![El Quicio de la Mancebía [EQM]](https://s0.wp.com/wp-content/themes/pub/chateau/images/chateau-default.jpg "El Quicio de la Mancebía [EQM]")
Noticias y análisis próximos o de especial interés
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- ¿Está el monte preparado para frenar grandes incendios?
Ingenieros forestales, bomberos, empresarios silvícolas y víctimas de estas catástrofes analizan la prevención. En 2022 las hectáreas quemadas en España fueron el 39% de toda la UE
Inma Lidon en El Mundo, 250624
España arde cada verano, y lo hace cada vez con más intensidad. Los incendios que formaban parte del paisaje estival se han vuelto más virulentos y arrasan una cifra de hectáreas que oscila de media entre las 100.000 y las 120.000 anuales.
En la última década, los grandes incendios forestales (GIF), aquellos que superan las 500 hectáreas, se han incrementado en un 21% y devoran el 40% de la superficie a la que afectan, convirtiéndose en infiernos con un comportamiento explosivo fuera de la capacidad de extinción por mucho que España se haya convertido en el país que más presupuesto destina.
¿Qué falla para que esto ocurra? Si la capacidad de control del fuego no se puede garantizar, ¿se pueden prevenir?
Ingenieros agrónomos, bomberos, empresarios silvícolas y hasta víctimas reconocen que, si bien se dan pasos, no están siendo suficientes. La inversión se ha centrado en la extinción y eso provoca una paradoja: a mayor efectividad para apagarlos, los incendios se hacen más extremos.
En la última década el fuego se propaga a gran velocidad y tiene un impacto dramático. Fue lo que ocurrió en agosto de 2023 en Arafo-Candelaria, Tenerife, con más de 13.600 hectáreas quemadas, 9.000 de ellas en el Parque Nacional de la Corona Forestal, el mayor espacio protegido de Canarias. En total, en 2023 se produjeron en España 19 grandes incendios que arrasaron con 89.000 hectáreas, según el Ministerio de Transición Ecológica.
En 2022, la violencia del fuego fue excepcional. Ardieron 310.000 hectáreas, tres veces más que la media de la última década. La provincia más afectada fue Zamora, donde ardieron 64.000 hectáreas en varios incendios en la Sierra de La Culebra. El 6% del territorio zamorano. Semanas después se quemaron 20.000 más en Bejís y Toràs (Castellón) y se rozó la tragedia al quedar atrapado un tren.
En la memoria, el incendio en Cortes del Pallás (Valencia) en 2012, el más destructor de la historia de España al arrasar 30.000 hectáreas.
Estos incendios se concretaron en lo que para los bomberos es la «semana mágica», entorno al 12 de julio, y la «zona negra», que se extiende desde finales de julio a mitad de agosto.
Este escenario, que se repite con frecuencia, deja claro que centrar los esfuerzos en los medios para combatir el fuego no es suficiente ante estos incendios de sexta generación que, además, ya no afectan sólo a los montes, bosques y zonas rurales, sino que se convierten en un problema de protección civil.
La llamada zona interfaz que separa lo urbano de lo forestal está desapareciendo y expone más a las poblaciones, con evacuaciones, pérdida de infraestructuras e incluso riesgo para las vidas humanas.
La mirada se vuelve entonces a la prevención, que pasa por la gestión forestal. «Sin gestión forestal sostenible seguiremos impotentes ante episodios de incendios extremos». Es el aviso que lanza Domingo Molina, profesor del Departamento de Ciencia e Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida y lo reafirma Marcos Gómez, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de las Brigadas Forestales (BRIF) del Ministerio de Transición Ecológica.
«El estado de los montes en España es fruto de una gestión artificial. Para paliar la deforestación, en los 70 y los 80 se repoblaron con pino, que tenía una madera provechosa. Pero a partir del año 2000, su precio cae y nos encontramos con masas de pinares, por ejemplo en Castilla y León y Castilla-La Mancha, monoespecíficos y poco resilientes, que se han abandonado porque invertir en su mantenimiento no es rentable», explica este bombero.
Esta situación, unida al cambio climático y a la despoblación, nos deja un escenario donde, como describe el profesor Molina en múltiples artículos, hay un incremento de inflamabilidad en las masas forestales que acentúa el estrés hídrico. Algunos pinos, por ejemplo, se desprenden de sus hojas, y esto incrementa la carga de combustible que alimenta cualquier fuego, «que siempre nace con el tamaño de la llama de un mechero», puntualiza el integrante de las BRIF.
La receta todos la tienen clara, la dificultad aparece al tratar de aplicarla. En la prevención de los incendios forestales en el bosque mediterráneo, el predominante en todo el país, es esencial eliminar combustible.
–¿Es cierta esa frase que suele oírse en los incendios de que «esto era un polvorín»?
–Es cierta. El monte no puede ser un jardín ni un campo de girasoles, pero no se hace lo suficiente.
Es la advertencia de Marcos Gómez, que ha vivido intensidades de fuego que «derriten las gafas y los equipos de protección». Las vías que todos los expertos marcan como necesarias son tres: fuego técnico con quemas prescritas que rebajen el combustible, el desbroce de riberas o nudos de barrancos y las tareas silvícolas como la explotación de la madera, el corcho y, sobre todo, agrosilvopastorales: la ganadería extensiva, el pastoreo. Ninguna de ellas es fácil.
El llamado fuego técnico lo aplican las BRIF en la transición del invierno a la primavera para provocar la discontinuidad de la masa forestal, lo que sin precisión podríamos llamar cortafuegos. No es suficiente en sí mismo, pero es necesario en un monte seco, y, por tanto, inflamable. Además, no supone un gasto excesivo.
El coste de una quema en el entorno mediterráneo ronda los 2.250 euros por hectárea, según calculó el Proyecto Life+ en Montserrat (Barcelona), mientras que el coste de la extinción en caso de incendio superaría los 10.000 euros, como estimó la Agencia Forestal del Navarra.
