitución de 1868, fue asesinado y su protegido, el Rey Amadeo I, se volvió a Italia, después de un discurso ante las Cortes, en el que tira la toalla ante la dificultad de vivir en España. Dice así: «Estad seguros de que al despedirme dela Corona no me desprendo del amor a esta España tan noble como desgraciada y de que no llevo otro pesar que el de no haberme sido posible procurarla todo el bien qué mi leal corazón para ella apetecí». Los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII tampoco resolvieron gran cosa en un país, cada vez más torturado. Hemos conocido también dos repúblicas que fracasaron por causas diversas, pero en las que durante su vigencia se pasó del cantonalismo esperpéntico de la primera al levantamiento militar causado por el desorden de unos y otros que dio origen a la guerra civil que duró tres años. Pero es que, además, es uno de los pocos países europeos en los que durante este tiempo ha habido cuatro magnicidios: el general Prim, que con su muerte arrastró la Monarquía democrática; el presidente del Gobierno Cánovas del Castillo, autor de la Restauración que permitió cierta paz; el presidente Canalejas, krausista de formación; y, finalmente, el almirante Carrero Blanco, asesinado por la ETA de forma espectacular. Igualmente hay que hablar del terrorismo anarquista, de la ETA o de Terra Lliure. Pero no sigo más porque en estos dos siglos vivir en España ha sido un puro riesgo, tanto política como económicamente.
Estos casi 50 años que hemos vivido bajo la Transición ha sido algo único en España. No solo ha sido el periodo de mayor libertad y progreso de que han gozado los españoles en dos siglos, sino que nos hemos igualado económicamente con nuestros vecinos europeos. Pero parece ser que hay españoles que les gusta vivir en el riesgo, en la incertidumbre y están dispuestos a echar abajo el llamado «régimen del 78», para lo cual han formado un Gobierno-disparate que no es posible que dure seis meses a causa de las incongruencias que comporta. Veamos sucintamente este esperpento. El PSOE gana las elecciones, pero no dispone de mayoría suficiente para alcanzar la investidura y mucho menos para gobernar, por lo que se vio obligado a hacer un pacto de nocturnidad, ya que juraba y perjuraba que nunca jamás haría un Gobierno con Podemos porque no podría dormir. Pero no se trata de discrepancias personales, sino ideológicas y así no se puede gobernar. También ha incluido en su Gobierno a separatistas, a comunistas y a cualquier otro pájaro que se posó en su ventana. No hay un programa de Gobierno serio, no se sabe cuál va a ser su modelo de Estado y no sabe, además, de que forman un Gobierno de mosaicos de colores que desentona el problema más grave para mí es que son una pandilla de incompetentes, como lo ha demostrado Iglesias con los agricultores valencianos o Ábalos con el asunto del avión que aterrizó sin tocar el suelo. Cualquiera que conozca las reglas mínimas de la diplomacia y el acuerdo de Schengen, debería saber que la vicepresidente venezolana podía charlar, dentro del aeropuerto Adolfo Suárez, con quien quisiera y que podía comprar sus perfumes en el duty free. ¿Cómo es posible que se se haya armado semejante revuelo por tan poca cosa? Sin embargo, me huelo que hay algo gordo que podría afectar a miembros del Gobierno o que estuvieron en el Gobierno. En definitiva, hay que recordarle a Ábalos para que no repita el error la famosa frase de Benjamin Franklin: «Nunca arruines una disculpa con una excusa».
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL Mundo
Ciudadanos creció por su ejemplar actitud en Cataluña. Eran muy pocos pero no se callaban y decían lo que había que decir. Crecieron en Cataluña y crecieron en España. Y empezaron a dar lecciones a todo el mundo. Yo no he visto a un partido tan pesado con lo de dar lecciones a los demás. Y se fueron haciendo antipáticos. Y ayudaron a formar gobiernos regionales. Y más lecciones. Y más antipatía. Y ayudaron a formar gobiernos nacionales. Y le hacían la vida imposible a los del PP en Madrid y miraban para otro lado en la Andalucía de los ERE’s. Y fueron el partido más votado en Cataluña pero no intentaron formar gobierno. Y no explicaron por qué. Y empezó a gustarles lo de no explicar por qué. Y se negaban a aplicar el 155 según venía el golpe. Y cuando vino el golpe se negaban a aplicar un 155 de verdad y pidieron elecciones inmediatas. Y seguían dando lecciones. Y seguían siendo antipáticos. Y seguían sin explicar los porqués de sus cosas. Y, de pronto, se fueron todos de Cataluña. Y empezaron a hacer cosas raras en el partido. Y un sanedrín de cuatro muñequitos manifiestamente mejorables daba lecciones a los que habían construido el partido fuera de Cataluña. Y eran tan antipáticos hacia dentro como lo eran hacia afuera. Y daban pucherazos y lecciones a la vez. E imponían a personajes imposibles en las listas. Y no explicaban nada. Y ya eran el partido más antipático del mundo. Y, de pronto, se vieron en una situación en la que eran determinantes para formar gobierno nacional y se quedaron mudos. Y no explicaban por qué. Y hubo regionales y municipales y demostraron que su antipatía no tenía límites hasta el punto de poner en riesgo varias regiones y municipios. Y más lecciones. Y más antipatía. Y ni un porqué. Y se repitieron las generales y desaparecieron. Y siguen siendo muy antipáticos. Y siguen dando lecciones. Y siguen sin decir por qué.
Que conste que a mí me caen muy bien porque yo soy de natural borde y paso de dar explicaciones pero yo no aspiro a que la gente me quiera.