Aunque es una herramienta cada vez más valorada, hay otras más eficaces a largo plazo, como crear paisajes con especies más resistentes y, sobre todo, volver a explotar económicamente los montes. Esto garantizaría su preservación. Aquí los obstáculos se hacen gigantes, porque si ya no son rentables, hay que incentivar.
Lo sabe Adolfo Miravet, gerente de Espadán Corks, una empresa familiar que explota 15.000 hectáreas de alcornocal en el interior del parque natural de la Sierra de Espadán (Castellón), «el más puro de la península», se enorgullece. Con su corcho fabrican tres millones de tapones, pero los esfuerzos para obtenerlo apenas dejan margen a la rentabilidad.
Su personal pasa por cuatro años de formación «antes de coger el hacha» después de haber recorrido las sendas con burros que servirán para transportar el corcho y el coste de extracción ronda los dos euros el kilo. Su negocio está expuesto a incendios. «Hacemos lo justo.
Si nos pagaran bien por hacer trabajos silvícolas, los haríamos, porque somos los primeros interesados en que las fincas no se quemen», advierte Miravet entre lamentos. «Hasta 2009, se pagaban hasta 2.800 euros por hectárea por hacer estos trabajos en parques naturales. Ahora son 850. Y ni siquiera se aplica una baja fiscalidad a nuestros productos», cuenta a EL MUNDO.
Ellos se encargaban de acabar con parte de los pinos y los brezos que impiden crecer al alcornoque, pero entonces comenzaban las trabas legislativas. «Hay comunidades en las que puedes cortar, pero tienes que llevarte la madera. Otras como Aragón y Cataluña en la que puedes dejarla apilada, en otras has de destinarla a hacer pelets o biomasa, pero todo es deficitario porque, aunque el producto tiene mercado, los costes se disparan por la accesibilidad y nadie, empezando por las administraciones, paga ese trabajo», insiste este empresario.
También la familia Miravet probó con otra de las recetas: la ganadería extensiva. «Ya no quedan pastores ni el ganado va por el monte. Tuvimos 1.000 cabras para que limpiaran y mantuvieran accesible, pero la presión de grupos ecologistas nos obligaron a acabar con el rebaño. Vamos hacia un sólo camino: el abandono de la agricultura forestal y la ganadería».
En Toràs, el alguacil Enrique hace el mismo lamento. Fue el único que permaneció protegiendo el pueblo junto a los bomberos cuando el fuego llegó desde Bejís. Hoy el paisaje son árboles caídos o negros, algunos cortados. «El Ayuntamiento ha subastado la madera, 15 euros por hectárea, nada para los propietarios», relata mientras recorre con este diario el monte.
«A los pueblos que no les ha pasado, les pasará, porque está todo el monte asalvajado. No se está regenerado más rápido porque no ha llovido, pero lo hará solo y el pino correrá, y se amontonará. Ya no hay ganado que lo regule», lamenta mientras enseña cómo las zonas cultivadas, con cerezos o carrascas, soportaron mejor el fuego.
El año 2024 se presenta difícil. El vicepresidente de ATE BRIF es consciente. «Las lluvias de primavera han hecho que en una parte haya que desbrozar más, porque ha crecido mucho el matorral, y en otra donde ha habido más sequía, ese matorral está seco y con más propensión a arder y propagarse 10 veces más rápido que entre los árboles», explica Marcos Gómez.
Coincide con Adolfo Miravet en que unos usos organizados del monte facilitarían su trabajo de extinción, «porque el fuego forma parte de la naturaleza y eso no lo podemos obviar», pero invita a una reflexión holística. «Hay que hacer una gestión ecológica, como la que hacían nuestros abuelos.
No puedes meter procesadoras en la Sierra de Gredos, por ejemplo, porque acabas con los hongos, que son muy apreciados. Hay que hacer fajas pegadas a los caminos, clarear pinos para que vuelvan los alcornoques, los fresnos, los robles o los castaños, abrir zonas de discontinuidad, porque si no, el día que echen a arder esas masas de pino no hay quien lo pare», advierte.
Buena parte de la gestión forestal en las grandes superficies de monte público nacía de su explotación previa. «En Castilla y León había un fondo de mejora, pero se quedó raquítico cuando bajó el rendimiento que dejaba la madera. Antes los ayuntamientos tenían cuadrillas, camiones, ahora sólo algunos toman conciencia», se lamenta. Y es que un incendio deprecia la madera y deja el suelo muerto, «como el suelo lunar, y eso son 80 o 100 años de miseria».
Una parte de esta falta de prevención se deriva de las diferentes posturas e inversiones que mantienen las comunidades autónomas, que tienen las competencias transferidas, y otra de los cambios sociales que acaban teniendo un impacto en el paisaje.
«Hay suelo agrícola que antes de 10 años será forestal», pronostica Gómez. «Con este panorama, nosotros tenemos una frase: o se ha quemado o se va a quemar o ya se está quemando». Palabra de bombero.
Revista de de opinión en prensa
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La analogía es el motor del pensamiento y de la Justicia
Arcadi Espada en sus Diarios, 250624
Así yo también fui acusado de un delito electoral. Poco antes de las elecciones municipales recibí la instrucción de incorporarme a una Mesa. De vocal suplente querían que actuara. Por suerte, y como, insólitamente, ya tenía en ese momento más de 65 años, quedaba exento de la obligación de acudir.
De la pésima sintaxis que caracteriza las comunicaciones públicas españolas no deduje que fuera necesario por mi parte mayor trámite. Aunque también es cierto que voy con prisa. Y que la constatación de la incompetencia del que convoca a alguien a una responsabilidad de la que está exento pudo facilitar el desprecio.
Aun así entré en la web de la Junta Electoral por ampliar estudios y descubrir si había algo, tal vez, que se me hubiere pasado por alto. Lo hice repetidamente, dos días seguidos: la web estaba permanentemente bloqueada —como suele suceder con las webs públicas españolas, salvo la de Hacienda—, y anda que les den. Hace unos meses me llamó el juez instructor a declarar.
Parecía un hombre razonable, algo asqueado, aparentemente, de perder el tiempo y hacérmelo perder. «De vocal suplente, además, no ni nada», masculló en un momento. Pero quizá solo quería hacerme la pelota. Me ha mandado a juicio por no haber comunicado el motivo de mi ausencia en el día de las votaciones, con la plena aquiescencia del fiscal. La aquiescencia y un monto de 4 mil euros que pide. 4 mil euros, no ni ná.
Mi trabajo fundamental son las analogías. Hay un libro muy bueno de Douglas R. Hofstadter y Emmanuel Sander: La analogía, precisamente subtitulado El motor del pensamiento. Hace unas semanas dos diputados del Parlamento catalán, encabezados por un decrépito chiflado Agustí Colomines, desobedecieron la instrucción del Tribunal Constitucional y autorizaron dos votos irregulares para abrir boca en la legislatura.
El Tc ha anulado los dos votos, pero no la serie de decisiones en que los votos estuvieron implicados, porque esos dos votos no decidieron nada, debido al amplio margen con que se eligió la Mesa del Parlamento. Me sentí analógico. A pesar de mi ausencia (vocal suplente), mi Mesa electoral pudo también formarse y en ella volvimos a ganar los buenos, como suele ocurrir en esta ejemplar manzana de casas.
Pero no tengo noticia de que al siniestro Colomines y a su acompañante les haya llamado el juez. Ni que el fiscal quiera cobrarles. Sí, la Mesa de edad se extingue. Como se extinguió mi Mesa electoral. Todo es ajustadamente analógico menos los cuatro mil euros y las molestias. Pero a ver si voy a ser yo el único catalán…
He comprobado que el ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía se extiende hasta el 13 de noviembre de 2023. Y las elecciones fueron en mayo. De modo que he dado terminantes instrucciones a mi abogado para que en el venidero juicio explique que mi ausencia de la Mesa lo fue en razón de un permanente mandato de conciencia procesionaria que me impide participar en las farsas electorales de un país oprimido. ¡Y mucho menos organizarlas!
Amnistiémolo todo, cabrones, pero yo el primero.
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Con el pecado con que fueron concebidas
Arcadi Espada en sus Diarios, 260624
Piso una vez más el manifiesto de piedra del final de la Rambla de Cataluña. Lo colocaron en 1987, en el marco de la primera edición de un Festival de Cine de Barcelona que nunca llegó a nada. Ni siquiera a continuar dignamente aquella mítica Semana del Cine en Color que conoció Arcadio. La placa dice: «Nosotros directores de cine exigimos como derecho moral que nuestras obras lleguen al espectador tal y como fueron concebidas originalmente».
37 años después el manifiesto está más vivo que entonces, cuando pedía protección ante las manipulaciones que sufrían sus obras: «coloración, destrucción panorámica, violación del formato», etc. La cancelación, total, parcial o subrepticia (Lo que el viento se llevó se exhibe ahora con preservativo) es la gran amenaza que hoy se cierne sobre cualquier forma de arte.
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Un acuerdo que obliga a estudiar otro modelo de CGPJ
Ángela Martialat y
Fumata blanca. Tras más de 2.000 días de bloqueo sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Partido Popular y Partido Socialista alcanzaron ayer un acuerdo para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. El pacto suscrito por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, –bajo la asistencia de la vicepresidencia de la Comisión Europea, Vera Jourová– obligará a que ambas partes del Consejo negocien continuamente para designar a los miembros de la cúpula judicial. Un consenso con el que se pretende garantizar una reducción de la politización de un órgano constitucional que, a su pesar, ha protagonizado durante cinco años una anomalía democrática. Se pone así fin a un bloqueo que comenzó a finales del año 2018 cuando el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, renunció a presidir el órgano de gobierno de los jueces.
El acuerdo alcanzado entre Bolaños y Pons comprende que los socialistas eligen a diez vocales y los populares a otros diez de los 20 que integran el CGPJ. A su vez, los 12 consejeros de procedencia judicial serán designados de la lista de candidatos que la Junta Electoral Central aprobó en el año 2018 y cuya designación corresponde a los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado (seis vocales designados por cada Cámara).
Sobre la presidencia del Consejo, a lo largo de las discretas e intensas negociaciones mantenidas en los últimos días –e incluso semanas–, el PSOE ha mostrado su preferencia por que la presidenta sea una mujer –la primera presidenta del CGPJ y el Tribunal Supremo– pero el PP ha impuesto dejar en manos de los vocales la elección de la presidencia del órgano.
Asimismo, ambas formaciones acordaron una serie de medidas encaminadas a reforzar la independencia judicial. Entre las mismas, se aprobará mediante Ley Orgánica que no podrán acceder al cargo de vocales ni al de fiscal general del Estado quienes hayan ostentado cargo político en los últimos cinco años (se evita un nuevo caso como el de Dolores Delgado), tratando de endurecer así las denominadas puertas giratorias que perjudican a la imagen de la Justicia. Es decir, se llevarán a cabo reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Por otro lado, populares y socialistas han acordado que se amplíe a 20 años la antigüedad para poder ser designado magistrado del Tribunal Supremo (en la actualidad el plazo es de 15). En estos momentos, el Alto Tribunal cuenta con 25 vacantes por lo que el próximo CGPJ elegirá en el próximo lustro a dos tercios de los magistrados que componen el órgano.
Además, todos los nombramientos discrecionales del Consejo se adoptarán por mayoría reforzada, es decir, por un mínimo de 13 vocales.
Por otra parte, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, en esta misma Ley Orgánica de reforzamiento de la Justicia se incluirá una disposición adicional única donde se dará un plazo de seis meses a los vocales para presentar una propuesta de reforma que establezca la «participación directa» de jueces y magistrados en la elección de los 12 vocales de procedencia judicial. El nuevo CGPJ deberá realizar un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos y una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado, con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes.