Por supuesto que hay motivos ideológicos en el colapso de C’s, un partido de socialistas buenos que intentó colonizar la derecha y, de pronto, se quedó colgando de la brocha. Y que los demás también juegan. Y que hay partidos nuevos que también dicen lo que hay que decir. Pero estos ojitos han visto a los ciudadaners imponer a sus socios de coalición democracia interna y luego montar unos pucherazos del demonio. He visto a una señora vicealcaldesa quejarse de que los podemitas les escracheen en el Orgullo y participar, acto seguido, en un escrache podemita a un mozo de VOX. He visto elaborar listas con el criterio de un mono con una pistola. Y son tan antipáticos y tan pesados con las lecciones que yo casi prefiero que no me cuenten sus porqués. Y eso que a mí me caen bien. A saber lo que piensan los que les tengan manía.
Fue uno de los personajes más representativos de la posguerra española, y su popularidad durante los años cuarenta y cincuenta fue tan grande que algunos lectores llegaron a enviar comida o dinero a la redacción de Pulgarcito para remediar su hambre, en especial de pollo.
Contundente, soez y malsonante es contestar a alguien con la expresión ‘¡Y una polla en vinagre!’ cuando se quiere enfatizar en el desacuerdo que se tiene sobre algún asunto.
E igual de complicado y enmarañado es poder encontrar el origen etimológico de la expresión, debido a la gran cantidad de ‘desinformación’ que corre por la red, siendo la mayoría de ellas simples invenciones (algo similar a lo que ocurrió con el post ‘¿De dónde surge la famosa expresión de ‘El coño de la Bernarda’?’).
Ante el batiburrillo de informaciones voy a tratar de exponeros las diferentes hipótesis que hay, a ver cuál de todas os parece más convincente.
Por un lado nos encontramos con algunas fuentes que apuntan a que las ‘pollas en vinagre’ es el nombre con el que se conoce en la población de Yecla (Murcia) a un plato de ‘sardinas con guindillas’.
Sin dejar de lado las recetas culinarias, hay quien señala que en algunos lugares de Castilla (las fuentes no especifican cuál de las dos Castillas se trata) se sirve un plato de ‘gallineta o gallinula en escabeche’. La gallineta es una ave acuática también conocida con el nombre de ‘polla de agua’, de ahí que, posiblemente, pueda ser conocida esa receta como ‘polla en vinagre’ (en mi búsqueda no he encontrado enlaces fiables que puedan demostrar que así es).
En un buen número de páginas aparece un origen que se remonta hasta tiempos de la Antigua Roma y que señalan que en aquella época era habitual conservar ciertos alimentos en vinagre, siendo uno de estos las ‘pullas’ y se refieren a estas como brotes verdes de vegetales, entre ellos las cabezas de los espárragos. Todas esas páginas señalan como fuente de dicha información a la web elpelao.com. Este sitio web albergaba la página personal del poeta y escritor Carlos Rivera y tuvo muchísima fama hace unos años. Allí solía publicar, entre otras cosas, algunas curiosidades y etimologías de frases famosas (concretamente el de las pollas en vinagre era aproximadamente de 2007), pero lamentablemente Rivera falleció en 2014 y desde entonces esa dirección web alberga un contenido totalmente diferente, no quedando rastro alguno del contenido anteriormente publicado. Sí que he podido acceder a esa etimología a través de web.archive.org, pero la única fuente de referencia que da es la de un tal ‘Félix Gómez Galán’, lector de su blog que le había hecho llegar la siguiente explicación:
En la Roma Clásica, era frecuente conservar en vinagre los brotes frescos de espárragos y demás vegetales, considerándose bocado exquisito. Polla, del latín “pullas”: significaba pues, brotes verdes, cría (de ahí pimpollo, pinagre’ se usa pues como expresión irónica y dubitativa. ollo pera, pollito…etc). La expresión ‘pollas en v.
Pero estas no son las únicas explicaciones que hay en la red sobre el posible origen de las ‘pollas en vinagre’. Hay quien lo sitúa en los bajos fondos de algunas ciudades, entre ellos el ‘Barrio chino’ de Barcelona, y explica que tiempo atrás, debido a un brote de contagios de enfermedades venéreas (sobre todo infecciones por hongos), muchas eran las prostitutas callejeras que llevaban una botella de vinagre encima y con ella lavaban los miembros (pollas) de sus clientes antes de mantener relaciones sexuales (sabido es que el vinagre de manzana se ha utilizado desde hace muchísimos años como desinfectante y para realizar los llamados baños de asiento).
Y ya para terminar quiero hacerlo con la que a mi parecer está más cerca de ser el origen correcto o al menos es la explicación que encuentro más acertada. Para ello debemos recuperar el término ‘pulla’, pero no en el sentido mencionado anteriormente de lo brotes verdes en la Roma Clásica sino en la acepción que le da el diccionario de la RAE al vocablo en castellano y en la que señala que se trata del dicho con el que indirectamente se humilla a alguien. Muchos son los expertos que sostienen que, a esa frase o palabra que se dice para herir a alguien verbalmente (pulla, pullita) si se le añade vinagre (o sea, sarcasmo o ironía mordaz) escuece/duele todavía aún más, de ahí que posiblemente esa ‘pulla con vinagre’ terminase convirtiéndose en la conocida expresión ‘pollas en vinagre’ que se usa para responder descortésmente.
Señalar que en inglés existe el término ‘pickled dicks’ que viene a traducirse como ‘pollas en vinagre / en conserva’ y la mayoría de fuentes señalan que dicha expresión está tomada y traducida desde el español.
Por cierto, cabe destacar que hace aproximadamente una década el artista Miguel Ezpania diseñó y elaboró unos penes (creo que son de yeso) y que pintó convenientemente de color carne y van introducidos en unos frascos de conserva etiquetados con el nombre de ‘Pollas en vinagre’ y que desde entonces se vende (entre otros sitios) a través de su web al precio de 60 euros el tarro: http://www.ezpania.com/pollas.htm
El desconcierto del centro y de la derecha frente al fenómeno Sánchez parece demostrar que hay algunas reglas de la política moderna que no han sido entendidas al 100%.