El objetivo de esta iniciativa es que, con la participación directa de los jueces que determine el nuevo Consejo, la misma «pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea», con el fin último de establecer un sistema de elección más «acorde con los mejores estándares europeos». El posible cambio en el sistema de elección de los vocales y la búsqueda de una fórmula intermedia ha sido uno de los principales escollos entre PSOE y PP en los últimos años para renovar el CGPJ, pero este acuerdo permite ahora a ambas partes vender el acuerdo como una cesión del contrario. Ambos ceden pero ambas partes ganan.
Por último, el pacto también contempla que el Senado designe al quinto magistrado conservador del Tribunal Constitucional, plaza que quedó vacante tras la renuncia por enfermedad del magistrado Alfredo Montoya. El PP designará como nuevo magistrado de la corte de garantías al magistrado y vocal del CGPJ, José María Macías, muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Las asociaciones judiciales valoraron ayer de manera dispar el pacto alcanzado. El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva,puso de manifiesto que «se pone fin a una anomalía democrática sin parangón que duraba más de cinco años de la peor manera, continuando con la politización del órgano de gobierno de los jueces». Para esta asociación, se ha perdido «una oportunidad histórica de cumplir con las recomendaciones de las instituciones europeas y permitir, de una vez por todas, que la carrera judicial eligiese a sus doce vocales judiciales del total de 20 que tiene el órgano».
En cambio, desde Juezas y Jueces para la Democracia consideraron «positivo» que finalmente vaya a renovarse el CGPJ, poniendo fin a una «anomalía inadmisible que se ha mantenido durante demasiado tiempo». Su portavoz, Edmundo Rodríguez, entiende que se va «por el camino correcto».
Sin embargo, desde Foro Judicial Independiente defendieron que «antes de renovar al actual CGPJ, hubiera sido preciso reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y cumplir con los parámetros de independencia judicial que se nos solicitan desde todas las instancias internacionales».
UN ACUERDO QUE OBLIGA A ESTUDIAR OTRO MODELO DE CGPJ
El nuevo órgano de gobierno de los jueces tendrá seis meses de plazo por Ley para remitir al Parlamento una propuesta sobre el sistema de elección donde se valore la «participación directa» de los magistrados en la designación de los 12 vocales de procedencia judicial
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Del león Milei al gatopardo Illa
Don Salvador no será un león de la retórica, pero pertenece a la especie del gatopardo lampedusiano que apoya ahora vuelcos confederales para que en Cataluña sigan mandando los de siempre
Jorge Bustos en El Mundo, 250624
SI HABLAMOS de justicia social no hay tanta diferencia entre Javier Milei y Salvador Illa. El eterno candidato a la Generalitat reniega de la vocación igualitaria del socialismo cuando tercia en el debate sobre la singularidad catalana afirmando que quien más tie-ne debe recibir todavía más.
El presidente de Argentina tampoco cree en la redistribución de la riqueza a través de los impuestos y parece cómodo en la metá-fora social de la ley de la selva. Ambos difieren solo en tono y trayectoria: el argentino ganó sus elecciones defendiendo a voces el libertarismo antiestatista, mientras que el catalán ha ganado las suyas defendiendo lo contrario de lo que ahora musita por cobar-de sometimiento a su patrón, rehén de las exigencias supremacistas.
El corolario de ambos programas es la desigualdad, más grave en el caso catalán porque a la prebenda económica se le suma el derecho de pernada judicial que instaura la amnistía.
El liberalismo clásico nos recuerda que no toda desigualdad es injusta: solo aquella que se nutre de un anacrónico privilegio de origen relacionado con la sangre, la clase o la identidad histórica. Compete al Estado democrático garantizar una razonable nivelación de las oportunidades en el punto de partida vital de sus ciudadanos, pero la divergencia en las metas corresponde al mérito, capacidad y albedrío decisorio de cada cual.
La desigual prosperidad que nace del esfuerzo es profundamente justa, y los enemigos de la meritocracia suelen ser yonquis del presupuesto público, nostálgicos pop de economías planificadas que tuvieron la suerte de no vivir o meros resentidos que necesitan atribuir a los padres el éxito ajeno para seguir perdonando el fracaso del tipo que ven cada mañana en el espejo.
En tiempos de política-espectáculo el analista se aferra a las formas para ahorrarse la trabajosa tarea de discernir el fondo. Por eso quizá escandalice mi comparación entre los rugidos desmelenados de Milei y los maullidos mercenarios de Illa. Pero no hace ninguna falta gritar para ponerse de parte de una casta de chantajistas que condicionan el poder del socialismo a la traición de sus principios más elementales.
Esto es lo que está haciendo Illa con su jeta de no haber roto un plato o de venir de enterrar a una feligresa muy fervorosa, llamada Constitución. Don Salvador no será un león de la retórica, pero pertenece a la especie predadora del gatopardo lampedusiano que apoya ahora vuelcos confederales para que en Cataluña sigan mandando impunemente los mismos corruptos insolidarios de siempre.
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Marine Le Pen
a UE fabrica fascistas
El partido de Le Pen ganará las elecciones en Francia y el Frente Popular será segundo. Este auge de los extremos no existía cuando no había objetivos 2030
Emilia Landaluceen El Mundo, 250624
HACE DOS años, o así, Macron hizo un discurso de esos que impresionó a muchos y que pensamos cambiaría el rumbo de la política europea. Vino a decir que las clases medias se habían acostumbrado a comprarse (que no alquilar) sus casas en la periferia y que, gracias al coche, se habían permitido poder llevar a sus niños al ballet y al fútbol.
Y que habían podido aspirar a tener un empleo porque, en efecto, se producía. Ahora Europa solo produce discurso. Y si usted no paga menos por la fruta es porque mucho se va en comisiones, publicidad y relaciones públicas. Europa ahora mismo no produce nada salvo discurso.
No es de extrañar que nos hayamos quedado de parque de atracciones del mundo. (Porque hubo una época en la que producíamos). Por eso sorprende que, precisamente, los que auspiciaron el discurso de las cero emisiones (pocos confían en los coches eléctricos) se quejen del turismo masivo.
¿Cómo vamos a dejar entonces de ser un continente de cuentistas subvencionados? Macron lo dijo entonces claramente: era natural que las clases medias (ya no tan medias) se sintieran traicionadas por esas elites (aunque solo sean ricas y estén en política) que les han abocado a esa situación.
Por eso votan lo que votan. ¿Tenía posibilidades Le Pen cuando no había compromisos 2030? El otro día, en Quillette, ahondaban en la relación entre el descenso de la vivienda en régimen de propiedad en Occidente y la caída del nacimiento de niños. Es normal. Si no tienes dónde ver crecer a tus hijos, ¿cómo vas a tenerlos? Por otro lado, tener un sitio en el que caerte muerto siempre garantiza una mejor vejez.
Poco después de ese discurso, parecía que Macron iba a rectificar: declaró estratégico el Ministerio de Agricultura y puso en marcha medio centenar de centrales nucleares (energía barata). Sin embargo, empezó a poner un gravamen de 30.000 euros a los coches con motor de combustión.
Y el importe era el mismo si te comprabas un Ferrari que si te comprabas una pick up que te sirviera para trabajar en el campo y para llevar a tus hijos a clase. Y así, se ha ido perdiendo la Francia. Me hace pensar en esas señoras carcas despectivas que iban a pedir el voto para la derecha en las elecciones. (Las llamábamos fábrica de comunistas).
Habrá que pensar si no son los Gobiernos de la UE los que han fabricado tantos fascistas. Seguro que no rectifican. Es más fácil hablar que producir.
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Inmaculada Montalbán, aplaudida por José Antonio Griñán y Fuensanta Coves tras recibir la Medalla de Andalucía.EFE
Inmaculada Montalbán: Los estrechos lazos con el PSOE de la juez -Vicepresidenta del Constitucional- que quiere ‘borrar’ el caso
Chema Rodríguez Sevilla en El Mundo, 250624
28 de febrero de 2012. En el escenario del Teatro de la Maestranza de Sevilla, una mujer vestida enteramente de blanco mira al suelo mientras escucha la lectura del decreto por el que la Junta de Andalucía le ha concedido la Medalla de la comunidad.
Según la resolución del Boletín Oficial que firma el entonces presidente, José Antonio Griñán, se lo ha ganado por su «firme defensa del Estado de Derecho y su esfuerzo por alcanzar el ideal de una convivencia sin violencia». Se levanta acto seguido, se dirige a Griñán y le saluda con dos besos para, a continuación, recibir la condecoración de manos de la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves.
La mujer de blanco que entonces miraba al suelo era Inmaculada Montalbán y lo que no sabía entonces es que doce años después en sus manos iba a estar el destino del mismo Griñán al que había saludado efusivamente y que ella firmaría el borrador de la sentencia con la que, salvo sorpresa, el ex presidente podría quedar absuelto de la condena que le cayó por el mayor caso de corrupción en la historia de este país, el de los ERE.
No sólo él, sino también el ex presidente Manuel Chaves y la mayor parte de los consejeros que fueron declarados culpables por la Audiencia de Sevilla, primero, y por el Tribunal Supremo, después.
Montalbán, vicepresidenta hoy del TC, defiende en el borrador la anulación del delito de malversación –que le supuso a Griñán una pena de seis años de cárcel– después de hacer lo mismo con la prevaricación con motivo del recurso estimado parcialmente a la ex ministra y también ex consejera andaluza Magdalena Álvarez. Plantea la magistrada que la prevaricación y la malversación son delitos conectados, de tal forma que al desaparecer uno, por fuerza tiene que desaparecer el otro.
En pocas palabras, se trata de reducir el caso de los ERE a la actuación de «cuatro golfos», según la versión que en los primeros momentos del caso que destapó la juez Mercedes Alaya dieron desde el gobierno autonómico andaluz y desde el Partido Socialista.
Que Montalbán sea la mano que borre los ERE no es algo que haya sorprendido dentro de la carrera judicial y, más aún, entre quienes han coincidido con ella a lo largo de su ya dilatada trayectoria, en la que la vicepresidenta del TC no ha ocultado en ningún momento su identificación con los postulados del Partido Socialista ni tampoco sus buenas relaciones con destacados dirigentes de este partido y que le han valido, en opinión de esos antiguos compañeros, una promoción rápida hasta alcanzar la cumbre, en 2021, con su nombramiento para el TC.
Antes ya había formado parte, igualmente a propuesta del PSOE, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde le dio brillo a su carrera especialmente en su faceta de experta en violencia contra la mujer, llegando a presidir el observatorio del órgano de gobierno de los jueces. Allí trabajó codo con codo con la después presidenta del Senado y ministra de Justicia, Pilar Llop.
Precisamente, el hecho de que se convirtiese en la primera mujer andaluza en formar parte del sanedrín de la judicatura española fue uno de los argumentos de peso que esgrimió el gobierno presidido en 2012 por José Antonio Griñán para incluirla en la nómina de andaluces ilustres merecedores de la Medalla de Andalucía.
En el mundillo judicial tampoco sorprendió aquello, cuenta un antiguo compañero de promoción, ya que sus vínculos con el PSOE, muy en especial con el PSOE andaluz, eran algo sobradamente conocido. Es más, varias fuentes conocedoras de la trayectoria de Montalbán coinciden en que en su designación para el CGPJ en el año 2008 tuvo mucho que ver el socialismo andaluz.
Otros premios del Psoe
La Medalla de Andalucía no fue, con todo, el único premio que le dieron los sucesivos gobiernos socialistas. El curriculum de Montalbán está lleno de reconocimientos otorgados, directa o indirectamente, por el PSOE. Como el Premio Meridiana, que la Junta concede por la lucha contra la violencia de género y que la magistrada recibió en 2000 y en 2010.