1. La moneda de curso legal en la política actual son los sentimientos.
2. Eso lo han entendido los partidos redentoristas y metafísicos, es decir los partidos teológicos: PSOE, Vox, Podemos y los nacionalistas.
3. No lo han entendido los partidos humanistas y positivistas, es decir los partidos científicos: PP y Ciudadanos.
La paradoja es que son los partidos que mejor conocen la naturaleza humana los que peor han utilizado ese conocimiento para generar adhesiones a su programa político.
5. En sentido contrario, son los partidos que no sólo desconocen, sino que desprecian la misma idea de la existencia de una naturaleza humana, los que mejor se han aprovechado de ella.
6. La paradoja se explica sola. Los partidos que analizan intelectualmente la emocionalidad son incapaces de aprovechar su potencial porque la intentan explotar racionalmente. Son partidos intentando aprender a nadar mediante tutoriales de YouTube. Los partidos que no la comprenden racionalmente, pero sí emocionalmente, la aprovechan infinitamente mejor porque se limitan a hacer uso de ella.
7. La prensa es racional y la televisión es emocional. Por eso la televisión decide hoy elecciones y la prensa sólo aspira a cortejarlas.
8. Y por eso el gran error del PP de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría fue regalarle las televisiones al PSOE.
9. En la batalla entre racionalidad y emocionalidad, la segunda ganará por K.O. en la inmensa mayoría de las ocasiones.
10. El proceso de toma de decisiones humano no es:
A) Analizo racionalmente un problema.
B) Me adhiero emocionalmente a la solución racionalmente más eficaz y eficiente para él.
11. El proceso es exactamente el contrario:
A) Analizo emocionalmente un problema.
B) Intento justificar racionalmente la solución emocional que he imaginado para él.
12. El proceso es el mismo a la hora de analizar el porqué del fracaso de una determinada política pública:
A) Analizo emocionalmente mi fracaso.
B) Intento justificar racionalmente la disculpa emocional que he fabricado para él.
13. El punto anterior explica por sí solo el hecho de que las políticas económicas del socialismo sigan siendo defendidas y aplicadas hoy en día a pesar de haber demostrado una inaudita incapacidad para generar progreso y bienestar en ausencia de capitalismo y libre mercado.
14. La justificación emocional es siempre «no es la idea lo que ha fallado, sino su aplicación, así que nosotros la aplicaremos bien esta vez«.
15. El criterio para aplicar hoy una u otra política pública no es su eficacia, su eficiencia o su racionalidad, sino su capacidad para desatar la emocionalidad del ciudadano.
16. A mayor emocionalidad generada, más probabilidades de que esa política sea aplicada por las administraciones y más probabilidades de que sea defendida frente a las críticas una vez su fracaso se haga evidente.
17. ¿Un ejemplo? Las subidas del salario mínimo por encima de la productividad media del trabajador español.
18. El objetivo de las políticas públicas no es la erradicación de problemas concretos, sino la satisfacción de la emocionalidad asociada a ese problema concreto.
19. Otro ejemplo. El cambio climático. La energía nuclear es la más limpia, segura, sostenible, barata y eficiente de todas las conocidas por el hombre. Pero dado que el objetivo del movimiento ecologista no es solucionar el problema real, sino generar satisfacción emocional entre sus acólitos, la solución ideal es desechada en beneficio de remedios parciales, contraproducentes o lisa y llanamente destructivos, pero mucho más efectivos a la hora de generar emocionalidad.
20. Y por eso las reivindicaciones justas y reales, pero racionales, no tienen la más mínima oportunidad de prosperar frente a las reivindicaciones injustas e irreales, pero emocionales.
21. El motivo por el que los líderes nacionalistas catalanes son recompensados por el Gobierno a pesar de haber sido condenados a décadas de cárcel por un golpe contra la democracia es porque generan oleadas de emocionalidad mucho más poderosas y persistentes que las generadas por los partidos y las comunidades leales a la Constitución.
22. ¿Es un contrasentido que los ciudadanos de una nación imaginaria como la catalana disfruten de una mejor financiación, de mejores servicios públicos y de mejores perspectivas profesionales que los ciudadanos de una nación real como la española?
23. No lo es porque los catalanes separatistas sienten por su nación imaginaria una emoción mucho mayor que la de los españoles que abogan explícitamente por la destrucción de su nación real.
24. Dicho de otra manera: no importa que el objeto sea irreal si genera emociones reales.
25. Y a la inversa: no importa que el objeto sea real si no genera emociones.
26. Desde el punto de vista de un cínico lo anterior tiene sentido. Las emociones abarrotan manifestaciones, generan cohesión social y tienen el poder de exterminar vidas humanas por la vía de la muerte social del hereje.
27. ¡Ni siquiera el código penal es ya necesario para acabar con la vida de un hombre! Basta con que su supuesto delito sea emocionalmente intolerable. Y ni siquiera la inexistencia del delito será motivo de absolución.
28. La dictadura perfecta es aquella que basa su monopolio de la fuerza no en el derecho sino en las emociones.
29. Aunque es perfectamente posible sostener hoy en día, sin temor a decir una tontería, que la emoción es ya fuente de derecho. Y en el sentido más literal posible de la expresión. Explicaba Alfonso Guerra hace apenas unas semanas cómo el Tribunal Constitucional decretó la constitucionalidad de una ley flagrantemente anticonstitucional, la de violencia de género, por las presiones emocionales de su entorno.
0. Un segundo ejemplo, esta vez en los Estados Unidos. La aprobación por parte del Tribunal Supremo del Obamacare a pesar de que su Constitución prohibe explícitamente que el Gobierno obligue a los ciudadanos a comprar un seguro obligatorio. El Tribunal Supremo decidió finalmente aprobar el programa de Obama con el argumento de que este no era un seguro, sino un impuesto.