Cuando fue nombrada vocal del CGPJ, hubo cargos públicos socialistas que no dudaron en piropearla públicamente y reivindicar su cercanía. Tal fue el caso de la secretaria local del PSOE en Motril (Granada), Flor Almín, que la felicitó «en nombre de los socialistas».
«Si pudiera tener carné del PSOE, lo tendría», dice este ex compañero de Montalbán que sostiene que la vicepresidenta del TC jamás ha ocultado ni disimulado su afinidad ideológica con los socialistas y que, más aún, ha defendido y defiende que la ideología tiene que estar muy presente en la labor del juez.
Su especialización en materia de violencia de género –teórica porque nunca ha ejercido en esa jurisdicción– coincidía en sus planteamientos con los del PSOE y eso fue uno de los factores que propició su cercanía al poder socialista en Andalucía. «Lo que le vaya bien al PSOE lo va a hacer y punto», dicen de ella.
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Esteban González Pons, Félix Bolaños y la vicepresidenta de la CE Vera Jourová.
Un acuerdo que obliga a estudiar otro modelo de CGPJ
El nuevo órgano de gobierno de los jueces tendrá seis meses de plazo por Ley para remitir al Parlamento una propuesta sobre el sistema de elección donde se valore la «participación directa» de los magistrados en la designación de los 12 vocales de procedencia judicial
Ángela Martialay y Raul Piña en El Mundo, 260624
Fumata blanca. Tras más de 2.000 días de bloqueo sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Partido Popular y Partido Socialista alcanzaron ayer un acuerdo para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces.
El pacto suscrito por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, –bajo la asistencia de la vicepresidencia de la Comisión Europea, Vera Jourová– obligará a que ambas partes del Consejo negocien continuamente para designar a los miembros de la cúpula judicial.
Un consenso con el que se pretende garantizar una reducción de la politización de un órgano constitucional que, a su pesar, ha protagonizado durante cinco años una anomalía democrática. Se pone así fin a un bloqueo que comenzó a finales del año 2018 cuando el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, renunció a presidir el órgano de gobierno de los jueces.
El acuerdo alcanzado entre Bolaños y Pons comprende que los socialistas eligen a diez vocales y los populares a otros diez de los 20 que integran el CGPJ. A su vez, los 12 consejeros de procedencia judicial serán designados de la lista de candidatos que la Junta Electoral Central aprobó en el año 2018 y cuya designación corresponde a los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado (seis vocales designados por cada Cámara).
Sobre la presidencia del Consejo, a lo largo de las discretas e intensas negociaciones mantenidas en los últimos días –e incluso semanas–, el PSOE ha mostrado su preferencia por que la presidenta sea una mujer –la primera presidenta del CGPJ y el Tribunal Supremo– pero el PP ha impuesto dejar en manos de los vocales la elección de la presidencia del órgano.
Asimismo, ambas formaciones acordaron una serie de medidas encaminadas a reforzar la independencia judicial. Entre las mismas, se aprobará mediante Ley Orgánica que no podrán acceder al cargo de vocales ni al de fiscal general del Estado quienes hayan ostentado cargo político en los últimos cinco años (se evita un nuevo caso como el de Dolores Delgado), tratando de endurecer así las denominadas puertas giratorias que perjudican a la imagen de la Justicia.
Es decir, se llevarán a cabo reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Por otro lado, populares y socialistas han acordado que se amplíe a 20 años la antigüedad para poder ser designado magistrado del Tribunal Supremo (en la actualidad el plazo es de 15). En estos momentos, el Alto Tribunal cuenta con 25 vacantes por lo que el próximo CGPJ elegirá en el próximo lustro a dos tercios de los magistrados que componen el órgano.
Además, todos los nombramientos discrecionales del Consejo se adoptarán por mayoría reforzada, es decir, por un mínimo de 13 vocales.
Por otra parte, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, en esta misma Ley Orgánica de reforzamiento de la Justicia se incluirá una disposición adicional única donde se dará un plazo de seis meses a los vocales para presentar una propuesta de reforma que establezca la «participación directa» de jueces y magistrados en la elección de los 12 vocales de procedencia judicial.
El nuevo CGPJ deberá realizar un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos y una propuesta de reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado, con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes.
El objetivo de esta iniciativa es que, con la participación directa de los jueces que determine el nuevo Consejo, la misma «pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea», con el fin último de establecer un sistema de elección más «acorde con los mejores estándares europeos».
El posible cambio en el sistema de elección de los vocales y la búsqueda de una fórmula intermedia ha sido uno de los principales escollos entre PSOE y PP en los últimos años para renovar el CGPJ, pero este acuerdo permite ahora a ambas partes vender el acuerdo como una cesión del contrario. Ambos ceden pero ambas partes ganan.
Por último, el pacto también contempla que el Senado designe al quinto magistrado conservador del Tribunal Constitucional, plaza que quedó vacante tras la renuncia por enfermedad del magistrado Alfredo Montoya. El PP designará como nuevo magistrado de la corte de garantías al magistrado y vocal del CGPJ, José María Macías, muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Las asociaciones judiciales valoraron ayer de manera dispar el pacto alcanzado. El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva,puso de manifiesto que «se pone fin a una anomalía democrática sin parangón que duraba más de cinco años de la peor manera, continuando con la politización del órgano de gobierno de los jueces».
Para esta asociación, se ha perdido «una oportunidad histórica de cumplir con las recomendaciones de las instituciones europeas y permitir, de una vez por todas, que la carrera judicial eligiese a sus doce vocales judiciales del total de 20 que tiene el órgano».
En cambio, desde Juezas y Jueces para la Democracia consideraron «positivo» que finalmente vaya a renovarse el CGPJ, poniendo fin a una «anomalía inadmisible que se ha mantenido durante demasiado tiempo». Su portavoz, Edmundo Rodríguez, entiende que se va «por el camino correcto».