31. Del ciudadano moderno, en fin, se exige sentimiento y no devoción por las leyes. Porque la ley es mucho más difícilmente moldeable por los políticos que los sentimientos.
32. La emoción motora de las políticas públicas no tiene porque ser siempre una emoción positiva. De hecho, no suele serlo jamás.
33. Un ejemplo. El principal motivo de las dos victorias electorales del PSOE de Pedro Sánchez en 2019 no fue la emoción positiva generada por un programa político que por otro lado era inexistente más allá de un puñado de lugares comunes del socialismo, sino la emoción negativa generada por el rechazo a esa abstracción llamada «la derecha».
34. Sólo emocionalmente puede explicarse que el electorado socialista prefiriera ver a su partido pactar con un delincuente como Oriol Junqueras condenado por sedición y hasta por malversación de fondos públicos, un delito cargado de peso emocional para esa izquierda que venera lo público, antes que con Pablo Casado o Inés Arrimadas.
35. Piensen en una sola emoción motora del socialismo que no sea en realidad la manifestación de una emoción negativa. Del rencor hacia un determinado sector de la población.
36. Piensen en la okupación, por ejemplo. Una política sensata de vivienda pública permitiría dar cobertura a los casos más extremos, una vez descartados los oportunistas. Pero eso no resolvería el problema de la emocionalidad. El socialismo necesita castigar a esa abstracción llamada «los propietarios» permitiendo que sus casas sean okupadas y destrozadas impunemente porque eso sí satisface emocionalmente a sus votantes.
37. La okupación es la venganza de la izquierda contra el capitalismo maquillada de política social.
38. Otra clave para entender la política actual: la derecha comprende mucho mejor el razonamiento político de la izquierda de lo que la izquierda comprende el razonamiento político de la derecha.
39. Jonathan Haidt explica en su libro La mente de los justos el porqué. Muy resumidamente, el pensamiento conservador abarca un mayor rango de lo que él llama «fundamentos de la moral humana». La izquierda abarca un menor rango de esos fundamentos y por ello no suele comprender determinadas motivaciones y razonamientos de la derecha. Es necesario señalar aquí que Haidt se considera a sí mismo progresista y que su prejuicio, antes de comenzar sus investigaciones, era que el resultado de estas sería exactamente el contrario. Le honra la decisión racional de no haber enterrado esos resultados.
40. La última clave para comprender la política de hoy en día en España es una sencilla evidencia. Lograr lo que ha logrado Pedro Sánchez –léase pactar con delincuentes y simpatizantes del terrorismo sin que eso le pase factura alguna a su partido, arrasar el centro político, dividir España en progresistas y ultraderechistas, pactar con un individuo que desde su cargo de vicepresidente llama a la izquierda a salir a las calles contra la mitad de los españoles, negar a las comunidades pobres el dinero que les debe para entregárselo a las ricas, demonizar a la oposición hasta extremos caricaturescos o mentir día tras día sin que ello le suponga el más mínimo dilema moral– es extraordinariamente fácil. Sólo es necesario patear el tablero y pegarle fuego a las piezas. Otra cosa muy diferente, obviamente, es que de ello vaya a salir algo bueno para el futuro de España y de los españoles.
PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA Exposición de motivos
I
La presente ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia.
La eutanasia significa etimológicamente «buena muerte» y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. En nuestras doctrina bioética y penalista existe hoy un amplio acuerdo en limitar el empleo «eutanasia» a aquella que se produce de manera activa y directa, de manera que las actuaciones por omisión que se designaban como eutanasia pasiva (no adopción de tratamientos tendentes a prolongar la vida y la interrupción de los ya instaurados conforme a la lex artis), o las que pudieran considerarse como eutanasia activa indirecta (utilización de fármacos o medios terapéuticos que alivian el sufrimiento físico o psíquico aunque aceleren la muerte del paciente -cuidados paliativos-) se han excluido del concepto bioético y jurídico-penal de eutanasia.
El debate sobre la eutanasia, tanto desde el punto de vista de la bioética como del derecho, se ha abierto paso en nuestro país y en los países de nuestro entorno durante las últimas décadas, no solo en los ámbitos académicos sino también en la sociedad, debate que se aviva periódicamente a raíz de casos personales que conmueven a la opinión pública. Un debate en el que confluyen diferentes causas, como la creciente prolongación de la esperanza de vida, con el consiguiente retraso en la edad de morir, en condiciones no pocas veces de importante deterioro físico y psíquico; el incremento de los medios técnicos capaces de sostener durante un tiempo prolongado la vida de las personas, sin lograr la curación o una mejora significativa de la calidad de vida; la secularización de la vida y conciencia social y de los valores de las personas; o el reconocimiento de la autonomía de la persona también en el ámbito sanitario, entre otros factores. Y es, precisamente, obligación del legislador atender a las demandas y valores de la sociedad, preservando y respetando sus derechos y adecuando para ello las normas que ordenan y organizan nuestra convivencia.
La legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que son así recogidos en la Constitución española. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.
Hacer compatibles estos derechos y principios constitucionales es necesario y posible, para lo que se requiere una legislación respetuosa con todos ellos. No basta simplemente con despenalizar las conductas que impliquen alguna forma de ayuda a la muerte de otra persona, aun cuando se produzca por expreso deseo de esta. Tal modificación legal dejaría a las personas desprotegidas respecto de su derecho a la vida que nuestro marco constitucional exige proteger. Se busca, en cambio, legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de enfermedad grave e incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, lo que denominamos un contexto eutanásico. Con ese fin, la presente ley regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos, definidos claramente, y sujetos a garantías suficientes que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presión externa de cualquier índole.
En el panorama de los países de nuestro entorno se pueden reconocer, fundamentalmente, dos modelos de tratamiento normativo de la eutanasia.
Por una parte, los países que despenalizan las conductas eutanásicas cuando se considera que en quien la realiza no existe una conducta egoísta, y por consiguiente tiene una razón compasiva, dando pie a que se generen espacios jurídicos indeterminados que no ofrecen las garantías necesarias.
Por otra parte, los países que han regulado los supuestos en que la eutanasia es una práctica legalmente aceptable, siempre que sean observados concretos requisitos y garantías.
En el análisis de estas dos alternativas jurídicas, es relevante la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en su sentencia de 14 de mayo de 2013 (caso Gross vs. Suiza), consideró que no es aceptable que un país que haya despenalizado conductas eutanásicas no tenga elaborado y promulgado un régimen legal específico, precisando las modalidades de práctica de tales conductas eutanásicas. Esta ley pretende incluirse en el segundo modelo de legislación, dotando de una regulación sistemática y ordenada a los supuestos en los que la eutanasia no deba ser objeto de reproche penal. Así, la ley distingue entre dos conductas eutanásicas diferentes, la eutanasia activa y aquella en la que es el propio o la propia paciente la persona que termina con su vida, para lo que precisa de la colaboración de un profesional sanitario que, de forma intencionada y con conocimiento, facilita los medios necesarios, incluido el asesoramiento sobre la sustancia y dosis necesarias de medicamentos, su prescripción, o, incluso, su suministro con el fin de que el o la paciente se lo administre. Por su parte, eutanasia activa es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un o una paciente de manera deliberada y a petición de este o esta, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento intolerable.
El contexto eutanásico, en el cual se acepta legalmente prestar ayuda para morir a otra persona, debe delimitarse con arreglo a determinadas condiciones que afectan a la situación física y mental en que se encuentra la persona, a las posibilidades de intervención para aliviar su sufrimiento, y a las convicciones morales de la persona sobre la preservación de su vida en unas condiciones que considere incompatibles con su dignidad personal. Así mismo, han de establecerse garantías para que la decisión de poner fin a la vida se produzca con absoluta libertad, autonomía y conocimiento, protegida por tanto de presiones de toda índole que pudieran provenir de entornos sociales, económicos o familiares desfavorables, o incluso decisiones apresuradas. Este contexto eutanásico, así delimitado, requiere de una valoración cualificada y externa a las personas solicitante y ejecutora, previa y posterior al acto eutanásico. Al mismo tiempo, se garantiza la seguridad jurídica y el respeto a la libertad de conciencia del personal sanitario llamado a colaborar en el acto de ayuda a morir.
En definitiva, esta ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual como es la eutanasia. Se entiende por esta la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios. Así definida, la eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe cohonestar también con otros derechos y bienes, igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad física y moral de la persona (art. 15 CE), la dignidad humana (art. 10 CE), el valor superior de la libertad (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16 CE) o el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE). Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad e integridad, como es la que define el contexto eutanásico antes descrito, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. Por esta misma razón, el Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica.
II
La presente ley consta de cinco capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
El capítulo I está destinado a delimitar su objeto y ámbito de aplicación, así como a establecer las necesarias definiciones fundamentales del texto normativo.
El capítulo II establece los requisitos para que las personas puedan solicitar la prestación de ayuda para morir y las condiciones para su ejercicio. Toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar y decidir puede solicitar y recibir dicha ayuda, siempre que lo haga de forma autónoma, consciente e informada, y que se encuentre en los supuestos de enfermedad grave e incurable o de enfermedad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. Se articula también la posibilidad de solicitar esta ayuda mediante el documento de instrucciones previas o equivalente que existe ya en nuestro ordenamiento jurídico.
El capítulo III va dirigido a regular el procedimiento que se debe seguir para la realización de la prestación de ayuda para morir y las garantías que han de observarse en la aplicación de dicha prestación. En este ámbito cabe destacar la existencia de una Comisión de Control y Evaluación que ha de controlar de forma tanto previa como posterior el respeto a la ley.
El capítulo IV establece los elementos que permiten garantizar a toda la ciudadanía el acceso en condiciones de igualdad a la prestación de ayuda para morir, incluyéndola en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y garantizando así su financiación pública, pero garantizandotambién su prestación en centros privados o, incluso, en el domicilio de la persona solicitante. Hay que destacar que se garantiza dicha prestación sin perjuicio de la posibilidad de objeción de conciencia del personal sanitario.
Finalmente, el capítulo V regula las comisiones de control y evaluación que deberán crearse en todas las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla a los fines de esta ley.
Las disposiciones adicionales, por su parte, se dirigen a garantizar que quienes solicitan ayuda para morir al amparo de esta ley, se considerará que fallecen por muerte natural, y a establecer un régimen sancionador. En sus disposiciones finales, se procede, en consecuencia con el nuevo ordenamiento legal introducido por la presente ley, a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el objeto de despenalizar todas aquellas conductas eutanásicas en los supuestos y condiciones establecidos por la presente ley.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El objeto de esta ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta ley será de aplicación a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español. A estos efectos, se entenderá que una persona jurídica se encuentra en territorio español cuando tengan domicilio social, sede de dirección efectiva, sucursal, delegación o establecimiento de cualquier naturaleza en territorio español.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de lo previsto en esta ley, se entiende por:
a) «Consentimiento informado»: la conformidad libre, voluntaria y consciente del o la paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que, a petición suya, tenga lugar una de las actuaciones descritas en el párrafo f).
b) «Enfermedad grave, crónica e invalidante»: situación que resulta de una persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, así como sobre su capacidad de expresión y relación, y que llevan asociadas un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vaya a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable.
c) «Enfermedad grave e incurable»: toda alteración del estado de la salud provocada por un accidente o enfermedad, originados independientemente de la voluntad del o la paciente, que lleva asociada sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable y en la que existe un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.