Sin embargo, desde Foro Judicial Independiente defendieron que «antes de renovar al actual CGPJ, hubiera sido preciso reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y cumplir con los parámetros de independencia judicial que se nos solicitan desde todas las instancias internacionales».
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Esteban González Pons, Félix Bolaños y la vicepresidenta de la CE Vera Jourová.EFE
Señales positivas
«Es un avance muy positivo el límite a las puertas giratorias entre política y justicia, que tanto han perjudicado la imagen de independencia del Poder Judicial»
Por fin, después de cinco años y medio se ha alcanzado un acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces bajo la tutela, valga la expresión, de la Comisión Europea representada por la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová.
Todo en esta historia es peculiar, por lo que no debe sorprender tampoco este final ‘a la belga’. Sin duda el acuerdo es, en sí mismo, una buena noticia, habida cuenta de la insostenible situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha tenido dos consecuencias fundamentales: no solo la repercusión en la imagen del Poder Judicial en su conjunto, sino el problema menos publicitado, pero no menos grave, de la imposibilidad de cubrir las numerosas plazas que están vacantes en el Tribunal Supremo y en presidencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia (situación denunciada esta misma semana por el Tribunal Supremo), al haberse privado al CGPJ en funciones de la posibilidad de realizar este tipo de nombramientos discrecionales a través de la Ley 4/2021 de 29 de marzo.
Porque éste y no otro ha sido siempre el oscuro objeto de deseo de nuestros políticos: poder designar o al menos influir, a través de los vocales elegidos por unos y otros, en esos nombramientos.
Partiendo de que el sistema hasta ahora existente del reparto de cromos ha fracasado estrepitosamente, la pregunta es si este es el acuerdo que va a permitir transitar hacia un nuevo modelo, como pedía la Comisión Europea cuando se implicó en esta especie de mediación, señalando que primero había que renovar el Consejo, pero que inmediatamente había que reformar el modelo de nombramiento (en concreto, de los vocales de procedencia judicial). En el pacto alcanzado ahora hay señales en la buena dirección.
En el acuerdo se deja en manos del nuevo CGPJ la aprobación por mayoría de 3/5 de ese sistema de elección de los vocales judiciales que deberá, lógicamente, proponerse al Gobierno y al Parlamento para su tramitación y aprobación. La mayoría de 3/5 permite entender que debe tratarse de un modelo consensuado, donde por tanto nadie podrá imponer enteramente sus preferencias (elección parlamentaria de los vocales judiciales vs elección corporativa).
Ojalá que esto suponga un estudio serio de lo que no ha funcionado y una propuesta igualmente seria y rigurosa, que parta también de experiencias existentes en el Derecho comparado y que sea plenamente respetuosa con los estándares sentados por la Unión Europea en torno a la independencia del Poder Judicial.
Es interesante también destacar que se desbloquea igualmente la elección por el Senado del último magistrado que faltaba en el Tribunal Constitucional, y que se menciona la necesidad de mejorar las garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado, otra institución en plena decadencia.
Considero también un avance muy positivo el límite a las puertas giratorias entre política y justicia, que tanto han perjudicado la imagen de independencia del Poder Judicial: ahora se establece que los jueces que se dediquen a la política pasarán a la situación de excedencia voluntaria y que no podrán reingresar hasta pasados dos años cuando quieran volver a ejercer de jueces.
También son una buena noticia las incompatibilidades que se establecen para ser elegido vocal del CGPJ por el turno de juristas de reconocida competencia si se han ocupado determinados puestos políticos. Y, por último, se apunta, si bien tímidamente, a la necesidad de objetivar los nombramientos judiciales previendo la creación de una comisión de calificación en el CGPJ, aunque en este punto me parece que sería muy conveniente un desarrollo más ambicioso de la objetivización de dichos nombramientos en la línea de lo propuesto recientemente por el todavía presidente del CGPJ, Vicente Guilarte. Porque este motivo, y no otro, es lo que ha estado detrás de este esperpento.
Esperemos que nuestros políticos hayan aprendido algo de este viaje a ninguna parte.
Elisa de la Nuez es abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho.
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Macías, avalado por Aitor Esteban y Enrique Santiago
¿Despolitizar la justicia?
«Para llegar a un acuerdo como este, no le faltaba razón a Aitor Esteban, no hacía falta tanta demora ni tanto ruido»
Siempre he sido bastante partidario del refrán ‘Más vale un mal acuerdo que un buen pleito’. O sea, que después de los cinco años que hemos pasado hasta ayer se podía experimentar una satisfacción de intensidad moderada, digamos de cinco amperios. O de diez. Aunque para llegar a un acuerdo como este, no le faltaba razón a Aitor Esteban, no hacía falta tanta demora y sobre todo, tanto ruido.
Ante la tentación de voltear las campanas quizá deberíamos atenernos a la duda metódica que se planteaba el portavoz socialista en el Congreso inmediatamente antes de la comparecencia de Félix Bolaños y Esteban González Pons: “¿Despolitizar la justicia quiere decir que los jueces elijan a los jueces? Y
a saben que esa no es nuestra posición”. La capacidad intelectual de Patxi López no es para desatar entusiasmos incontenibles, pero suele ser un intérprete muy fiel de la voluntad del mando.
Y todo esto, ¿está bien, mal o regular? Pues eso empezaremos a verlo después de julio, pero en toda negociación con Sánchez o sus enviados, hay que tener una cláusula de precaución por esa tendencia innata del marido de Begoña a interpretar torticeramente los acuerdos, cualesquiera que estos sean.
Las dos cuestiones capitales en este lío del CGPJ en que nos embarcó el PSOE con la LOPJ de 1985.
Se trataba de renovar a los vocales y se trataba también de reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo, pero era muy evidente que el sanchismo estaba mucho más interesado en el primero de los cambios y en el segundo las prisas las marcaba Patxi López.