d) «Médico responsable» o «Médica responsable»: facultativo o facultativa que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del o la paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, y sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales.
e) «Médico consultor» o «Médica consultora»: facultativo o facultativa con formación en el ámbito de las patologías que padece el o la paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico o médica responsable.
f) «Objeción de conciencia sanitaria»: derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones.
g) «Prestación de ayuda para morir»: acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos en esta ley y que ha manifestado su deseo de morir. Dicha prestación se puede producir en dos modalidades:
i) La administración directa al o la paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente.
ii) La prescripción o suministro al o la paciente por parte del profesional sanitario competente de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto administrar, ya sea en el propio centro sanitario o en su domicilio, para causar su propia muerte.
h) «Situación de incapacidad de hecho»: situación en la que el o la paciente carecen de entendimiento y voluntad suficiente para gobernar su vida por sí mismo de forma autónoma, sin que necesariamente haya resolución judicial de incapacitación.
CAPÍTULO II
Derecho de las personas a solicitar la prestación de ayuda para morir y requisitos para su ejercicio
Artículo 4. Derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir.
1. Se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en esta ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.
2. La decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre los hechos más relevantes de su proceso médico, después de haber sido informada adecuadamente por el médico o médica responsable. Debe quedar constancia de esa información en la historia clínica del o la paciente.
Artículo 5. Requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir.
1. Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla todos los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o residencia legal en España, mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.
b) Disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos.
c) Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas.
Si el médico o la médica responsable considera que la muerte de la persona solicitante o la pérdida de su capacidad para otorgar el consentimiento informado son inminentes, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las que deberá dejar constancia en la historia clínica del o la paciente.
d) Sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante en los términos establecidos en esta ley, certificada por el médico o médica responsable.
e) Prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. Dicho consentimiento se incorporará a la historia clínica del o la paciente.
2. No será de aplicación lo previsto en el apartado anterior en aquellos casos en los que el médico o médica responsable certifique que el o la paciente está incurso en situación de incapacidad de hecho permanente, cumpla lo previsto en el apartado 1.d) anterior y haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas o documento equivalente, en cuyo caso, se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento.
La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico o la médica responsable se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud.
Artículo 6. Requisitos de la solicitud de prestación de ayuda para morir.
1. La solicitud de prestación de ayuda para morir a la que se refiere el artículo 5.1.c) deberá hacerse por escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el o la paciente solicitante.
En caso de encontrarse este impedido físicamente para fechar y firmar el documento, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia. Dicha persona ha de mencionar el hecho de que quien demanda la prestación de ayuda para morir no se encuentra en condiciones de firmar el documento e indicar las razones.
2. El documento deberá firmarse en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará. Si no es el médico o la médica responsable, lo entregará a este o esta. El escrito deberá incorporarse a la historia clínica del o la paciente.
3. El solicitante de la prestación de ayuda para morir podrá revocar su solicitud en cualquier momento, incorporándose su decisión en su historia clínica. Asimismo, podrá pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir.
4. En los casos previstos en el artículo 5.2, la solicitud de prestación de ayuda para morir podrá ser presentada al médico o médica responsable por otra persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañándolo del documento de instrucciones previas o documento equivalente suscrito previamente por el o la paciente.
Artículo 7. Denegación de la prestación de ayuda para morir.
1. Las denegaciones de la prestación de ayuda para morir deberán realizarse siempre por escrito y de manera motivada por el médico o médica responsable, salvo que la misma derive del ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria prevista en el artículo 16.
2. Contra dicha denegación, la persona solicitante o, ante la situación de incapacidad de hecho de este, la persona que de acuerdo a lo previsto en el artículo 6.4 hubiera presentado la solicitud en su nombre, podrán presentar en el plazo máximo de cinco días hábiles una reclamación ante la Comisión de Control y Evaluación competente. El médico o la médica responsable que deniegue la solicitud está obligado a informarles de esta posibilidad.
3. El médico o la médica responsable que deniegue la solicitud de la prestación de ayuda para morir, con independencia de que se haya formulado o no una reclamación ante la Comisión de Control y Evaluación competente, deberá remitir en el plazo de quince días después de recibida la solicitud, los dos documentos especificados en el artículo 12, adaptando el documento segundo de modo que incluya los datos clínicos relevantes para la evaluación del caso y el motivo de la denegación.
CAPÍTULO lll
Procedimiento para la realización de la prestación de ayuda para morir
Artículo 8. Procedimiento a seguir por el médico o médica responsable cuando exista una solicitud previa de prestación de ayuda para morir.
1. Una vez recibida la solicitud de prestación de ayuda para morir a la que se refiere el artículo 5.1.c), el médico o la médica responsable en el plazo máximo de dos días, una vez verificados que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 5.1, a), c) y d), realizará con el o la paciente solicitante un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita. Sin perjuicio de que dicha información sea explicada por el médico o médica responsable directamente al paciente, la misma deberá facilitarse igualmente por escrito.
2. Transcurridas veinticuatro horas tras la finalización del proceso deliberativo al que se refiere el apartado anterior, el médico o la médica responsable recabará del o la paciente solicitante su decisión de continuar o decaer de la solicitud de prestación de ayuda para morir. En el caso de que el o la paciente manifestara su deseo de continuar con el procedimiento, el médico o médica responsable deberá comunicar esta circunstancia al equipo asistencial, si lo hubiere, especialmente a los y las profesionales de enfermería, así como en el caso de que así lo solicitara el o la paciente, a los familiares o allegados que señale. Igualmente, deberá recabar del o la paciente la firma del documento del consentimiento informado.
En el caso de que el o la paciente decidiera decaer de su solicitud, el médico o médica responsable pondrá este hecho igualmente en conocimiento del equipo asistencial, si lo hubiere.
3. El médico o la médica responsable deberá consultar a un médico o médica consultor, quien tras estudiar la historia clínica y examinar al paciente, deberá corroborar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 5.1, en el plazo máximo de diez días naturales, a cuyo efecto redactará un informe que pasará a formar parte de la historia clínica del o la paciente. Las conclusiones de dicho informe deberán ser comunicadas al paciente solicitante.
4. Una vez cumplido lo previsto en los apartados anteriores, el médico o la médica responsable, antes de la realización de la prestación de ayuda a morir, lo pondrá en conocimiento del presidente o presidenta de la Comisión de Evaluación y Control competente al efecto de que se realice el control previo previsto en el artículo 10.
No obstante, se podrá llevar a cabo dicha prestación de ayuda a morir sin el citado control previo en los casos excepcionales de muerte o pérdida de capacidad inminentes apreciados por el médico o médica responsable, en cuyo caso se procederá de la forma prevista en el artículo 12.
Artículo 9. Procedimiento a seguir cuando se aprecie que existe una incapacidad de hecho.
En los casos previstos en el artículo 5.2 el médico o la médica responsable está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas o documento equivalente.
Artículo 10. Control previo por parte de la Comisión de Evaluación y Control.
1. Una vez recibida la comunicación médica a que se refiere el artículo 8.4, párrafo primero, el presidente o la presidenta de la Comisión de Evaluación y Control designará en los dos días siguientes a dos miembros de la misma, para que, con carácter previo al pronunciamiento definitivo posterior del órgano colegiado, comprueben si, a su juicio, concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.
2. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, los dos miembros de la comisión designados tendrán acceso a la documentación que obre en la historia clínica y podrán entrevistarse con el médico o médica responsable o con el personal que actúe bajo la dirección de este o esta, así como con la persona solicitante.
3. En el plazo máximo de siete días naturales, y una vez evaluado el cumplimiento de lo previsto en esta ley, los miembros designados elevarán a la Comisión una propuesta para la aprobación o, en su caso, denegación de la solicitud de prestación de ayuda para morir. El contenido de la citada propuesta no vinculará el sentido de la resolución definitiva de la Comisión.
4. La resolución definitiva de la Comisión deberá ponerse, en el plazo más breve posible, en conocimiento del médico o médica responsable que realizó la comunicación para proceder, en su caso, a realizar la prestación de ayuda a morir.
5. Las resoluciones de la Comisión que informen desfavorablemente la solicitud de la prestación de ayuda para morir podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Artículo 11. Realización de la prestación de ayuda a morir.
1. Una vez recabada la resolución positiva por parte de la Comisión de Evaluación y Control competente, la realización de la prestación de ayuda para morir debe hacerse con el máximo cuidado y profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios.
En el caso de que el o la paciente se encuentre consciente, este deberá comunicar al médico o médica responsable la modalidad en la que quiere recibir la prestación de ayuda para morir.
2. En los casos en los que la prestación de ayuda para morir lo sea conforme a la forma descrita en el artículo 3.g.i) el médico o médica responsable, así como el resto de profesionales sanitarios, asistirán al paciente hasta el momento de su muerte.
3. En el supuesto contemplado en el artículo 3.g.ii) el médico o médica responsable, así como el resto de profesionales sanitarios, tras prescribir la sustancia que el propio paciente se autoadministrará, mantendrá la debida tarea de observación y apoyo a este hasta el momento de su fallecimiento.
Artículo 12. Comunicación a la Comisión de Control y Evaluación tras la realización de la prestación de ayuda a morir.
Una vez realizada la prestación de ayuda para morir, y en el plazo máximo de cinco días hábiles después de esta, el médico o la médica responsable deberá remitir a la Comisión de Control y Evaluación de su comunidad autónoma o ciudad autónoma los siguientes dos documentos separados e identificados con un número de registro:
a) El primer documento, sellado por el médico o la médica responsable, referido como «documento primero», deberá recoger los siguientes datos:
i) Nombre completo y domicilio de la persona solicitante de la ayuda para morir y, en su caso, de la persona autorizada que lo asistiera.
ii) Nombre completo, dirección y número de identificación profesional (número de colegiado o equivalente) del médico o médica responsable.
iii) Nombre completo, dirección y número de identificación profesional del médico o médica consultor cuya opinión se ha recabado.
iv) Si la persona solicitante disponía de un documento de instrucciones previas o documento equivalente y en él se señalaba a un o una representante, nombre completo del mismo. En caso contrario, nombre completo de la persona que presentó la solicitud en nombre del o la paciente incapacitado de hecho.
b) El segundo documento, referido como «documento segundo», deberá recoger los siguientes datos:
i) Sexo y edad de la persona solicitante de la ayuda para morir.
ii) Fecha y lugar de la muerte.
iii) Tiempo transcurrido desde la primera y la última petición hasta la muerte de la persona.
iv) Descripción de la patología padecida por la persona solicitante (enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante).
v) Naturaleza del sufrimiento continuo e insoportable padecido y razones por las cuales se considera que no tenía perspectivas de mejoría.
vi) Información sobre la voluntariedad, reflexión y reiteración de la petición, así como sobre la ausencia de presión externa.
vii) Si existía documento de instrucciones previas o documento equivalente, una copia del mismo.
viii) Procedimiento seguido por el médico o la médica responsable y el resto del equipo de profesionales sanitarios para realizar la ayuda para morir.
ix) Capacitación de las y los médicos consultores y fechas de las consultas.
CAPÍTULO IV
Garantía en el acceso a la prestación de ayuda para morir
Artículo 13. Garantía del acceso a la prestación de ayuda para morir.
1. La prestación de ayuda para morir estará incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.
2. Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta ley.
Artículo 14. Medidas para garantizar la prestación de ayuda para morir por los servicios de salud.