Está bien el refuerzo de la idea de la mayoría reforzada de los 3/5 para elegir a los vocales tanto en el Congreso como en el Senado, sobre todo teniendo en cuenta que Podemos, socio integrante de la COalición de PROgreso, de Pedro Sánchez proponía que de los 20 miembros del CGPJ, 16 fuesen elegidos por mayoría absoluta del Congreso y los cuatro restantes por el Senado por idéntica proporción, a quién se le ocurren virguerías como la mayoría cualificada.
Está bien también la garantía de que no podrán acceder a la Fiscalía General quienes hubieran sido ministros. Es decir, que no volverá a darse el caso de Dolores Delgado, aunque encontrar a alguien como la señora de Garzón sería en todo caso una probabilidad de muy difícil realización.
También parece correcto que se haya podido sustituir al vocal del Tribunal Constitucional, Alfredo Montoya, que estaba de baja por un problema de salud desde hace dos años y la prohibición de las puertas giratorias. El nuevo miembro será José María Macías, que no parecía ser del completo agrado del PNV ni del diputado de Sumar y secretario general del PCE, Enrique Santiago, lo cual haceconcebir esperanzas de que no sea mal candidato después de todo.
Está luego el asunto del relato, claro. El PSOE ha ido creando ambiente con descalificaciones radicales del PP en los días precedentes y sobre todo con el ultimátum planteado por Sánchez: o lo aceptas antes de finales de junio o lo renuevo yo por el artículo 33. Esto puede hacer que la derecha se conforme y también crear la sensación de que han tragado. Lo iremos viendo poco a poco.
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- Revista de prensa de El Almendrón
- Revista de prensa de la Fundación para la Libertad
- The Objetive
- El Debate
- https://newspapermap.com [periódicos del mundo]
- revista científica ‘Nature‘ en versión española [vía El Español]
- Project Syndicate [en wiki]
- Fundación Felipe González [documentales antecedentes históricos]
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Vídeos
Nuevas señales de tráfico
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Música de Diana.
—«I Want My Tears Back« [2011], tema compuesto por Tuomas Holopainen e interpretado por la banda Nightwish en su álbum Imaginaerum. Subtitulado en español. Vía Diana Lobos, 260624.
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Humor
Riki Blanco [España, 1978]
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El Quicio de la Mancebía [EQM] 
Ruth Carbonell:
Los incendios serán la próxima catástrofe española, como lo es ya en Grecia. Están empeñados en acabar con el campo, por eso no toman medidas preventivas.
Países del mundo que emiten importantes cantidades de CO2:
China.- 30,9%; US.- 13,3%; Japón.- 29%; Iran.- 20%; India.- 7,3%; Rusia.- 4,7%
Resto del mundo sin contar Europa.- 21,7%
Alemania.-1,8%
Italia.- 0,9%
España.- De risa de llorar, y sin embargo, es el país más presionado en este sentido, de manera que nos toca sufrir una crisis mayor que a los demás. Y no hablemos de China, Rusia, India…
En fin, está muy claro, el Cambio Climático es una farsa como base y la política del CO2 derivada de la misma, otra barbaridad que sólo beneficia a las empresas que controlan el poder económico mundial. Eso sí, jodiendo la vida de todos los españoles hasta convertirlos en económicamente pobres. Es lo que tiene estar a las órdenes antidemocráticas de una Europa desconocida.
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Ignacio Marcilla:
Sobre de qué y del cómo, está muy claro, y pongo un ejemplo: El Proyecto puede decir que nos quieren mejorar la vida, pero si lo intentan matándonos a la mitad de la población (medida que haría que los que se quedan, fueran más afortunados en el reparto), sería un genocidio. Pues en esas parece que estamos.
Es muy parecido a cuando se callan lo que define al verbo, por ejemplo: Si nos dicen que nos quieren, estaremos hasta emocionados, pero si a continuación nos sueltan que nos quieren matar…
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Un abogado contra la demagogia.
VOX acaba de afirmar su harakiri personal. Todos los que creíamos en su interés democrático. Aitor es tan honesto que después del documento de VOX, hay que ensalzar su protesta. Una vergüenza que se tengan que ir las acusaciones personales en el tema de Begoña. Ya sabemos que VOX y PSOE han llegado a un acuerdo antidemocrático y antilibertades. Lo siento, pero todas mis dudas se convierten en humo y al final VOX se ha descubierto. Lo siento por ellos. Adios, VOX y, por lo tanto, sólo me queda votar a algún nuevo partido que tenga una trayectoria intachable: “Se acabó la fiesta”.
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Renau:
VOX, desgraciadamente cada vez se parece más a un partido en el que se piensa más en los políticos que en los votantes. Y se veía venir, ya que no aceptaron denunciar nada con respecto a el contenido de las «kakunas» y tampoco están hablando del transhumanismo nanocircuitado ni de los inyectables variados como la anestesia dental, los sueros y otros. Una pena que sólo nos queden los valientes, y estos son muy pocos comparados con los cobardes que se venden al mejor postor, aunque sea la peor persona.
La totalidad de partidos están en otra galaxia, la de los destructores y ya no les podemos volver a votar. Menos mal que queda «Iustitia Europa» y «Se acabó la fiesta», gente que tiene un historial impoluto y valeroso.
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Jesús Galindo:
Si alguien se pone malo después de comerse algo, el médico lo primero que piensa es en una intoxicación alimentaria.
¿Por qué, entonces, si alguien se pone malo después de pincharse la vacuna, el médico lo primero que piensa es en una intoxicación alimentaria?
Piense, dude, indague, reflexione… y llegue a una conclusión inteligente.
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ENTREVISTA a Luis María Pardo, «el timo de las elecciones europeas»
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Isabel Segarra:
¿A quién le puede extrañar que muchos juzgados españoles sean un mal ejemplo democrático, cuando se ha demostrado durante la plandemia que el poder político, sanitario, militar, educativo, medioambiental, etc., han hecho lo mismo? ?Y siguen haciéndolo?
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