1. Con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación de ayuda para morir, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud deberá elaborar en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la ley un manual de buenas prácticas con los que sirva para orientar la correcta puesta en práctica de esta ley.
Asimismo, en este mismo plazo deberá elaborar los protocolos a los que se refiere el artículo 5.2.
2. La prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados, o concertados, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza.
Artículo 15. Protección de la intimidad y confidencialidad.
1. Los centros sanitarios que realicen la prestación de ayuda para morir adoptarán las medidas necesarias para asegurar la intimidad de las personas solicitantes de la prestación y la confidencialidad en el tratamiento de sus datos de carácter personal.
2. Asimismo, los citados centros deberán contar con sistemas de custodia activa de las historias clínicas de los y las pacientes e implantar en el tratamiento de los datos las medidas de seguridad de nivel alto previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Artículo 16. Ejercicio del derecho a la objeción de conciencia sanitaria por las y los profesionales sanitarios implicados en la prestación de ayuda para morir.
1. Las y los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán el derecho de ejercer su objeción de conciencia sanitaria.
El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito.
2. Las administraciones sanitarias crearán un Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir.
CAPÍTULO V
Comisiones de Control y Evaluación Artículo 17. Creación y composición.
1. Existirá una Comisión de Control y Evaluación en cada una de las comunidades autónomas, así como en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Dichas comisiones, que tendrán la naturaleza de órgano administrativo, serán creadas por acuerdo de los respectivos gobiernos autonómicos y del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla, en los que se determinará su régimen jurídico.
3. Cada Comisión de Control y Evaluación deberá crearse y constituirse antes del término del plazo de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley.
4. Cada Comisión de Control y Evaluación deberá disponer de un reglamento de orden interno, que será elaborado por la citada Comisión y autorizado por el órgano competente de la administración autonómica. En el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla, la citada autorización corresponderá al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Artículo 18. Funciones.
Son funciones de la Comisión de Control y Evaluación las siguientes:
a) Resolver en el plazo máximo de veinte días naturales las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico o la médica responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir.
En el caso de que la resolución sea favorable a la solicitud de prestación de ayuda para morir, la Comisión de Control y Evaluación competente requerirá a la dirección del centro para que en el plazo máximo de siete días naturales facilite la prestación solicitada a través de otro médico o médica del centro o de un equipo externo de profesionales sanitarios.
El transcurso del plazo de veinte días naturales sin haberse dictado resolución, dará derecho a los solicitantes a entender denegada su solicitud de prestación de ayuda para morir, quedando abierta la posibilidad de recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa.
b) Verificar en el plazo máximo de dos meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos y requisitos previstos en la ley.
Dicha verificación se realizará con carácter general a partir de los datos recogidos en el documento segundo. No obstante, en caso de duda, la Comisión podrá decidir por mayoría simple levantar el anonimato y acudir a la lectura del documento primero. Si tras el levantamiento del anonimato, la imparcialidad de algún miembro de la Comisión de Control y Evaluación se considerara afectada, este o esta podrá retirarse voluntariamente o ser recusado o recusada.
Asimismo, para realizar la citada verificación la Comisión podrá decidir por mayoría simple solicitar al médico o médica responsable la información recogida en la historia clínica del o la paciente que tenga relación con la realización de la prestación de ayuda para morir.
En el caso de que dos tercios o más de los miembros de la Comisión de Control y Evaluación consideren que no se han cumplido las condiciones y procedimientos establecidos en esta ley, deberá comunicarlo a la dirección del centro sanitario para que proceda a la apertura de una investigación. El centro sanitario deberá poner en conocimiento de la Comisión las conclusiones de la investigación y adoptar las medidas necesarias para asegurar la correcta aplicación de la ley.
c) Detectar posibles problemas en el cumplimiento de las obligaciones previstas en ley, proponiendo, en su caso, mejoras concretas para su incorporación a los manuales de buenas prácticas y protocolos.
d) Resolver dudas o cuestiones que puedan surgir durante la aplicación de la ley, sirviendo de órgano consultivo en su ámbito territorial concreto.
e) Elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la ley en su ámbito territorial concreto.
f) Aquellas otras que puedan atribuirles los Gobiernos autonómicos, así como, en el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Artículo 19. Deber de secreto.
Los miembros de las Comisiones de Control y Evaluación estarán obligados a guardar secreto sobre el contenido de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los datos personales que, sobre profesionales sanitarios, pacientes, familiares y personas allegadas, hayan podido conocer en su condición de miembros de la Comisión.
Disposición adicional primera. Sobre la causa de muerte.
La muerte producida derivada de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración de muerte natural a todos los efectos.
Las infracciones de lo dispuesto por la presente ley quedan sometidas al régimen sancionador previsto en el capítulo VI del título I de la Ley 14/1986, General de Sanidad, sin perjuicio de la posible responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad profesional o estatutaria que pueda corresponder.
Disposición transitoria única. Régimen jurídico de las Comisiones de Control y Evaluación.
En tanto no dispongan de su propio reglamento de orden interno, el funcionamiento de las Comisiones de Control y Evaluación se ajustará a las reglas establecidas en la sección 3.a, del capítulo II, del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Se modifica el apartado 4 del artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que tendrá la siguiente redacción:
«4. No será punible la conducta del médico o médica que con actos necesarios y directos causare o cooperare a la muerte de una persona, cuando esta sufra una enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante, en los términos establecidos en la normativa sanitaria.»
Disposición final segunda. Título competencial.
Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución española que atribuye al Estado l a competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad.
Disposición final tercera. Carácter ordinario de determinadas disposiciones.
La presente ley tiene carácter de ley orgánica a excepción de los artículos 12, 14, 15, 16.2, 17, 18, disposiciones adicionales primera y segunda, disposición transitoria única y disposición derogatoria única, que revisten el carácter de ley ordinaria.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».